En lo que va de este sexenio las Fuerzas Armadas han pagado 154 millones 230 mil 877 pesos a las personas lesionadas o a las familias de las víctimas asesinadas por integrantes del Ejército y la Armada.
La Sedena ha erogado 106 millones 900 mil pesos y la Semar 47 millones 330 mil 871 pesos por hechos ocurridos de enero de 2019 a mayo de 2023. En el Ejército la mayor cantidad corresponde a 2022, con 40 millones 794 mil 975 pesos, y en la Marina en lo que va de 2023 con 8 millones 688 mil 035 pesos.
De acuerdo a José Antonio Guevara Bermúdez, expresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, las Fuerzas Armadas de México acostumbran reparar el daño a las víctimas y a sus familias abajo de lo que marca la Ley General de Víctimas y las obligaciones internacionales contraídas por el gobierno.
Y subraya que la reparación del daño no sólo contempla una aportación económica sino la disculpa pública del Ejército y la Armada por el crimen ejecutado, y también la investigación que lleve a los responsables ante la justicia y se castigue ejemplarmente su delito.
La investigación, añade, no solo debe llevar a juicio a los responsables directos de los crímenes sino también a los mandos que los permitieron, toleraron o cubrieron, que por lo general nunca son llevados ante la justicia.
Y también las Fuerzas Armadas están obligadas a comprometerse ante la sociedad, para garantizar que ese tipo de acciones -que implica el asesinato- nunca más habrán de repetirse. Lo que obliga al Ejército y la Armada a revisar la actuación de sus efectivos y a partir de ahí detectar fallas y errores, y establecer nuevos protocolos de actuación que garanticen cambios dentro de la forma de operar para que no vuelvan a suceder.
La incidencia en la violación de los derechos humanos por parte de integrantes de las Fuerzas Armadas tiene que ver con su involucramiento en tareas de seguridad pública, que inicia en el gobierno del presidente Calderón y se multiplican exponencialmente con el presidente López Obrador.
En la actualidad hay 318 militares señalados por diversos abusos en contra de civiles. De ellos, 153 están en calidad de indiciados, 109 han sido ya procesados, 23 están sentenciados, 16 fueron absueltos y 16 están prófugos.
En lo que va del sexenio la Sedena ha recibido 1,633 reclamos ante la CNDH por violación a derechos humanos, entre ellos homicidios, tortura, desaparición forzada, abuso de autoridad, agresiones sexuales y cateos ilegales.
La actual CNDH ha sido particularmente indiferente a las acusaciones de los civiles en contra del Ejército y pareciera siempre ponerse de su lado y no de la ciudadanía a la que tiene que defender.
En lo que queda del actual gobierno no hay nada que indique que las Fuerzas Armadas cambiarán su manera de operar y tampoco que la CNDH se ponga del lado de los ciudadanos que denuncian. Para que las cosas sean diferentes habrá que esperar la llegada de las nuevas autoridades en octubre de 2024.
*Rubén Aguilar es profesor, consultor y columnista de Animal Político, donde fue publicado originalmente este artículo.
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