El intento del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y de su gobierno de extrema derecha, de revisar radicalmente el sistema legal y judicial israelí ha desatado protestas generalizadas en Israel. Cientos de miles de manifestantes salieron a las calles bajo la bandera de la defensa de la democracia israelí.
Muy al principio de las protestas, empezaron a aparecer por todo Israel carteles que decían: “El Tribunal Superior de Justicia es el chaleco antibalas de nuestros soldados”. La noción persistió a medida que se extendían las protestas. Y, probablemente impulsados por el temor a perder la protección del Tribunal, una oleada de soldados de reserva están declarando su negativa a prestar servicio, lo que podría considerarse el elemento más significativo de las protestas.
El sentimiento del “chaleco antibalas” es en gran medida correcto. La percepción de la independencia del poder judicial israelí es un factor clave para impedir la rendición de cuentas internacional por los crímenes de Israel contra los palestinos -en la ocupación y fuera de ella-. La mayoría de los sistemas judiciales internacionales sólo aceptan casos extranjeros si puede demostrarse que el propio sistema de un país es incapaz de juzgar imparcialmente las acusaciones de crímenes de guerra.
La situación, sin embargo, plantea una cuestión que pocos en Israel se han atrevido a plantear: incluso sin las reformas de Netanyahu, ¿ha hecho el poder judicial lo suficiente para hacer frente a las violaciones del derecho intranacional? Más allá de su labor de defensa de los derechos civiles, ¿se han limitado las resoluciones de los tribunales sobre derecho internacional a dar a los crímenes de Israel contra los palestinos una pátina de legitimidad, como sostienen algunos israelíes progresistas y muchos palestinos?
Un antiguo fiscal general, Avichai Mendelblit, fue bastante contundente al explicar por qué el país necesita que sus tribunales sean independientes: “En el momento en que el sistema judicial de Israel no sea percibido como tal”, advirtió, “Israel perderá legitimidad internacional para sus operaciones militares y dejará de estar protegido frente a acusaciones de crímenes de guerra”.
La predicción de Mendelblit podría ponerse pronto a prueba, con los recursos palestinos ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya ya pendientes. Perder la apariencia de independencia puede exponer a soldados israelíes, mandos militares, dirigentes de las fuerzas de seguridad e incluso ministros israelíes, pasados y presentes, a procesos judiciales en países extranjeros.
Estos casos podrían llegar al nivel de responsabilizar a Israel de delitos graves como la tortura: El pasado mes de junio, el Comité Público contra la Tortura en Israel, en colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó a los fiscales de la CPI que incluyeran el delito de tortura en su investigación sobre la ocupación israelí de Palestina.
La cuestión de la tortura en Israel es sólo uno de los motivos potenciales de intervención jurídica internacional en relación con el trato que Israel dispensa a los palestinos. La prolongada ocupación israelí de Cisjordania y la Franja de Gaza, el mantenimiento de un régimen de apartheid y los crímenes de guerra que ha estado cometiendo en Gaza también pasarían a primer plano.
El trato dado por los tribunales israelíes a la tortura y otros delitos ofrece algunas respuestas sobre hasta qué punto ha sido realmente imparcial el poder judicial en los crímenes contra los palestinos, y sobre las pretensiones israelíes de democracia que se han puesto de manifiesto en las recientes protestas.
El caso de la tortura
Un examen más detenido de la forma en que la judicatura israelí ha venido abordando las denuncias de tortura revela lo que está -y lo que no está- en juego en la reciente legislación de Israel.
En 1999, el Tribunal Superior de Justicia de Israel dictó una sentencia que fue aclamada por poner fin al uso de la tortura en Israel. Sin embargo, según los datos recogidos por el Comité Público contra la Tortura en Israel y otras organizaciones de derechos humanos, Israel sigue sometiendo regularmente a los detenidos palestinos a métodos de interrogatorio que constituyen tortura y tratos inhumanos y degradantes, en clara violación del derecho internacional.
Las denuncias presentadas por palestinos que fueron interrogados por el Shabak, el servicio de seguridad general de Israel, al Comité Público contra la Tortura en Israel desde 2000 muestran la persistencia de métodos que fueron prohibidos explícitamente por el Tribunal Superior en 1999.
Un análisis que hemos realizado de más de 1.500 de estas denuncias, financiado por el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido, muestra que la violencia física -como los golpes, las sacudidas violentas y el estrangulamiento- se sigue utilizando regularmente en los interrogatorios. Otras técnicas de interrogatorio frecuentes son obligar a las personas a adoptar posturas dolorosas, esposarlas fuertemente, privarlas de sueño, mantenerlas incomunicadas, utilizar a familiares, amenazarlas, humillarlas y exponerlas durante mucho tiempo a temperaturas extremas.
No se trata simplemente de un incumplimiento de facto de la sentencia: Como ponen de manifiesto varias decisiones recientes de los magistrados, el propio Alto Tribunal está dispuesto a tolerar e incluso aprobar explícitamente el uso de la tortura en violación de las obligaciones de Israel en virtud del derecho internacional y, según algunos, de la propia decisión del tribunal.
En las últimas décadas, Israel ha establecido además varios mecanismos judiciales para atender las denuncias de tortura. Sin embargo, éstos también fracasan constantemente a la hora de ofrecer un recurso legal a las víctimas de tortura.
Entre 2001 y junio de 2021 se han presentado más de 1.300 denuncias de tortura en nombre de palestinos ante el Ministerio de Justicia. Sólo se han iniciado tres investigaciones penales. Ninguna ha desembocado en una acusación.
Sin embargo, mientras Israel pueda afirmar que dispone de mecanismos sólidos para investigar las denuncias y de una supervisión judicial independiente de sus fuerzas de seguridad, podrá defenderse de las peticiones de intervención internacional.
Blanqueo de crímenes de guerra
El lunes por la noche, mientras Netanyahu deliberaba en su cámara si detenía la nueva legislación tras las protestas y una huelga general, manifestantes de derechas se reunieron en Jerusalén para celebrar la primera concentración a favor de la legislación.
Muchos de los eslóganes gritados en esta concentración no apoyaban directamente al gobierno, sino que apuntaban a los palestinos. Algunos eran llamamientos explícitos -y, por desgracia, demasiado familiares- exigiendo “muerte a todos los árabes”. Varios transeúntes palestinos (así como periodistas y otros israelíes percibidos como “de izquierdas”) fueron agredidos por los manifestantes.
Está claro que, al menos en lo que respecta a la derecha nacionalista, consagrar la supremacía judía es el objetivo de esta revolución constitucional. No se trata de una suposición infundada; es el plan declarado de algunos de los miembros de más alto rango del gobierno, incluidos el ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Finanzas, que hace poco pidieron abiertamente el borrado completo de una ciudad palestina.
Esta legislación no debe aprobarse. Sin embargo, resistirse a ella no puede significar también la libertad de los soldados y los aparatos de seguridad israelíes para seguir actuando -e incluso matando- con impunidad.
Al pedir que se “proteja la democracia”, debemos tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia ha servido de hecho de chaleco antibalas no sólo para los soldados, sino también para las prácticas antidemocráticas de Israel. Durante años, el Tribunal ha condonado los abusos israelíes contra los derechos humanos, como la expansión de los asentamientos, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura de detenidos palestinos.
Sean cuales sean los resultados de la actual convulsión constitucional, el mundo no debe seguir ignorando lo que ya es irrefutable: El poder judicial de Israel ha servido para blanquear crímenes de guerra. La comunidad internacional debe intervenir para que Israel rinda cuentas por sus continuas violaciones de los derechos de los palestinos, una rendición de cuentas que, evidentemente, Israel no cumple.
Al mismo tiempo, quienes protestan en las calles de Israel deben darse cuenta de que no existe una democracia sólo para judíos. Una verdadera democracia sólo se logrará cuando Israel ponga fin a su prolongada ocupación, reconozca los derechos nacionales de los palestinos y ofrezca protección e igualdad ante la ley a todos sus ciudadanos.
*Hagar Kotef es profesora de Teoría Política en SOAS, Universidad de Londres. Merav Amir es profesora titular de Geografía Humana en la Queen’s University de Belfast.
Este artículo fue publicado por The Intercept.
FOTO DE PORTADA: AHMAD GHARABLI.
