En 2022 se deterioró gravemente la relación entre RDC y Rwanda como consecuencia de los choques esporádicos entre los cuerpos de seguridad de ambos países en la zona fronteriza y de las acusaciones hacia Rwanda –constatadas y evidenciadas por Naciones Unidas– de apoyar militarmente y logísticamente la ofensiva del grupo armado Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte. Las diferentes iniciativas diplomáticas regionales, como el proceso de Luanda encabezado por Angola bajo el mandato de la UA, así como los ofrecimientos de mediación de países como Qatar y EEUU, han fracasado hasta el momento de cara a revertir la situación. A mediados de abril de 2023, el presidente ruandés Paul Kagame atizó el fuego culpando de la crisis del M23 a la delimitación de la frontera de la era colonial, afirmando que “una gran parte de Rwanda quedó fuera, en el este de RDC y el suroeste de Uganda”; dándole una nueva dimensión al conflicto. Kagame también defendió a los rebeldes del M23 afirmando que se les niegan sus derechos en RDC remarcando que “el problema de RDC, el problema regional o el problema de Rwanda no es el M23”. En respuesta, Kinshasa denunció estas declaraciones como una nueva provocación por parte de Rwanda y responsabilizó a Kagame de todos los problemas en el este del país durante los últimos 20 años. La retórica de acusaciones e incidentes sobre el terreno han situado la tensión entre ambos países al borde de un conflicto armado de peligrosas consecuencias regionales.
Raíces del conflicto
Aunque la apelación de Paul Kagame en torno a la delimitación fronteriza realizada en la era colonial podría contribuir a dibujar los orígenes del conflicto que padece la región –como tantas otras consecuencias derivadas del colonialismo que siguen todavía abiertas y forman parte de la génesis de éste y otros conflictos en el continente– el pasado reciente contribuye notablemente a situar las tensas relaciones entre RDC y Rwanda. A principios de los noventa, el mariscal zaireño Mobutu Sese Seko apoyó al régimen ruandés de Juvenal Habyarimana para frenar la ofensiva del Rwandan Patriotic Front (RPF), insurgencia liderada por Paul Kagame, que tras el genocidio de 1994 consiguió derrocar y expulsar al régimen responsable de este y tomar el poder en Rwanda. A partir de entonces se sucedieron la primera y la segunda guerra del Congo, que acabaron con la firma de diversos acuerdos de paz y la retirada de las tropas extranjeras del país entre 2002 y 2003, principalmente de Rwanda. Éstas justificaban su presencia por la existencia de grupos insurgentes nacionales en territorio congolés a los que pretendían eliminar, ante la ausencia de voluntad de las Fuerzas Armadas congolesas para desarticularlos, mientras ejercían el control y la expoliación de los recursos naturales del este del país directamente o a través de grupos armados tutelados por estos, en especial Rwanda. La existencia de grupos insurgentes enemigos de Rwanda, Uganda y Burundi, la permanencia de las causas de fondo del conflicto en RDC en sus múltiples niveles y la fallida implementación de los acuerdos para desmovilizar estos grupos provocó el surgimiento en 2012 del M23, apoyado por Rwanda. A pesar de la firma de un nuevo acuerdo de paz en diciembre de 2013, en 2021 el grupo volvió a reorganizarse con el apoyo ruandés.
Uganda.
Orígenes del M23
El 4 de abril de 2012, el grupo armado M23 (denominación que hace alusión al día de la firma de un acuerdo de paz tres años antes, el 23 de marzo de 2009, entre el Gobierno congolés y el Congrés National pour la Défense du Peuple, liderado por Bosco Ntaganda, cargo que había arrebatado al general Laurent Nkunda) se rebeló contra el Gobierno congolés aseverando el incumplimiento del acuerdo de paz del 23 de marzo de 2009. Nkunda, quien había sido un oficial en el grupo armado RCD-Goma –grupo armado “proxy” de Rwanda en la segunda guerra del Congo (1998-2003)–, oficialmente sigue en arresto domiciliario en la localidad ruandesa de Gisenyi. El 20 de noviembre de 2012, el M23 entró en las calles de Goma, capital de Kivu Norte, tras la deshonrosa retirada de las tropas congolesas de la ciudad y ante la mirada impasible de los cascos azules de la ONU, dejando grabada la fecha en el imaginario colectivo congolés. El pillaje, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y otros crímenes de guerra fueron su carta de presentación. En 2013 RDC y Rwanda alcanzaron un acuerdo de paz según el cual el M23 debía ser desarticulado. Sin embargo, a finales de 2021 este grupo retomó sus actividades con el apoyo de Rwanda y desde entonces ha sembrado nuevamente el pánico en territorio congolés y ha amenazado nuevamente con plantarse en el corazón de la capital.
Todos estos líderes insurgentes apoyados por Rwanda formaban parte de la comunidad tutsi banyamulenge, hermana de la comunidad tutsi que habita en Rwanda y que fue masacrada en el genocidio de 1994. Entre otros muchos factores, en la pervivencia de esta insurgencia conviven argumentos como el miedo, la protección de su propia comunidad, la explotación del territorio congolés y sus recursos, la ausencia de otras perspectivas de futuro y sustento ante una fracasada reforma del sector de la seguridad, su instrumentalización como actor proxy de Rwanda dentro de territorio congolés. Otra cuestión a tener en cuenta es la venganza y persecución de las Forces Démocratiques de Libération du Ruanda (FDLR), movimiento político-militar que ha pretendido un cambio político en Rwanda por la fuerza y heredero de aquellos que cometieron el genocidio de 1994, cuya eliminación es un leit motiv para Rwanda y para esta serie de grupos armados y escisiones, y sirve como argumento permanente para justificar que Rwanda actúe con total impunidad financiando, armando y atacando el territorio congolés. La inacción de la comunidad internacional para frenar el genocidio de 1994 llevó a esta a apoyar al nuevo régimen ruandés surgido tras el genocidio y a convertirlo en su aliado privilegiado en la inestable región. Este apoyo político internacional y el compromiso de Rwanda en la promoción de la paz y la seguridad en el continente, participando activamente en misiones de la ONU y bilaterales –como en el norte de Mozambique– le han granjeado un áurea de respetabilidad y de compromiso con la construcción de la paz que le ha blindado de las críticas relativas al autoritarismo del régimen ruandés, caracterizado por restringir el espacio político y la libertad de expresión y silenciar la disidencia política. También la ha blindado de las críticas relativas a la injerencia de Rwanda en los asuntos internos congoleses. Rwanda, a pesar de haber sido señalada por la ONU desde 2001 hasta en su último informe interno filtrado en agosto y por el Grupo de Expertos en diciembre de 2022 por participar directa o indirectamente en la expoliación de los recursos naturales de forma sistemática y sistémica y de armar y organizar rebeliones para proteger a la comunidad banyamulenge y a sus intereses en los Kivus, y aunque ha recibido numerosas críticas, sigue sin ser sancionada por la ONU y el resto de actores de la comunidad internacional. Sin embargo, todos estos elementos también ponen de manifiesto que el conflicto no es simplemente una agresión externa de Rwanda sobre RDC, como ha intentado remarcar el presidente congolés en múltiples ocasiones.
Conclusiones
Es imprescindible un análisis por parte de los actores clave que pueden influir en ambos países que sea más exhaustivo, incluya otras dimensiones desde una mirada multicausal y multinivel, y vaya más allá de reducir el conflicto a una mera confrontación étnica o a la explotación de los recursos como medio y fin para financiar la guerra y que cuya resolución se traduzca únicamente en desarticular a los grupos armados o conseguir ceses de hostilidades, amén de los múltiples procesos de DDR con los actores armados. Es imprescindible entender las raíces históricas y culturales de los pueblos de la región; el expolio continuado y la injusticia social vivida desde la opresión colonial y postcolonial; los agravios de la población local frente a las poblaciones sobrevenidas; la instrumentalización de las diferencias étnicas por parte de Mobutu y posteriormente por Kabila padre e hijo; la presión y la competencia sobre la propiedad de la tierra; los legítimos retos de seguridad de los países vecinos, en especial Rwanda frente al gigante congolés; la creciente presencia postcolonial anglófona y china frente a la progresiva marginalidad francófona; las dinámicas regionales e internacionales vinculadas no solo a la explotación de los recursos naturales sino también a dinámicas geopolíticas donde Rwanda y otros países de la región juegan un papel fundamental, en un mundo globalizado en el que las grandes potencias como EEUU y China compiten para ampliar sus áreas de influencia. Un mundo globalizado que ha ratificado la receta del modelo de Estado liberal para solucionar los problemas de la RDC, pero que no los ha resuelto, como se evidencia nuevamente con esta enésima escalada de la violencia. Las intervenciones locales y de la comunidad internacional para resolver el conflicto no afrontan las causas de fondo que dieron origen a la guerra y a la inestabilidad que arrastra la región como consecuencia de un análisis no enfocado hacia las raíces del conflicto que enfrenta a ambos países, así como tampoco por parte de los actores internacionales –ONU, China, EEUU y UE, principalmente– que tienen capacidad real de presión sobre ambos países de cara a frenar esta peligrosa escalada de la tensión.
Josep María Royo Aspas es politólogo y analista en conflictos y construcción de paz, especializado en África Subsahariana.
Artículo publicado originalmente en Africaye
Foto de portada: mapa de la región de Grandes Lagos
