El 8 de febrero, el Consejo de Mediación y Seguridad de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) celebrará una sesión especial en Abuja. La reunión a nivel ministerial discutirá cuestiones políticas y de seguridad, incluidas las retiradas de Mali, Burkina Faso y Níger de la organización.
Esto sigue al anuncio el 28 de enero por parte de los líderes militares de los tres países de que las naciones abandonarían inmediatamente la CEDEAO, el bloque regional fundado en 1975 para promover la integración económica. Los tres países representan el 15% de la población de la CEDEAO, casi la mitad de su superficie y tienen un potencial económico considerable.
Los agravios de los tres gobiernos contra la CEDEAO son dobles. En primer lugar, creen que las sanciones económicas y financieras del bloque contra Mali y luego contra Níger, tras golpes militares en esos estados, son «ilegales, ilegítimas, inhumanas e irresponsables y violan sus propias reglas». También sostienen que las sanciones se impusieron a instancias de «potencias extranjeras». En segundo lugar, los líderes alegan que la CEDEAO retuvo el apoyo a su lucha contra el terrorismo y la inseguridad.
Las relaciones se han ido deteriorando desde los golpes de estado en Mali (2020 y 2021), Burkina Faso (2022) y Níger (2023), que resultaron en sus suspensiones de la CEDEAO. La creación de la Alianza de Estados del Sahel en septiembre de 2023 fragmentó aún más el bloque regional. La alianza –un mecanismo de seguridad colectiva creado en respuesta a la amenaza de intervención militar de la CEDEAO en Níger después del golpe– señaló la intención de los grupos de buscar distancia política y autonomía del bloque.
La CEDEAO ha enfrentado importantes desafíos durante la última década para abordar eficazmente el extremismo violento y los desafíos de gobernanza en sus estados miembros. La percepción de un doble rasero –en el que el bloque toma medidas enérgicas contra los golpes militares pero hace la vista gorda ante los “golpes institucionales” de gobiernos electos como en Costa de Marfil y Guinea– ha socavado la credibilidad de la CEDEAO en la región.
La situación actual presenta una oportunidad importante para que la CEDEAO revise sus marcos, políticas y prácticas para hacer que la organización sea más coherente y eficaz. Este enfoque podría crear condiciones para el regreso de los tres países al bloque regional y evitar que existan más.
Políticamente, las retiradas pueden explicarse por dos factores, los cuales podrían estar en juego. Podrían ser una estrategia para eludir los requisitos de la CEDEAO de transiciones cortas y que los golpistas no se presenten a las elecciones presidenciales. O podrían ser un medio para presionar a la organización para que negocie una solución que permitiría que las tres juntas permanecieran en la CEDEAO a cambio de posiciones más flexibles y el levantamiento de las sanciones en Níger.
Su salida afectaría negativamente tanto al bloque regional como a los ciudadanos de los países salientes. África occidental sigue siendo uno de los ejemplos más exitosos de integración y cooperación económica, política y de seguridad de África.
La libre circulación de personas en toda la región, garantizada por el sistema sin visa y un pasaporte común, es uno de los logros clave de la CEDEAO que beneficia a los ciudadanos de la región. Especialmente para los países sin litoral como Burkina Faso, Malí y Níger, la unión aduanera facilita las importaciones mediante la aplicación de un arancel externo común único.
Durante casi 50 años, las reglas y métodos operativos de la CEDEAO han dado forma a la gobernanza en sus estados miembros. En cuanto a la libre circulación de personas y mercancías, y el acceso a los puertos costeros, la retirada no afectará, por ahora, a las relaciones entre los tres países y otros estados de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA), cuyo tratado también garantiza estos principios. Sin embargo, sería necesario acordar medidas de mitigación bilaterales o multilaterales con Estados no miembros de la UEMAO.
Las modalidades de esta retirada son irregulares, teniendo en cuenta que la salida inmediata es materialmente imposible de implementar y no cumple con el tratado que rige la CEDEAO. El artículo 91 establece que la retirada surtirá efecto un año después de la notificación formal. El único precedente es la salida de Mauritania en diciembre de 2000, después de que el país diera aviso en diciembre de 1999. Durante el período de aviso, los estados que solicitan salir deben respetar sus compromisos con el bloque.
La decisión de retirarse, que afectará significativamente a los sahelianos, no parece haber sido objeto de ninguna consulta nacional previa. Los ciudadanos apoyaron los golpes en el Sahel Central porque querían que mejorara la gobernanza, no para que los nuevos líderes pudieran tener carta blanca. Esto pone en duda la legitimidad de la decisión de las tres juntas de salir de la CEDEAO. En Malí, por ejemplo, la coalición de organizaciones del Appel du 20 février 2023 pour Sauver le Mali se opuso a la retirada.
Esta falta de consulta popular podría desestabilizar aún más las ya frágiles transiciones. Níger está luchando por iniciar formalmente su transición, y Mali y Burkina Faso se acercan al final de sus mandatos acordados por la CEDEAO. Las elecciones presidenciales previstas para marzo y julio de 2024 en Mali y Burkina Faso se han pospuesto indefinidamente.
Mientras tanto, la CEDEAO se encuentra en una grave crisis. El protocolo de la organización sobre democracia y buen gobierno seguirá aplicándose a los estados salientes hasta el 29 de enero de 2025. Sin embargo, el bloque tendrá que elegir entre insistir en que las tres juntas cumplan sus plazos para devolver el poder a un gobierno civil, o dar marcha atrás para impedir que se vayan.
La elección es aún más difícil teniendo en cuenta que las retiradas podrían ser el preludio de una posible salida de la UEMAO. Esta evolución sería aún más perjudicial para los tres países y el resto de la unión.
La crisis resalta la necesidad de que la CEDEAO revise y mejore sus mecanismos para abordar las violaciones de la gobernanza democrática en sus estados miembros. El uso de sanciones indiscriminadas contra Mali en 2022 y Níger desde julio de 2023 –que está siendo impugnado jurídicamente y afecta principalmente a civiles– también debe reconsiderarse a la luz de su ineficacia. Sería preferible imponer sanciones más claras, específicas y predecibles.
El llamado de la CEDEAO a una solución negociada ha sido respaldado por la Comisión de la Unión Africana. Si no fuera posible mantener a los tres estados dentro del bloque después del período de aviso de un año, todas las partes deben trabajar para lograr una salida adecuada que minimice la inestabilidad regional.
Las discusiones deben incluir una dimensión de seguridad que establezca mecanismos regionales apropiados de cooperación y coordinación basados en las lecciones de la última década de intervención internacional en el Sahel. En particular, dichos mecanismos deberían prestar especial atención a la conectividad y la interdependencia de las zonas transfronterizas.
Por último, considerando la intensa competencia entre grandes potencias a nivel mundial y el cambio de alianzas de los estados del Sahel Central hacia Rusia desde 2020, la CEDEAO y los tres países salientes deben reconocer el peligro que estas dinámicas representan para la región. Los esfuerzos colectivos son vitales para resolver los profundos desafíos de desarrollo y seguridad que comparten todos los países de la región.
