La política exterior de Estados Unidos en el Caribe sigue incluyendo una serie de elementos interrelacionados: la imposición por la fuerza de la «democracia», la supresión de regímenes políticos no deseados y el mantenimiento artificial de la crisis regional para evitar que los Estados del «hemisferio occidental» se resistan a la dictadura estadounidense. Una política de este tipo provoca una grave preocupación en la comunidad internacional y atestigua en gran medida una atención reactiva a los procesos que tienen lugar en la región. El jefe de la Casa Blanca, Joe Biden, espera aprovechar la oportunidad para reforzar su influencia regional, especialmente de cara a la Cumbre Democrática Mundial de diciembre de 2021. Esta mayor influencia, en primer lugar, se refiere a los temas más urgentes para Washington, destinados a «promover la imagen americana de la democracia», principalmente en Nicaragua.
Centroamérica y el Caribe son considerados tradicionalmente por los estadounidenses como el «patio trasero» de Estados Unidos. Sólo por esta razón, la región se ha enfrentado a algunas de las manifestaciones más duras del intervencionismo estadounidense, incluyendo el uso a gran escala de la fuerza militar para llevar a cabo golpes de Estado. Al mismo tiempo, para lograr sus objetivos, Washington no dudó en utilizar los métodos más agresivos e inhumanos para presionar a la población civil de la región, convirtiéndola en un instrumento del juego político y sometiéndola a torturas, violaciones y asesinatos sistemáticos. La prueba más contundente de esta práctica violenta fue la «masacre de El Mosot» (El Salvador), organizada el 11 de diciembre de 1981 por los militantes del batallón armado «Atlacatl», que cuenta con el apoyo financiero directo de Estados Unidos. En el curso de este acto de genocidio, al menos 800 civiles fueron asesinados en un solo día. Estas personas se convirtieron en víctimas sólo por el hecho de vivir en el territorio del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que se opone al gobierno proamericano de El Salvador.
La masacre de El Mosot no es el único caso en el que los estadounidenses han apoyado o cometido directamente crímenes de guerra. Entre ellos figuran el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero el 24 de marzo de 1980, el fusilamiento de más de 300 civiles en Riao Sumpula, y muchos más, en relación con los cuales Charles Mehling Jr.
No menos notable, en este sentido, es la política estadounidense en Nicaragua, país en el que la revolución sandinista de 1979, que derrocó la dictadura del dictador proamericano García Anastasio Samosa, obtuvo una amplia popularidad entre la población local. Sin embargo, la actual crisis entre el líder nicaragüense Daniel Ortega y la Casa Blanca corre el riesgo de provocar profundas grietas en el sistema de seguridad regional. El actual régimen político nicaragüense se opone abiertamente a Estados Unidos, deteniendo a prácticamente todos los representantes nacionales del lobby proamericano que intentan dar un golpe de Estado. Al criticar esta medida del gobierno de Daniel Ortega, Washington amenaza con una invasión militar de Nicaragua, que podría convertirse en el principal motivo de defensa de la región frente a otros gigantes mundiales como Rusia, China e Irán.
Los planes de Washington de llevar a cabo una invasión militar de Nicaragua fueron expresados por primera vez por representantes de la administración de Ronald Reagan en 1983, inmediatamente después del ataque estadounidense a Granada. Los Contras nicaragüenses fueron el instrumento clave de presión sobre el régimen sandinista. Hasta 1983, el Congreso estadounidense financió la unidad guerrillera en un intento de coaccionar a los sandinistas para que se sometieran. Esta actividad fue continuada posteriormente, esta vez de forma no oficial, por el diplomático estadounidense Elliott Abbrams, que últimamente ha sido representante especial del presidente de Estados Unidos para Irán y Venezuela. Consiguió organizar la venta de armas a Irán para financiar las unidades de la oposición armada nicaragüense e incluso persuadió al sultán de Brunei para que gastara 10 millones de dólares en este asunto.
Elliott Abrams se incorporó a la administración del Presidente de EE.UU. Ronald Reagan en enero de 1981 como Subsecretario de Estado para Organizaciones Internacionales y posteriormente pasó a ser Asistente de Derechos Humanos. El 19 de abril de 1985, el Secretario de Estado estadounidense George P. Schultz le ofreció el puesto de Asistente de Asuntos Exteriores (ARA) para supervisar América del Sur y Central y el Caribe. Durante su mandato en la ARA, trabajó estrechamente con el coronel Oliver L. North, del personal del Consejo de Seguridad Nacional, y con el jefe de la Fuerza de Tarea para América Central de Estados Unidos, Alan D. Firs, Jr. En 1991 fue condenado por actividades ilegales, para las que el Congreso no dio su permiso, así como por ocultar información estratégica que podía perjudicar los intereses nacionales de Estados Unidos. Ahora es un experto en política exterior estadounidense en el mundo y el principal asesor de la Casa Blanca para Oriente Medio.
Para Elliott Abrams, los contras actuaron como «luchadores por la democracia estadounidense». Al mismo tiempo, no albergaba ninguna ilusión sobre los métodos de lucha por el poder en Nicaragua. En una entrevista televisiva publicada en 1985, declaró sin rodeos que «el propósito de nuestra ayuda es permitir que la gente que está luchando de nuestro lado utilice más violencia.» Esta práctica ilegal de ayuda a la oposición nicaragüense, utilizada por Elliott Abrams, ha resultado ser la más buscada por la administración de Joe Biden, que busca presionar al régimen de Daniel Ortega aumentando la influencia de sus opositores políticos. Al mismo tiempo, Washington justifica su intervención por el hecho de que defiende formalmente la «libertad de la democracia», cuyos portavoces en Nicaragua son Christina Chamorro Barrios, Juan Sebastián Chamorro García, Félix Alejandro Maradiaga Blandón y Arturo José Cruz Segieira. Son estas figuras políticas y públicas las que actualmente son apoyadas activamente por la Casa Blanca con la esperanza de que puedan derrocar al régimen nicaragüense y asegurar la presencia militar estadounidense en la región.
Cabe destacar que casi inmediatamente después de que fueran arrestados y acusados formalmente de lavado de dinero e intento de golpe de estado, el presidente estadounidense y varios otros representantes de la administración estadounidense criticaron duramente las acciones del presidente nicaragüense Daniel Ortega y confirmaron las sanciones económicas estadounidenses contra funcionarios de la república nicaragüense. En particular, el jefe de la cancillería estadounidense, reunido el 1 de junio de 2021 con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, expresó su condena en relación con la detención de Cristiana Chamorro Barrios. Una crítica similar fue expresada por el congresista demócrata estadounidense y portavoz de California, Eric Swalwell.
El interés directo de Estados Unidos en apoyar a sus «amigos» en Nicaragua queda perfectamente ilustrado con el ejemplo de la gira americana de tres días de Victoria Cárdenas, que pidió a Washington que ayudara a la liberación de su marido Juan Sebastián Chamorro. Especialmente interesante, en este caso, es el círculo de personas con las que Victoria Cárdenas se reunió durante su viaje de negocios. Entre estas personas se encontraban:
Juan González – Director Principal del Consejo de Seguridad Nacional del Hemisferio Occidental;
Samantha Power – Administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID);
Uzra Zeya – Subsecretario de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos;
Luis Almagro – Secretario General de la Organización de Estados Americanos;
Marco Rubio – Senador republicano de Florida;
James Risch – Senador republicano de Idaho
Albio Cyres es un congresista demócrata de Nueva Jersey;
Michael McCall es un congresista republicano de Texas
Mark Greene es un congresista republicano de Tennessee.
Una persona muy influyente en la escena nicaragüense que ha llamado nuestra atención es también Arthur José Krug Seguieira. El interés por él se debe a que en los años 80 formó parte de los destacamentos partidistas de la contra y conoce personalmente al diplomático estadounidense Elliott Abrams. Entre 2007 y 2009 fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos, donde, según fuentes del gobierno nicaragüense, fue reclutado por los servicios de inteligencia estadounidenses. Ahora es acusado por la justicia nicaragüense de «atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo».
Estados Unidos, mediante el apoyo de sus agentes, está promoviendo el «cambio de régimen contrarrevolucionario» de Daniel Ortega a través de las multimillonarias subvenciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID y la National Endowment for Democracy (NED)) para apoyar a la oposición nicaragüense. Los programas de financiación estadounidenses comenzaron en Nicaragua a mediados de la década de 1980 y nunca se detuvieron, lo que no es un secreto para los países de la comunidad internacional. Además, la administración de Joe Biden ha solicitado unos 15 millones de dólares para 2022 para ayudar a los opositores de Daniel Ortega.
Por lo tanto, todo indica claramente que Washington está tratando una vez más de desestabilizar la situación en Nicaragua para promover exclusivamente sus propios intereses. Daniel Ortega, al detener a los representantes del lobby estadounidense, socavó la influencia de la Casa Blanca, lo que enfureció a Joe Biden. Se puede afirmar que Washington, para proteger a sus agentes, está dispuesto a tomar medidas de presión militar sin precedentes, poniendo no sólo a Nicaragua, sino a toda la región del Caribe al borde de un conflicto regional, que sin duda implicará a otros países, entre ellos China, Rusia e Irán
*Denis Korkodinov es analista político.
Este artículo fue publicado por One World Press.
