El pasado marzo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció su plan de rearme para Europa, un día después de que el presidente Donald Trump pusiera en pausa la ayuda militar a Ucrania. Von der Leyen presentó un fondo de 150.000 millones de euros como parte de un paquete de propuestas para aumentar masivamente el gasto en defensa.
El pasado 25 de marzo, la Comisión Europea seleccionó 47 proyectos de minería prioritarios para el suministro de materias primas como el litio, níquel, grafito, cobalto o manganeso. Entre ellos, se encuentra la mina de Doade, situada en el municipio de Beariz, provincia de Ourense, aprobada como Proyecto Estratégico para la extracción de litio.
En su texto, la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA) de la Unión Europea, aprobada el año pasado, establece un marco para la autorización de proyectos extractivos para el abastecimiento de materiales “cruciales” en la transición ecológica y digital, así como para la industria de defensa y aeroespacial. La CRMA establece varios objetivos para el 2030; entre ellos, reducir al 65% de la compra de materias primas a terceros países.
El plan de rearme y la Ley de Materias Primas Críticas tienen el propósito de fortalecer la “autonomía estratégica” de la UE, ya que buscan garantizar un suministro estable de materias primas para reforzar la industria de defensa europea y asegurar la producción de tecnología militar avanzada.
El informe Blood on the Green Deal, elaborado por Corporate Europe Observatory (CEO) y el Observatoire des Multinationales (OdM), revela cómo los trabajos de lobby han influido el proceso legislativo de la CRMA, que se ha convertido en una “barra libre” para la industria de defensa y aeroespacial, en tanto que promueve la desregulación ambiental para facilitar nuevos proyectos de minería en toda Europa. Ahora, le ha tocado a Galicia.
Un proyecto minero a 500 metros de una zona protegida
“Hace dos meses que la empresa presentó el proyecto en la Consellería, hemos solicitado una copia de la documentación a la Xunta y todavía no hemos recibido contestación”, explica Victor Gil, presidente de la Comunidad de Montes de Framia y miembro de la plataforma vecinal SOS Suído Seixo. “La única información que tenemos es la que nos llega a través de los medios”.
El proyecto de la mina de Doade, presentado por Recursos Minerales de Galicia —filial del grupo Samca, propiedad de la familia de multimillonarios Luengo Sanz— abarcaría una extensión de 13,62 hectáreas, con galerías subterráneas de entre 50 y 300 metros de profundidad. Un negocio que conllevaría una inversión de 120 millones de euros para la extracción de minerales de litio, moscovita y feldespatos durante más de 40 años.
El litio es un metal clave en la fabricación de baterías para el almacenamiento de energía, dispositivos electrónicos portátiles y baterías recargables para vehículos eléctricos. Una investigación de Luis M. Varela, publicada por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), destaca el papel clave del litio en tecnologías de almacenamiento y en la producción de energía, lo que lo convierte en un material fundamental en la industria militar.
Recursos Minerales de Galicia ya había presentado en 2018 el proyecto de explotación para la zona minera, entonces llamado Alberta I, que incluía los municipios de Forcarei, Lama, Beariz, Avión y Cerdedo-Cotobade. La ausencia de un estudio de impacto ambiental motivó entones informes negativos del Instituto Geológico Español (IGME) y la Sociedade Galega de Historia Natural, que destacaban la posibilidad de drenaje ácido de las minas y la presencia de minerales radiactivos. Además, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil emitió un informe negativo debido al riesgo de afección a las masas de agua con metales pesados, que derivó en el cierre del procedimiento en el 2020.
Por todo ello, la plataforma SOS Suído Seixo ya ha avisado que recurrirá ante la Comisión Europea la designación de la mina de Doade como Proyecto Estratégico. Afirman que la iniciativa de concesión minera actual “es esencialmente la misma del 2018, con un nombre diferente”. Las comunidades de montes afectadas han acordado oponerse al proyecto, aunque temen que se recurra a la expropiación forzosa de los terrenos al ser declarados de utilidad pública.
Según un informe elaborado por el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB), Ecologistas en Acción y SOS Suído Seixo, el proyecto se encuentra en una zona de alto valor ecológico y paisajístico, propuesta para su inclusión en la Red Natura 2000 desde hace más de una década. El documento alerta sobre los riesgos de pérdida de biodiversidad y contaminación de aguas, así como la posible presencia de minerales radiactivos.
“Las instalaciones en superficie se encuentran a 500 metros de la Zona Especial de Conservación Serra do Cando”, explica Joam Evans, de Ecologistas en Acción. “Además, el proyecto contempla el consumo de 25.700 litros de agua por hora, lo que provocará un descenso significativo del nivel freático, afectando a las traídas y captaciones de agua existentes”.
Desde Ecologistas en Acción denuncian “el uso de la figura de interés público para acortar plazos, sortear alegaciones ambientales y poder recurrir a expropiaciones forzosas”. De hecho, la Unión Europea ha establecido que los proyectos de extracción de materias primas tendrán un plazo máximo de 27 meses para obtener sus permisos.
Explotaciones sobre una legislación obsoleta
Galicia ocupa la cuarta posición de producción minera de España, con 362 explotaciones activas en todo el territorio. Según la Estadística Minera de 2023, la comunidad alcanzó un valor de producción de 337,08 millones de euros, lo que representa el 9,4% del total estatal.
A comienzos de este año, el Gobierno gallego de Alfonso Rueda anunció la licitación de 51 derechos mineros caducados para fomentar la investigación y posible explotación de materiales minerales. Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha presentado recientemente el Programa Nacional de Exploración Minera 2025-2029, centrado en la identificación y evaluación de recursos presentes en más de 1.000 balsas y escombreras de proyectos mineros existentes en todo el país.
Un informe presentado por Amigos de la Tierra junto al Observatorio Ibérico de la Minería y la Oficina Europea del Medio Ambiente, alerta sobre los riesgos sociales y ambientales asociados a los proyectos mineros declarados estratégicos por la Comisión Europea. El documento denuncia la falta de transparencia en el proceso de selección de estos proyectos, así como la obsolescencia de la actual Ley de Minas, que no garantiza ni la protección del medio ambiente ni la participación efectiva de las comunidades afectadas. “El lobby minero no quiere que se toque la Ley de Minas, así como tampoco quiere que se toque la Ley de Expropiación Forzosa”, afirma Evans.
La empresa promotora del proyecto de la Mina de Doade, Recursos Minerales de Galicia, es miembro de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, una entidad de derecho público tutelada por la Xunta que actúa como lobby del sector. Tal y como reveló El Salto, la Xunta ha destinado fondos públicos a campañas de greenwashing impulsadas por esta Cámara, presentando la minería como una actividad “sostenible” y “compatible con el medio ambiente”, mientras apoya la reactivación de derechos mineros caducados y proyectos altamente cuestionados por su impacto ambiental y social.
*Alba Cambeiro, fotoperiodista. Trabajó en Turquía del 2018 al 2022. Ahora en Galicia.
Artículo publicado originalmente en El Salto.
Foto de portada: Modelo 3D del proyecto de la mina de litio de Doade.
