Rodeado de su gabinete de seguridad y por más de 70,000 elementos de la extinta Policía Federal y militares, la tarde del 30 de junio de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida a la Guardia Nacional. “No estaba en el centro el proteger a los mexicanos, el garantizar la seguridad pública. Por eso la creación de esta Guardia Nacional es algo muy trascendente, oportuno”, dijo.
Tres años después, esa corporación ha incrementado su fuerza en 68%, pero los resultados en seguridad no han llegado: antes de su inicio de operaciones, el promedio de homicidios dolosos en el país era de 83 cada día; 36 meses después ese delito se ubica en 100 asesinatos violentos cada 24 horas.
“A pesar de que se le ha invertido una gran cantidad de recursos a la Guardia Nacional, no es una policía eficiente. Un ejemplo: la Policía federal, con una tercera parte de los elementos que tiene la Guardia Nacional, hacía tres veces más detenciones que las que hace la Guardia Nacional, o si se quiere ver de otro modo, la Guardia Nacional, con tres veces el tamaño de la Policía Federal, hace una tercera de las detenciones que hacía la anterior policía”, explica Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad pública y autor del estudio «México: Seguridad, Violencia y Futuro en Crisis”.
El 30 de junio de 2019, la Guardia Nacional inició su despliegue con 70,000 elementos. El propósito de la corporación naciente sería cubrir 266 regiones con 150,000 efectivos. Hoy su fuerza operativa es de 118,188, de los que 92,403 están desplegados en todo el país.
Este despliegue de elementos ha sido cuestionado por expertos en seguridad y organizaciones de la sociedad civil, principalmente porque el envío de elementos a los estados no atiende o está relacionado con cifras de inseguridad; es decir, no se mandan más elementos a lugares con más violencia.
En los primeros seis meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando aún no se ponía en marcha la Guardia Nacional, la administración sumaba 17,678 homicidios dolosos (en promedio 83 por día). En los 36 meses de operación, este delito promedia las 100 muertes diarias, por lo que aún se mantiene el “pendiente resolver el grave problema de la inseguridad y de la violencia”, como lo dijo en su discurso el presidente aquel 30 de junio.
“La Guardia Nacional no va a tener nunca el número de elementos que se necesitan para combatir la inseguridad que hay en el país. Estar en el rincón de cada país, en cada municipio va a ser imposible.
«Para garantizarle la seguridad a la ciudadanía tendríamos que estar fortaleciendo a las policías estatales y municipales, sin embargo, muchos gobernadores han renunciado a esa atribución legal que tienen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica”, explica Genaro Ahumada, investigador de Causa en Común.
Aún con la Guardia Nacional desplegada por todo el país, los datos de violencia no han tenido una reducción. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros 42 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador suman 121,655 homicidios dolosos y feminicidios, cifra mayor a los 120,463 muertes violentas que ocurrieron durante el sexenio del panista Felipe Calderón. Esta administración se perfila a ser la más violenta de la historia de México.
Institución con millonarios recursos y en medio de la polémica
La Guardia Nacional ha sido una institución privilegiada en su presupuesto. En su primer año, adscrita a la Secretaría de la Seguridad Pública, tuvo recursos por 922 millones de pesos; en 2020 se le aprobaron 21,731 mdp; en 2021 fueron 35,671 mdp, y para este año su presupuesto alcanzó los 62,825 mdp.
Además de contar con mayores recursos que cualquier otra corporación encargada de combatir la violencia y la inseguridad, sin lograr resultados, otros dos aspectos que han generado críticas es la formación y procedencia militar de sus elementos, y el proceder de los mismos. Sobre esto último, el presidente los llamó a ser ejemplo de honradez:
“Que actúen con honradez, con honestidad, que piensen que es mejor, mucho mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra. Nosotros vamos a procurar que tengan buenos ingresos, que reciban salarios justos, con todas las prestaciones sociales, porque la tarea de ustedes es fundamental”, fue una de las tres peticiones que el presidente López Obrador hizo a los nuevos elementos de la corporación.
Sin embargo, algunos de sus integrantes han sido vinculados a miembros de crimen organizado, señalados de actos de corrupción y de violación a los derechos humanos.
Uno de los episodios más destacados fue la difusión de una fotografía en la que se veía convivir a elementos de la Guardia Nacional con integrantes de la familia Valencia Ávila, señalada por ser parte de una estructura de robo de combustible en el estado de Puebla.
En abril de este año, la corporación causó polémica e indignación luego de que uno de sus elementos disparó contra una camioneta en la que viajaban tres jóvenes, uno de ellos perdió la vida. Ángel Yael, un estudiante de la Universidad de Guanajuato.
Otro evento más ocurrió en noviembre de 2021, cuando elementos de la Guardia Nacional admitieron que dispararon contra un vehículo en el que viajaban migrantes, de los que uno de ellos murió y otros más resultaron heridos. Los hechos ocurrieron en el municipio de Huixtla, Chiapas.
Desde su creación, la GN se ha mantenido en el top ten de las instituciones con más violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, la Guardia Nacional suma 1,056 quejas, y se ha mantenido entre la quinta y séptima institución con más reclamaciones, entre ellas por casos de supuestas torturas, desapariciones forzadas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y detenciones arbitrarias.
¿Institución civil o militar?
Formalmente, la Guardia Nacional es un órgano civil que depende de la Secretaría de Seguridad, así fue creada y fue aprobada luego de que se ofreció que siempre estaría un mando civil al frente, pero ahora el presidente López Obrador ha adelantado que buscará adscribir a esa institución a la Secretaría de la Defensa Nacional para evitar que corra el mismo destino que la Policía Federal, porque a sus ojos, «se echó a perder».
“La Guardia Nacional no es lo que nos prometieron: nos prometieron una institución civil y es una institución militarizada. El presidente ha dicho que la manda a la Secretaría de la Defensa Nacional para que no se le descomponga porque la Policía federal está descompuesta, sin embargo, no hay evidencia de que la Policía Federal estuviera tan descompuesta (para desaparecerla), había corrupción, todas las policías del mundo la tienen”, afirma Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.
En las próximas semanas se espera que el presidente envíe la que será su tercera iniciativa de reforma constitucional de la 65 Legislatura, y es para adscribir de manera formal a la Guardia Nacional a la Sedena.
Los expertos consultados advierten que son varios los riesgos que se correrán si la Guardia Nacional forma de manera oficial parte de las Fuerzas Armadas.
“Yo veo más riesgos para la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional por el estilo de una institución militar que es de tipo jerárquico lineal, lo que hace que se centralice la corrupción en mucho poder”, advierte Miguel Garza, director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde).
El experto explica que a pesar de ser una institución nueva, sobre la Guardia Nacional ya hay varias acusaciones, entre ellas de corrupción.
“La corrupción no se ha terminado con la Guardia Nacional, ahora que están cambiando los policías federales por soldados para que se hagan cargo de carreteras ya empiezan a haber quejas de transportistas que acusan de ser extorsionados y a quejarse de procesos de corrupción que está llevando la Guardia Nacional en carreteras”, comenta.
Para que la Guardia Nacional no sea adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, con lo que se dé un paso más hacia la militarización, solo los partidos de oposición podrían frenarlo, pues al ser una reforma a la constitución se requiere de mayoría calificada, de la que hoy no cuentan Morena y sus aliados en ninguna de las Cámaras.
*Lidia Arista es periodista de Expansión.mx, donde fue publicado originalmente este artículo.
