El 2 de febrero de 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía (EHRC) confirmó lo que todo el mundo sabía desde hacía meses: que el pasado diciembre, las fuerzas de seguridad del estado de Oromia mataron brutalmente a más de una docena de miembros del pueblo Karrayyu Gadaa. Después de la reunión de la comunidad de pastores para una oración estacional conocida como Kadhaa Waaqaa , las fuerzas especiales secuestraron a 39 civiles y luego ejecutaron a 14 de ellos.
A raíz de los asesinatos, los funcionarios del estado de Oromia culparon de la masacre al rebelde Ejército de Liberación de Oromo (OLA). Sin embargo, activistas, testigos presenciales y el sindicato Abba Gadaa señalaron con el dedo directamente al gobierno y las Fuerzas Especiales de Oromia (OSF), una unidad que ha sido acusada de brutalidad en el pasado. El opositor Frente de Liberación Oromo (OLF) calificó el incidente como “una masacre premeditada que fue perpetrada por la seguridad del gobierno del PP [Partido de la Prosperidad] y las fuerzas armadas para sofocar a los civiles a sangre fría”.
Este enero, dos altos cargos del propio PP en el poder culparon también a las fuerzas de seguridad de Oromia. El Ministro de Estado para la Paz, Taye Danda’a, y el diputado Hangasa Ibrahim fueron implacables en sus críticas. Acusaron efectivamente al presidente regional de Oromia, Shimeles Abdisa, de no ser apto para liderar en medio de una creciente corrupción e insurgencia. En febrero, la EHRC respaldada por el estado finalmente llegó a la misma conclusión sobre quién era el responsable.
Los impactantes asesinatos de Karrayyu en diciembre pasado se produjeron en medio de los temores del gobierno de un avance enemigo en Addis Abeba. En respuesta, los funcionarios pidieron a todos los etíopes sanos que se unieran a la lucha contra los rebeldes de Tigrayan y Oromo. Los líderes de Karrayyu se habían opuesto a este llamado, de acuerdo con su compromiso tradicional con la solución pacífica de disputas. Según los informes, dada su neutralidad, las autoridades de la capital temían que los insurgentes utilizaran la tierra de Karrayyu como ruta en su “marcha sobre Addis”.
Es en este contexto que las 14 personas fueron secuestradas y ejecutadas. Como miembro de Karrayyu, los conocía a todos. Uno era el líder más venerado, Abba Gadaa Kadiro Hawas Boru. Algunos eran vecinos y amigos de mis padres. Las víctimas más jóvenes eran personas con las que crecí. Jilo Borayu Hawas, quien inicialmente fue puesto en libertad pero re-detenido, torturado y cuyo cuerpo fue encontrado en un basurero el 10 de diciembre, era mi primo, mentor y amigo. Todos ellos eran muy respetados como nuestras bibliotecas vivas. Eran los custodios del conocimiento indígena de las instituciones de Gadaa y poseían una amplia experiencia sobre recursos como las plantas medicinales que se transmitían de generación en generación.
Amenazas a los Karrayyu
Los Karrayyu son una comunidad de 101.000 personas ferozmente independientes. En su mayoría viven en la parte superior del valle de Awash en la vasta región de Oromia, que tiene una población de alrededor de 40 millones. Karrayyu son pastores que crían camellos y ganado, y que han mantenido su forma de vida distintiva durante generaciones. Se encuentran entre los pocos grupos oromo restantes que todavía practican activamente Gadaa, un sistema sociopolítico que organiza la sociedad. Muchos también continúan practicando Waaqefanna, la religión indígena oromo.
Los Karrayyu han logrado mantener sus tradiciones a pesar de una larga historia de intentos de borrarlas y en medio de la incautación de sus tierras de pastoreo por parte de los sucesivos gobiernos. El régimen de Haile Selassie, por ejemplo, privó a Karrayyu de 90.000 hectáreas, incluidos sitios rituales y tumbas, cuando estableció la plantación de azúcar Matahara en la década de 1950 y luego el Parque Nacional Awash en la década de 1960. Desde entonces, los Karrayyu han perdido más del 60% de su territorio debido a la ocupación de colonos, proyectos de desarrollo e iniciativas de conservación que han bloqueado el acceso a las rutas de pastoreo y riego.
Estos programas han hecho poco para ayudar a los Karrayyu. Después de que los ancianos protestaron por la inauguración de la fábrica de azúcar de Matahara en 1972, Selassie prometió a la comunidad empleos, atención médica y servicios educativos, pero el compromiso nunca se cumplió. Mientras tanto, los proyectos comerciales importan en gran medida mano de obra de otros lugares, empleando a Karrayyu solo como guardias o trabajadores temporales. Dislocada sin compensación, la comunidad que alguna vez fue autosuficiente ahora sufre pobreza extrema e indigencia.
Estas dificultades se ven agravadas por la degradación ambiental. Antes de la llegada de Matahara Sugar Estate, por ejemplo, los Karrayyu usaban el lago Basaqa, un pequeño estanque creado por el agua de lluvia en la estación húmeda, para dar de beber a su ganado en la estación seca. Desde entonces, el lago se ha disparado de 3 km2 a 200 km2, destruyendo pastizales y empujando a los pastores hacia las montañas.
Los Karrayyu creen que el agua de drenaje y la filtración de los canales de riego han aumentado el nivel del lago y han afectado negativamente la dinámica del suelo y las aguas subterráneas. También alegan que las descargas tóxicas de la fábrica de azúcar han contaminado las aguas, haciéndolas inseguras para el consumo. Los lugareños sufren dolencias poco comunes y los niños han nacido con anomalías.
Los ancianos de Karrayyu han suplicado a los gobiernos posteriores, incluido el del primer ministro Abiy Ahmed, que mitiguen la expansión del lago Basaqa. Han escuchado poca respuesta, lo que interpretan como un desprecio alarmante por su supervivencia.
La creciente escasez de tierras de pastoreo y agua ha llevado a una competencia creciente, ya veces violenta, entre los grupos de pastores. Mi hermano mayor, Jilo Bulga, murió en la sangrienta lucha entre Afar y Karrayyu. Mi primo, Roba Jilo, murió cuando los atacantes asaltaron sus vacas y cabras. Este bien podría haber sido mi destino también si no hubiera escapado de un matrimonio concertado en 2001 y seguido la educación sobre el estilo de vida pastoril, como se documenta en una película galardonada.
En los últimos dos años, las milicias y las fuerzas especiales de la vecina región de Amhara también han invadido más profundamente nuestra tierra ancestral, erigiendo carteles, construyendo iglesias y arrasando las aldeas de Karrayyu. Incluso colocaron una valla publicitaria (imagen de arriba) que dice «Bienvenido a la región de Amhara» a 45 km del territorio de Karrayyu y a solo 23 km del corazón de la tierra de Karrayyu en la ciudad de Matahara. Esto está lejos del límite legal. Después de que los lugareños derribaran repetidamente la demarcación ilegal, se desplegó policía federal para protegerla, lo que indica el apoyo del gobierno federal al expansionismo de Amhara.
Se cree que los Amhara ven una oportunidad económica y una ventaja estratégica a largo plazo en apoderarse de esta tierra. Ubicada a lo largo de un concurrido corredor de tránsito que conecta Etiopía y Yibuti, esta carretera crítica y la línea ferroviaria Ethio-Djibouti manejan la mayoría de la carga para la Etiopía sin salida al mar.
¿Reconciliación o anarquía?
A pesar de todas estas amenazas, los karrayyu han logrado mantener su forma de vida, basada en los principios democráticos ampliamente reverenciados de Gadaa. Nuestros líderes asesinados recientemente habían resistido presiones económicas, territoriales y políticas. Habían acumulado un enorme conocimiento tradicional y gozaban del respeto no solo de los karrayyu sino también de la población oromo en general. Y, sin embargo, fueron identificados para ser ejecutados por las fuerzas armadas siguiendo órdenes de funcionarios del PP.
La atención que se presta a Etiopía se centra en gran medida en la región de Tigray, donde continúa la guerra. Sin embargo, si los espectadores se alejaran, verían la anarquía, los abusos de los derechos humanos y las tragedias humanitarias mucho más allá de esa región del norte. Verían la difícil situación de los Karrayyu, pero también la de muchas otras comunidades indígenas que carecen de voces organizadas y de las que los medios de comunicación o los grupos de defensa rara vez hablan. Los informes de brutalidad en muchas partes de Etiopía, en particular el centro y el sur, a menudo no se publican debido a los cortes de comunicación y las restricciones de viaje.
Para Karrayyu, el hallazgo de la EHRC sobre los trágicos asesinatos de diciembre brinda la oportunidad de iniciar una conversación honesta sobre la calamidad más grande en Oromia. La comunidad internacional y las voces en Addis Abeba deben pedir una investigación independiente y justicia para los asesinados. Esto podría generar investigaciones sobre violaciones similares en otros lugares.
Si las autoridades de Etiopía y Oromia se disculpan oficialmente, pagan una restitución y responsabilizan a los perpetradores, podrían abrir la puerta a la reconciliación con los Karrayyuu. Si no se aborda, el ataque injustificado y la falta de justicia son un mal augurio para el futuro de Etiopía y la región.
*Roba Bulga Jilo es defensora de los derechos de los pueblos indígenas y becaria de desarrollo internacional y política ambiental en la Escuela Fletcher de la Universidad de Tufts.
Artículo publicado en Argumentos Africanos editado por el equipo de PIA Global
