La Cuestión Malvinas representa una de las tantas luchas en el ámbito del antiimperialismo y el anticolonialismo, uno de los puntales más fuertes y movilizantes
de la identidad nacional argentina y una causa latinoamericana por excelencia, entre otras causas, por la amenaza que representa un bastión británico a contados kilómetros de las costas sudamericanas. Para Gran Bretaña, las Malvinas representan una clara posición geopolítica que no solo les facilita el control sobre el paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico Sur, sino que también otorga proyección sobre la Antártida y los potenciales recursos naturales que en ella existen.
El Libro Blanco de los Territorios Británicos de Ultramar de 2012 explica claramente que estas posesiones permiten que Gran Bretaña pueda tener acceso, visión y cobertura en distintas regiones del mundo, además de representar bienes estratégicos como bases militares localizadas estratégicamente y múltiples recursos financieros, ambientales y naturales (1) . El documento de Revisión Integrada de la Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior de Gran Bretaña, titulado Global Britain y publicado en marzo del 2021, profundiza no solo en la importancia de mantener los Territorios de Ultramar para asegurar la cooperación en seguridad y en defensa con sus aliados, sino también la necesidad de defender la soberanía británica en las Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y asegurar los “intereses de las 3500 personas que viven allí y están protegidos en consonancia con el principio de la autodeterminación” (2). La defensa de esas posiciones de amenazas estatales y no estatales se puede lograr solo con una presencia militar permanente, tanto allí como en la isla Ascensión y los territorios británicos del Océano Índico (3).
La ocupación británica de Malvinas tiene muchos rasgos particulares, uno de ellos es que es uno de los pocos Territorios Británicos de Ultramar que se autosustentan en lo económico, exceptuando los gastos que implica la base de Monte Agradable o Mount Pleasant. Esto se realiza mediante un sistema de licencias otorgadas a flotas de distintas naciones para la pesca de especies como el calamar Illex argentinus, Loligo gahi y otros animales marinos, que configuran por sí mismas un delito contra la legislación argentina, al no solicitar permisos de pesca a la Subsecretaría correspondiente (4).
Se puede demostrar cómo las islas Malvinas, bajo la ocupación británica, se han insertado de manera exitosa en el sistema económico global a través de la exportación de estos calamares y otros productos marinos, de los cuales obtuvieron, en 2020, cerca de 29 millones de libras mediante la extensión de las licencias mencionadas. Esta cifra representa un 40% de su PBI y el 60% de los ingresos del Gobierno de ocupación (5). El calamar Loligo es extraído, en su mayoría, por flotas de capitales españoles o asociados con empresas de bandera malvinense, formando las denominadas joint ventures¸ las cuales realizan grandes negocios con astilleros y empresas centradas en las ciudades de Vigo y de Marín, por donde ingresa casi el 90% de las capturas del calamar Loligo gahi, denominado por las autoridades de ocupación como Loligo patagónico. Entre 16 y 17 barcos extraen el calamar patagónico de las aguas ocupadas por los británicos en Malvinas, en dos temporadas al año. 15 de ellos son de capitales que las estadísticas de la ocupación cataloga como de Malvinas, con empresas como Fortuna Ltd, Argos Group y Beauchene Fishing Co. Ltd, muchas de las cuales son fusiones entre capitales españoles y de los ocupantes británicos de las islas (6).
El calamar Illex argentinus, también capturado en aguas argentinas y en la denominada Milla 201, donde ningún Estado tiene jurisdicción, es capturado por flotas de bandera de Taiwán y Corea del Sur. Estos barcos tienen múltiples denuncias de prácticas de semiesclavitud y maltratos a bordo, tanto por ONGs como Oceanosanos (7) como por el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, que cataloga a las condiciones de trabajo en los pesqueros taiwaneses y surcoreanos como pésimas, con prácticas de coerción por deudas, confiscación de pasaportes, embargos y retenciones de salario, o campañas pesqueras que se pueden prolongar años, para lo cual usan tripulantes de países como Birmania o Indonesia (8).
Con la aprobación del Brexit, hubo un cambio en las relaciones entre Malvinas, Gran Bretaña y la Unión Europea. En un primer momento, la situación económica de las islas se vio perjudicada. La salida de la UE llevó a que los calamares y otros productos extraídos de las aguas ocupadas por los británicos en Malvinas, pasaran de no pagar aranceles a pagar entre un 6 y un 15% (9), ya que no se reconocían los Territorios Británicos de Ultramar dentro del primer acuerdo firmado luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esto generó cierto optimismo en algunos sectores argentinos, al ver cómo se podría complicar el autosustento de la ocupación británica, aunque la esperanza duró poco.
El 22 de julio de 2021, la UE decidió abolir los aranceles al calamar patagónico Loligo gahi, el principal producto capturado y vendido por las flotas españolas y malvinenses, con un tope de 75000 toneladas anuales, siempre y cuando fueran insumos para una transformación o agregado de valor posterior (10). La campaña de Loligo del año 2020 alcanzó, en 2020, las 60737 toneladas (11) y a fines de julio del 2021, unas 60836 toneladas (12), de los cuales cerca de 58000 fueron descargados por Vigo y Marín (13). La explicación de Bruselas para esta modificación se centra en que, con este acuerdo, se busca evitar “poner en peligro la producción de productos de pesca de la Unión Europea y garantizar un suministro adecuado a su industria de transformación” (14). Esta medida tiene efecto retroactivo, por lo que los armadores podrían solicitar la devolución de los aranceles cobrados durante el período en el que estuvieron vigentes (15). En estas negociaciones, tuvieron un rol protagónico diversas cámaras pesqueras, con el apoyo de la industria pesquera europea nucleada en Conexmar y Anfaco, además de la Secretaría de Pesca de España (16).
Esta medida se puede considerar como algo esperable, debido a los intereses no solo de los consumidores europeos, para los cuales el ratio que oscila entre el 8 y el 15% de aumento de precios representa una diferencia sensible. Al mismo tiempo, los armadores de buques, poseedores de licencias de pesca de Loligo en Malvinas y para los empleos directos e indirectos que ambas actividades implican se vieron perjudicados por estos aranceles. No obstante esto, algunas empresas que pescan en Malvinas, como Fortuna consideran este acuerdo como algo favorable, pero que es insuficiente, porque el producto alcanzado por las exenciones solo involucraría el 20% de la producción de Loligo extraída de aguas bajo control británico en Malvinas (17), para lo cual esperan más avances en posteriores negociaciones.
Las cámaras pesqueras españolas tienen apoyos en el Atlántico Sur, dentro del marco legal argentino, con la conformación de la Organización para la Protección de los Recursos del Atlántico Sur (OPRAS), la cual posee en su directorio a representantes de diversas empresas de capitales ibéricos, como Iberconsa y del grupo Nueva Pescanova, y conformada mayoritariamente por capitales extranjeros. El presidente de esta organización es Eduardo Pucci, exSubsecretario de Pesca entre 1995 y 1997 (18) , durante la vigencia de los Acuerdos Macro con la Comunidad Económica Europea que llevaron a la sobreexplotación de la merluza en aguas argentinas y el vicepresidente es Juan Redini, de la Cámara de Armadores Poteros Argentinos, que nuclea a los capitales que pescan calamar en aguas jurisdiccionales argentinas. Por estos motivos, las críticas y acciones se centran, sobretodo, en las acciones contra la pesca china más allá de las 200 millas de la jurisdicción argentina, la denominada Milla 201.
Esta organización, como su nombre lo indica, se dedica a bregar por prácticas sustentables en la pesca en altamar, puntualizando que “Todos los años fuera de la Zona Económica Exclusiva, se afecta gravemente todo el sistema biológico y el equilibrio de la zona adyacente, y, por ende, la conservación y explotación de los recursos dentro y fuera de aguas del país ribereño”. En múltiples documentos, buscan que los intereses privados participen en una solución al problema de la pesca ilegal, en la cual abarcan sobretodo a China y Taiwán y no a las prácticas ocurridas en Malvinas, solo condenadas levemente en declaraciones aisladas (19).
OPRAS también se caracteriza por los intentos de conformar un área regulada entre los principales Estados ribereños (Argentina, Brasil y Uruguay), de forma no solo de asegurar la sustentabilidad de los stocks pesqueros, sino de marginar las acciones de las flotas chinas y, se podría afirmar, asegurar el control de las flotas europeas de los recursos del Atlántico Sur. Esto se puede ver con la firma de acuerdos con cámaras pesqueras españolas, como ANAMER y CEPESCA (20), en las cuales buscan la creación de esta área pesquera regulada, bajo la lógica de los intereses privados y, específicamente, de capitales españoles. Esto fue cuestionado por la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, debido a que el acuerdo no abarca el área de Malvinas ni busca la participación de los gremios, con lo cual intentaron representar los intereses de la pesca argentina en su conjunto. De esta forma, terminan realizándose acuerdos entre cámaras empresarias, sin consultar a ninguno de los otros actores involucrados e incluso dejando de lado la participación estatal (21).
Distintos miembros de la organización, como Pucci, manifiestan una postura que relativiza la importancia de la cuestión Malvinas, al afirmar que se debe separar de manera tajante de la cuestión de la pesca en el Atlántico Sur. Incluso, se afirma que la priorización de la recuperación de la soberanía atenta contra el ordenamiento pesquero en el litoral bonaerense, norte y sudpatagónico, al ser un “relato”, parte de una “concepción dogmatizada de postulados geopolíticos cuyo fracaso ha sido comprobado” (22).
Respecto al manejo de los recursos pesqueros por parte del Gobierno de ocupación de Malvinas, la consultora británica Mac Allister Elliott and Partners realizó un informe en julio del 2020, el cual no se encuentra disponible al público, pero fue desmenuzado por el diario kelper Penguin News. En este informe, en base al descargo hecho por las autoridades ocupantes de Malvinas, se realizaron críticas a la forma de administrar las pesquerías en general, pero particularmente catalogan a la administración de los peces de aleta (finfish) como relegada frente a otras áreas e inconexa con los programas científicos y ambientales de las islas.
En general, el informe critica la subjetividad con la que personas individuales toman decisiones respecto a la pesca, con poca transparencia o ambigüedad, sin una política actualizada en este sentido. La consultora considera que se privilegian las cuestiones económicas y que es poco probable que el asesoramiento científico que se proveé, esté libre de consideraciones políticas. Por esto, consideran necesario que se haga un estudio consistente sobre las poblaciones de peces existentes, para poder trazar políticas con niveles de sostenibilidad adecuados. El riesgo es el incumplimiento en la notificación de capturas dentro y fuera de la zona de captura ocupada por Gran Bretaña, los descartes de animales no registrados, y el transbordo de lo pescado (23).
Así, se puede ver como los intereses en la mantención de un statu quo y en la mejora de esa situación no solo alcanzan a la geopolítica británica, sino también a diversos sectores de la economía del continente europeo, que operaron en consonancia a los mismos para obtener estas primeras ventajas. Es necesario que el Gobierno argentino tome nota de esta situación, porque ayuda a comprender la cantidad de intereses que existen no solo en Gran Bretaña, sino en Europa misma, y que se ven beneficiados tanto por la ocupación británica de las islas Malvinas, como por la extracción de recursos pesqueros de forma ilegal, de aguas que son de la República Argentina, por las cuales el país no recibe ningún beneficio, sino que pierde en biodiversidad y en los stocks de especies. Para esto, se puede considerar como un camino a seguir la resolución adoptada por la Cancillería, la cual inició procesos de sanción e inhabilitación a empresas petroleras que operaban en aguas bajo control ilegal
británico en Malvinas, como son “Chrysaor Holdings Limited” y “Harbour Energy Plc.”, con sede en Reino Unido, y “Navitas Petroleum LP”, con sede en Israel, con lo cual se les prohibiría la realización de actividades por entre 5 y 20 años, así como el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en la Argentina, de manera directa o indirecta (24).
La economía y las redes globales ponen en aprietos a la política tradicional, por lo cual serán necesarias otras acciones para debilitar la ocupación británica de las islas y así poder recuperarlas no solo para la Argentina, sino para toda América Latina. Se debe considerar cómo dificultar la economía de las islas, tomando en cuenta que, hasta ahora, están plenamente insertas en la globalización.
Notas
1 Foreign and Commonwealth office. The Overseas Territories Security, Success and Sustainability. Crown Copyright. Junio 2012. Página 13.
2 Global Britain, Págína 64.
3 71.
4 Estas temáticas fueron previamente abordadas en la ponencia: Ortega et. Al, (2019). “Licencia para depredar: el extractivismo pesquero en Malvinas”. En: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119293
5 https://es.mercopress.com/2020/12/06/la-posicion-de-las-falklands-por-el-impacto-del-brexit-nunca-llego-a-ser-planteado-a-la-ue
6 Falkland Islands Government. Fishery Statistics 2020, Volume 25 (2011-2020). FIG Fisheries Department. Stanley. Página 8.
7 https://oceanosanos.org/slave-work-human-trafficking-and-death-in-the-port-of-montevideo/
8 Traficking in persons Report. June 2021. Department of State, United States of America, páginas 150 y 334. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
9 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2020/12/31/va-encarecer-merluza-calamar-pesca-flota-vigo/0003_202012V31C1991.htm
10 REGLAMENTO (UE) 2021/1203 DEL CONSEJO de 19 de julio de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/1706 en lo que respecta a la inclusión de contingentes arancelarios autónomos de la Unión de determinados productos de la pesca. En: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1203
11 Falkland Islands Government. Fishery Statistics 2020, Volume 25 (2011-2020). FIG Fisheries Department. Stanley. Página 26.
12 https://fig.gov.fk/fisheries/ (revisado el 31 de julio de 2021).
13 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/pesca-marisqueo/2021/06/15/barcos-vigo-marin-cierran-buena-campana-calamar-malvinas/0003_202106G15P29993.htm
14 REGLAMENTO (UE) 2021/1203 DEL CONSEJO de 19 de julio de 2021 por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/1706 en lo que respecta a la inclusión de contingentes arancelarios autónomos de la Unión de determinados productos de la pesca. En: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32021R1203
15 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/07/23/ue-elimina-aranceles-calamar-flota-capital-gallego-pesca-malvinas/0003_202107G23P34992.htm
16 https://www.lavozdegalicia.es/noticia/somosmar/2021/07/23/ue-elimina-aranceles-calamar-flota-capital-gallego-pesca-malvinas/0003_202107G23P34992.htm
17 https://es.mercopress.com/2021/07/22/exportaciones-de-pesca-de-falklands-a-ue-una-pequena-ventana-de-luz-pero-mas-negociaciones-por-delante
18 https://www.lanacion.com.ar/politica/pucci-renuncio-a-la-secretaria-de-pesca-nid70878/
19 Depredación extranjera – pesca IUU en Aguas internacionales. 25 de agosto de 2020.
20 https://www.opras.org/2020/06/01/acuerdo-historico-del-sector-pesquero/
21 https://liganaval.org.ar/nota-641-comunicado-aacpypp-riesgos-de-traicin-a-la-patria-en-la-pesca-argentina
22 https://www.opras.org/2020/05/30/argentina-solo-uno-mas-en-el-atlantico-sudoccidental/
23 https://penguin-news.com/headlines/2021/falkland-islands-government-responds-to-finfish-review-damning-observations/
24 https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/malvinasplataforma-continental-anuncian-proceso-de-sanciones-empresas-petroleras
*Federico Ortega, Profesor en Historia, estudiante del Profesorado en Geografía y de la Maestría en Políticas de Desarrollo (Universidad Nacional de La Plata). Miembro de la Red de Investigadores de la Cuestión Malvinas (REdICMa) y del Proyecto “El Atlántico Sur y sus relaciones con otras regiones de interés geopolítico mundial. Estudios de casos frente a las actuales tendencias hegemónicas” (FaHCE-UNLP). Analista de cuestiones relacionadas a la pesca, la geopolítica y los asuntos marítimos.
