PIA Global consultó al dirigente histórico del FMLN, Medardo González, sobre la situación de los presos políticos en El Salvador.
PIA Global-. Eso de los presos políticos parece ser un plan del actual presidente de la república; El mismo dijo, “van a la cárcel todos”, aludiendo que todos son “corruptos”. Pareciera que toda la oposición es corrupta ¿Qué hay detrás de este operativo contra estas 5 personas ahora capturadas?
MG. En El Salvador no había presos políticos desde los Acuerdos de Paz, desde el 1 de enero de 1992 que las guerrillas ya estaban concentradas y los fusiles callados….
Presos políticos son porque no son apresados por un debido proceso, sino porque el Fiscal General de la Republica, ejecutó una orden dada directamente por el presidente de la Republica y han capturado a varios compañeros y compañeras y uno que no es del FMLN, incluso esta apresado un político de derecha.
Estamos hablando por Violeta, Hugo, Calixto, Erlinda y Carlos Cáceres…, pero también está preso Luis Muyshondt García-Prieto, que consideramos que es por razones políticas.
También están presos los compañeros de Zacatecoluca. Ellos tampoco han tenido el debido proceso y no se les ha dado la oportunidad de usar los recursos que da la ley.
PIA Global-. Cuando se refiere a Muyshond, muestra una visión inclusiva, pues Muyshond, es de ARENA…
MG: Mi visión es fundamentalmente política. Es obvio que está detenido por razones políticas
Quiero añadir además que en la persecución política de hoy no se dice abiertamente que te persiguen por ser comunista, por ser terrorista como decían en tiempos de Monseñor, por ser opositor o por tus ideas… con eso no lograrían legitimar su accionar. Para poder cosechar adhesión en la opinión pública, el método que utilizan es que a todo opositor hoy le ponen la etiqueta de “corrupto”. (Aunque tampoco eso es nuevo: ya que, en el gobierno de Hitler, en aquella Alemania de los años 30, la persecución del pueblo judío fue legitimada llamándolos “corruptos”). También ya teníamos antes los intentos de dar muerte política a Mauricio Funes y a Sigfrido Reyes, sin presentar las pruebas. Es lo que hemos conocido como el Lawfare, o la judicialización de la política. En el continente lo conocimos en casos emblemáticos como el de Lula o de Cristina Fernández, y en nuestro país con Funes, como ya lo mencioné.
En apariencia, todas las capturas siguen el mismo molde que hicieron los fiscales anteriores, que eran capturas por supuesta corrupción para hacer shows (condenando anticipadamente a través de los medios de comunicación sin presentar pruebas). Por estas razones ya en aquellos momentos hablábamos de “persecución política”.
Además, en nuestro país existe otra variante del lawfare, que está relacionada directamente a la guerra revolucionaria que vivimos durante 12 años y que viene preparándose desde larga data, promovida y apoyada directamente desde aquellos sectores en Estados Unidos que invirtieren miles de millones en la guerra en El Salvador para aniquilar y aplastar al FMLN. Pues, este eje de persecución consiste en la preparación de casos de guerra, y la mayoría basados en supuestos testigos. Esto va desde activistas del sector organizado de veteranos del ejército y excombatientes del FMLN, que se han revelados como muy críticos y activos en la calle en contra del actual régimen, hasta compañeros dirigentes que por la vía de la corrupción difícilmente pueden ser agarrados. La implementación de este eje ha iniciado hasta hace pocos días, cuando la PNC publicó un twitter avisando la captura de 3 exmilitares por un supuesto asesinato de 5 personas hace 40 años, acompañando su publicación incluso con un hashtag (#ConflictoArmado), como si se tratara de una campaña mediática. Es importante saber que esto no tiene nada que ver con las leyes de reparación de víctimas, que fue trabajado durante años, pero enviado al archivo por este régimen. Este régimen ha tratado los Acuerdos de Paz de “farsa”, llamó la guerra contra la dictadura “una farsa” y hace todo para tergiversar o borrar la historia revolucionaria que ha habido en nuestro país
Dicho todo esto, ¿Cuál es la dimensión nueva que estamos viendo hoy? Hoy es el Fiscal General de la República acompañado por el ministro de la Justicia que en rueda de prensa montada expresamente para el caso, acusa a los capturados de ser ladrones y corruptos, o “criminales de guerra” sin presentar ninguna prueba, y eso ordenado por un presidente de la república que dice que va a poner presos a todos. No son presos por haber cometido un delito, sino porque el presidente no quiere voces disonantes. O sea, hoy el fiscal solo ejecuta la orden del presidente, la cual, expresada vía twiter, se convierte en una orden.
Esta es la dimensión nueva y es lo que los salvadoreños y salvadoreñas que vivimos aquí y en el exterior no debemos aceptar. Debemos denunciar y condenarlo.
En resumen, ¿Qué estamos viendo después de 2 años y algunos meses de este gobierno? En lugar de políticas públicas que busquen resolver los problemas del pueblo y de la sociedad, lo que hay es un plan, sin decirlo, de rompimiento del Estado de Derecho, de violentar la Constitución. Ahora el sistema judicial ya no permite que tengamos alguna confianza, porque es el presidente quien lo dirige, por teléfono; él pone y quita a jueces según se necesidad. Este es el tipo de régimen al que estamos enfrentado.
PIA Global-. ¿Antes el sistema judicial era confiable?
MG: Desde los Acuerdos de Paz el sistema judicial mejoro: dejó de estar exclusivamente al servicio del poder, con los dados cargados contra los opositores y los descalzos. Los jueces tuvieron oportunidad de ser honestos y aplicar justicia. Existía independencia judicial tanto de CAPRES como de los poderes facticos. Lo que ha hecho este régimen es involucionar un desarrollo que inició justamente con los Acuerdos de Paz. Esto es coherente con la postura de este presidente para quien los Acuerdos de Paz habrían sido una farsa, como dijo hace un par de meses.
Es inaceptable que teniendo el poder él se arrogue el derecho de violentar la constitución, darle orden al Fiscal, a la Sala de lo Constitucional, a la Asamblea Legislativa, rompiendo totalmente el Estado de Derecho en nuestro país. Eso ya no es democracia y tiene que tener un paro, un alto.
Aprovecho para saludar a todos los compañeros amigos y no amigos incluso a adversarios políticos que sufren la persecución y que están en la cárcel por revanchismo. Saludo a aquellos que se han incorporado al comité de familiares y amigos de los presos políticos de El Salvador y aquellos que en diferentes lugares del país están expresando su rechazo a la persecución política y su solidaridad con los y las presos políticos. Esta lucha no es solo de los familiares y de los y las amigas de los presos. Es de todos, debe ser de todos quienes no queremos que este tipo de prácticas se vuelvan a instalar en nuestro país como actos normales y que puedan pasar sin levantar ningún rechazo.
Por otra parte el gobierno de México, el lunes 16 de agosto, otorgó el estatus de refugiado al ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por persecución política por parte del gobierno de Nayib Bukele.
Gerson Martínez, es acusado de corrupción por supuestamente recibir pagos irregulares en el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), quien también se encuentra fuera del país.
El abogado de Martínez, Pedro Cruz, menciono a la prensa que había presentado al Juzgado Segundo de Paz un escrito de apelación contra la resolución que ha ordenado indebidamente la captura de su representado y expresó que, “el señor Gerson Martínez ha recibido el estatus de refugiado por persecución (política)” y que “en ese sentido el Gobierno mexicano ha tomado a bien examinar los datos de este caso, así como toda la coyuntura política, legislativa y judicial del país”.
También se torna preocupante la situación de los presos políticos que están siendo despojados de sus derechos humanitarios en este sentido el ex provincial de la Compañía de Jesús, José María Tojeira, ya el 9 de agosto en el Diario Colatino denunciaba la aplicación de justicia dolosa por parte de la Dirección General de Centros Penales contra la ex viceministra de Salud Violeta Menjívar, a quien se le ha negado tratamiento médico para sus padecimientos de salud.
Explicando, “El dolo consiste en cometer un delito de manera deliberada, con intencionalidad y sabiendo las consecuencias que puede traer consigo este acto delictivo de negarle tratamiento médico y medicamentos a sus problemas crónicos de bronquitis” agregando “Da la impresión que quieren matar a Violeta, al no permitirle tratar sus dolencias”.
El jesuita recalcó que la ex ministra de Salud, que padece de serios problemas bronquiales y se le ha negado de forma sistemática acceso a los servicios de salud, además de estar recluida en un lleno de humedad en la cárcel de mujeres de Ilopango.
Quien también fuera rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), aseguraba que “La acusación-captura de exfuncionarios del FMLN, rompe la normativa salvadoreña. El trato dado, viola el derecho constitucional de presunción de inocencia”.
Tojeira concluía que los malos procesos de detención se mezclaban con temas políticos. En el caso de los sobresueldos se está exhibiendo a los políticos detenidos e incluso declarándolos culpables de delitos complejos, como son el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito.
No deja de evidenciarse un clima de revancha en la detención de los ex funcionarios y militantes del FMLN.
