Con esta nueva normativa, se prohíbe a las agencias federales hacer cualquier tipo de negocios con personas o compañías vinculadas al gobierno venezolano. Una agresión más, que se suma a las cuantiosas medidas unilaterales coercitivas que el gobierno estadounidense ha aplicado contra Venezuela.
La iniciativa y propuesta de esta ley fue del senador Rick Scott, republicano y ex gobernador de Florida, y copatrocinada por Jacky Rosen, Marco Rubio y Thom Tillis, entre otros; todos confesos ultraderechistas, intervencionistas y amigos de golpes de estado, invasiones y atropellos a los derechos humanos.
El gobierno bolivariano, a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, repudió enérgicamente este instrumento, “contrario al derecho internacional y concebido desde los sectores extremistas de la política en Estados Unidos”; entendiendo que de esta manera se “vulnera la integridad del pueblo soberano de Venezuela así como la de las mismas empresas estadounidenses, al colocarlas en riesgo de ser penalizadas, de manera arbitraria, injusta e ilegalmente, al ejercer su derecho al libre comercio mediante contrataciones con el Gobierno Bolivariano”.
Queda claro que esta nueva agresión apunta directamente a dificultar el diálogo reiniciado entre el gobierno venezolano y la oposición, tras la interrupción motivada por el secuestro del diplomático venezolano Alex Saab, quien en estos momentos es juzgado en Estados Unidos violando todas las normas del derecho internacional.
“Esta medida abusiva demuestra, una vez más, el ensañamiento de sectores ultraconservadores y golpistas en la política estadounidense que reinciden en su intento de derrocar al Gobierno venezolano y de dinamitar cualquier ruta posible al diálogo y a las relaciones constructivas entre ambos países”, señala el comunicado de la Cancillería venezolana.
Parece a propósito, que a solo dos días del aniversario del paso a la inmortalidad de El Libertador, los senadores estadounidenses, con una falta de respeto absoluta y delatando una ignorancia supina, llamen a este instrumento “Ley Bolívar”, siendo éste, un texto categóricamente alejado del ideal bolivariano basado en los valores republicanos y el compromiso con los principios de la libertad, la democracia y la paz.
Pero si las fuerzas bolivarianas han condenado este nuevo ataque a la soberanía venezolana, también se hace necesario que la oposición se pronuncie al respecto. No puede existir un diálogo franco y sincero cuando una de las partes, por acción u omisión, permite que desde afuera se dinamite el espacio elegido para el entendimiento. La buena fe de la oposición democrática deberá demostrarse en los hechos, condenando sin reservas esta nefasta ley, que solo atenta contra la estabilidad política y social, la recuperación económica y la diplomacia de paz por la cual trabaja sin descanso el gobierno revolucionario.
Fernando Ramón Bossi Rojas* Docente e Investigador. Director de la Escuela de Formación Política Emancipación y del Portal ALBA
Foto de portada: Hispantv
