Como suele ser habitual, un fuerte movimiento social recorre Francia, liderado por las organizaciones sindicales que se oponen desde hace mes y medio a la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron y su primera ministra Élizabeth Borne. Apoyándose en una unidad excepcional en el fragmentado panorama sindical francés – con ocho organizaciones representativas a nivel nacional–, los cuatro días de acción desde el 19 de enero han provocado huelgas en el sector público y en muchas empresas privadas.
Las protestas de enero congregaron las mayores manifestaciones del país en décadas, especialmente el 31 de enero en el que los sindicatos dijeron movilizar a 2,8 millones de manifestantes, 1,3 millones según la policía. Mañana, 7 de marzo, volverán a medir sus fuerzas en una nueva jornada de huelga general, convocatoria de carácter reconductible al menos en la energía y los transportes ferroviarios, lo que puede alargar el movimiento social durante aún varias semanas, a la espera de los cientos de asambleas que se celebrarán durante la jornada de movilización y que votarán sobre la continuidad de la huelga.
Atraso de la edad de jubilación
Con esta contra-reforma del sistema de pensiones, el Gobierno macronista pretende subir la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y aumentar también de 42 a 43 el número de años de trabajo necesario para jubilarse, ahondando en las reformas de 2010 y, también, en la de 2013 de la ministra “socialista” Marisol Touraine, que apoyó al liberal Emmanuel Macron en su campaña. Para las personas que no tienen el número suficiente de años trabajados, la edad límite para jubilarse seguiría siendo de 67 años.
El objetivo común de todas las organizaciones sindicales, incluso de las más moderadas como la CFDT (Confédération Française Démocratique du Travail), es la retirada de esta reforma o, por lo menos, retirar el retraso de 62 a 64 años de la edad mínima para jubilarse. El conflicto se ha cristalizado en torno a esta medida que Borne ha cualificado de “ya no negociable”. El programa presidencial de Emmanuel Macron pretendía llegar a los 65 años, pero se ha bajado a 64 en el proyecto de ley para satisfacer a los diputados rurales de la derecha.
Este ‘movimiento social’, como se conoce en Francia a las dinámicas sostenidas de huelga general, se inserta en un largo ciclo de lucha. Primero, el movimiento contra de la ley trabajo de 2016, cuando las manifestaciones se abrían por inmensas “columnas de cabeza” y black blocs organizados por el movimiento autónomo, así como las grandes asambleas ciudadanas permanentes de “Nuit debout” aquel mismo año, a lo que siguió el movimiento auto-organizado de los Chalecos amarillos entre 2018 y 2020, que ocuparon rotondas durante meses y participaban cada sábado en manifestaciones espontáneas muy conflictivas. La actual oposición a la reforma de las pensiones marca el retorno a primera línea de combate de un movimiento social liderado por los sindicatos.
La nueva unidad sindical ha renovado los compromisos entre las diferentes organizaciones sobre los modos de acción, tal como llamar a una manifestación un sábado, el 11 de febrero, para que más personas precarizadas puedan participar, pero sin que los sindicatos de los ferrocarriles llamaran a la huelga este día porque correspondía también al principio de las vacaciones escolares de invierno en un tercio del país.
Ciudades pequeñas movilizadas
Otra característica del movimiento actual son las manifestaciones enormes en las ciudades pequeñas o medias, elemento que preocupa el Gobierno pero también a los diputados de la derecha tradicional elegidos por zonas rurales, cuyo apoyo será necesario para que se vote la reforma, actualmente revisada en el Senado.
¿Quizás el movimiento de los Chalecos amarillos, que ha aumentado la politización de los habitantes de estas zonas, sea uno de los factores explicativos de estas fuertes movilizaciones? Otro aspecto a destacar es la composición social de estas ciudades, dónde la proporción de personas con niveles de cualificación bajos o medios es importante, y en general se ven más afectadas por la reforma de las pensiones que las que cuentan con un nivel de estudios más alto.
Hay que recordar también que los sindicatos, a pesar de su debilitamiento durante las últimas décadas, siguen contando con niveles importantes de afiliación, repartidos además por todo el territorio. Los más grandes, la CFDT y la CGT (Confédération Générale du Travail), siguen reportando cada uno más de 600.000 personas afiliadas, y FO (Force Ouvrière) aún 500.000. Siendo unos niveles de afiliación bajos en perspectiva europea, son muchísimo más importantes que los que cuentan los partidos políticos.
Esta reforma de las pensiones puede también constituir la gota que colma el vaso para poblaciones que se ven ya abandonadas por los servicios públicos. El 31 de enero, según la policía, 7.000 manifestantes caminaron en las calles de Alès (una ciudad de 35.000 habitantes en Occitania), 8.500 en Angoulême (41.000 habitantes, en Nueva Aquitania) y 11.000 en Châteauroux (43.000 habitantes, en la región Centro-Val de Loira).
Así que en lugar de desfilar en París, los lideres sindicales nacionales eligieron participar el 11 de febrero en la manifestación en Albi (Occitania), el país del lider histórico del socialismo francés Jean Jaurès, para apoyar esta dinámica, organizando una manifestación que ha reunido más de 15.000 personas en esta ciudad de 49.000 habitantes.
Francia contra esta reforma de las pensiones
Parece que la batalla de la opinión la han ganado, definitivamente, los opositores a la reforma. Según el barómetro Odoxa-Mascaret publicado a finales de febrero, realizado para la cadena de televisión Public Sénat y 20 ediciones de la prensa regional, el 66% de la población francesa se opone a esta reforma de la jubilación y el 61% apoya el movimiento de huelga previsto para el 7 de marzo. La oposición al retraso de la edad mínima de jubilación a 64 años alcanzaba incluso hasta el 93% de los trabajadores del país según un sondeo de liberal Institut Montaigne realizado sobre 5.001 activos en empleo y publicado el 12 de enero. Diversos elementos pueden explicar estos resultados. Lo primero es obviamente la unidad sindical que les ha permitido hablar con una voz fuerte y clara, y dar confianza a los trabajadores y las trabajadoras.
Además, el Gobierno ha tenido dificultades para justificar su reforma, tanto en el plano de la equidad como sobre la necesidad de la misma. En diciembre y enero, diferentes ministros salieron a defender la reforma como medida de justicia, dando entonces a entender que habría una pensión mínima de 1.200 € al mes para cada pensionista. Poco después, el diario Médiapart denunciaba la ausencia de esta medida en el proyecto de ley.
Cuando el economista especialista de la protección social Mickaël Zemmour (no confundir con el polemista y político de extrema-derecha Éric Zemmour) mostró la falsedad de esta afirmación a una hora de máxima audiencia en la radio pública France Inter, la presentadora Léa Salamé se mostró desestabilizada y la mentira del Gobierno estalló en la arena mediática.
En realidad, solo existía en el proyecto de ley un mecanismo de revalorización de las pequeñas pensiones que, en algunos casos, podía llegar a alcanzar un aumento de 100 euros. Cuestionado sin descanso por parte de los periodistas y de los diputados de la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale (NUPES, la coalición de las izquierdas) el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, tuvo que reconocer el 28 de febrero que solo de 10.000 a 20.000 personas, sobre las 800.000 nuevas personas jubiladas cada año, verían su pensión llegar a 1.200 euros brutos por mes gracias a la reforma.
Esta secuencia, con episodios dignos de una serie televisiva, ha terminado con el supuesto carácter justo de la reforma y, más allá de revelar las imprecisiones y mentiras del Gobierno, lleva incluso a preguntarse si los propios ministros entienden los detalles técnicos de la ley que pretenden aprobar.
Justa no, ¿pero necesaria?
Entonces, las justificaciones de la reforma por parte del Gobierno han ido cambiado con el tiempo y la que era su reforma justa ha virado en boca de los gobernantes a una reforma estrictamente necesaria. Se trataría de “salvar” el sistema de pensiones por reparto – mientras esta nueva reforma abrirá un poco más este nuevo “mercado” a sistemas privados e individualizados de pensiones por capitalización. Según las previsiones del Gobierno, faltarían dentro de unos años 12.000 millones anuales para equilibrar las cajas de pensiones.
Pero resulta difícil hacer entender a los trabajadores y trabajadoras que no se sabe dónde encontrar estos 12.000 millones cuando las reducciones de cotizaciones sociales e impuestos a las grandes empresas, como los beneficios de las mismas y los dividendos pagados a los accionistas, llegan a niveles insólitos. El propio Conseil d’orientation des retraites (Consejo de orientación de las Pensiones) ha negado que el régimen de jubilación esté en riesgo. Sin hablar de los escenarios demográficos cuestionables en los que se apoya el proyecto de reforma, puestos en duda por el famoso demógrafo Hervé Le Bras, entre otros.
Más bien, parece que la motivación profunda del Gobierno para llevar a cabo esta reforma fuera la de ahorrar en pensiones para obtener cierto margen de maniobra presupuestario frente a las exigencias de la Unión Europea. Emmanuel Macron pretende, además, jactarse de haber llevado a cabo “la madre de las reformas” contra un pueblo galo refractario a cualquier tipo de recorte en su nivel de bienestar.
En este punto del debate sobre la reforma de las pensiones, la cuestión se presenta como un conflicto sobre el reparto de las riquezas producidas. La dirección marcada es inequívoca, la reforma actualmente propuesta impactará más las personas con niveles bajos o medios de cualificación que a las de niveles altos de formación, sin tampoco corregir las agudas desigualdades en las condiciones de trabajo entre clases y sexos.
Aprobación con trampas
En vez de aprobar esta reforma mediante un proyecto de ley al uso, el Gobierno ha decidido tramitarla como ley rectificativa de la financiación de la Seguridad Social, lo que da ciertas ventajas para su aprobación. Esa maniobra agresiva del ejecutivo pone en cuestión las competencias de la representación política, ya que impone tiempos muy reducidos y acelerados para los debates en las cámaras legislativas, además de dar la posibilidad de utilizar el articulo 49.3 de la Constitución francesa de 1958, es decir la adopción de la ley sin voto. Este camino torticero no acorde al calado de la pretendida reforma del sistema de pensiones, otorga también la posibilidad, si los debates en las cámaras llegan a durar 50 días, de llevar a cabo la reforma vía decreto-ley.
No se espera que el Gobierno llege a ese extremo, porque puede contar con el apoyo de la derecha tradicional de Les Républicains (LR), que proveerían a Macron de una mayoría absoluta de la que carece en la Asamblea nacional. Además, esta derecha tradicional es mayoritaria en el Senado, donde se está ahora mismo revisando el proyecto de ley hasta el 12 de marzo.
Frente a esta tramitación forzada por parte del Gobierno, los partidos de izquierdas agrupados en la NUPES no han adoptado una estrategia parlamentaria común. Mientras que los socialistas, los comunistas y los verdes se oponían con fuerza a la mayoría macronista y derechista pero sin bloquear el proceso parlamentario, para llegar a discutir el artículo sobre el retraso de la edad mínima para jubilarse, como lo pedían las grandes centrales sindicales, La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon respondía a la estrategia del Gobierno con una obstrucción parlamentaria, presentando miles y miles de enmiendas y bloqueando así el estudio del texto, monopolizando la palabra en el hemiciclo mientras el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, se entregaba con esmero a la realización de crucigramas.
Por su lado, si el Rassemblement Nacional de Marine Le Pen está formalmente en contra de esta reforma de la jubilación, se implica poco en esta batalla parlamentaria. Pero se puede temer que, al fin y al cabo, saliera aún más reforzada de esta secuencia. En efecto, la adopción de la reforma en contra de una mayoría muy significativa del pueblo y a pesar de uno de los movimientos sociales más masivos de las últimas décadas constituiría una negación de la democracia social por parte del presidente que podría debilitar aún más las instituciones sociales representativas. En este sentido, el Secretario General de la CFDT, Laurent Berger comentaba en la radio Europe 1 el 20 de febrero : “Marine Le Pen se esconde, no cuenta con muchas convicciones en materia de pensiones, pero aún así se beneficia de la movilización, lo que supone un problema para el resto”.
Los escasos 20 días a los que se ha limitado el procedimiento acelerado para estudiar el texto terminaron el 17 de febrero, con una Asamblea Nacional al borde del colapso nervioso. El Ministro Dussopt gritando a la bancada insumisa, con voz ronca, “ustedes llevan quince días insultándome, ahora vayanse, nadie ha tenido un ataque de nervios”, mientras que los insumisos cantaban el himno de los Chalecos amarillos, y los macronistas, con la derecha y la extrema-derecha, el himno nacional. La ley pasará seguramente su trámite en el Senado, si la movilización social no lo impide con la nueva jornada de huelga general que se celebra mañana. Francia tiene una fuerte capacidad de parar reformas legislativas desde las calles, donde se ha fraguado la idea misma de democracia que impera en el país.
*Jon Bernat Zubiri Rey, Catedrático de Economía de las Relaciones Laborales en la EHU de Bilbao.
**Régis Arriet, periodista.
Artículo publicado originalmente en El Salto.
Foto de portada: Jóvenes en la manifestación de la huelga general del 31 de enero portan una pancarta: “En huelga para no morir trabajando”. JULIEN H.
