El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) presentó el estudio “Mercado de Plaguicidas ilegales en México”, para hacer un llamado a detener los efectos significativos para la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible del país ante el mercado de plaguicidas.
La información sobre plaguicidas ilegales proviene de asociaciones especializadas. Por su naturaleza clandestina, este tipo de mercado representa desafíos para su medición, operación y contención. Por ello, organizaciones han emprendido esfuerzos por sensibilizar y capacitar a las autoridades, recopilar información, y tramitar acciones legales con las instituciones correspondientes.
En las actividades agrícolas, el uso de plaguicidas es una práctica muy difundida. La aplicación de este depende de las condiciones del campo, por región, tipo de cultivo, nivel de tecnificación, extensión de los cultivos, entre otras. A la par, la producción y consumo de estas sustancias químicas ilegales es un fenómeno que afecta a la industria legal para la protección de siembras.
A nivel mundial, el estudio señaló un mercado de plaguicidas valorado en un alrededor de 60 mil millones dólares. Estima que la participación del comercio ilegal va de 10 a 25 por ciento con base en diversos estudios citados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y los realizados por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y Medio Ambiente de las Naciones Unidas.
En México, existen estimaciones de la producción y consumo de pesticidas legales, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) publica la estimación de la “Producción de insecticidas y plaguicidas de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera”. En ella se presenta el total de toneladas que se producen en México, divididos en insecticidas agrícolas líquidos o en polvo, plaguicidas como fungicidas y herbicidas, y defoliantes. La producción total en promedio entre 2007 y 2019 fue de 112 mil toneladas. La mayor medida por volumen corresponde a los fungicidas con 42.4%, seguido de los herbicidas y defoliantes 29.0 por ciento, los insecticidas agrícolas líquidos con 17.7% y agrícola polvo con 10.9 por ciento.
Ante las condiciones económicas derivadas de la pandemia por la Covid-19, la producción de insecticidas y plaguicidas en el país alcanzó un aproximado de 45% de la elaboración promedio anual entre 2007 y 2019.
Al ser los mercados ilegales una noción “suelta” o difusa, se requiere un esfuerzo analítico que no solo distinga a estos en función del producto sino de otras características. En otras palabras, además de violar una ley, se debe saber ¿por qué lo hace?, ya que eso modifica la naturaleza del intercambio.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, las principales diferencias físicas de los plaguicidas ilegales respecto a los productos legales se encuentran en el embalaje 86.7%, el etiquetado (86.7 por ciento, y la eficacia 80%.
Un segundo factor asociado a los problemas del valor es la política de precios, esta es relevante por dos factores: información y existencia de alternativas en el mercado legal. Si el producto es robado, falsificado o producido con violaciones a estándares, es probable que se venda con descuento.
Por otro lado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y la SEMARNAT a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es responsable de emitir los registros sanitarios correspondientes para garantizar la calidad y seguridad de los productos. Un registro puede ser negado si no aprueba los 120 estudios que analizan su relación con las plagas y cultivos, el ambiente y los efectos que tiene con la salud de las personas. En el país, el suministro de plaguicidas sin inscripción se encuentra encabezado por empresas con capacidad de fabricación a mediana y gran escala, así como productores que suministran a nivel local.
Las personas entrevistadas en el estudio hicieron referencia a la venta ilegales a través de las redes sociales y otras páginas de internet. Sin embargo, muchas empresas mencionaron que apenas estaban en el desarrollo de mecanismos de detección que les permitirán conocer el tamaño de este mercado, los actores involucrados y las diferentes modalidades en las que se presenta.
Al mismo tiempo, los plaguicidas contrabandeados en el mercado y son aprovechados de diferentes maneras. Entran por lo general en la frontera sur a través de Belice y Guatemala hacia Chiapas, pero en algunos casos identificaron que su origen inicial fue China.
Sin embargo, al norte del país mencionaron como una región relevante para la captación de plaguicidas contrabandeados. En este caso, suele llegar de los Estados Unidos y se inserta a través de los estados colindantes, en especial a Baja California, Sinaloa y Sonora.
El estudio resalta a los compuestos químicos robados, aquellos que fueron sustraídos de manera ilegal durante su elaboración, traslado o almacenamiento, son puestos a la venta en establecimientos informales como tiendas de abarrotes, tianguis, y de la venta directa a los agricultores. Derivado de los cuestionarios, los estados con mayor incidencia se focalizaron en Jalisco, Puebla y Estado de México.
Asimismo, los plaguicidas falsificados se refieren a químicos activos o inactivos, son vendidos en envases y con etiquetados iguales o semejantes a un producto ya registrado o considerado como original. Respecto a su distribución geográfica, se concentró en mayor medida en el centro del país, sin embargo, destacan los estados de Chiapas, Michoacán y Sinaloa con mayor número de menciones.
A diferencia de los otros tipos de plaguicidas ilegales, la falsificación de estos productos abre la oportunidad de generar procedimientos penales por violación de derechos de propiedad intelectual.
Por último, los plaguicidas adulterados pueden contener parte del ingrediente activo indicado u otra concentración de cualquier otra sustancia, es probable que no tenga autorización o no se encuentra en la etiqueta del empaque.
Cambio climático y plagas
Los plaguicidas son uno de los insumos fitosanitarios importantes para la producción de cultivos tanto en economías desarrolladas como en vías de progreso. En estas últimas, el crecimiento de su aplicación se debe a las tendencias del sistema de producción, tienden a favorecer la obtención de rendimientos, incluso bajo condiciones de incertidumbre y variabilidad climática ocasionadas por el calentamiento global.
A menudo, estos productos constituyen una de las pocas opciones disponibles para el agricultor que desea mantener protegido el rendimiento de sus cultivos. Las amenazas que supone la presencia de plagas, ocasionadas por insectos, malezas, hongos o cualquier otro agente, implica pérdidas directas, se estiman entre un 20 y 40% de la producción a nivel mundial de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El riesgo de plagas afectado otras condiciones exógenas, uno de estos es el cambio climático. Bajo esta perspectiva, los plaguicidas ilegales al ser sustitutos, imperfectos, más baratos que los legales y disponibles en casi los mismos canales de distribución tendrían una ventaja competitiva que aprovecharan las personas involucradas en el suministro ilícito.
Respuesta institucional frente a los plaguicidas ilegales
México cuenta con las ratificaciones y adhesiones en instrumentos jurídicos internacionales, y de manera legal ha adquirido el compromiso de dar cumplimiento en materia de producción, trasiego, comercialización, uso y desecho de productos agroquímicos, con la finalidad del cuidado de la salud del ser humano, la biodiversidad y del medio ambiente.
La investigación reafirma a los instrumentos como un medio que busca de manera conjunta proteger la salud, seguridad humana y medio ambiente, a través de la reducción o eliminación de la producción, utilización y liberación de cierto tipo de contaminantes. En el ámbito internacional, surgió una iniciativa de colaboración que puede considerarse como un mecanismo para hacer alusión e incentivar la respuesta del Estado mexicano frente al mercado de plaguicidas ilegales.
Este es el caso del Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a Nivel Internacional (SAICM) aprobado en febrero de 2006, por la Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos en Dubái. El objetivo, es producir químicos que minimicen los efectos adversos importantes en la salud humana y medio ambiente. Aunado a ello, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, perteneciente a la FAO se encarga de coordinar los planes de acción mundiales, con el objeto de crear un sistema eficiente para la conservación y utilización sostenible de recursos genéticos para la alimentación y agricultura.
Alternativas para la mitigación
El estudio enfatiza un grado de conocimiento e identificación de plaguicidas ilegales no homogéneo entre los distintos actores de la industria. En las firmas organizadas, la principal vía por la que iniciaron algún procedimiento legal ha sido administrativa a través de dependencias y autoridades.
La dependencia o autoridad por la que se inicia un procedimiento legal depende del área que infrinjan los plaguicidas ilegales detectados. Problemas relacionados con registros sanitarios llevan a COFEPRIS, aquellos con afectaciones a la propiedad intelectual al IMPI o a la FGR.
Entre las empresas entrevistadas dieron a conocer tres tipos de procedimientos para estos casos: los penales, seguido por los administrativos relacionados con materia sanitaria, y los referentes a la propiedad intelectual.
De las empresas consultadas, al menos la mitad considera al marco jurídico inadecuado para responder a la presencia de productos ilegales. Además, más de la mitad piensa que los procedimientos legales son poco o nada útiles, dada la percepción en cuanto a lo limitado y poco útil que resulta el marco jurídico y su aplicación.
En primera instancia, se encuentran las empresas y/o asociaciones, un segundo grupo corresponde a las estrategias que incluyen la coordinación entre dependencias y autoridades del sector público y participación de las empresas, el último solo incluye tácticas gubernamentales.
A su vez, estas pueden cubrir uno o varios segmentos de la cadena de suministro de plaguicidas. Entre las estrategias instrumentadas por las empresas para prevenir y combatir el comercio ilegal se encuentran las que se enfocan en los consumidores.
Por otra parte, las empleadas por empresas en los canales de distribución es el impulso a los distribuidores a notificar algún caso de productos ilegales y capacitar a quienes participan en la distribución.
Fuente: Chiapas Paralelo.
