Poco a poco ha quedado claro: El Salvador, país centroamericano que hizo enormes esfuerzos por consolidar un sistema político democrático, tras largas décadas de dictaduras militares, construyendo instituciones fuertes e independientes, y enfocado en la superación de la pobreza y las desigualdades de todo tipo, cayó en el abismo del autoritarismo de corte populista, con claros rasgos neofascistas.
Bukele, que se presentó a las elecciones como el ícono de la “anti-política”, prometiendo soluciones fáciles e instantáneas a viejos problemas, y que llegó a seducir incluso a ingenuos ciudadanos de pensamiento progresista en México y varios países latinoamericanos, no tardó demasiado en quitarse la máscara de demócrata millenial y emprendió la destrucción de los avances democráticos y sociales forjados por históricas luchas populares, incluyendo una guerra de liberación nacional, que finalizó tras complicadas negociaciones de paz que dieron origen a los históricos Acuerdos de Chapultepec, en Enero de 1992.
Es importante y urgente dar respuesta a la pregunta: ¿qué está sucediendo en El Salvador? La respuesta es inequívoca: estamos en presencia de un acelerado desmontaje de las instituciones democráticas, bajo el empuje de la visión dictatorial de Bukele, quien abiertamente proclama que necesita concentrar en sus manos todo el poder del Estado, poniendo al servicio abierto e incondicional del Poder Ejecutivo a los demás poderes públicos. Tras lograr con sus adeptos una mayoría legislativa, en las pasadas elecciones de febrero, en una competencia electoral donde la oposición no tuvo ningún acceso al financiamiento estatal para realizar sus campañas y divulgar sus ofertas electorales, y con todo el aparato estatal, presupuestos incluidos, volcado a hacer campaña a favor del oficialismo, rápidamente escaló la arremetida dictatorial.
Así, el Congreso obediente a Bukele destituyó el mismo día de la instalación de la nueva legislatura, violando todo el marco constitucional, a la Sala de la Corte Suprema de Justicia encargada de velar precisamente por la constitucionalidad de los actos de Gobierno. En apenas 2 horas el Congreso de Bukele, sin mediar proceso alguno y bajo la peregrina acusación de “entorpecer la gestión del Presidente de la República” (sic), procedió a desmontar la Sala Constitucional y a montar otra “a modo”, con abogados incondicionales a Bukele, incluyendo al Presidente del mismo Poder Judicial. En el mismo acto, destituyeron al Fiscal General de la República, un oscuro personaje de la misma ultra-derecha que, aunque sumiso a Bukele y a las instrucciones de los emisarios de Washington, no terminaba de gozar de la confianza absoluta del gobernante, desenfrenado en su carrera de abusos de autoridad y corrupción.
De esta manera, en apenas una noche, Bukele desmanteló el así llamado Estado Constitucional de Derecho, eliminó cualquier contrapeso a sus excesos dictatoriales y destruyó la frágil institucionalidad del Estado salvadoreño, dejando a los ciudadanos en la total indefensión, sin ninguna garantía para sus derechos. La situación se ha deteriorado tanto que el más alto representante de la Iglesia Católica salvadoreña, Cardenal Gregorio Rosa Chávez, acaba de señalar que se vive en El Salvador un verdadero terremoto político, que acabó con la separación e independencia de poderes y deja a los ciudadanos sin instituciones ni funcionarios en los cuales confiar.
Curiosamente, las nuevas autoridades demócratas en Washington, que se rasgan las vestiduras por acciones soberanas de gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe, han reaccionado con la más absoluta hipocresía ante las decisiones del nuevo dictador centroamericano, formulando tímidas críticas en público, pero siempre dispuestos a pactar con él acuerdos estratégicos que promuevan sus intereses imperialistas en la región. Ilusos son aquellos que creen que Washington se toma en serio la democracia y los derechos humanos. Peor aún, la Casa Blanca se ha sumado ruidosamente a la persecución política abierta que ya Bukele venía desplegando contra líderes de la izquierda salvadoreña.
Siguiendo el libreto que han seguido otros dictadores en la historia salvadoreña, Bukele ordenó recientemente a sus abogados, usurpadores de la Sala Constitucional, que le habitaran la reelección inmediata, muy a pesar de que la Constitución salvadoreña vigente prohíbe la misma en varios de sus artículos, considerados en la doctrina como “cláusulas pétreas”. En la misma embestida contra las instituciones constitucionales, ordenó a su Congreso que destituyera a la tercera parte de los jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño, para terminar de tomarse con sus adeptos el Poder Judicial de la nación.
En este contexto, la izquierda salvadoreña, representada por décadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, junto a amplios sectores sociales y organizaciones sociales democráticas y populares, hace significativos esfuerzos para enfrentar la embestida dictatorial, que se traduce en el desmontaje del incipiente sistema político democrático pactado en los Acuerdos de Paz, mismos que son objeto de burla y menosprecio por Bukele y sus allegados. Esos acuerdos negociados permitieron a El Salvador inaugurar una nueva era, marcada por el respeto de los derechos humanos, incluyendo las libertades de pensamiento, de expresión, de organización y de movilización. Bukele ha definido sin ambages al FMLN como su enemigo principal, y actúa rabiosamente en consecuencia.
A la inicial lista de perseguidos políticos, elaborada junto a la Embajada norteamericana y trasladada a la Fiscalía General para desatar acciones de represión penal, recientemente se han agregado otras personalidades de la izquierda, incluyendo el ex Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén y varios de sus colaboradores en el gabinete. Bajo acusaciones prefabricadas y utilizando facciosamente el sistema judicial, Bukele se propone debilitar a la izquierda, infundiendo terror en la militancia y seguidores del FMLN, además de lanzar una masiva campaña de desprestigio contra los 2 Gobiernos que la izquierda protagonizó entre los años 2009 y 2019.
En El Salvador se sigue así el mismo patrón del lawfare, que de la mano con la estrategia imperialista norteamericana para Latinoamérica, se puso en marcha en Brasil, Argentina, Ecuador y luego en Bolivia, para anular y eventualmente encarcelar a destacados líderes de izquierda y progresistas en cada uno de estos países, todo ello acompañado por el uso intensivo de medios de comunicación para difamar a las víctimas, y pasar a continuación a la persecución penal abierta.
En estas circunstancias el FMLN, después de cierto desconcierto e incluso vacilaciones, se plantea finalmente enfrentar la represión política y judicial, asumiendo con realismo que estamos ante un fenómeno esencialmente dictatorial. Al mismo tiempo surge la necesidad de intensificar la campaña de esclarecimiento a la sociedad sobre la naturaleza del régimen político que se ha impuesto al país, uniendo esfuerzos con distintos actores sociales y políticos de inspiración democrática para enfrentar de manera conjunta y, en lo posible, unificada la embestida autoritaria que sufre El Salvador.
Recientemente, tras la obstinada decisión de Bukele de convertir a la economía salvadoreña en un conejillo de Indias para la llamada criptodivisa denominada Bitcoin, el país ha sido escenario de las mayores movilizaciones de protesta del presente siglo. Esa decisión inconsulta e insensata del régimen, que busca a toda costa meter a las finanzas de las familias y las empresas en el juego de la especulación propio de las economías de casino, ha sido la gota que derramó el vaso. Aunque todavía dispersa y espontánea, sin una conducción política que le dé cauce al descontento, las movilizaciones populares le han ganado la calle al régimen, perdiendo el miedo a la represión que ya asoma la cabeza. Más aún, Bukele empieza a perder terreno en lo que hasta ayer era su bastión incontestable: las redes sociales.
En definitiva, la regresión anti-democrática, matizada por escandalosos y ya cotidianos hechos de corrupción, encabezada por Bukele y sus cómplices, es hoy en día la más grande amenaza sobre la sociedad salvadoreña. A la misma pretenden blindarla decretando una nueva Constitución del Estado, que asegure no solamente la reelección presidencial indefinida, sino también que legitime la estocada final a las conquistas sociales y políticas del pueblo salvadoreño, regresando a las oscuras épocas donde se negaron y violaron los derechos humanos de millones de personas. Y todo ello, bajo la mirada complaciente del Gobierno Biden y el silencio cómodo de la mayoría de gobiernos de la región.
Notas:
*El autor es dirigente de la izquierda salvadoreña. Fundador del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, militante de la guerrilla y activista político desde su juventud. Fue Presidente de la Asamblea Legislativa de su país. Tras la orden de Nayib Bukele de perseguirlo judicialmente de manera arbitraria, recibió asilo político en México.
Fuente: infosurglobal.com
