El 13 de abril de 2021 el Gobierno de Japón decidió verter al mar el “agua tratada” contenida en los tanques de almacenamiento situados en los terrenos de la central nuclear Fukushima Dai-ichi, operada por la eléctrica TEPCO. La federación de sindicatos de pescadores de la prefectura de Fukushima y la central sindical nacional del sector contestaron la medida con una firme protesta, pues entendían que tendría un impacto muy negativo sobre la opinión pública, dificultando la comercialización de los productos marinos de la zona. Si bien Estados Unidos valoró positivamente la decisión, los Gobiernos de otros países y territorios vecinos, como Corea del Sur, China, Taiwán o Rusia, reaccionaron de forma crítica o expresaron su preocupación.
De hecho, ya el 24 de julio de 2013 Tanaka Shun’ichi, entonces presidente de la Comisión Reguladora Nuclear (Autoridad de Regulación Nuclear), dejó en claro que sería inevitable verter al mar dicha agua, una vez fuera descontaminada y cumpliese los criterios del país sobre presencia de material radiactivo. El 4 de diciembre de 2013, durante su visita a Japón, el jefe del grupo de investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo también que el agua debía ser vertida al mar una vez obtenida la conformidad de las partes implicadas.
Aunque el Gobierno de Japón ha sostenido que el vertido sería seguro, le ha costado ocho años tomar la decisión de llevarlo a cabo. Y sigue encontrando oposición. Veamos ahora cómo ha sido el proceso que ha conducido a esa decisión y qué puntos problemáticos presenta.
¿Qué es el “agua tratada”?
En los reactores 1, 2 y 3 de la central Fukushima Dai-ichi, se sigue enfriando con agua el combustible nuclear que se fundió y derramó (restos de combustible). Debido a que la vasija de contención de los tres reactores está rota, el agua que ha entrado en contacto con el combustible nuclear ha inundado el edificio del reactor. Además, hay otras aguas, las subterráneas, que han ido colándose por las grietas abiertas en el suelo, así que los tres edificios contienen grandes cantidades de agua contaminada con materiales altamente radiactivos. El volumen de agua contaminada alcanzó su pico en mayo de 2014, con cerca de 540 toneladas diarias, tras lo cual fue reduciéndose gracias al excavado de pozos de drenaje y a la colocación de muros subterráneos de tierra congelada para impermeabilización, pese a lo cual todavía en 2020 se seguían produciendo cada día cerca de 140 toneladas.
TEPCO denomina “agua ALPS” a la que ha sido tratada con el Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS, por sus siglas en inglés) u otros similares, con los que se consigue reducir la proporción de todas las sustancias radiactivas, excepto el tritio, hasta los niveles permitidos. No obstante, hay que decir que durante el primer periodo de funcionamiento el sistema ALPS presentó algunas deficiencias, y que para conseguir que continuase funcionando ininterrumpidamente hubo que reducir la frecuencia de reposición de los adsorbentes que eliminan las sustancias radiactivas, a consecuencia de lo cual aproximadamente el 70 % del agua almacenada en los tanques contienen, además del mencionado tritio, otras sustancias radiactivas como el cesio, el estroncio o el yodo, en proporciones superiores a lo permitido. A estas aguas se las denomina “aguas en proceso de tratamiento”.
Estas aguas están almacenadas en 1.061 tanques colocados en el recinto de la central nuclear Fukushima Dai-ichi y suman un volumen total, a fecha de 28 de octubre de 2021, de 1,28 millones de toneladas de agua. Según datos ofrecidos por TEPCO, la capacidad total de almacenamiento es de 1,4 millones de toneladas, cifra que será alcanzada a principios de 2023. La eléctrica asegura que ya no dispone de más espacio en el recinto para colocar nuevos tanques. La decisión de proceder a los vertidos se ha hecho ya con muy poco margen de tiempo, pues se necesitarían dos años para trazar nuevos planes de almacenamiento y hacer la dotación de nuevas instalaciones.
En cuanto a los riesgos que entraña verter al mar aguas tratadas con el sistema ALPS, que no elimina el tritio, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria argumenta lo siguiente. El tritio es un isótopo radiactivo del hidrógeno. El núcleo del átomo de tritio contiene tres nucleones (un protón y dos neutrones) y suele denominarse también tritón. Aunque técnicamente resulta muy difícil separarlo cuando está mezclado con el agua, es muy parecido al hidrógeno, la radiactividad que desprende es débil y no suele dar lugar a bioconcentración (acumulación en organismos vivos). En realidad, aguas con contenido de tritio se vierten al mar desde las centrales nucleares japonesas y extranjeras. Cuando está en funcionamiento normal, una central nuclear japonesa evacua anualmente restos líquidos radiactivos con un contenido de entre varios cientos de miles de millones y 100 billones de bequerelios de tritio. La planta de retratamiento del municipio de Rokkasho, en la prefectura de Aomori, evacua así 1.300 billones de bequerelios al año, sin que hasta el momento se haya informado de ningún caso problemas de salud por exposición a las radiaciones.
¿Cómo se trata el agua?
Las aguas en proceso de tratamiento, una vez más se someten al sistema ALPS y, una vez comprobado que sus niveles de radiactividad cumplen la normativa, se mezclan con agua marina en proporción suficiente para que el porcentaje de tritio contenido no exceda de 1.500 bequerelios por litro, es decir, la cuadragésima parte del máximo permitido, tras lo cual se evacua. Al principio se hace en pequeñas cantidades, para supervisar su impacto en el medioambiente. La cantidad anual de tritio que se expulsará será siempre menor de los 22 billones de bequereles que constituían el límite máximo durante los años en que la central de Fukushima Dai-ichi estuvo en funcionamiento y, además, será revisada periódicamente. El análisis de la monitorización o seguimiento del impacto ambiental será fiable, para lo cual se conseguirá la cooperación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En caso de que se constate que los vertidos están transmitiendo a la opinión pública una imagen desfavorable de los productos regionales, TEPCO tomará las medidas oportunas, pagando indemnizaciones que serán proporcionales a los daños causados, rápidas y que no excluirán a ningún sector, sea cual sea el periodo de tiempo o el área afectada. El Gobierno, por su parte, ofrecerá ayudas para facilitar la comercialización de los productos agrícolas y marinos, y para favorecer la llegada de turistas.
Errores de TEPCO y del Gobierno que los desacreditaron ante los pescadores
El Gobierno asegura que, científicamente, no hay ningún problema en verter esa agua al mar, pero la oposición sigue siendo muy fuerte en el sector pesquero, que teme un deterioro de la imagen de sus productos. La falta de credibilidad ha tenido su origen en una serie de torpezas cometidas tanto por el Gobierno como por la eléctrica TEPCO.
Inmediatamente después del accidente, durante varios días a partir del 4 de abril de 2011, TEPCO vertió al mar 11.500 toneladas de agua con bajos niveles de contaminación. La operación, que contó con la aprobación gubernamental, se hizo para conseguir espacio donde almacenar el agua con altos niveles de contaminación que, de forma natural, manaba hacia el mar de los reactores. Sin embargo, el sector pesquero no fue informado de esta operación y además, cuando se encontró que cierta especie de pez capturada en las costas de Ibaraki (al sur de Fukushima) presentaba niveles de radiactividad superiores a los permitidos, se produjo una aguda caída de los precios del pescado de la región. Estos hechos bastan para explicar la ira de los pescadores. También los países vecinos de Japón criticaron duramente no haber recibido aviso previo.
A partir de septiembre de 2015, con la intención de reducir el volumen de agua que se contaminaba, comenzaron los drenajes subterráneos alrededor de los edificios o torres que alojan los reactores y se dispuso que el agua, tratada con el sistema ALPS, sería vertida al mar. Aunque la federación de sindicatos pesqueros de la prefectura de Fukushima, preocupada por la opinión pública, se opuso, finalmente tuvo que ceder para hacer posible una reducción del agua contaminada almacenada. Pero, como condición para mostrar su aprobación, exigió que el agua contaminada procedente de los reactores no fuera vertida al mar aunque hubiese sido tratada. A esta exigencia TEPCO y el Gobierno respondieron por escrito que no se tomaría ninguna medida sin haber obtenido antes la comprensión de las partes implicadas. Lo hicieron simplemente para salir del paso, pero aquella respuesta ha proyectado una larga sombra sobre todo el proceso posterior.
En agosto de 2018 se informó de que se habían detectado en el agua tratada con el sistema ALPS y almacenada en tanques sustancias radiactivas en niveles que superaban los estándares permitidos. En respuesta a esta información, TEPCO hizo saber que 750.000 de las 890.000 toneladas de agua tratada y almacenada en tanques tenían, efectivamente, niveles superiores a los permitidos en varias sustancias, además del tritio. TEPCO adujo que ya había dado los detalles en su sitio de internet, pero encontrarlos resultaba muy difícil para personas ajenas a la compañía y se entendió que esta había tratado de ocultarlos intencionadamente, con lo que las protestas se intensificaron en la zona.
Por otra parte, la población de la zona duda mucho de que TEPCO vaya a cumplir sus promesas en la cuestión de las indemnizaciones por perjuicios a la imagen de los productos. De hecho, ha habido varios casos en los que, sin especificar la razón, TEPCO se ha negado a aceptar los arbitrajes propuestos por el Centro de Resolución de Conflictos sobre las Subvenciones por Daños Nucleares, una organización estatal, por los daños ocasionados por accidente nuclear. Por eso, el 24 de agosto de 2021, después de haber decidido definitivamente verter las aguas al mar, el Gobierno se comprometió, como medida de emergencia, a comprar y almacenar durante algún tiempo los productos marinos susceptibles de ser congelados cuyos precios se hubieran visto afectados, y a encontrar nuevas vías de comercialización para aquellos otros que no pudieran ser congelados. Estas compras se pagan, evidentemente, con los impuestos.
Un gobierno que siempre pospone la toma de decisiones
En diciembre de 2013, tanto el entonces presidente de la Comisión Reguladora Nuclear como el equipo de investigaciones de la OIEA apoyaban el vertido al mar de las aguas tratadas con el sistema ALPS. El Ministerio de Economía, por su parte, derivó la decisión a un consejo de expertos en tratamiento de agua contaminada. Dentro de este órgano, se estableció un equipo de trabajo centrado en el agua con contenido de tritio para que se encargase de hacer una valoración técnica sobre el método de desechar el agua tratada con el sistema ALPS. El grupo celebró su primera reunión el 25 de diciembre de 2013 y el 3 de junio de 2016 emitió un informe según el cual no sería posible aplicar la tecnología de separación del tritio del agua, y que el método más rápido y económico sería mezclar el agua contaminada con agua marina antes de verterla al mar.
Recibido el informe con la valoración técnica, el citado ministerio dejó en claro cuál sería su postura sobre el manejo a largo plazo del agua tratada con ALPS. En su valoración general, dijo que estudiaría introducirlo en atención al posible deterioro de la imagen de los productos de la zona y otras consideraciones de carácter social y anunció que, además, establecería un subcomité específicamente encargado de estudiar dicho tratamiento. La primera reunión de este nuevo subcomité se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2016 e hizo público su informe el 10 de febrero de 2020. En el texto se parte de que las emisiones de vapor de agua y de los vertidos al mar son las elecciones más realistas entre los métodos de los que existen precedentes en Japón y en el extranjero, y se concluye que la segunda de esas dos opciones es la que puede llevarse a cabo de forma más segura y efectiva. Sobre la fecha de inicio de los vertidos y el periodo durante el que se harán, establece que el Gobierno debería responsabilizarse de fijar esos extremos una vez recogidas las opiniones de las partes implicadas.
El informe fue recibido con insatisfacción por uno de los miembros del subcomité, el profesor de Economía Agrícola de la Universidad de Fukushima Koyama Ryōta, quien comentó que para llegar a las mismas conclusiones que hacía tres años no era necesario tanto tiempo, y que el informe solo proponía medidas que ya estaban llevándose a cabo.
El citado expresidente de la Comisión Reguladora Nuclear fue también crítico. Según dijo, el nuevo órgano solo había querido ganar tiempo y para ello había estado debatiendo innecesariamente para engañar a la opinión pública. Dijo también que los responsables políticos se habían evadido de sus responsabilidades. Otra dura crítica la vertió un ex burócrata que quiso mantenerse en el anonimato, quien acusó al ministerio de haber montado el órgano solo para escurrir el bulto cuando sabía perfectamente a qué conclusiones iba a llegar.
Fue solo después de este largo proceso cuando el ministerio comenzó a tratar de ganarse el favor de los vecinos de la zona. Lo hizo presentando directamente a las asambleas municipales las conclusiones del subcomité y abriendo un foro para recoger las opiniones de los afectados. Sin embargo, las asambleas municipales de la prefectura de Fukushima han reaccionado aprobando diversas resoluciones para pedir que no se realicen los vertidos y que se continúe almacenando en tierra el agua contaminada, y en el sector pesquero la oposición a los vertidos sigue siendo firme tanto a nivel nacional como prefectural.
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Tras la séptima y última sesión del foro, celebrada el 8 de octubre, el Gobierno dio por terminada la recogida de opiniones y anunció que el 27 de ese mes emitiría las directrices definitivas. Pero la decisión final quedó pospuesta ante la oposición del sector pesquero. Además, como a la pandemia hubo que responder decretando el estado de emergencia, no fue sino el 7 de abril de 2021 cuando el entonces primer ministro Suga Yoshihide pudo reunirse con los líderes nacionales y prefecturales del sector, a quienes pidió su comprensión hacia los vertidos. Aunque no fue posible llegar a un acuerdo, Suga declaró que la decisión no podía ser pospuesta nuevamente y procedió a oficializarla el día 13. Uno de los ministros de su gabinete comentó que al Gobierno le había tocado cargar con esta responsabilidad, pero que ya no había tiempo y que no había otra opción.
Hemos visto, pues, como ante un asunto tan impopular y espinoso como este el Gobierno de Japón ha pospuesto varias veces su decisión final y solo ha abierto el diálogo con las autoridades locales e interesados cuando ya no había tiempo para echarse atrás, y finalmente ha tomado la inevitable decisión sin haber conseguido un verdadero acuerdo. Si el vertido al mar se presentaba desde el principio como la única opción posible, el Gobierno debería haberse esforzado más por obtener la comprensión de las autoridades locales sin dejar pasar tanto tiempo. Y también a efectos de evitar al máximo el deterioro de la imagen de los productos de la zona, deberá solicitar estrictas evaluaciones a terceras partes y explicar sus planes a la ciudadanía de forma más convincente.
*Artículo publicado originalmente en la agencia de noticias Nippon
Foto de portada: Actualidad RT
