El mandatario se refirió al enorme poder de infiltración y cooptación de las organizaciones delictivas dedicadas al trasiego de estupefacientes ilícitos, derivado de sus ganancias astronómicas, señalando que, tales organizaciones acumulan en diversos países, como en México y en Colombia, un preocupante poder de fuego, trascendiendo las fronteras nacionales, constituyéndose de esta manera en una amenaza de primer orden para la estabilidad, el estado de derecho y la paz en la región.
También señaló que, debe considerarse que el paradigma de la “guerra contra las drogas”, lanzado en los años 70 del siglo pasado por el gobierno de Estados Unidos, está en bancarrota y que el mismo ha servido para que Washington cargara la responsabilidad del fenómeno de las drogas a las naciones de Latinoamérica, haciéndolas pagar un costo exorbitante en muertes, destrucción y erosión institucional, así como para iniciar acciones y programas de supuesta cooperación, que sólo han sido herramientas para las maniobras injerencistas que han debilitado la institucionalidad allí donde han sido aplicadas.
La crisis de la doctrina de la “guerra contra las drogas”, sostenida por las sucesivas administraciones estadunidenses, aparece claramente al observar la descomposición imperante en su principal instrumento, la Drug Enforcement Administration (Oficina de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés), cuyos máximos funcionarios se han visto envueltos en investigaciones de corrupción y conflictos de interés, y varios de cuyos agentes han sido imputados por su vinculación con el narcotráfico.
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