La Comunidad Europea viene atravesando una serie de múltiples crisis que han aumentado el costo de vida y golpean a los pueblos europeos. La inflación, especialmente aquella relacionada con las materias primas y recursos esenciales como alimentos y energía; la ralentización de la economía o recesión; el nulo aumento de los sueldos; la desindustrialización y despidos afectan principalmente a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables que no llegan a pagar las boletas de los servicios básicos como el agua, el gas o la electricidad. Incluso, se han visto largas colas de personas esperando en los bancos de alimentos.
Por estos motivos, lxs ciudadanxs y profesionales europeos se han volcado a las calles durante los últimos meses, exigiendo aumentos de salarios, mejoramiento del sistema de salud, políticas destinadas a bajar la inflación, y en cada país particular contra los tipos de medidas adoptadas (o no) por sus gobiernos.
La pandemia por covid-19 develó varias de las deficiencias estructurales de los países europeos que comenzaron a sumirse en las múltiples crisis poco a poco, algunos países más afectados que otros. Luego, estalló la guerra en Ucrania, y las decisiones políticas del bloque atlantista, del cual la mayoría de los países europeos forman parte, se encargaron de hundir aún más la región. Cada uno de los paquetes de sanciones contra Rusia (el décimo anunciado hace poco) funcionan como boomerang contra los propios europeos, es decir, los únicos que ven cómo se derrumba su economía, cae su divisa y se someten cada vez más son los países europeos, no Rusia.
A este contexto, en donde la Comunidad ya no poseen energía barata proveniente de Rusia, en donde el coste de mantenimiento de las industrias se vuelve inestable o nulo causando inflación y olas de despido, situación que ya se vuelve desesperante e insostenible para la población europea, se le suma un nuevo capítulo que profundiza el drama: la IRA.
La Ley de la Reducción de la Inflación (IRA por su sigla en inglés) promulgada en agosto de 2022 por Estados Unidos ofrece alrededor de 400 mil millones de dólares para la reducción de las emisiones de carbono, la reducción de los costos de atención médica, la financiación del servicio de Impuestos Internos y la mejora del cumplimiento de los impuestos de los contribuyentes. Estos fondos serán entregados como incentivos fiscales, subvenciones, rebajas y garantías de préstamos.
“Con el IRA, algunos fabricantes europeos que deseen beneficiarse de las subvenciones podrían trasladar su producción a EEUU o, al menos, desarrollar cadenas de suministro integradas en EEUU”.
Parlamento Europeo
Los líderes europeos que siguen fiel los mandamientos de Estados Unidos, creyendo en la existencia de una unidad transatlántica que comparte intereses, parece que no ven (o no quieren ver) que alinearse detrás de las decisiones de Washington sólo los ha perjudicado. Aunque EEUU argumente que se trata de medidas necesarias pensadas bajo los intereses internos del país y la lucha contra la crisis climática, queda claro que las decisiones adoptadas no demuestran interés por las repercusiones que puedan ocasionar a sus socios más leales. No es nuevo.
Reacción Europea
La IRA activó las alarmas empolvadas en Europa y comenzaron a señalar a la ley como preocupante, inaceptable, desequilibrada, injusta, distorsionadora, discriminadora, amenazante e incluso ilegal ante los ojos de la OMC. Desde el think tank estadounidense, CSIS (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales), mencionan al tema como ‘disputas transatlánticas’ en uno de sus artículos, inclusive hablan de una posible guerra comercial transatlántica.
Uno de los primeros en reaccionar frente a la nueva Ley estadounidense fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien durante un discurso en la Embajada de Francia en Washington en diciembre pasado, declaró que la decisión de llevar adelante este tipo de leyes (por la IRA y la Ley de Chips), “son decisiones que fragmentarán a Occidente porque crean diferencias entre EEUU y Europa”.
Otro líder europeo que se mostró enfadado con la IRA es el Vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, quien dijo en noviembre que “muchos de los subsidios verdes previstos en la Ley discriminan a las industrias automovilísticas, de energías renovables, de baterías y de consumo intensivo de energía de la UE. Estas son preocupaciones serias para la UE, que yo, y muchos de mis colegas, hemos planteado repetidamente a nuestros interlocutores estadounidenses”.
Dombrovskis espera que “las empresas y exportaciones europeas reciban el mismo trato en EEUU que las empresas y exportaciones estadounidenses reciben en Europa”. Además enfatizó en que frente al contexto geopolítico actual deberían estar construyendo alianzas y no “crear distracciones innecesarias o posibles nuevas disputas”.
En enero, Dombrovskis volvió a afirmar su posición frente a la embajadora Katherine Tai, representante comercial de EEUU, “debemos seguir avanzando en las negociaciones, o nos enfrentaremos a llamados aún más fuertes para que la UE responda. La UE quiere evitar esto. Porque seguir el camino de los subsidios discriminatorios o los créditos fiscales es problemático, especialmente cuando enfrentamos tantos desafíos comunes (…) los subsidios no deben darse a costa del buen funcionamiento de los mercados y la competencia leal”.
Durante una entrevista realizada al canal de noticias francés BFM Business, el Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, expresó “o los resolverán y así lo esperamos, o tendremos que ir a la OMC y luego consideraremos medidas de represalia. Realmente llegaremos hasta el final».
De acuerdo a la agencia EuroEFE, el Alto representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, dijo en enero que hay discusiones al interior de la UE sobre cómo responder a la nueva ley estadounidense. Además, explicó que la IRA “tiene poco que ver” con combatir la inflación y el cambio climático, sino que se trata de un “gran impulso” a los subsidios a empresas de ese país causando una “brecha competitiva” y atentando contra las normas de la OMC.
Por su parte, la Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Esther Lynch, exclamó que “el compromiso del Gobierno estadounidense de luchar contra el cambio climático y crear más puestos de trabajo bien remunerados y sindicados es admirable, pero no puede ir en detrimento de los trabajadores europeos”. Mientras, Luc Triangle, Secretario General de IndustriAll Europe, declaró que los europeos deberían responder a Washington con una “ambiciosa estrategia industrial europea propia” que ponga el foco en la inversión pública, el empleo de calidad, una fiscalidad y una transición justa.
En el último informe presentado este mes por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo acerca de los avances de las conversaciones con Washington mediante el Consejo de Comercio y Tecnología UE-EEUU (CTT), grupo de trabajo creado en octubre de 2022 para abordar las preocupaciones de la UE en relación con la nueva ley, se detalla que “(la IRA) ha suscitado algunas controversias en Europa y otros lugares, sobre todo en lo que respecta a su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio” .
En el informe se desglosa un resumen de los 3 aspectos especialmente preocupantes, por los que Úrsula von der Leyen advierte que se “corre el riesgo de desnivelar el terreno de juego”, “mientras que otros temen que desencadene una carrera de subvenciones entre la UE y Estados Unidos”:
- “En primer lugar, la lógica »Buy American», que sustenta gran parte de la IRA.
- En segundo lugar, las exenciones fiscales, que podrían dar lugar a discriminación.
- Y tercero, las subvenciones a la producción, que podrían perjudicar a las empresas europeas».
“La IRA también supone un reto para otros ámbitos de la industria de la UE: por ejemplo, introduce créditos fiscales para fomentar la captura de carbono y el hidrógeno limpio, ámbitos en los que la UE ya es líder mundial o pretende profundizar en su experiencia industrial. Según el Instituto Montaigne, la IRA, unida a la subida de los precios de la energía en Europa, mucho más elevados que en Estados Unidos, crea «un riesgo inmediato de que la »industria de la tecnología verde» de la UE se traslade a Estados Unidos huyendo de los altos costes energéticos y las bajas subvenciones del bloque».
Caminando una solución europea
Como respuesta a la IRA, la Unión Europea decidió lanzar su propio “Plan Industrial Green Deal”, anunciado por von der Leyen en enero en Davos y presentado a principios de este mes frente al Parlamento, con el objetivo de “mejorar la competitividad de la industria europea con cero emisiones netas y a impulsar la rápida transición hacia la neutralidad climática”. El Plan “se apoya en los cuatro pilares siguientes: un marco regulador previsible y simplificado, un acceso acelerado a la financiación, una mejora de las capacidades y un comercio abierto para unas cadenas de suministro resilientes” detallan desde el Parlamento.
Durante la sesión de ayer (16 de febrero) en el Parlamento Europeo, los eurodiputados debatieron sobre la IRA y el fondo para la Soberanía Europea. Exigieron a la Comisión una “estrategia eficaz para redistribuir, reubicar y relocalizar industrias en Europa. También demandan adaptarse a la expansión y la comercialización de tecnologías estratégicas para cerrar la brecha entre la innovación y la implantación en el mercado. Según los eurodiputados, hacen falta, asimismo, procedimientos de autorización rápidos y previsibles para el establecimiento de nuevos proyectos de energía renovable lo antes posible”
Sobre el fondo para la Soberanía Europea reclamaron que se debería “evitar la fragmentación causada por los regímenes nacionales de ayuda estatal descoordinados y garantizar una respuesta eficaz y verdaderamente unida a la crisis”. Además agregaron que “el Fondo debe reforzar la autonomía estratégica de la UE y las transiciones ecológica y digital, integrarse en el presupuesto de la UE a largo plazo y movilizar inversiones privadas”. Asimismo dejaron en claro que se “oponen con firmeza a cualquier intento de flexibilizar las normas sobre ayudas estatales sin ofrecer una solución europea a todos los Estados miembros que no cuentan con gran capacidad presupuestaria para financiar ayudas estatales masivas”.
En una declaración conjunta de la CES e IndustriAll Europe antes del Consejo Europeo de este mes, comunicaron que “los líderes europeos deben asegurarse de que los subsidios para la industria verde tengan compromisos sociales”.
Lynch dijo que si el Parlamento decide adoptar medidas para igualar a la IRA, “los subsidios por valor de miles de millones de euros deben venir con condiciones para garantizar que los beneficios se inviertan adecuadamente y se compartan con la fuerza laboral y no se desvíen simplemente a los bolsillos de los directores ejecutivos y accionistas.
Mientras que EEUU posee una política exterior atlantista y una política interior proteccionista, los países europeos sólo caminan hacia un mayor sometimiento, profundización de la dependencia de EEUU y fuerte desindustrialización que acarrea desempleo, empeoramiento de la calidad de vida y en especial derriba las potencialidades de constituirse como actor geopolítico o el desarrollo de una autonomía estratégica sólida. Aunque políticamente pueda despertar respuestas que busquen un mayor fortalecimiento de la unidad europea, existen varios factores y problemáticas al interior de la Comunidad no resueltas que, sumado a las múltiples crisis, principalmente la energética; los intereses geopolíticos particulares de cada uno; la dependencia y; la desindustrialización, parece poco probable que puedan encaminarse políticas hacia una autonomía real.
Constantini Micaela, periodista y parte del equipo de PIA Global.
Foto de portada: LIURUI para Global Times.
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