El presupuesto que solicitará el Poder Judicial de la Federación (PJF) para 2024 y la propuesta de reforma a éste, avecinan dos nuevas batallas entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra Norma Piña Hernández.
Y es que desde el pasado 2 de enero, cuando Piña Hernández asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente se ha pronunciado a favor de una transformación en el Poder Judicial, al que acusa de corrupción, nepotismo y de estar alejado del pueblo.
Tan solo en el inicio de su quinto año de gobierno, López Obrador confirmó que presentará una reforma constitucional para “limpiar” al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos.
Y ante los 84.7 mil millones de pesos que el PJF solicitará para el próximo año, el mandatario federal se apresuró a calificarlo como un exceso.
“Dicho sea de paso está excedido. No es que les haga falta, tienen de más. Además, tienen un fideicomiso de 20 mil (millones de pesos) para financiar todos sus excesos”, remarcó el presidente López Obrador en una mañanera.
Presupuesto del Poder Judicial ha ido a la baja desde 2017
Para 2024, el Poder Judicial solicitará un presupuesto total de 84,792.4 millones de pesos, un 4% de crecimiento real respecto al año anterior, dividido en la siguiente manera:
– SCJN: 6,109.1 millones de pesos
– Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 74,793,3 millones de pesos
– Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 3,890.0 millones de pesos.
Del total, el 80% se destinará para el personal jurisdiccional y operativo, 16.5% para servicios; 1.5% para la adquisición de materiales y suministros de trabajo; 1.2% para la inversión en muebles e inmuebles, mientras que un 0.8% será para inversión pública.
Los recursos representan tan solo el 0.9% del Presupuesto Federal y desde 2017, el porcentaje del presupuesto de egresos del Poder Judicial ha ido a la baja.
– En 2017, representaban el 1.4%
– En 2018, se redujo a 1.3%
– En 2019, pasó a 1.0%
– En 2020 y 2021 se ubicó en 1.1%, respectivamente
– Para 2022, fue de 1.0%
– Y en 2023 bajó a 0.9%.
El presupuesto del Poder Judicial equivale tan solo al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Además, la inversión por persona en materia de justicia federal en nuestro país es de 1.8 pesos diarios, lo que equivale al 0.08% del salario mínimo, según revelan datos de la Corte.
¿Para qué utiliza el Poder Judicial su presupuesto?
Fortalecer la formación jurisdiccional de sus más de 55,800 integrantes (de los cuales 8 de cada 10 realizan labores jurisdiccionales) y brindar defensa gratuita a quienes no pueden pagar un abogado, son algunas de las tareas en las que el Poder Judicial destina los recursos públicos que le son entregados por la Federación.
Tan solo en este último rubro, a través de la Defensoría Pública, se brinda asesoría gratuita en más de 32,500 asuntos y se llevan 41,340 asesorías jurídicas.
El Poder Judicial también tiene como misión cumplir las obligaciones constitucionales derivadas de las reformas laborales de 2017 y 2019 que prevén la creación de nuevos tribunales en la materia.
Ello, sin descuidar los compromisos que tiene el Estado mexicano como los acuerdos derivados del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).
De cara al inicio del proceso federal 2024, en el que además de la presidencia, se renovará el Congreso de la Unión, se elegirán ocho gubernaturas y la jefatura de la Ciudad de México, además de cerca de 20 mil cargos de elección popular, le corresponderá dirimir los conflictos electorales que podrían llegar a las instancias judiciales federales.
¿Qué hay de la reforma constitucional al Poder Judicial?
En el marco de su Quinto Informe de Gobierno dado a conocer en Campeche, el presidente Andrés López Obrador reiteró: “voy a proponer una iniciativa de reforma constitucional para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”.
Consideró indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y que a éstos no los designe la élite del poder económico y político de México.
“Así como se elige a los presidentes municipales, hombres o mujeres, a las gobernadoras, gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros”, planteó.
AMLO plantea dos días de elección de ministros
Ya en las mañaneras había adelantado que los impartidores de justicia “deben servir al pueblo, a sus causas y a sus mandatos, y no como ocurre ahora que operan bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas, y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.
De tal suerte propuso que la elección de los integrantes del Poder Judicial sea un tema de campaña en las elecciones de 2024.
“No veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas”, lanzó. Incluso propuso dos vías:
Una, en la que la ciudadanía solicite a los candidatos presidenciales emitir su postura en torno a si impulsarán o no una reforma para modificar la forma en que se nombran a los ministros, magistrados y jueces.
Advirtió que si los candidatos no responden es porque no votarán por la reforma para modificar la manera de elegir a los integrantes del Poder Judicial.
«Entonces el ciudadano ya va a decidir, ‘tú no quieres’, ‘quieres que siga más de lo mismo, por ti no voy a votar'», expuso.
Y la segunda vía sería vía consulta ciudadana una vez pasadas las elecciones, aunque previó complicado esa opción, al recordar que su aprobación dependería de la aprobación de la Corte.
«Como la consulta la tienen que validar en la Corte, está más complicado, está muy complicado eso, está mejor la primera», anotó.
Presupuesto, la otra batalla AMLO vs Piña
La presidenta de la Corte, Norma Piña, advirtió que un recorte al presupuesto solicitado para el Poder Judicial de la Federación en el 2024, pondría en riesgo el Estado de Derecho.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino (que) nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, planteó.
Lamentó que “la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
Ello, al recordar que el presupuesto solicitado representa un aumento de 4% real en comparación con los 5, 630 millones 534 mil pesos que el Poder Judicial recibió en 2023.
El presidente López Obrador reviró y criticó que dicho monto no se apegue a la austeridad e incluso aprovechó para recordar que desde la llegada de la ministra presidenta “están peor” las cosas en el Poder Judicial y los jueces hacen lo “quieren”.
“Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho de paso está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos”, expresó desde Palacio Nacional.
*Guadalupe Vallejo es periodista de Expansión Política, donde fue publicado originalmente este artículo.
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