- El objetivo del 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU es confirmar el papel central coordinador de la Organización en los asuntos internacionales. Las Naciones Unidas, con razón, siguen siendo una organización inigualable en cuanto a su representatividad y universalidad, un foro único para un diálogo equitativo dirigido a generar soluciones del compromiso tomando en consideración las diversas opiniones. Consideramos unas tentativas de socavar la autoridad y la legitimidad de la ONU extremadamente peligrosas que puedan arruinar el sistema policéntrico de las relaciones internacionales.
- Hemos apoyado de manera sistemática el fortalecimiento de un verdadero multilateralismo en las relaciones internacionales y la economía mundial sobre la base de las normas del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU, con hincapié en el respeto incondicional de la soberanía de los Estados y la no injerencia en sus asuntos internos. Consideramos inaceptables los intentos de los países occidentales de sustituir los principios jurídicos internacionales universalmente reconocidos por un «orden basado en normas» que ha sido elaborado entre bastidores.
- Apoyamos un esfuerzo mundial coordinado para combatir la nueva enfermedad de coronavirus y para hacer frente a las repercusiones políticas, sanitarias y socioeconómicas de la pandemia. Consideramos inaceptable politizar la pandemia de COVID-19 y subrayamos la importancia de mostrar unidad y solidaridad entre todos los Estados Miembros y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ante este desafío común. Abogamos por un regreso gradual al formato presencial en la ONU a medida que se estabilice la situación epidemiológica y sanitaria en el mundo.
- Prevención y recuperación de conflictos es una tarea prioritaria. Sin embargo, la asistencia internacional efectiva para abordarla, incluso por parte de las Naciones Unidas, sólo es posible con el consentimiento de los Estados afectados y con arreglo a la Carta de la ONU. Esto se aplica igualmente a los buenos oficios, la diplomacia preventiva y la mediación, que deben llevarse a cabo de forma imparcial y respetando la soberanía de los Estados. Es importante recordar que no existen «indicadores de conflicto» universales: cada situación requiere un enfoque delicado e imparcial, así como una búsqueda paciente de una solución única que tenga en cuenta los orígenes y la dinámica del conflicto.
- El objetivo de la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU es aumentar la representación de los Estados en desarrollo de Asia, África y América Latina en ese órgano sin perjudicar su eficacia y operatividad. Es necesario seguir buscando un modelo de reforma apropiado que goce del apoyo máximo en el formato actual de las conversaciones intergubernamentales. Las prerrogativas de los miembros permanentes del Consejo no están sujetas a revisión. El veto es una herramienta única que facilita los compromisos necesarios y permite evitar decisiones categóricamente inaceptables para los demás.
- Apoyamos unas iniciativas realistas para racionalizar las actividades de la Asamblea General de la ONU dentro del Grupo de Trabajo sobre la Revitalización. Prestamos especial atención a la puesta a punto de los métodos de trabajo, la racionalización de una agenda sobrecargada y la promoción del multilingüismo. Las innovaciones deben ser razonables y satisfacer las necesidades de actualidad. Una redistribución a favor de la Asamblea General de los poderes de otros órganos de la Organización, especialmente el Consejo de Seguridad, es inadmisible.
- Apoyamos el desarrollo de la cooperación entre la ONU y las organizaciones regionales y subregionales sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente su Capítulo VIII. Las actividades de organismos regionales, según la Carta, deben ser compatibles con sus propósitos y principios. Es necesario intensificar aún más la colaboración constructiva entre la ONU y tales organizaciones y asociaciones como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la Comunidad de Estados Independientes (CEI), BRICS y la Unión Económica Eurasiática (UEEA). La relevancia de esta tarea se puso de manifiesto en la aprobación por unanimidad de las resoluciones bianuales en el marco del 75º período de sesiones de la Asamblea General sobre la cooperación entre la Organización y la CEI, la OTSC y la OCS.
- Es inadmisible tergiversar la historia y revisar los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Atribuimos importancia especial al proyecto de la resolución anual de la Asamblea General de la ONU «Combatir la glorificación del nazismo, neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia». Este documento tradicionalmente goza del apoyo de la mayoría de los Estados Miembros de la ONU. Exhortamos a las delegaciones que se abstuvieron o votaron en contra de esa iniciativa el año pasado a que reconsideren su posición.
- Las políticas destructivas de algunos actores extrarregionales
en el Oriente Medio y África del Norte, sin duda, forman parte de una estrategia global para destruir la arquitectura centrada en las Naciones Unidas que fue establecida tras la Segunda Guerra Mundial y sustituirla por un «orden basado en normas» totalmente ilegítimo.
Apoyamos la aplicación de los parámetros jurídicos internacionales acordados en las Naciones Unidas para resolver los conflictos en esta región exclusivamente por medios políticos y diplomáticos. Nuestra propuesta de crear en la zona del Golfo Pérsico y posiblemente en todo el Oriente Medio una arquitectura de seguridad regional sigue vigente.
- Resolver el conflicto en Siria es una de las prioridades fundamentales en la región del Oriente Medio. La única manera de lograr una estabilización y garantizar una seguridad perdurable y duradera en el país es restablecer la integridad territorial y soberanía de Damasco sobre el territorio nacional. Una lucha permanente contra grupos terroristas internacionales reconocidos como tales por el Consejo de Seguridad de la ONU también sigue siendo un desafío importante sobre el terreno.
En la vía política, apoyamos la promoción de un proceso de solución dirigido y asumido como propio por Siria con la asistencia de la ONU, en cumplimiento de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad. Seguimos apoyando al Enviado Especial del Secretario General de la ONU para Siria, Geir Pedersen, en los esfuerzos realizados en este sentido que no deben rebasar el mandato definido por el Consejo de Seguridad.
Observamos con creciente preocupación el empeoramiento de la situación humanitaria, económica y social en Siria frente a las crecientes sanciones unilaterales y la pandemia de COVID-19. Exhortamos a los miembros responsables de la comunidad internacional a que rechacen la politización de las cuestiones estrictamente humanitarias, ayuden a todos los sirios en coordinación con Damasco, otorguen exenciones de sanciones para los proyectos de reconstrucción y faciliten el retorno de los refugiados y desplazados internos.
- Una revitalización del proceso de solución en el Oriente Medio, con la resolución del problema palestino como un aspecto clave, es uno de los fundamentos para establecer la paz y la seguridad en la región.
Concedemos una importancia decisiva a los esfuerzos para impedir la escalada de violencia entre palestinos e israelíes y prestar una amplia asistencia humanitaria a las personas afectadas y necesitadas en la Ribera Occidental y en Gaza. Al mismo tiempo, abogamos por la reanudación de las negociaciones directas entre palestinos e israelíes sobre todas las cuestiones relacionadas con el estatuto definitivo sobre una base jurídica internacional universalmente reconocida, incluida la solución de dos Estados. Exhortamos a ambas partes a que ejerzan moderación, se abstengan de tomar medidas unilaterales y de realizar actos provocativos (desalojos forzosos, expropiación de casas y tierras, construcción de asentamientos, detenciones arbitrarias y toda forma de violencia) y respeten el estatuto y la inviolabilidad de los lugares santos de Jerusalén.
Consideramos importante que se intensifiquen los esfuerzos en el marco del Cuarteto de mediadores internacionales, incluyendo su interacción con los actores regionales. Apoyamos la idea de organizar una reunión del Cuarteto al nivel ministerial.
- Abogamos por un alto el fuego y una solución política y diplomática en Libia. Es necesario tener en cuenta la opinión y garantizar la participación política de todas las fuerzas políticas influyentes del país. Acogemos con satisfacción la formación del gobierno de unidad nacional encargado de preparar el país para las elecciones nacionales previstas para diciembre de 2021. Alentamos a los actores libios a que encuentren compromisos para crear autoridades únicas fuertes y eficaces. Apoyamos los esfuerzos del representante especial Jan Kubis.
- Abogamos firmemente por la cesación de las hostilidades en Yemen, que están profundizando la grave crisis humanitaria en el país. Instamos a las partes interesadas a que entablen un diálogo con miras a lograr una solución general aceptable para todas las fuerzas principales de Yemen.
- Apoyamos los esfuerzos de las autoridades iraquíes para estabilizar la situación de seguridad y llevar a cabo reformas socioeconómicas. Destacamos la importancia de las próximas elecciones legislativas. Es importante que contribuyan a superar las diferencias entre los diversos grupos políticos, étnicos y religiosos. Acogemos con beneplácito el diálogo entre Bagdad y Erbil. Creemos que Iraq debe estar libre de intervenciones externas y rivalidades regionales.
- Hemos adoptado posiciones coherentes en relación con el proceso de reconciliación nacional en Afganistán. Contribuimos a construir un Estado neutral, libre del terrorismo y delincuencia relacionada con las drogas. Estamos profundamente preocupados por la persistente influencia del EIIL en el norte y noreste del país, así como por la amenaza de que el terrorismo se extienda desde Afganistán hacia Asia Central y que el deterioro del clima político interno se utilice para comprometer el proceso de paz. Trabajamos junto con nuestros asociados en el formato de la «troika» ampliada y con la participación de los dos equipos de negociación afganos para avanzar en el proceso de reconciliación nacional en Afganistán. Concedemos una importancia especial a la cooperación regional, sobre todo en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Destacamos el potencial que sigue teniendo el formato de consultas de Moscú sobre Afganistán. Respaldamos el trabajo de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).
- El paquete de medidas para la implementación de los Acuerdos de Minsk estipulado en la resolución 2202 del Consejo de Seguridad constituye la única base jurídica internacional para resolver el conflicto en Ucrania. La asistencia internacional efectiva, incluso a través de la ONU, debe estar encaminada a aplicar esta solución y apoyar el formato actual del proceso de resolución que consiste en el Grupo de Contacto en Minsk y la Misión de Observación Especial de la OSCE.
Una solución política y diplomática sostenible para la crisis interna de Ucrania es imposible sin un diálogo directo entre Kiev y Donbás tomando en consideración a nivel constitucional las exigencias legítimas de todas las regiones de Ucrania y los grupos lingüísticos, étnicos y confesionales de este país. Seguiremos trabajando activamente para ayudar a afrontar la grave situación humanitaria en el este de Ucrania generada por Kiev, que ha persistido durante muchos años.
Insistimos en que se lleve a cabo una investigación completa, exhaustiva e independiente a nivel internacional del siniestro del vuelo МН-17 en el cielo de Ucrania a partir de los hechos irrefutables y de conformidad con la resolución 2166 del Consejo de Seguridad de la ONU. La investigación técnica sobre las causas del derribo del MH17 realizada por la Junta de Seguridad holandesa, así como la investigación criminal por parte del Equipo de Investigación Conjunta no cumplen con esos criterios.
Esperamos que todos los incidentes de violencia contra la población civil y los periodistas a partir del inicio de la crisis en Ucrania en febrero de 2014 sean investigados de manera objetiva e imparcial y todos los perpetradores sean llevados ante la justicia.
- La cuestión de estatus y de pertenencia de Crimea fue finalmente solucionada por el propio pueblo de Crimea durante el referéndum en marzo de 2014. Las discusiones sobre la situación en esa región rusa que no involucran a sus habitantes están divorciadas de la realidad. Este tema no puede formar parte de ningún debate en la ONU en el contexto de la cuestión ucraniana ni tampoco la situación en torno al mar de Azov y al estrecho de Kerch, que es esencialmente parte de las relaciones ruso-ucranianas.
Condenamos los intentos de la delegación ucraniana de plantear la cuestión de Crimea ante la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante una resolución politizada sobre una «militarización» de la península, así como partes del mar Negro y del mar de Azov.
La resolución se basa en acusaciones contra Rusia que no tienen fundamento alguno y son absolutamente inaceptables y está diseñada para echar la culpa por todos los problemas internos de Ucrania a la mítica «agresión rusa». El documento contiene una interpretación retorcida sobre la provocación realizada el 25 de noviembre de 2018 por Kiev, cuando tres buques ucranianos intentaron entrar en el estrecho de Kerch sin previo aviso a la parte rusa. Las afirmaciones contenidas en la resolución sobre la supuesta militarización de Crimea y partes del mar Negro y del mar de Azov por nuestro país también son contrarias a la verdad.
En caso de que este proyecto controvertido se introduzca de nuevo en la Asamblea General, instamos a todos los países a que voten firmemente en contra de su aprobación.
- En cuanto a los esfuerzos por normalizar la situación en la zona del conflicto de Nagorno-Karabaj, la prioridad es poner en práctica las declaraciones trilaterales de 9 de noviembre de 2020 y 11 de enero de 2021. Consideramos útil la participación de las agencias de la ONU y, en particular, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en las actividades humanitarias en la zona de la operación rusa de mantenimiento de la paz. Las modalidades de su posible participación deberían acordarse en coordinación directa con Bakú y Ereván.
- La cuestión de la Península de Corea sólo se puede solucionar por medios políticos y diplomáticos y no por un aumento de las sanciones. Un elemento fundamental para alcanzar ese objetivo es crear una nueva arquitectura de seguridad en Asia nororiental que tenga en cuenta los intereses legítimos de todos los países regionales, incluyendo la misma Corea del Norte. La hoja de ruta, el plano de acción y la iniciativa para aprobar una resolución política en el Consejo de Seguridad de la ONU propuestos por Rusia y China sirven de gran apoyo en este sentido.
- Es prioritario restablecer lo antes posible el pleno funcionamiento del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) para arreglar la situación en torno al programa nuclear iraní. Instamos a los Estados Unidos a que vuelvan a cumplir plenamente la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU y aplicar el PAIC lo antes posible, incluyendo el levantamiento de las sanciones unilaterales impuestas contra Irán a resultas de la retirada de Washington del acuerdo nuclear.
- La búsqueda de una solución en Chipre la deben llevar a cabo las propias comunidades chipriotas, sin presiones externas. Rusia se guía por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prevén la formación de una federación bicomunal y bizonal con la única personalidad internacional, soberanía y ciudadanía. El sistema actual de garantías de seguridad de comunidades quedó obsoleto, no logra resolver las preocupaciones de las partes y debe ser sustituido por garantías del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Rusia apoya plenamente la soberanía y la integridad territorial de Bosnia y Herzegovina, el principio de la igualdad de los tres pueblos constituyentes y las dos entidades con amplios poderes constitucionales en plena conformidad con lo estipulado en los Acuerdos de Dayton de 1995. En este contexto, estamos firmemente en desacuerdo con lo que se ha dado en llamar el nombramiento de un nuevo Alto Representante para Bosnia y Herzegovina por parte de la Junta Directiva del Consejo de Aplicación del Acuerdo de Paz. La decisión de la Junta no es de aplicación automática sin la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, ha llegado el momento de suprimir la oficina del Alto Representante.
- La cuestión de Kosovo sólo puede resolverse en el marco del derecho internacional, principalmente la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU. Belgrado y Pristina deben llegar a un acuerdo por su cuenta, mientras que la tarea de la comunidad internacional es apoyar a las partes para que encuentren una solución mutuamente aceptable sin presiones externas. La Unión Europea, en su calidad de facilitador del diálogo, de acuerdo con la resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, debe impulsar a las partes para que apliquen las soluciones acordadas, principalmente la formación de la Comunidad de Municipios Serbios de Kosovo (CMSK, un acuerdo alcanzado en 2013 que sigue sin aplicarse). Apoyamos el trabajo de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK).
- Las diferencias entre los venezolanos sólo pueden ser resueltas por los propios venezolanos a través de un amplio diálogo directo con pleno respeto de la Constitución del país. Una asistencia internacional eficaz sólo será posible si tiene por objetivo apoyar ese diálogo.
Las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas contra Venezuela son incompatibles con los esfuerzos realizados por las autoridades venezolanas para combatir eficazmente la pandemia e impiden la normalización de la situación humanitaria en el país y el mejoramiento de la situación migratoria en la región. La ayuda humanitaria debe prestarse sin politización y de conformidad con los principios rectores de las Naciones Unidas consagrados en la resolución 46/182 de la Asamblea General.
Nos opondremos a los intentos de cuestionar las credenciales de las delegaciones oficiales de Venezuela ante las organizaciones internacionales.
25. Estamos profundamente entristecidos por el mensaje sobre los acontecimientos trágicos que culminaron en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. Seguimos de cerca el progreso en la investigación de ese delito. Estamos muy preocupados por la información sobre la participación de los ciudadanos extranjeros, incluyendo de EE.UU. y Colombia, en ese brutal asesinato. Representa otro intento de las fuerzas externas de aprovechar el conflicto puramente interno en su beneficio destructivo.
Estamos convencidos de que es posible normalizar la situación en el país mediante un amplio consenso político interno con el estricto respeto de las normas y los principios del derecho internacional universalmente reconocidos. Es importante que todas las decisiones sean adoptadas por medios políticos pacíficos por los propios haitianos con el apoyo internacional sin intervenciones externas destructivas para que lleguen a soluciones aceptables para las partes en conflicto.
26. La base jurídica internacional para el arreglo de la situación en Colombia es el Acuerdo Final para la Paz, sin el cual sería imposible asegurar el apoyo del proceso de paz por parte del Consejo de Seguridad y el Secretario General de la ONU. Los intentos unilaterales de reemplazar lo sustancial de ese documento son inaceptables. No es posible alcanzar la solución amplia y sostenible a la situación en el país sin la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el proceso de paz.
27. Nos pronunciamos por el cese de la violencia por todas las partes en el conflicto en Myanmar y el lanzamiento de un diálogo constructivo para avanzar hacia la reconciliación nacional. La comunidad mundial debe evitar la politización de ese problema, abstenerse de intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano y renunciar al uso de sanciones. Recalcamos el papel especial de la ASEAN en el proceso de paz. La situación actual en Myanmar no constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, por eso el único tema que debe quedarse en el programa del Consejo de Seguridad de la ONU en este contexto es la situación en Rakhine.
28. Apoyamos el deseo de la India y Pakistán de normalizar sus relaciones en el contexto de la situación relativa a la región de Cachemira. Esperamos que las partes eviten una nueva escalada en la línea de control. Creemos que sólo es posible hallar una solución duradera a esa cuestión delicada mediante negociaciones directas entre Nueva Delhi e Islamabad.
29. Estamos convencidos de que los conflictos en África deben arreglarse teniendo en cuenta el papel principal desempeñado por los propios africanos en combinación con el apoyo de sus esfuerzos por parte de la comunidad internacional. Nos pronunciamos por seguir profundizando la asociación de la ONU con la Unión Africana y las organizaciones subregionales del continente. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, seguiremos contribuyendo al arreglo político de las crisis en la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Somalia, Malí y la región del Sáhara y del Sahel en general.
Nos proponemos firmemente apoyar enérgicamente los esfuerzos de las autoridades de la República Centroafricana para fortalecer la administración pública y garantizar la seguridad en la base del acuerdo de paz de 2019. Además, seguiremos cooperando constructivamente con todos los que están sinceramente interesados en la estabilidad en el país.
Es importante ayudar al Sudán a cumplir las tareas de la transición en cooperación con los que comparten las mismas ideas. No dejaremos de insistir en que se tome en cuenta la opinión de Jartum como imperativo para las actividades de la misión política especial de la ONU desplegada en el país (Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas para la Transición en el Sudán, UNITAMS).
Estamos interesados en que se normalice rápidamente la situación en la región etíope de Tigray. La restauración de la estabilidad en Etiopía beneficiará a todo el Cuerno de África. Consideramos la decisión del Gobierno Federal de Etiopía de establecer una cesación del fuego en la región un avance positivo. Exhortamos a todas las partes involucradas a apoyar esa iniciativa de las autoridades para detener el derramamiento de sangre y mejorar la situación humanitaria y socioeconómica.
30. El Comité Especial de Descolonización de la Asamblea General de la ONU (C-24) continuará siendo necesario hasta que se resuelva definitivamente el problema de descolonización de todos los 17 territorios no autónomos. Seguiremos participando activamente en el trabajo de ese órgano.
31. Las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU deben realizarse estrictamente de conformidad con sus principios básicos (el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa de un mandato) y la Carta de la ONU. Debe ser prioritario crear condiciones y facilitar soluciones políticas a los conflictos, así como la reconciliación nacional. Las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU deben adaptarse a las realidades actuales de conformidad estricta con decisiones acordadas a nivel intergubernamental. Eso incluye, entre otras cosas, «la inteligencia en las operaciones de paz» y las nuevas tecnologías que pueden utilizarse sólo para garantizar la seguridad del personal de mantenimiento de la paz y la protección de los civiles. Se puede otorgar facultades adicionales, incluyendo el uso de la fuerza, al personal de mantenimiento de la paz sólo por decisión del Consejo de Seguridad, de conformidad con las circunstancias de cada país en cada situación.
Las principales vías para las actividades de mantenimiento de la paz de la ONU deben determinarse en el marco del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Asamblea General de la ONU (C-34).
La construcción de la paz y el concepto de «la preservación de la paz« están intrínsecamente vinculados y se basan en el principio de responsabilidad nacional de los Estados por la fijación de prioridades de la recuperación y el desarrollo después del conflicto. El apoyo internacional puede prestarse sólo por solicitud del gobierno receptor y debe estar encaminado a incrementar las propias capacidades de los Estados.
32. Las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU son una de las herramientas poderosas de acción preciso para frenar amenazas a la paz y la estabilidad internacionales y no deben ser objeto de abuso. Como una medida de último recurso en el conjunto de los instrumentos para la resolución de conflictos, no pueden utilizarse sin tomar en cuenta todas las ramificaciones humanitarias, sociales, económicas y para los derechos humanos. Es inaceptable utilizarlas como medio de competencia desleal o para ejercer presión sobre «regímenes indeseables». Hay que ampliar las funciones del Ombudsman para proteger los intereses de todos los incluidos en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad. Consideramos inaceptable la práctica de complementar las sanciones del Consejo de Seguridad con restricciones unilaterales, especialmente con las de aplicación extraterritorial.
33. Abogamos por aunar los esfuerzos de todos los países en la lucha contra el terrorismo con la función central coordinadora de la ONU sin «doble rasero», politización y agendas ocultas. Creemos que el problema del terrorismo debe abordarse mediante la aplicación por los Estados de las convenciones y los protocolos universales relevantes, la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo y las resoluciones temáticas del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU.
Continuamos otorgando prioridad al apoyo de los órganos antiterroristas del sistema de la ONU, sobre todo las actividades eficaces de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha Contra el Terrorismo (UNOCT). Estamos a favor de un incremento de la financiación de la UNOCT con cargo al presupuesto ordinario de la ONU. Además, tenemos la intención de aumentar nuestra contribución voluntaria al presupuesto de la Oficina e instamos a otros Estados Miembros a que hagan lo mismo. Creemos que las iniciativas centradas en la aplicación de la ley y la prevención deben formar el núcleo de los proyectos y programas de la UNOCT.
Consideramos fundamental que se haga mayor uso de los instrumentos de los órganos subsidiarios relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, sobre todo su Comité contra el Terrorismo y los comités de sanciones contra el EIIL y Al-Qaida, así como con respecto al movimiento talibán. Esperamos que se entable un diálogo constructivo en el marco del examen del mandato de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.
Exhortamos a cumplir completamente las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Intentamos intensificar los esfuerzos para cortar los canales de suministro de armas, recursos financieros y materiales a terroristas, contrarrestar la difusión de la propaganda terrorista, incluyendo con la utilización de las tecnologías modernas de la información y las comunicaciones y eliminar los vínculos entre los grupos terroristas y el narcotráfico, así como otras formas del crimen organizado. Es necesario incrementar la cooperación entre los países para luchar contra los combatientes terroristas extranjeros y enjuiciarlos de manera más rápida.
Nos oponemos a la erosión del marco jurídico internacional con los conceptos no consensuales, tales como la «lucha contra el extremismo violento», que permiten la injerencia en los asuntos internos de los Estados y la reorientación de la cooperación internacional contra el terrorismo hacia las cuestiones secundarias relacionadas con el género y los derechos humanos. Consideramos necesario redoblar los esfuerzos sistémicos contra varias manifestaciones del extremismo, incluyendo el radicalismo de derecha, contrarrestando los intentos de utilizar esos problemas para lograr objetivos políticos oportunistas y como un pretexto para aumentar la presión de las sanciones contra Rusia.
34. Nos oponemos categóricamente a la revisión y la relajación del sistema internacional vigente de fiscalización de drogas, incluyendo la legalización del consumo de todos tipos de drogas con fines recreativos (no medicinales), así como la imposición de prácticas cuestionables de tratamiento contra las drogas como «normas universales» y socialmente aceptadas.
Abogamos por el fortalecimiento del papel normativo de la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND) en la esfera de la fiscalización de drogas. Intentamos seguir contrarrestando enérgicamente los esfuerzos para crear e institucionalizar mecanismos que duplican el trabajo de la CND, así como imponer estrategias alternativas para hacer frente al problema mundial de drogas en contravención de la CND. Recalcamos la necesidad de un estricto cumplimiento por todos los Estados de las convenciones internacionales sobre drogas. Teniendo en cuenta su reeleción a la CND para el periodo 2022-2025, la Federación de Rusia continuará promoviendo una política coherente en el marco de la Comisión, así como durante la negociación de las resoluciones y decisiones del 76º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Nos preocupa el grave deterioro de la situación de las drogas en Afganistán y sus posibles efectos, tales como el aumento del contrabando de opiáceos a Rusia y los países de Asia central. En el contexto del retiro de tropas de los Estados miembros de la OTAN de Afganistán, cobran particular importancia los esfuerzos internacionales y regionales contra drogas, incluidos los emprendidos en el marco de tales formatos, como el Pacto de París, la OCS, la OTSC, la CEI y el CRICAC. Al mismo tiempo, creemos que las medidas coherentes y eficaces adoptadas por el liderazgo afgano para combatir las drogas sobre la base del principio de responsabilidad común y compartida de los Estados son la condición sine qua non para la seguridad en el país.
35. Nos pronunciamos por respaldar el papel central coordinador de la ONU en consolidar los esfuerzos internacionales contra la delincuencia organizada transnacional. Señalamos la importancia de la imparcialidad del mecanismo de examen de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Respaldamos el fortalecimiento del marco jurídico de la cooperación internacional, incluyendo la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos internacionales en varias esferas, tales como la ciberdelincuencia, la repatriación de activos al país de origen, la extradición y la asistencia judicial mutua.
36. Promovemos la cooperación internacional contra la corrupción con la ONU como coordinador principal en la base del único tratado universal que es la Convención de la ONU contra la Corrupción. Apoyamos el funcionamiento eficaz del mecanismo de examen de la Convención.
Acogemos con satisfacción los resultados de la primera sesión especial de la Asamblea General de la ONU contra la corrupción celebrada en junio de 2021. Consideramos importante que la declaración política de la sesión especial confirme la existencia de lagunas en las normas del derecho internacional que regulan las cuestiones relacionadas con la repatriación de los activos derivados de delitos de corrupción. Reiteramos la necesidad de elaborar, bajo los auspicios de la ONU, un instrumento jurídico internacional sobre la repatriación de activos que complemente la Convención de la ONU contra la Corrupción.
37. Apoyamos el papel clave desempeñada por las Naciones Unidas para consolidar los esfuerzos conjuntos en materia de la seguridad de la información internacional. Deberían resultar en la elaboración y adopción, bajo los auspicios de la Organización mundial, de normas del comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio que sean de carácter universal e integral y tengan por objetivo prevenir los conflictos en el mismo y alentar el uso de las TIC con fines pacíficos.
Acogemos con beneplácito la aprobación de los informes consensuados del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de la ONU (GTCA) y el Grupo de Expertos Gubernamentales de la ONU sobre la seguridad de la información internacional. Reconocemos el único espíritu de diálogo constructivo que existe en esas plataformas.
Tenemos la intención de presentar ante la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU durante su 76º periodo de sesiones un proyecto de resolución actualizado intitulado «Avances en la esfera de la informatización y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional» que acoge con satisfacción el éxito de ambos grupos y el lanzamiento del nuevo GTCA sobre la Seguridad y la Utilización de las TIC establecido por iniciativa de Rusia para el periodo 2021-2025 (en virtud de la resolución 75/240 de la Asamblea General de la ONU).
Creemos que el nuevo Grupo permitirá asegurar el carácter ininterrumpido y continuo del proceso inclusivo y verdaderamente democrático de negociación sobre la seguridad de la información internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas en el marco de un mecanismo unificado. Instamos a todos los Estados a que participen activamente en el GTCA durante el periodo 2021-2025 y contribuyan a la construcción de un sistema justo y equitativo de la seguridad de la información internacional.
En consonancia con las resoluciones relevantes adoptadas por la Asamblea General de la ONU por iniciativa de Rusia respaldamos la pronta elaboración de una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines criminales bajo los auspicios de la ONU. Las modalidades consensuadas del trabajo del Comité Especial relevante de la Asamblea General de la ONU establecidas durante la preparación para el proceso de negociaciones en su marco conducen a una participación plena y constructiva de toda la comunidad mundial en la elaboración de un instrumento universal y eficaz contra la delincuencia digital.
Exhortamos a nuestros asociados a que respalden nuestro proyecto de resolución de la Primera Comisión, así como se pronuncien claramente en favor del cumplimiento de todos los aspectos de los mandatos del nuevo GTCA y el Comité Especial.
38. Hemos abogado de manera consistente por fortalecer los regímenes de tratados vigentes en materia de control de armas, desarme y no proliferación, así como por elaborar los nuevos sobre la base del consenso. Adjudicamos un papel central en este proceso a la ONU y su mecanismo multilateral de desarme. Nuestro enfoque está dirigido a asegurar la coordinación y aumentar la eficacia de las actividades llevadas a cabo por sus elementos clave: la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, la Conferencia de Desarme y la Comisión de Desarme de la ONU, respetando incondicionalmente los mandatos de esos foros.
Es importante oponer a los intentos de revisar la vigente arquitectura de desarme a través de las medidas unilaterales coercitivas pasando por alto al Consejo de Seguridad de la ONU.
Se puede examinar los principales ejes de acción multilateral y enfoques innovadores para resolver el conjunto de problemas en materia de control de armas, desarme y no proliferación en la cumbre de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que es una iniciativa propuesta por Rusia.
39. Cumplimos estrictamente con nuestros compromisos en virtud del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE). Nos pronunciamos por su pronta entrada en vigor. Instamos a los ocho Estados de los que depende el lanzamiento del Tratado que lo firmen y/o ratifiquen lo antes posible. Consideramos la posición de EE. UU. que es el único Estado que oficialmente se negó a ratificar el Tratado el principal factor destructivo. Esperamos que Washington revise su enfoque del TPCE.
40. Compartimos el noble objetivo de lograr un mundo libre de armas nucleares. Aportamos una valiosa contribución práctica a la consecución de este objetivo. Sin embargo, estamos convencidos de que se necesita un enfoque equilibrado que tenga en cuenta todos los factores que afectan la estabilidad estratégica, incluyendo las medidas destructivas emprendidas por EE.UU. para socavar la vigente arquitectura de control de armas, desarme y no proliferación. No apoyamos iniciativas radicales para la prohibición más pronta de armas nucleares (incluyendo el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares, TPAN).
41. Vemos el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TNP) como el instrumento jurídico internacional más importante para garantizar la seguridad internacional y uno de los pilares del orden mundial moderno. Es nuestra responsabilidad colectiva no dejar que el sistema de acuerdos internacionales sobre desarme y control de armas y los regímenes basados en ellos que existen desde hace unas décadas se vengan abajo.
En este contexto, atribuimos la prioridad a la viabilidad del TNP. Instamos a todos sus Estados partes a que hagan todo lo posible para que la Décima Conferencia de Examen aplazada para 2022 debido a la pandemia de COVID-19 contribuya a fortalecer el Tratado y alcanzar sus objetivos en vez de aumentar las contradicciones. La meta principal es elaborar un instrumento que reafirme la viabilidad del Tratado y el compromiso de los Estados partes de respetar escrupulosamente las obligaciones que han asumido.
Apoyamos plenamente la labor del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) como organización internacional con la autoridad y competencia necesarias para verificar el cumplimiento de los compromisos de no proliferación en virtud del TNP mediante la aplicación de salvaguardias del OIEA, lo que a su vez es una condición importante para realizar el derecho de los Estados al uso de la energía nuclear con fines pacíficos.
Creemos que el desarrollo ulterior del sistema de salvaguardias del OIEA contribuye al fortalecimiento del régimen de la no proliferación nuclear, siempre que los principios básicos de la verificación (objetividad, viabilidad técnica y transparencia) seguirán siendo inviolables.
Nos preocupa una tendencia reciente hacia la politización del sistema de salvaguardias del OIEA, cuando, por un lado, se hacen las reclamaciones contra Estados basadas en un enfoque «very likely/highly likely» y, por otro, se pasa por alto la presencia de armas nucleares de otros países en el territorio de Estados que formalmente no son nucleares.
El OIEA no debe convertirse en una herramienta de verificación del desarme nuclear, ya que eso es ni el propósito ni la función del Organismo según su estatuto. La participación del personal de la secretaría del OIEA en la Conferencia de las Partes del Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) prevista para enero de 2022 en Viena es, en nuestra opinión, inapropiada.
42. Consideramos la Conferencia para el Establecimiento de una Zona Libre de Armas de Destrucción Masiva (ZLADM) en Oriente Próximo celebrada en Nueva York el 18-22 de noviembre de 2019 como un acontecimiento trascendental tanto para garantizar la estabilidad y la sostenibilidad en la región como en el contexto de los esfuerzos globales de la no proliferación de las armas de destrucción masiva. Tenemos la intención de seguir apoyando la idea de celebrar tales conferencias. Creemos que la redacción de un acuerdo jurídicamente vinculante sobre el establecimiento de la ZLADM es de interés para todos los países de la región.
Esperamos celebrar este año la Segunda Conferencia de ZLADM (debía celebrarse en noviembre de 2020 en Nueva York) aplazada debido a la pandemia de COVID-19, lo que permitiría «revitalizar» un proceso algo estancado.
43. Estamos seguros de que todavía hay capacidad para el arreglo político y diplomático de la situación posterior a la terminación del Tratado de Eliminación de Misiles de Intermedio y Corto Alcance (Tratado INF) mediante la iniciativa rusa encaminada a garantizar la previsibilidad y la moderación en la esfera de los misiles.
Tenemos la intención de adherirnos a una moratoria unilateral sobre el despliegue de misiles lanzados desde tierra de intermedio y corto alcance en regiones donde no aparezcan armas similares de fabricación estadounidense. A pesar de la falta de una respuesta constructiva a esta iniciativa por parte de la OTAN, seguimos considerando de que una moratoria es una idea prometedora que permite evitar nueva «crisis de los misiles». Invitamos a los Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN a asumir un compromiso correspondiente.
Reafirmamos nuestro compromiso con la aplicación estricta del Tratado sobre las Medidas para la Reducción y Limitación de las Armas Estratégicas Ofensivas (Nuevo START) y acogemos con beneplácito su prórroga por cinco años sin condiciones previas, como lo ha pedido Rusia durante mucho tiempo y de forma constante. La prórroga del acuerdo se sentó las bases para la reanudación del diálogo amplio con Estados Unidos sobre el futuro control de armas y el mantenimiento de la estabilidad estratégica. En la cumbre entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos celebrada en Ginebra el 16 de junio de 2021, se acordó poner en marcha dicho diálogo en un futuro próximo, según consta en la declaración conjunta de los presidentes aprobada en la reunión.
Suponemos que el objetivo de dicho compromiso es desarrollar una nueva «ecuación de seguridad» que tenga en cuenta todos los factores relevantes que afectan a la estabilidad estratégica, incluyendo las armas ofensivas y defensivas, tanto nucleares como no nucleares, capaces de hacer frente a los retos estratégicos, así como la aparición de nuevas tecnologías y nuevas armas.
44. Encomiamos los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU y de su Comité 1540 orientados a la prevención de la proliferación de las armas de destrucción masiva. Estamos comprometidos de mantener un diálogo sustantivo y constructivo en el marco del examen amplio del estado de la aplicación de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad. Consideramos que tras su examen el mandato vigente del Comité será reafirmado.
45. Rusia inició la redacción de importantes acuerdos multilaterales en materia de control de armas, desarme y no proliferación para la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre y la lucha contra los actos del terrorismo químico y biológico. Esperamos que un diálogo constructivo sobre estos temas dé la posibilidad de iniciar un trabajo esencial, en particular, mediante las negociaciones, en el marco de la ONU.
La gran mayoría de los Estados comparte el imperativo de mantener la utilización del espacio con fines pacíficos y de adoptar medidas prácticas conjuntas con este fin. Creemos que la globalización de la iniciativa de no emplazar armas en el espacio ultraterrestre tiene gran importancia, pero no es más que una fase intermedia en el camino hacia un tratado internacional sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre basado en el proyecto de tratado entre China y Rusia sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y de la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situados en el espacio ultraterrestre.
Tradicionalmente, presentaremos los proyectos de resolución sobre el no emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre, las medidas de transparencia y fomento de confianza en las actividades relativas al espacio ultraterrestre, así como sobre otras medidas prácticas para la prevención de una carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre ante la Primera Comisión en el 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
46. Consideramos necesario seguir reforzando el papel central coordinador de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS). Nos oponemos a la práctica de atraer otras plataformas internacionales no especializadas para abordar cuestiones que son de su competencia. Hay una tendencia preocupante al institucionaliniento de los enfoques unilaterales en las políticas de ciertos Estados encaminados a crear un régimen para la exploración, el desarrollo y la utilización de los recursos espaciales, lo que plantea graves riesgos para la cooperación internacional, incluso en lo que respecta al espacio ultraterrestre.
Trabajamos enérgicamente en el marco de la COPUOS para mejorar el régimen de seguridad de las operaciones espaciales. Se logró poner en marcha el Grupo de Trabajo sobre la Sostenibilidad a Largo Plazo de las Actividades en el Espacio Ultraterrestre. El mandato del Grupo consiste en aplicar las Directrices relativas a la Sostenibilidad a Largo Plazo de las Actividades en el Espacio Ultraterrestre ya establecidas y nuevas, lo que reviste una especial importancia en el contexto de los condiciones de las actividades relativas al espacio ultraterrestre que cambian rápidamente.
Nos oponemos al aplazamiento de questiones tradicionalmente incluidos en la agenda de la COPUOS a los foros paralelos, incluida la Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU, en el marco de un concepto de la llamada «conducta espacial responsable». El descuido de la función fundamental del Comité en lo que respecta a los desechos espaciales y la gestión del tráfico espacial puede influir negativamente en una toma de decisiones consensuada y equilibrada en esos ámbitos.
Abogamos por la conclusión satisfactoria de la labor sobre la elaboración de la agenda titulada “El Espacio 2030″ y de su plan de implementación con un hincapié en la presentación del documento en la actual período de sesiones de la Asamblea General.
47. Abogamos por un fortalecimiento del régimen de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxínicas, el Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la Prohibición del Empleo en la Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares y de Medios Bacteriológicos, así como el Mecanismo del Secretario General de las Naciones Unidas para investigar los casos del posible uso de armas químicas y biológicas.
A fin de garantizar el funcionamiento efectivo de este Mecanismo del Secretario General de la ONU, presentaremos el proyecto de resolución pertinente ante la Primera Comisión en el 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Nos oponemos a los intentos de los Estados occidentales de politizar el trabajo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en violación de las normas de la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ). Consideramos que sus acciones encaminadas a otorgar facultades de «atribuir responsabilidades» por el uso de armas químicas (atribución) a la Secretaría Técnica de la Organización, incluida el establecimiento de un Equipo de Investigación e Identificación (IIT, por sus siglas en inglés), son ilegales. Rechazamos enérgicamente sus conclusiones sesgadas. También tenemos una serie de reclamaciones relativas al trabajo de otras misiones de inspección de la OPAQ en Siria, que violan la metodología de investigación consagrada en la CAQ. Pedimos a los dirigentes de la OPAQ que adopten cuanto antes medidas para aliviar la difícil situación.
Apoyamos la realización de investigaciones imparciales y sumamente profesionales de las provocaciones químicas por las fuerzas antigubernamentales en Siria y de todas las manifestaciones de «terrorismo químico» en el Oriente Medio en estricta conformidad con los altos estándares de la CAQ.
48. Observamos que uno de los pasos destructivos tomados por los Estados Unidos en la esfera del desarme – su decisión de retirarse del Tratado de Cielos Abiertos (TCA) bajo el pretexto de acusaciones infundadas de «violación» del Tratado por parte de Rusia – ha afectado adversamente la seguridad internacional. Junto con la retirada de los Estados Unidos del Tratado sobre las Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y su terminación, las acciones de Washington se inscriben plenamente en la línea encaminada a socavar todo el conjunto de acuerdos de control de armas y causen daños al sistema de seguridad europeo. Estados Unidos ha perturbado el equilibrio de los derechos y obligaciones de los Estados Partes del TCA y por tanto Rusia se vio obligada a tomar medidas para proteger sus intereses de seguridad nacional e iniciar el procedimiento de retirada del Tratado (que expira el 18 de diciembre de este año).
49. Seguimos destacando el papel singular de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar como instrumento universal que ha consagrado un régimen jurídico coherente de la cooperación internacional de los Estados en los océanos. Apreciamos altamente la labor de mecanismos convencionales tales como la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Consideramos que estos órganos deben actuar estrictamente dentro de los mandatos previstos en la Convención, sin una interpretación expansiva de la competencia que se les confiere y sin politizar sus decisiones.
50. Apoyamos las actividades de la Corte Internacional de Justicia de la ONU como el principal órgano judicial de la Organización y estamos dispuestos a contribuir a la creación de condiciones que le permitan desempeñar sus funciones de modo eficiente e imparcial.
Seguimos de cerca la situación relativa a la aplicación de las disposiciones de la resolución de la Asamblea General de la ONU de 22 de mayo de 2019 sobre el archipiélago de Chagos adoptada de conformidad con la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Consideramos la decisión mencionada de la Asamblea General en el contexto de la conclusión del proceso de descolonización.
Se prevé que se celebren elecciones a la Corte Internacional de Justicia en el Consejo de Seguridad y durante el 78º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en otoño de 2023. El grupo ruso en la Corte Permanente de Arbitraje ha tomado la decisión de proponer la candidatura de Kirill Gevorgian, actual juez, para su reelección ante la Corte Internacional de Justicia para el período de 2024-2033. Contamos con el apoyo de nuestro candidato por parte de los Estados Miembros de la Organización en las próximas elecciones.
51. Facilitamos la labor de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU que contribuye de manera significativa a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Nos pronunciamos por lo que los resultados de labor más valiosos de la Comisión sean apropiadamente desarrollados en el marco del sistema de las Naciones Unidas.
Se prevé que se celebren elecciones a la CDI durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en otoño de 2021. Rusia ha propuesto la candidatura de Evgueni Zagaynov, actual miembro de la Comisión y Director del Departamento Jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, para su reelección como miembro de la Comisión para el período de 2023-2027. Contamos con el apoyo de nuestro candidato por parte de los Estados Miembros de la Organización.
52. La credibilidad de la Corte Penal Internacional (CPI) está disminuyendo constantemente. Se hace más politizado y parcial. Observamos la calidad baja de su trabajo y la ausencia de una contribución tangible a la resolución de los conflictos.
53. Subrayamos el mandato estrictamente limitado del Mecanismo Residual, así como la necesidad de finalizar sus actividades en un futuro inmediato. Destacamos regularmente que el Mecanismo Residual ha heredado las peores prácticas del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, demostrando constantemente una tendencia «antiserbia». Velamos por los derechos de las personas acusadas y condenadas por el Mecanismo Residual. Creemos que, por el momento, el establecimiento de nuevas entidades judiciales de tal tipo está poco justificada.
54. Seguimos pensando que el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011 establecido por la Asamblea General de la ONU fuera de los límites de su mandato es nulo de pleno derecho. Nos oponemos a la financiación del Mecanismo mediante recursos del presupuesto ordinario de la ONU y a la obtención del acceso por el Mecanismo a los archivos del Mecanismo Conjunto de la OPAQ y las Naciones Unidas.
55. Continuamos considerando el tema del «imperio de la ley« con un hincapié en su dimensión global, es decir, la primacía del derecho internacional, ante todo de la Carta de la ONU. Lucharemos contra los intentos de usarla para una injerencia arbitraria en los asuntos internos de los Estados soberanos bajo el pretexto de reforzar el «estado de derecho» a nivel nacional.
En vista del estipulación agresiva del punto permanente de «Responsabilidad de Proteger» (R2P) en la agenda de la Asamblea General de la ONU, subrayamos la pérdida de la naturaleza consensuada del concepto. Continuaremos contrarrestando cualquier intento de legitimar el concepto.
56. Los Estados tienen la responsabilidad principal por defender y promover los derechos humanos, mientras que los órganos ejecutivos de la ONU desempeñan un papel secundario. Consideramos que el principio fundamental de la actividad de la ONU para promover y defender los derechos humanos debe ser la cooperación equitativa de los Estados a base de la supremacía del Derecho Internacional, el respeto de la soberanía y la igualdad de los Estados. La duplicación del trabajo de los órganos principales de la ONU mediante la introducción injustificada de una agenda de derechos humanos en todas las dimensiones del trabajo de la Organización Mundial es inaceptable. Nos oponemos al reforzamiento de las relaciones entre el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU. No apoyamos la reforma del CDH para convertirlo en un mecanismo de observación cuasi judicial.
Consideramos inadmisible la introducción en la agenda de los mecanismos de derechos humanos de la ONU de resoluciones politizadas dirigidas a países específicos, así como de temas, los cuales son fuera de su competencia. Condenamos la utilización de los temas de derechos humanos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados y socavar los principios del derecho internacional. Precisamente en este contexto consideramos la resolución sobre la situación con los derechos humanos en Crimea que la delegación de Ucrania entrega al Tercer Comité de la Asamblea General de la ONU a partir de 2016. El documento no tiene nada que ver con la situación real en esa región rusa. Durante el 76º período de sesiones de la Asamblea General, vamos a votar en contra de ese documento y exhortamos a los asociados a hacer lo mismo.
Nos pronunciamos por fortalecer la transparencia y la obligación de informar a los Estados Miembros de la ONU sobre la actividad de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) para evitar posturas políticamente sesgadas en relación con valoraciones de la situación en el ámbito de derechos humanos en ciertos países.
Seguiramos ejecutando el desarrollo del diálogo entre civilizaciones, religiones y culturas y la consideración a la diversidad de las culturas, civilizaciones, particularidades de las tradiciones y el desarrollo histórico en la promoción y protección de los derechos humanos.
57. Condenamos decisivamente cualesquiera formas y manifestaciones de la discriminación. La prohibición de discriminación estipulada en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos es de carácter universal y se refiere a todas las personas sin exclusión. No vemos un valor añadido en la indicación de nuevos grupos vulnerables (los representantes de la comunidad LGBT, activistas de derechos humanos, blogueros) que supuestamente necesitan un régimen especial de defensa de sus derechos, así como la creación de nuevas categorías de derechos. Esas acciones por parte de varios países conducen a la desuniversalización de los regímenes de protección jurídica y a una mayor politización y confrontación de los mecanismos de derechos humanos de la ONU.
58. Un trabajo concreto en materia del desarrollo social para erradicar la miseria, promover la integración social, así como garantizar una plena ocupación y un trabajo digno para todos contribuirá al cumplimiento eficaz de las decisiones tomadas en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y en el marco del 24º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU.
Consideramos que la Comisión de Desarrollo Social de la ONU es el principal órgano coordinador en el sistema de la ONU para elaborar acciones coordinadas en el ámbito de asuntos generales para asegurar la protección social, garantizar las posibilidades iguales para los minusválidos, considerar problemas de envejecimiento de la población, mejorar el estado de los jóvenes y fortalecer el papel de la familia tradicional. Nos oponemos categóricamente a las iniciativas que socavan su papel y los llamamientos a su disolución.
59. La Comisión de las Naciones Unidas de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) sigue siendo la principal plataforma intergubernamental para examinar una amplia variedad de cuestiones para el adelanto de la mujer, incluida la igualdad entre los géneros. Creemos que es importante evitar la politización de los temas «femeninos» y la inclusión mecánica de ese tema en los documentos no pertinentes de las Naciones Unidas. Los documentos sobre el adelanto de la mujer deben hacer especial hincapié en los derechos sociales y económicos, así como en las medidas de protección social y apoyo para las mujeres y sus familias.
Apoyamos la consideración de la igualdad de género en las actividades del sistema de la ONU de manera equilibrada sin su absolutización o uso selectivo.
Acogemos con beneplácito la actividad de la entidad «ONU-Mujeres», la que debe prestar asistencia solamente en el marco de su mandato a petición y con la autorización de los respectivos Estados. Seguiremos colaborando estrechamente con esa entidad en el marco de la Junta Ejecutiva.
60. Destacamos la pertinencia de mayor cooperación internacional en materia de promoción y defensa de derechos de niños a base de la Convención sobre los Derechos del Niño y el documento final aprobado al término del
27º período extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la ONU
«Un mundo apropiado para los niños». Son inadmisibles los intentos emprendidos por varios países de privar a los padres y tutores legales de su papel en la crianza y el desarrollo de niños, incluso dando a los niños pequeños autonomía en la toma de decisiones. Para una próspera crianza y crecimiento de niños son importantes, en particular, programas de apoyo de la familia en el sentido tradicional y el aseguramiento del acceso a la educación y la salud.
Prestamos mucha atención al tema de los niños en los conflictos armados. Apoyamos el mandato de Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados y desarrollamos la cooperación con su Oficina, en particular en el marco del programa de repatriación de los niños rusos de Siria e Iraq.
61. Respaldamos la discusión en la Asamblea General de la ONU de temas relacionados con la cooperación interreligiosa e intercultural, así como el desarrollo de un diálogo entre civilizaciones, sobre todo, en el marco de la Alianza de Civilizaciones (AC). Creemos que la creación de una cultura de paz es un requisito fundamental para la coexistencia pacífica y cooperación global en pro de la paz y el desarrollo.
Nos estamos preparando activamente para convocar la Conferencia Mundial sobre Diálogo Intercultural e Interreligioso (San Petersburgo, mayo de 2022).
62. Estamos dispuestos a colaborar con todas las organizaciones no gubernamentales concernidas en las cuestiones que figuran en la agenda de la ONU. Para su participación en el trabajo en el marco de la ONU se debe cumplir con la práctica establecida que exige el consentimiento obligatorio de los Estados Miembros. Aplicamos todos los esfuerzos necesarios para que las organizaciones no gubernamentales de Rusia estén representadas de forma adecuada en las actividades de los respectivos segmentos, órganos y organismos de la ONU.
63. Para superar las consecuencias de la crisis migratoria que ha afectado algunos países y regiones del mundo son esenciales esfuerzos globales con el papel central coordinador de las Naciones Unidas.
Acogemos con beneplácito las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para aumentar la eficacia de la protección internacional de los refugiados y otras categorías de personas de las que es responsable. Creemos que el trabajo del ACNUR es especialmente importante en situaciones de grave crisis humanitaria.
Rusia contribuye significativamente a los esfuerzos internacionales para mejorar la situación de los refugiados, incluso acogiendo a los desplazados de Ucrania, así como mediante programas para repatriación voluntaria de los refugiados sirios. Cada año nuestro país destina voluntariamente unos
2 millones de USD para el presupuesto del ACNUR.
Confirmamos nuestro compromiso al Pacto Mundial sobre los Refugiados (PMR) y el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que debe servir como la base para la cooperación amplia a largo plazo con miras a establecer canales de migración legales y hacer frente a los flujos ilegales.
Rusia participó de manera activa en el primer Foro Mundial sobre los Refugiados. Esperamos que esa plataforma contribuya a señalar a la atención internacional los problemas de los refugiados y aumentar los esfuerzos para implementar el PMR.
Aplaudimos el fortalecimiento de las actividades de la ONU relativas a la migración con el papel coordinador de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Apoyamos el enfoque amplio del ACNUR y la OIM para prevenir la propagación de COVID-19 entre las personas de las que son responsables. Estamos convencidos de que una de las medidas eficaces para hacer frente a la pandemia debe ser la vacunación a gran escala de la población, incluso de los desplazados.
Apreciamos el trabajo eficaz del ACNUR con los refugiados y desplazados internos (DI) sirios. Exhortamos a evitar la politización de esa cuestión y aumentar la asistencia para restablecer la infraestructura y crear las condiciones para su retorno más próximo.
Acogemos con beneplácito y contribuimos, incluso mediante financiación, a los esfuerzos del ACNUR orientados a superar las catastróficas consecuencias humanitarias de la crisis interna de Ucrania. Apoyamos los programas del ACNUR encaminados a la eliminación de la apatridia, incluso en los países europeos.
Tenemos interés en que el ACNUR facilite la repatriación voluntaria de los DI y refugiados a Nagorno-Karabaj y zonas cercanas.
64. Nos parece contraproducente la resolución de la Asamblea General de la ONU patrocinada por Georgia sobre la situación de los desplazados internos y los refugiados de Abjasia y Osetia del Sur que puede complicar la situación en el terreno así como contribuir al bloqueo de los debates constructivos sobre ese problema en el marco de las discusiones de Ginebra que de momento siguen siendo la única plataforma de negociaciones que facilita un diálogo directo entre los representantes de Abjasia, Georgia y Osetia del Sur. Señalamos también que mientras los representantes de Abjasia y Osetia del Sur no tienen la oportunidad de presentar su posición ante la Asamblea General debido a la denegación sistemática de visados de entrada por las autoridades estadounidenses, los debates en Nueva York sobre «refugiados de Abjasia y Osetia del Sur» sin su participación directa no tienen sentido alguno.
65. Siempre nos hemos pronunciado por aumentar la autoridad de la UNESCO. Creemos que la adaptación de los métodos de trabajo de la UNESCO a los nuevos desafíos, incluso en el contexto de la pandemia del nuevo coronavirus, debe partir del carácter intergubernamental de la Organización y basarse en el cumplimiento incondicionado de las disposiciones de la Carta de la UNESCO, el reglamento y las instrucciones de los órganos directivos.
Nos resistimos a la introducción artificial del tema de los derechos humanos a las actividades de la UNESCO para evitar la duplicación de funciones de otros organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas. Tenemos como objetivo aumentar la eficacia de la Organización por vía de su despolitización y eliminación de la agenda de las cuestiones de la integridad territorial y la soberanía que no son relacionadas con su mandato.
Rusia ha realizado contribuciones importantes y positivas a las actividades de esa organización. En 2022, Kazán, el capital de Tartaristán, será el anfitrión de uno de los eventos de la UNESCO más grandes e importantes – el 45o período de sesiones del Comité del Patrimonio Mundial que coincidirá con el 50o aniversario de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972.
66. Opinamos que la cooperación en el ámbito del deporte y la creación de ideales deportivos en el mundo son formas eficaces de fortalecer el respeto y el entendimiento mutuo entre los pueblos.
Consideramos inaceptables la politización del deporte y la discriminación de los atletas, incluso paralímpicos, mediante castigo colectivo. Nos pronunciamos por formar un sistema universal de cooperación internacional en el ámbito del deporte a base de los principios de independencia y autonomía del deporte.
67. En el contexto de la cooperación internacional para contrarrestar los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19 apoyamos la intensificación de los esfuerzos encaminados a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) como una visión integral y equilibrada de las actividades de las Naciones Unidas en los ámbitos social, económico, ambiental y otros conexos. Subrayamos el carácter integral, no politizado e indivisible de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los cuales la tarea principal es erradicar la pobreza.
Abogamos por el fortalecimiento de la coordinación entre la Asamblea General de las Naciones Unidas y el ECOSOC, incluso a través del Foro Político de Alto Nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN). El FPAN tiene por objeto servir como una plataforma con la participación de todas las partes interesadas, incluida la comunidad empresarial (no solamente las ONG) a fin de examinar el progreso a nivel mundial en la implementación de la Agenda 2030. El primer examen nacional voluntario sobre los progresos en la implementación de los ODS presentado por Rusia en 2020 es una contribución importante a esos esfuerzos.
Promovemos un enfoque equilibrado en el ámbito de la energía dando prioridad al acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos de conformidad con el ODS 7. Reconocemos la urgencia de la tarea de reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero, pero creemos que se debe resolver no solamente por vía de conversión a la energía renovable sino también por la introducción de tecnologías avanzadas con bajas emisiones de carbono utilizando todos los tipos de energía, incluso combustibles fósiles. En ese contexto abogamos por la promoción del gas natural como el combustible fósil más aceptable desde el punto de vista ambiental, así como por la clasificación de la energía nuclear e hidroeléctrica como fuentes de energía limpias por la falta de la huella de carbono. En ese espíritu intentamos conseguir que Rusia participe en el Diálogo de Alto Nivel sobre Energía en septiembre de 2021.
68. Seguiremos defendiendo los parámetros básicos de la prestación de asistencia humanitaria internacional fijados en la resolución 46/182 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras decisiones de la Asamblea General y el ECOSOC. Nos opondremos a la revisión de los principios fundamentales, incluso el respecto de la soberanía del Estado afectado y su consentimiento para recibir la asistencia. Seguiremos instando a los organismos humanitarios del sistema de las Naciones Unidas a actuar como «negociadores honestos» y basar su trabajo en datos revisados sobre la situación humanitaria en el terreno.
Estamos preocupados por la intensificación de la crisis humanitaria causada por los efectos de la pandemia de COVID-19. Ante las necesidades humanitarias crecientes creemos que es sumamente importante evitar la politización de la prestación de ayuda humanitaria.
69. Condenamos la práctica de la introducción por algunos países de medidas coercitivas unilaterales contrarias a la Carta de la ONU y las normas del derecho internacional. A este respecto, apoyamos la consolidación de los esfuerzos de países contra los que se imponen sanciones acorde con la iniciativa del Presidente de Rusia sobre la creación de los «canales verdes» libres de sanciones para asegurar el acceso de los países a medicamentos y artículos de primera necesidad.
70. Somos partidarios de acelerar la aplicación de la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el Desarrollo a fin de movilizar recursos y utilizarlos con eficiencia para lograr los ODS.
Apoyamos el principio de la primacía de los intereses del país receptor de la asistencia para el desarrollo internacional. Prestamos asistencia a los países interesados sobre la base de un enfoque no politizado, promoviendo las prácticas innovadores y experiencias nacionales.
Reconocemos que es importante alcanzar un consenso internacional respecto de las cuestiones de tributación mundial, en particular en la lucha contra la evasión fiscal. Apoyamos el fomento de la interacción intergubernamental para desbaratar las corrientes financieras ilícitas y repatriar ingresos obtenidos por medios ilícitos.
71. Nos oponemos a intentos de algunos países de limitar el desarrollo económico solamente a los objetivos medioambientales, incluso relacionados con el cambio climático. Vemos en esa posición unilateral señales de competencia desleal y proteccionismo económico y comercial contrarios a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre un sistema multilateral de comercio universal, abierto y no discriminatorio.
72. Aplaudimos el aumento de la eficacia de la labor del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Programa de la ONU para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) orientada a un desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.
Apoyamos el fortalecimiento del papel del PNUMA como una plataforma universal intergubernamental clave para elaborar toda la agenda global integrada para la protección del medio ambiente.
Nos pronunciamos por mejorar la eficacia y la disciplina financiera del ONU-Hábitat en el marco de la reforma de la estructura orgánica del Programa de conformidad con la resolución 73/239 de la Asamblea General.
Subrayamos que es necesario observar estrictamente el principio de la representación geográfica justa en el personal del PNUMA y el ONU-Hábitat y evitar la politización de los mandatos de esos programas.
73. Abogamos por el mantenimiento del liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) en las cuestiones de la coordinación de los esfuerzos internacionales para erradicar el hambre, mejorar la nutrición y promover el desarrollo agrícola sostenible. Los orientaremos a las organizaciones con sede en Roma hacia una interacción interinstitucional más estrecha dentro del sistema de las Naciones Unidas en la solución de esos problemas.
En la práctica, participamos activamente en la preparación de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios 2021. Esperamos que durante la cumbre se lleve a cabo un examen amplio de los modelos óptimos del funcionamiento de las cadenas agroalimentarias para erradicar el hambre y aumentar la seguridad alimentaria, incluso ofrecer una alimentación sana a la población. Esperamos que en los documentos finales de la cumbre se reflejen de manera equilibrada los enfoques y propósitos pertinentes acordados que gozan de apoyo universal. Contamos con que el próximo evento fije el rumbo para la transformación de los sistemas alimentarios mundiales, en particular en el contexto de la recuperación frente a la pandemia del nuevo coronavirus y dé un impulso adicional a la implementación de la Agenda 2030.
Prestamos atención especial a la prevención del riesgo de una crisis alimentaria, incluso debido a los efectos negativos de la pandemia de
COVID-19. Seguiremos prestando ayuda alimentaria de carácter humanitario a los países más necesitados, sobre todo en el espacio postsoviético, así como en África y América Latina.
74. Asignamos gran importancia al trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas en apoyo de los esfuerzos multilaterales para luchar contra la pandemia de COVID-19 y supresar sus efectos. Estamos a favor de un acceso universal, equitativo, justo y sin obstáculos a las tecnologías médicas, así como vacunas y medicamentos seguros, de alta calidad, eficaces y asequibles para la infección por el nuevo coronavirus.
Otorgamos una prioridad especial al fortalecimiento de la capacidad mundial de preparación para emergencias sanitarias y de respuesta a ellas. Estamos dispuestos a un diálogo constructivo con todos los asociados en el marco de los formatos especializados. Al mismo tiempo, creemos que la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe seguir siendo la plataforma principal para debates sobre la salud mundial.
Siempre hemos apoyado la OMS como un coordinador de la cooperación internacional en la protección de la salud humana. Nos pronunciamos por aumentar la eficacia de su labor mediante una mayor transparencia y rendición de cuentas ante los Estados Miembros.
75. Continuaremos fortaleciendo la colaboración multilateral para reducir el riesgo de los desastres en el marco de la aplicación del Marco de Sendai 2015-2030. En el contexto de la pandemia actual opinamos que conviene prestar atención especial al desarrollo de la capacidad de los Estados en la respuesta a emergencias, incluso sanitarias.
76. Tenemos como objetivo contener el crecimiento del presupuesto ordinario de los programas de las Naciones Unidas para 2022, así como las estimaciones de las operaciones de mantenimiento de la paz y el Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. Proponemos reducir los recursos solicitados de un modo localizado y justificado. Cualesquiera solicitudes para financiación adicional deben someterse previamente a un minucioso estudio interno. Al mismo tiempo, la Secretaría debe redoblar esfuerzos para aumentar la eficacia de sus métodos de trabajo con miras a minimizar los costos asociados a la ejecución de las tareas planteadas ante las Naciones Unidas. Insistimos en el fortalecimiento del sistema de la rendición de cuentas, el mantenimiento de la disciplina presupuestaria y mayor transparencia en trabajo de la Secretaría.
77. La observación de paridad entre los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas en el ámbito de los servicios de conferencias y actividades de comunicación sigue siendo un aspecto prioritario de nuestra cooperación con la Secretaría de la Organización. El principio del multilingüismo debe seguir siendo fundamental en la implementación de todos los proyectos en los medios de comunicación y campañas de información, así como debe tenerse en cuenta al asignar recursos financieros y humanos para las actividades de los servicios lingüísticos de la Secretaría de las Naciones Unidas
Notas:
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia
Política exterior / Organismos internacionales /
