NO SON CONCEPTOS, NO SON ESTADÍSTICAS, NO SON SINÓNIMOS, SON PERSONAS FORZADAS A HUIR
Cuando escuchamos o leemos que nombran a ‘migrantes’, ‘refugiados’ o ‘desplazados’ no están mencionando a personas en la misma situación de protección. No son sinónimos y cada uno implica distintos niveles y requisitos de amparo que, incluso aunque esté legislado a nivel internacional, la realidad en cada país es particular.
El concepto de migrante refiere a personas que se trasladan fuera de su lugar de residencia actual de forma temporal o permanente y los motivos pueden ser muy diversos, desde personas con un estatus jurídico definido como trabajadores migrantes o estudiantes universitarios. Pero también implican personas, que si bien no huyen de conflictos específicos, puede ser que ciertas situaciones como las de tipo económica las lleven a buscar mejorar su calidad de vida.
Para que un individuo sea considerado refugiado, primero debe realizar un paso previo: solicitar asilo, es decir, pedir protección a un país extranjero. De esta manera, los solicitantes de asilo deben aguardar a que el país en donde solicitaron, les conceda el permiso. Este paso puede extenderse considerablemente en el tiempo. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para finales de 2019, había aproximadamente 4,2 millones de solicitantes de asilo en el mundo, en promedio, alrededor de 1 millón de personas solicitan asilo de forma individual cada año.
El ACNUR establece que:
“El derecho de asilo es el derecho que tiene toda persona a buscar protección fuera de su país cuando huye como consecuencia de un conflicto o una persecución que pone en peligro su vida por su raza, religión, género, orientación sexual, grupo social, nacionalidad u opinión política. Es decir, la persona tiene temores fundados de perder la vida.
Por otro lado, la protección subsidiaria es la que se da a aquellas personas que no reúnen los requisitos para obtener asilo o ser refugiadas, pero que necesitan protección al existir motivos para creer que si vuelven a su país podrían sufrir algún daño”.
Cuando su solicitud es aprobada, la persona pasa de solicitante de asilo, a la condición de refugiada.
Sin embargo, a raíz de conflictos y violencias hay personas que huyen, cruzan fronteras sin contar con la posibilidad de solicitar asilo, ni tienen la instancia previa que evalúa su caso para que reconozcan su condición de refugiados. Según ACNUR, a este grupo de personas, que, por lo general se mueven de manera masiva, se les considera refugiados “prima facie”.
En la última Convención sobre el Estatuto de los refugiados, Guatemala 2021, se volvió a establecer, o compilar, el marco normativo de protección internacional y nacional para refugiados y apátridas. Nuevamente se ratifica, que los Estados firmantes están obligados a garantizar la seguridad de los refugiados, no devolverlos a sus países de origen, proteger sus derechos humanos, brindar acceso a la educación, sanidad, trabajo, vivienda, asistencia pública, ayuda administrativa, documento de identidad, libre circulación, y otras.
Los Estados aplicarán las disposiciones sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.
Incluso, después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención de reciprocidad legislativa.
En el Artículo 31, los refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio, aclara:
1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.
2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país.
De acuerdo al derecho internacional, la diferencia entre refugiado y desplazado forzado radica en que el primero ha cruzado la frontera internacional, mientras que el desplazado se vio obligado a dejar su hogar, pero no cruzó frontera internacional, por eso lo llaman ‘desplazado interno’.
Según el ACNUR: Al menos 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares a finales de 2019. Entre ellas hay casi 26 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años.
También hay millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento.
Esta periodista, considera que toda persona forzada a abandonar su hogar y su pueblo, sea cruzando o no una frontera internacional, debido a la violencia por guerras o ‘conflictos’ bélicos desiguales; políticas de saqueo depredadoras que colonizan, empobrecen y esclavizan; multinacionales que acuerdan con gobiernos locales que generan pobreza, promueven y financian enfrentamientos armados; como también lo hacen los Estados vendiendo armamento o material bélico a fuerzas de ocupación ilegales; esas personas forzadas a huir son desplazadas. Más allá de su estatus legal, su regularidad o irregularidad, si solicitó o no asilo, si fue acogida como refugiada o si le dispararon desde la costa, si aún sigue desaparecida o falleció en el mar.
SITUACIÓN EUROPEA
No es suficiente todo el desarrollo legal tanto en el marco internacional, como regional o nacional, si no hay una mirada política solidaria en común entre los países. Pero qué le vamos a pedir a la Comunidad europea quienes en plena pandemia ni siquiera fueron solidarios ni mostraron unidad entre ellos. Prima el sálvese quién pueda.
La misma actitud divisoria se vio durante la ‘crisis de refugiados’ en 2015 cuando una gran cantidad de personas huyeron de la situación bélica, especialmente de Siria, Afganistán e Irak, y llegaron a las costas de Europa. La falta de una política europea común de inmigración y asilo tuvo como consecuencia la imposibilidad de abordar un acuerdo solidario para reubicar a los refugiados.
En un artículo escrito por Julia Fernández Arribas donde desarrolla la evolución de la política europea de migración y asilo, explica que “la agenda migratoria sufrió un proceso de securitización, que desvió el objetivo de gestionar los flujos migratorios hacia el control de las fronteras y que aumentó las reticencias de los Estados miembros a ceder parte de su poder”.
Desde que se inauguró el el espacio Schengen (1995), profundizándose a partir de los atentados del 11S, el Programa de la Haya para reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) aumentando la influencia del Parlamento Europeo, pasando por diversos tratados, programas y pactos, incluso hasta la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
El refuerzo del control fronterizo a partir de Frontex ha llevado a las personas a utilizar rutas más peligrosas para acceder a la Unión Europea, lo que ha provocado el aumento de muertes en el Mediterráneo.
Otro punto que menciona Julia Fernández Arribas es que “El avance tampoco ha sido significativo en los últimos años. La Agenda Estratégica de la UE para 2019-2024 marca la inmigración como primera prioridad, abogando por garantizar la integridad del territorio, el funcionamiento de Schengen y controlar las fronteras exteriores. Lo plantea, pues, desde una perspectiva defensiva, centrada en los controles fronterizos y en el retorno de los inmigrantes, y no con el objetivo de mejorar su integración en la UE y prevenir las muertes en el Mediterráneo”.
FRONTERA OCCIDENTAL EUROAFRICANA
Aún cuando existan bastos tratados, pactos, acuerdos, comisionados que definan y legislen sobre la condición de los desplazados, Europa no está libre de estar sometida a prácticas xenófobas, racistas, discriminatorias, incluso de violación de los derechos humanos y de los derechos de lxs niñxs.
Las denuncias contra Frontex, las condiciones extremas e incendios en los campos de refugiados, la represión de la Guardia Civil como lo sucedido en la playa del Tarajal o procedimientos abusivos a niñxs donde lxs desnudan y examinan los genitales para determinar la edad, son sólo ejemplos del accionar violento, arbitrario y repudiable de países europeos como España. Les ha valido la condena (14) de organismos internacionales como la ONU o el Comité de los Derechos del Niño, también de las defensorías de los pueblos y organizaciones no gubernamentales.
Es urgente que la Unión Europea y la comunidad internacional prioricen la situación de los y las desplazadas.
Parece que se han naturalizado el tipo de noticias como “Al menos 41 personas han fallecido ahogadas en el Mediterráneo cuando trataban de llegar a Europa desde las costas libias. De las personas que salieron de Libia hace seis días, 77 esperan desembarcar en Sicilia. El resto ha muerto o ha desaparecido a raíz del naufragio de su embarcación el sábado”. (1)
El ACNUR y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones, ONU) han reclamado que salvar vidas de refugiados y migrantes en el Mediterráneo se convierta de nuevo en una prioridad para la Unión Europea y la comunidad internacional.
Desde que comenzó el año 2021, 160 personas han muerto en naufragios en el Mediterráneo mientras intentaban alcanzar las costas europeas.
En el Informe de Monitoreo del Derecho a la Vida 2020, realizado por el colectivo Caminando Fronteras de informó que el 2020 fue uno de los peores y más trágico año en las rutas migratorias de acceso al Estado español que atraviesan la Frontera Occidental Euroafricana.
Exclaman que el tipo de enfoque migratorio por encima del derecho a la vida, las políticas de disuasión implementadas por los Estados que enriquecen a las empresas de armamento inversoras en el control migratorio, el desmantelamiento, la precariedad de los diferentes servicios de salvamento y la falta de coordinación entre ellos provocaron la apertura de rutas más peligrosas con altas tasas de mortalidad.
Asimismo, muestran que la criminalización y la persecución no sólo se da en los desplazados, sino que también hasta los propios familiares son víctimas de ello y tardan en lanzar su denuncia, lo que dificulta una búsqueda activa.
“Las familias de las víctimas de las fronteras se encuentran desamparadas: los Estados invisibilizan las muertes y desapariciones de sus seres queridos”.
Según el monitoreo que realiza el colectivo Caminando Fronteras, en 2020 fueron 2.170 las personas que murieron en su intento de llegar a España por vía marítima y de ellas, apenas se rescataron 88 cuerpos, los demás siguen desaparecidos. La paradoja de una Europa fortaleza que tiene todos los recursos para salvar vidas y, sin embargo, es la frontera más mortífera del mundo.
RUTAS
Desde Caminando Fronteras muestran y describen las rutas en mares y vallas que cada día decenas de personas utilizan arriesgando sus vidas y desafiando la violencia del control migratorio mediante su movimiento. Estas rutas son Ruta Alborán, Ruta Argelia, Ruta Canaria y Ruta Estrecho.
RUTA ALBORÁN
El mar de Alborán conecta las costas rifeñas con la Andalucía oriental. Desde el área de Alhucemas a la ciudad de Nador, las personas se mueven a bordo de embarcaciones a motor (incluso en jetsky, en menor medida) con la posibilidad de llegar a varios destinos: los enclaves militares españoles en África (Isla de Mar, Isla de Tierra, Peñón de Alhucemas, Islas Chafarinas…), la ciudad de Melilla (saltando la valla terrestre, en patera o a nado) o bien las costas andaluzas si todo les permite navegar 180 kilómetros de aguas mediterráneas sanos y salvos.
Esta ruta ha sido la más activa en los últimos cinco años, utilizada tanto por ciudadanos marroquíes como por comunidades de origen subsahariano. En ella, la militarización fronteriza, la precariedad de las embarcaciones y las devoluciones ilegales desde el mar y los enclaves españoles a Marruecos, son los principales riesgos para la vida de las personas.
2015-2017 PERÍODO DE GRAN MOVIMIENTO
A partir de 2015 la ruta adquiere un protagonismo que la equipara a los niveles del Estrecho. Las poblaciones subsaharianas comienzan a transitarla en mayor número pero con embarcaciones cada vez más precarias.
2018 MILITARIZACIÓN DE ALBORÁN
La llegada de un Mando Único al que se subordina un cuerpo civil responsable de los rescates como Salvamento Marítimo y la mayor presencia de FRONTEX en la zona tiene desastrosas consecuencias: se prima el control migratorio frente al derecho a la vida.
2019 DESPLAZAMIENTO A OTRAS RUTAS
El alto nivel de violencia mediante militarización, redadas y precarización en los servicios de rescate obligarán a las comunidades subsaharianas a explorar otras rutas más peligrosas como la Canaria. Los magrebíes permanecerán en esta ruta.
RUTA ARGELIA
Al Este de Alborán se solapa esta ruta, transitada fundamentalmente por la ciudadanía argelina. A bordo de embarcaciones a motor, las personas que decidían moverse ponían su objetivo en la costa almeriense. Sin embargo, en los últimos tiempos, con el objetivo de sortear las violencias del control migratorio; la ruta se ha expandido espacialmente: Islas Baleares y Valencia se convierten en nuevos destinos, más difíciles y peligrosos para las vidas que pretenden alcanzarlos.
A pesar de los peligros, los ciudadanos argelinos no suelen alertar a los servicios de rescate por el miedo a las deportaciones a su país de origen. Esto ha hecho que se invisibilice aún más el número de personas muertas y desaparecidas en esta ruta.
En cuanto al rol del Estado español, pocas veces se activan los servicios de Salvamento Marítimo, siendo interceptados, en el mejor de los casos, por la Guardia Civil, que aplica un protocolo más de control migratorio que de salvaguarda de la vida en el mar.
Desde el año 2009, se recrudece la criminalización de los ciudadanos argelinos que migran, penalizándoles por salir irregularmente del país. Es tal la invisibilidad de la ruta, de todas las muertes y desapariciones, que resulta imposible establecer una cronología clara.
RUTA CANARIAS
La ruta de acceso a las Islas Canarias cobra relevancia en los últimos meses, reviviendo una realidad similar a la conocida en 2006. Pese a que es la que mayor mortalidad presente, es cada vez más transitada: las personas asumen su peligrosidad ante la militarización de las rutas mediterráneas.
Hay quienes navegan desde las playas de Tan-tan y Tarfaya a bordo de barcas medianas, mientras que otros se embarcan en una travesía continental desde Mauritania, Senegal o incluso Gambia en cayucos de grandes dimensiones. Las comunidades en movimiento abordan un océano con mayores peligros donde el riesgo de perder el rumbo, las dificultades meteorológicas y las largas travesías son peligros presentes.
2006 CRISIS DE LOS CAYUCOS
La militarización de las fronteras terrestres en Ceuta y Melilla llevó a que la ruta Canaria fuese utilizada por más personas que en años anteriores, batiéndose récords en muertes y desapariciones.
2007-2010 MILITARIZACIÓN
El Estado español firma varios acuerdos para permitir las deportaciones de ciudadanos senegaleses y mauritanos, además de impulsar el proceso de externalización de fronteras a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo. Fuerzas policiales españolas empezaron a estar presentes en los puertos de Mauritania y Senegal.
2011-2017 «CIERRE TEMPORAL»
En 2011 el Ministro del Interior Fernández Díaz asegura que la ruta atlántica «se ha cerrado». Una progresiva disminución del movimiento marcará estos años.
2018-2020 PROTAGONISMO REVIVIDO
La militarización y el alto nivel de violencia que padecen las personas subsaharianas en las rutas del Norte, les obliga a optar por la ruta Canaria, pese a los peligros conocidos y el alto nivel de mortalidad.
RUTA ESTRECHO
Pareciera que la ruta del Estrecho se limita a los catorce kilómetros que separan África de Europa en su punto más próximo, pero la realidad del movimiento de personas en la zona es más compleja, dilatándose su espacio hasta el área atlántica de Moulay Bousselham.
Ruta histórica, inicialmente transitada por los ciudadanos marroquíes que vislumbraban Tarifa desde la otra orilla. En las últimas dos décadas, las comunidades subsaharianas comenzaron también a recorrerla, transformando las formas de navegación. Pequeñas lanchas de juguete a remos, llamadas toys, se han hecho comunes en estas aguas.
Las comunidades incluyen en esta ruta al enclave español de Ceuta, que presenta diferentes estrategias para ser alcanzado: saltando la valla, pasando la frontera en el escondite de un vehículo, cruzando a nado o utilizando embarcaciones diversas.
Perder el rumbo y ser tragado por el Atlántico, morir ahogado en las inestables embarcaciones a remos y sufrir heridas graves por la violencia institucional presente en la valla de Ceuta; son los riesgos principales a los que se enfrentan las personas en movimiento
2009 INICIOS
Recibimos la primera llamada de alerta: una toy (embarcación precaria de plástico sin motor) se hundía en el Estrecho.
2013-2015 RUTA COMPARTIDA
Las embarcaciones de poblaciones subsaharianas comienzan a ser más frecuentes.
2016-2017 CONVULSIÓN EN LA COSTA
La región del Rif, parte terrestre de la ruta, vive episodios de conflicto político que obliga a gran parte de su población a exiliarse. El movimiento de personas magrebíes cobrará mayor protagonismo que el de personas subsaharianas.
2018 VERANO DE GRAN MOVIMIENTO
Ante el cierre de las rutas del Mediterráneo oriental y central, las rutas de Alborán y el Estrecho son la alternativa para las personas en movimiento. Con la imposición del Mando Único de la Guardia Civil sobre Salvamento Marítimo, la protección del Derecho a la Vida comienza a peligrar.
2019-2020 DESPLAZAMIENTO A OTRAS RUTAS
La militarización de las rutas del Norte ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las personas hacia rutas más peligrosas: la canaria y la argelina.
¿POR QUÉ SE DESPLAZAN?
Generalmente cuando se intentan explicar los conflictos en África, surgen esos postulados o reducciones de guerras étnicas, de caos y Estados barbáricos. Se evocan, repiten y refuerzan los argumentos alrededor de problemáticas identitarias, codicia o mala gobernanza casi como obviedad y normalizado que allí sucedan ‘conflictos entre razas’.
Y como explica Alfredo González Ruibal, en un artículo publicado recientemente, la violencia en África, responde a motivaciones mucho más materiales y racionales que la de muchos conflictos europeos. Hablar de enfrentamientos étnicos en África, por tanto, es una forma de estigmatizar a sus habitantes. También, y esto es quizá lo más importante, de ocultar los problemas reales del continente, que son los que causa el estado desarrollista, el nacionalismo, la globalización y el capitalismo. Como en cualquier otra parte del mundo.
Debemos entender que la injerencia de corporaciones multinacionales alimentan los conflictos en toda África en su afán de lucro; que existen redes tanto personales como financieras entre jefes de Estado, integrantes de los gobiernos, las corporaciones multinacionales y firmas de seguridad privada que favorecen el saqueo; que hay control sobre las políticas a través de organismos multilaterales de crédito a partir de la fraudulenta e ilegítima deuda externa; que el primer comando militar regional en el extrajero establecido por Washington en el siglo XXI fue el AFRICOM, que comenzó bajo el ala del Comando Europeo-Estadounidense.
Curiosamente, en la lista de los países que venden armas a Marruecos aparecen los cinco miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que también son los que forman el denominado grupo «Amigos del Sáhara Occidental» más España.
España se implicó directamente en la guerra actual en el Sáhara Occidental al vender armas a Marruecos en plena ofensiva (2).
Multinacionales como Syngenta, Aventis, Monsanto, BASF y Dupont controlan casi la totalidad del proceso de producción y comercialización de plaguicidas, la medicina farmacéutica y veterinaria, la investigación, la extensión agraria, y el mejoramiento vegetal.
El continente africano es y seguirá siendo un territorio central en la estrategia imperialista para el saqueo y la explotación. Es hipócrita e intencionado, pero no asumido que la misma violencia generada por la injerencia de los estados imperialistas y las multinacionales, como también son los tipos de apoyos internacionales a fuerzas de ocupación como la marroquí sobre el Sahara Occidental, la venta de material armamentístico, y un largo etcétera, son las principales causas que fuerzan a las personas a desplazarse, a huir.
El control migratorio y las políticas a su alrededor sólo benefician a las industrias de armamentos y a las industrias criminales, pero NO ayudan ni defienden la vida.
Foto de portada: Una caravana de vehículos marcha en Gran Canaria por los derechos de las personas migrantes, noviembre 2020 MANU NAVARRO
