Luego de la manipulación de las fechas para la realización de las elecciones, tres veces postergadas, los trabajadores y los Movimientos Sociales, tomaron las calles para lograr la concreción del acto electoral en la fecha prevista y con garantías. A nueve meses del golpe cívico militar contra el gobierno de Evo Morales y ante la radicalización de la represión y la masividad de las medidas de fuerza, la consigna “o se van por elecciones o se van por convulsiones sociales” se instala en el centro del debate político que decidirá los destinos del Estado Plurinacional.
Cuando el martes 28 de julio el Cabildo Soberano convocado por la Central Obrera Boliviana resolvía las medidas de fuerza que se desarrollarían a partir del 3 de agosto, el escenario político en Bolivia se transformaba y la irrupción del pueblo en la calle marcaba un camino fundamental para la recuperación de la democracia y el retorno del proyecto revolucionario al gobierno del estado plurinacional.
Cientos de miles de personas, organizadas en distintas instancias regionales y provinciales en todo el país, se sumaron a las movilizaciones y bloqueos de carreteras, reclamando el respeto a la fecha del 6 de septiembre para la realización de las elecciones nacionales.
La masividad de la protesta, en el marco de una dictadura que había cometido las masacres en Senkata y Sacaba en el 2019 y que persigue, encarcela y comete todo tipo de violaciones a los derechos humanos y civiles, causo sorpresa y temor en la burguesía gobernante que especulaba con poder controlar el escenario político y aplastar el reclamo de los sectores sociales.
Pese a la articulación de una cadena de censura y difamación a través de los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y los medios de comunicación populares y alternativos como la Radio kawsachun coca, del Trópico, SEO TV de las provincias de La Paz, Mix Tv canal 45, de Montero, Radio Emisora Soberanía TV entre otros, difundieron videos de los cortes y movilizaciones y reportearon a los dirigentes sociales y gremiales haciendo que, minuto a minuto, se conociera la realidad de este acontecimiento político en toda su magnitud.
Las imágenes, que se divulgaron por todo el mundo, mostraban la masividad, la disciplina y el nivel de compromiso del conjunto del pueblo con la medida de fuerza que reclamaba por la realización de las elecciones y la salida de la dictadura del gobierno.
A nueve días de la medida de fuerza, los Cabildos debaten sobre las características de las acciones a tomar y como resistir los embates de las fuerzas paramilitares y la policía que pretenden desbloquear los distintos puntos de las carreteras, arremetiendo contra campesinos y pobladores, tratando de vencer con terror, la firme voluntad de los manifestantes.
Las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los grupos paramilitares armados y protegidos por la policía como, Resistencia Juvenil “Cochala” (Cochabamba), los Motoqueros de Sucre, o los grupos promovidos por Luis Fernando Camacho, uno de los participantes del golpe de estado de 2019, han sido denunciados en los organismos internacionales y gracias a las redes sociales han sido registrados y acompañarán los testimonios de las víctimas.
En este escenario, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad han presentado una propuesta para la realización de elecciones el domingo 11 de octubre ante la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral sin más postergaciones y que sea aprobada por ley de la Asamblea Legislativa y garantías concretas para evitar las posibilidades de un fraude, teniendo en cuenta que, antes de la medida de fuerza, el MAS-IPSP lideraba todas las encuestas.
Es de destacar que en medio de los intentos de dialogo, el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, conformó una comisión de fiscales para investigar a Evo Morales, a los candidatos del MAS-IPSP Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, y al secretario general de la Central Obrera Boliviana Juan Carlos Huarachi, por los delitos de genocidio y terrorismo, marcando un precedente peligroso para la resolución pacífica del conflicto que se desarrolla en el país.
El pueblo tiene claro que el camino electoral es el que posibilitará el retorno de la democracia, pero al mismo tiempo, que su presencia en las calles garantizará la culminación de la dictadura. La crisis que padece Bolivia se manifiesta en distintos ámbitos, producto de la pandemia y de la política irresponsable desplegada por el gobierno de facto.
Desde el golpe de Estado, que coloco a la derecha en el gobierno, los actos de corrupción y la ineficiencia en el manejo de la función pública generaron un quebranto en la situación económica y social que ha hecho estrago en los sectores productivos, elevando la pobreza y la desocupación a cifras anteriores al proceso de cambio que generó el gobierno de Evo Morales.
La debilidad institucional del gobierno, que en estos meses ha sufrido la dimisión de varios ministros y contradicciones serias entre los partidos que acompañaran el golpe de estado, se ve contrastada con la recuperación del movimiento popular que cada día suma más fuerzas y reafirma su decisión de continuar aumentando la presión hasta que renuncien los usurpadores y se realicen elecciones generales con reglas claras y sin provocaciones.
La riqueza política de las discusiones que se realizan en cada Cabildo y la dimensión que día a día cobra la protesta social, acotan el margen de maniobra de la dictadura que amenaza con recurrir a los militares para reprimir, pero desconfía en poder contar con ellos para perpetuarse en el poder.
Oscar Rotundo puede ser contactado en rotundointernacional2020@gmail.com
