La democracia del lawfare vuelve a imponerse mediante la conjunción del poder judicial y el poder legislativo y pisotea la voluntad o convicción de los que vieron en Pedro Castillo la posibilidad de romper la arquitectura montada con la constitución del 93 por los capo-mafia Fujimori-Montesinos.
Esta destitución, más allá de la figura de Castillo y sus aciertos u errores, es la consagración de la prepotencia de la derecha que mina la gobernabilidad volviendo a sentar un precedente, muy complejo, que deja como mensaje, “si no tienes un candidato capaz de ganar las elecciones presidenciales, consigue 10 candidatos a congresistas que con menos cantidad de votos manipularán la gobernabilidad hasta lograr sus objetivos”.
Castillo salió del gobierno y el contubernio mafioso, tiene que resolver las cuentas pendientes con un pueblo empobrecido y altos niveles de desprotección estatal. Según el Banco Mundial, “después de un repunte posterior a la pandemia del 13,3 % en 2021, el PIB aumentó un 3,5 % interanual en el primer semestre de 2022, impulsado por las manufacturas, la construcción y los servicios, gracias a una cantidad considerablemente menor de restricciones que en el primer semestre del año anterior”.
“La política fiscal se estabilizó rápidamente después del importante estímulo relacionado con la COVID-19. En julio de 2022, el déficit fiscal anual continuaba su tendencia a la baja y se situaba en el 1,2 % del PIB, en comparación con el 2,5 % registrado en diciembre de 2021”.
Omnicom Media Group (OMG), elaboró una investigación que muestra que las cinco principales preocupaciones de los peruanos este 2.022 son el incremento de precios de la canasta básica (79 %), el alza de precios del combustible (70 %); el incremento de la inseguridad ciudadana (68 %); la falta de trabajo (65 %); y el alza de precios de los pasajes y peajes en el transporte (62 %).
En un trabajo realizado por Oxfam en julio de este año, se revela que el 55% de la población considera que el Perú es un país muy desigual económicamente, mientras que el 60% de los peruanos piensa que la brecha entre ricos y pobres ha aumentado en los últimos dos años.
Con esta vacancia, la clase política como es su costumbre vuelve a resolver sus problemas de espaldas al pueblo que como en las gestiones de Merino y Vizcarra sigue reclamando el cierre de esa olla descompuesta que llaman Congreso.
Si la partidocracia del lawfare pretende seguir adelante como si nada hubiera ocurrido en la vida de los peruanos, con esta decisión repetida una y mil veces desde 1993, de vacar a los presidentes o sabotear a sus gabinetes, para seguir negociando el futuro de millones de personas, desconociendo que en la calle cuentan con una desaprobación del 86%, la crisis por venir será mucho más profunda de lo que podemos imaginar.
Sería interesante saber cómo van a explicarle al pueblo llano del Perú, por qué, este mes de diciembre los 130 congresistas recibirán más de 30 mil soles como pago de gratificaciones, junto a una tarjeta Visa para víveres (canasta navideña) por S/1.500, mientras el sueldo de un trabajador formal, apenas es de S/1.070 mensuales, sin descuentos de ley.
Seis presidentes, han pasado por el ejecutivo en seis años y en el gobierno de Pedro Castillo cincuenta ministros en diez meses, evidentemente la gravedad de la situación vuelve a trasladarse a las calles y con ella, los nuevos acertijos y los nuevos desafíos, porque más allá, de las maniobras y las triquiñuelas palaciegas, como decía alguien que sabía mucho de política y de pueblos “La única verdad es la Realidad”.
Oscar Rotundo* Analista político internacional editor del equipo de PIA Global.
Foto de portada: Pedro Castillo en un lugar de detección. imagen de video/lasexta.com
