Hay que comprender este fenómeno nuca visto, del rescate y reinstauración del gobierno revolucionario del comandante Chávez, en un contexto histórico que señalaba que la caída de un gobierno popular por un golpe de Estado era definitiva, así lo demostraban las experiencias de Argentina, con el derrocamiento criminal del general Perón en 1955 y del gobierno popular en 1976 y el golpe genocida en Chile contra Salvado Allende, o las dictaduras de Uruguay, Panamá, Brasil y Bolivia.
La valoración de este acontecimiento político, cívico-militar, que tiene como fecha insignia el 13 de abril, en realidad abarca un tiempo político y cronológico que podríamos contemplar desde el momento en que el Fiscal General de la Nación Isaías Rodríguez, niega ante la prensa la renuncia del comandante Chávez hasta el día 14 donde son completamente neutralizadas todas las fuerzas golpistas, para dar inicio a una nueva etapa, que como bien se conoce derivará en una nueva intentona golpista (paro petrolero) y al desarrollo de un recetario contrarrevolucionario que sigue presente hasta nuestros días.
La situación de América Latina para el momento en que se produce el golpe de Estado de abril de 2002, mostraba, según datos de la Cepal, a un 35% de los hogares debajo de la línea de la pobreza, mientras que la indigencia o pobreza extrema alcanzaba el 14%.
En el caso de Venezuela el porcentaje de hogares pobres pasó del 22% en 1981 al 34% en 1990 y para el año 2002 alcanzaba a un 44 % de la población.
El mismo día de la toma de mandato como Presidente de la República en enero de 1999, Chávez anuncia la realización de un referéndum para consultar a la población acerca de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El 71% vota a favor de la Asamblea cuando se realiza dicho referéndum en abril, y en las elecciones para la Asamblea –en julio del mismo año– la coalición gubernamental logra 125 de 131 bancas. El referéndum para aprobar o rechazar la nueva constitución se realiza en diciembre y es aprobado por el 88% de los votantes.
Con todas las circunstancias adversa que tiene que enfrentar el gobierno por la herencia de la política neoliberal de los gobiernos anteriores y a pesar de las limitaciones que se evidencian durante el proceso de convocatoria a la nueva constitución, es muy significativo el contraste que ya empieza a evidenciarse entre el proyecto de país que asoma de la mano de Chávez y la ortodoxia neoliberal que domina la mayor parte del continente.
Apenas asumido Hugo Chávez, en febrero de 1999, el 15 de diciembre de ese año se produjo una catástrofe en el litoral marítimo del Estado Vargas conocida como la tragedia de Vargas que arrojo una gran cantidad de damnificados, muertos, desaparecidos y perdidas materiales, que agravaron las condiciones de los sectores vulnerables que ya venían golpeados por la pobreza en el gran Caracas.
Determinadamente el comandante Chávez emprendió una política de rescate de la economía apoyándose en la nueva Constitución y generando un proyecto contenido en las 49 leyes habilitantes que golpeaban con fuerza los interese de la oligarquía y afectaba los canales de corrupción que impregnaba a las instituciones del Estado.
Ante esta iniciativa el 10 de diciembre de 2001 es convocada una huelga general de 24 horas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la patronal de Fedecámaras, comenzando un proceso de desestabilización que va escalonando hasta llegar a los sucesos del 11 de abril de 2002.
Estos actores de la política tradicional venezolana que desde el “Pacto de Punto Fijo” articularon una política de entrega de los hidrocarburos a las transnacionales, generaron un plan articulado para, no solamente terminar con el Gobierno popular de Hugo Chávez, sino también para liquidar su liderazgo que ya tenía influencia en la política nacional y a nivel continental.
Chávez había llegado para posibilitar desde la «Quinta República» un proceso de transformación profunda de Venezuela, estableciendo políticas estatales que erradicarán la desigualdad y la pobreza instalada desde la época de la independencia del reino de España.
Luego de su gira internacional por oriente en el 2001, las señales que indicaban hacia dónde se dirigiría su Gobierno eran inequívocas y evidentes. En Moscú firmó un acuerdo de cooperación técnico-militar y se declaró aliado estratégico de Rusia. En la República Islámica de Irán rescató los valores de la Revolución Islámica y visitó la tumba del ayatola Khomeini estrechando los lazos fraternos con dicho proceso. En Pekín confirmó los alcances de la relación con China caracterizando la alianza como estratégica y «vital».
Con estos antecedentes que caracterizaron su política exterior a principios del siglo XXI, no es descabellado interpretar que Chávez fue el precursor latinoamericano del multilateralismo que hoy se expresa en la Organización de Cooperación de Shanghái y que muchas herramientas de complementariedad multilaterales se elaboraron durante el desarrollo de su gobierno como los planteos esgrimidos en el ALBA-TCP mediante la conformación del SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional), que permitiría sustituir al dólar en el intercambio comercial entre esas naciones.
A este planteamiento manifestado en la política exterior, que marcaba un distanciamiento estratégico del monroísmo y del Consenso de Washington que por esa época se desarrollaba en el resto del continente, bajo la premisa económica del neoliberalismo, debemos incorporar el arsenal de medidas de recuperación de la soberanía nacional y la consagración de la justicia social contenidos en las 49 leyes establecidas por decretos de necesidad y urgencia.
Haciendo uso de la «Ley habilitante» que en tiempo y forma le concedía la Constitución, el comandante presidente, aprobó 49 leyes, que apuntaban al corazón de los intereses económicos y financieros de la oligarquía monopólica tradicional venezolana.
Una de las medidas estratégicas para la reconstrucción nacional fue la «Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola», que permitía poner fin a la concentración de la propiedad territorial, que en aquel momento develaba que el 10% de los propietarios eran dueños del 70% de la tierra cultivable, lo que hacía posible que las misma fueran utilizadas como instrumento especulativo para los negocios de importación de alimentos.
Se trataba de una reforma agraria soberanista, que según decía la propia norma, permitía «distribuir la riqueza eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo».
Otra medida fundamental fue la «Ley de Hidrocarburos», cuya principal disposición establecía que la extracción del crudo debía ser competencia del Estado, al menos en un 51%, al tiempo que otorgaba a PDVSA una participación del 30% como regalía sobre los crudos extraídos en cualquier yacimiento. Con esta ley se desalentaba la privatización y se ponía un freno al régimen de saqueo establecido dentro de la PDVSA de la cuarta republica que estaba al servicio de los intereses extranjeros y de la burocracia meritocrática de los gerentes apátridas de la empresa.
También la «Ley de Pesca» provoco la ira de los sectores encolumnados con los intereses extranjeros; según especificaba el decreto, su alcance era el de potenciar la pesca artesanal frente a la pesca industrial, especialmente la de arrastre, que «agotaba los recursos» y ponía en peligro las especies. La normativa ordenaba que se reserven las seis millas próximas a la costa y los recursos de los ríos para la pesca artesanal, y que se establezcan sanciones, limitaciones y licencias más caras para la pesca masiva.
En tan poco tiempo, su ímpetu revolucionario colapso la vieja estructura burocrática y corrupta del bipartidismo Adeco-copeyano enquistado en las instituciones del Estado y confrontó la política colonialista del imperialismo que utilizaba a Venezuela como un apéndice para saquear los recursos naturales y manipular los precios del petróleo en el mercado internacional.
Chávez se tornó insoportable y logro agrupar al sentimiento fascista reaccionario para que procedieran a planificar y ejecutar un golpe de Estado que tendría alcances genocidas para que su ejemplo pusiera las cosas en su lugar en el resto del continente.
El fracaso del golpe de Estado y el retorno de Chávez al gobierno, el compromiso popular y el crecimiento político de una militancia forjada en la pelea, le han dado un giro a la historia y la consolidación del proyecto, en un proceso no exento de contradicciones y nuevas estrategias golpista, hacen de la revoluciona bolivariana una realidad que se prolonga en el tiempo y se agranda ante nuevos desafíos.
En la distancia y al calor de los acontecimientos que sacuden al mundo, podemos entender al visionario Hugo Chávez y al peligro que realmente representaban sus planteamientos y su visión revolucionaria de un mundo nuevo multipolar que representara las necesidades de justicia social e independencia económica de los pueblos, mediante un sistema equitativo de relaciones multilaterales que dejaran atrás al unipolarismo colonialista con el cual nos habían subyugado las grandes potencias anglosajonas.
Nuevamente, a 20 años del golpe de estado contrarrevolucionario en Venezuela y ante el auge del fascismo en medio de una crisis capitalista descomunal, las enseñanzas de abril nos convocan a una relectura constante y exhaustiva de este fenómeno que abrió las puertas a una experiencia continental que marcó la diferencia y que cobra vigencia en la lucha por la futura sobrevivencia humana.
Notas:
Oscar Rotundo. Analista político y editor del equipo de PIA global.
@Rotundorotundo
