Desde los cruces del Canal de la Mancha en Inglaterra y la repentina congelación del asilo en Grecia hasta los controles fronterizos de Schengen y la puesta en marcha de reformas en toda la UE, los últimos días han puesto de relieve un continente que se debate entre la complejidad.
El 9 de julio, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, avanzaron un acuerdo piloto de «una entrada, una salida» destinado a revertir los cruces en pateras por el Canal de la Mancha. Este modelo transfiere hasta 50 migrantes semanales del Reino Unido a Francia, devolviendo recíprocamente un número igual con motivos legítimos para permanecer en Gran Bretaña.
Sin embargo, el acuerdo es polémico: Italia, España, Grecia, Malta y Chipre advierten de que podría sobrecargar a los países de entrada. Macron hizo hincapié en una cooperación basada en la humanidad, la solidaridad y la equidad, señalando en cambio los «factores de atracción» británicos como parte del reto. Esta iniciativa refleja un pivote pragmático franco-británico -cambiar la retórica vacía por medidas piloto específicas-, aunque su impacto a largo plazo sigue siendo incierto.
Mientras tanto, Grecia ha declarado una suspensión de tres meses de la tramitación de solicitudes de asilo para las llegadas por mar procedentes del norte de África. Más de 7.300 migrantes han llegado a las costas griegas en lo que va de 2025, frente a los 5.000 de todo 2024.
El Ministro de Migración, Manos Logothetis, enmarcó el decreto como una dura medida disuasoria: «La gente de allí tiene que pensárselo dos veces antes de decidirse a pagar una gran suma de dinero para venir a nuestro país». Las cerca de 500 llegadas diarias a Creta provocaban un exceso de capacidad en los centros de acogida temporal. La moratoria encaja con las exigencias de la UE de condicionar el control migratorio a la cooperación con los Estados africanos de tránsito. Esta postura de línea dura tiene un coste político: las ONG de derechos humanos critican las restricciones al asilo por considerar que erosionan los valores y las normas jurídicas de la UE, aun reconociendo la desesperación de Grecia.
Al mismo tiempo, varios Estados de la UE están reintroduciendo controles fronterizos internos en virtud del Código de Fronteras Schengen para hacer frente a las «graves amenazas» que suponen las presiones migratorias y de seguridad. Polonia ha restablecido los controles en sus fronteras con Alemania y Lituania (del 7 de julio al 5 de agosto), alegando la afluencia de migrantes. Eslovenia, España, Italia y Austria mantienen actualmente controles fronterizos temporales por terrorismo, contrabando y «presión migratoria persistente». Bélgica anunció recientemente controles fronterizos de verano para detener a los solicitantes de asilo a los que se deniega la entrada en otros lugares.
Estas medidas, aunque temporales desde el punto de vista jurídico, ponen de manifiesto el creciente malestar con los ideales de libre circulación de Schengen. Los críticos advierten que podrían erosionar la unidad de la UE y excluir a los inmigrantes de forma arbitraria, sobre todo si se vinculan a cláusulas de «afluencia masiva» con definiciones vagas.
El endurecimiento de las políticas se extiende a la migración laboral y familiar: el Reino Unido está actualizando su lista de visados para trabajadores cualificados, eliminando muchas profesiones de cualificación media y poniendo fin a la contratación de cuidadores. Estas medidas reflejan un cambio: de la anterior apertura se ha pasado a la selección de inmigrantes considerados económicamente beneficiosos o políticamente útiles, al tiempo que se restringe la entrada de inmigrantes poco cualificados.
El 9 de julio, la Red Europea de Migración (REM) publicó su informe 2024. Entre los aspectos más destacados se encuentran: las solicitudes de asilo disminuyeron un 13% en la UE y Noruega, la adopción del Pacto sobre Migración y Asilo, con normas previstas para junio de 2026, el refuerzo del Código de Fronteras Schengen, la Directiva sobre el Permiso Único y las medidas contra la trata de seres humanos.
El nuevo Pacto de Migración y Asilo busca la eficiencia agilizando los procedimientos de asilo, normalizando la acogida y desplegando la «solidaridad obligatoria», que obliga a los Estados a acoger, reasentar o financiar a otros por cada inmigrante procesado. En general, aunque la alineación hacia un marco de migración de la UE es clara, los responsables políticos deben equilibrar la disuasión de la migración irregular con la salvaguarda de los derechos humanos.
Las reacciones violentas y populistas van en aumento: en Irlanda del Norte, una efigie de inmigrantes en una hoguera provocó la condena como «acto vil y deshumanizador». En Polonia, han surgido «patrullas ciudadanas» en la frontera alemana, con facciones de extrema derecha que presentan la inmigración como una invasión nacional. Los gobiernos populistas de Dinamarca y Bélgica están intensificando la vigilancia de las fronteras, aprovechando los temores de la población.
Mientras tanto, los dirigentes de la UE de Francia, Alemania, Grecia y otros países reafirman su apoyo al Pacto. Sin embargo, las fracturas internas -especialmente entre los Estados de la primera línea del sur- reflejan una distribución desigual de las cargas y los riesgos políticos.
El dilema migratorio de Europa tiene múltiples fisuras:
Política frente a capacidad: La congelación de Grecia refleja desesperación, pero empujar a los migrantes a la Europa continental redistribuye -no resuelve- la crisis.
Unidad frente a soberanía: Los controles de Schengen reflejan las prioridades nacionales por encima de la cohesión de la UE.
Eficiencia frente a derechos: El Pacto puede acelerar los retornos, pero sus ambiguas disposiciones corren el riesgo de eclipsar las garantías procesales.
Disuasión frente a desesperación: Medidas como «uno entra, uno sale» pueden desbaratar el contrabando, pero las vías legales de inmigración siguen siendo limitadas.
Los expertos sostienen que las verdaderas soluciones residen en la gestión de las causas profundas: reforzar las asociaciones regionales con países de África y Oriente Medio, ampliar los sistemas de integración y estabilizar las rutas de tránsito de los Balcanes y el Mediterráneo.
En julio de 2025, Europa se encuentra en una encrucijada. Se están reforzando las fronteras, endureciendo las políticas y aumentando la presión política. Sin embargo, sin una estrategia global -que incluya vías legales, asociaciones para el desarrollo y responsabilidad compartida-, el riesgo es un mosaico de vallas nacionales, la solidaridad de la UE se resquebraja y se repiten los fracasos humanitarios.
El próximo año será decisivo. Con la entrada en vigor del Pacto en 2026, los programas piloto del Canal de la Mancha y Schengen bajo presión, Europa tiene una oportunidad: llevar a cabo una reforma estructural o fragmentarse bajo presión.
*Kieran McGrath, periodista independiente, miembro del Consejo del Pacífico sobre Política Internacional, graduado de la Universidad de Washington.
artículo publicado originalmente en Oriental Review.
Foto de portada: Migrantes intentan abordar un barco de contrabandistas para cruzar el Canal de la Mancha frente a la playa de Hardelot en Neufchatel-Hardelot, el 30 de junio de 2025. ©AFP – Sameer Al-Doumy
