Falleció de cáncer en fase 4 a los 73 años de edad el miércoles 11 de diciembre, sin recibir la atención médica adecuadas, ni gozar de los beneficios legales que le hubieran correspondido, si la ley fuera justa y en Perú se viviera en una democracia verdadera.
Al hacerse conocido su fallecimiento, por parte de las autoridades gubernamentales, sus familiares solicitaron, respeto de su derecho a despedirse de su familiar y poder darle una sepultura digna. Luego de tres días de espera en la morgue del Callao, la Fiscalía les negó lo solicitado y aún más, no se les permitiría darle sepultura, ni presenciar la cremación, ni guardar las cenizas de Miguel.
Con la Ley 31352 se otorga al Estado la potestad de disponer del cuerpo, cremarlo, y dispersar las cenizas “en tiempo y lugar reservados”, extendiendo de esta forma el sufrimiento de sus seres queridos.
Es decir, el Estado peruano ha legalizado la desaparición forzada con la Ley 31352, que además atenta contra los derechos fundamentales de las familias de las personas condenadas, dándoles un trato discriminatorio y humillante, actuando nuevamente desde la venganza.
Pese a tanta infamia, el recuerdo de Miguel Rincón y su aporte a la emancipación de los pueblos perdura y se recoge en el pronunciamiento que a lo largo y ancho del mundo han realizado diversos colectivos militantes y de intelectuales. PIA Global se suma a ellos y comparte con sus lectores el comunicado emitido por el Grupo de Reflexión de América Latina y el Caribe (GRALyC).
Foto de portada: Extraída de Wikipedia.
