La obsesiva sed de control total es tan enfermiza que amenaza en más de un caso la vida de sus propios aliados. Ahí está, como muestra, el cadáver torturado de Alejandro Muyshondt, o el “convenientemente accidentado” helicóptero en Pasaquina, que dejó un reguero de cadáveres, incluyendo figuras claves del estado mayor policial y a uno de los financistas de la campaña del bukelismo para su asalto al poder, que ya no pudo revelar lo que amenazaba denunciar, al ser detenido y aparentemente torturado, según investigaciones periodísticas recientes[1].
La transición hacia una dictadura tiránica.
En su torpeza, el represivo gobierno salvadoreño parece olvidar, o querer olvidar, que la lucha por la tierra fue siempre un elemento central del conflicto social, y en épocas pasadas se transformó rápidamente en el terror de la oligarquía.
Como la lava dormida en la sima de los volcanes, el conflicto social vuelve hoy a asomar en El Salvador; despierta de un largo sueño al calor de la interminable lista de injusticias y despojo de las mejores tierras a humildes familias campesinas, para disfrute y explotación de una nueva burguesía, tan brutal y salvaje como la vieja oligarquía, siempre asociada a los intereses del poder.
Existen al menos una veintena de casos de comunidades que han sufrido el despojo de sus tierras, o que se encuentran amenazadas de sufrirlo, a manos del Estado o de intereses corporativos empresariales asociados al poder.
Poco a poco, la dictadura iniciada en el primer periodo del bukelato ha ido transitando hacia un proceso tiránico. Es importante señalar conceptualmente esta definición, porque no se trata de adjetivar a la ligera al régimen, sino de intentar definirlo adecuadamente para poder combatirlo eficazmente.
Entre los argumentos que sostienen la idea de una deriva tiránica de la dictadura bukeleana podemos mencionar:
- Concentración extrema de poder (controla los tres poderes del Estado tras la purga de magistrados de la Corte Suprema en 2021 -declarada inconstitucional por la propia Corte-, y una Asamblea Legislativa sometida, que aprobó medidas como el estado de excepción indefinido desde 2022, o las reformas legales para permitir su reelección (2024), pese a la prohibición constitucional.
- Erosión de contrapesos democráticos (que implicó la persecución judicial a periodistas, militantes de izquierda, ciudadanos opositores, y organizaciones civiles, incluyendo acusaciones de «terrorismo» o «corrupción» contra críticos).
- Cierre de espacios de disidencia mediante leyes ambiguas como la presentada contra «fake news» o «apología de la violencia» (auténtica «ley mordaza», finalmente revertida ante presiones nacionales e internacionales)
- Represión sistemática y arbitrariedad, que a estas alturas cuenta más de 87,000 detenciones bajo el estado de excepción, con denuncias de torturas, unas 400 muertes en cárceles (incluidas mujeres e infantes), detenciones sin pruebas, limitaciones severas al derecho de defensa, y eliminación de hecho de la presunción de inocencia.
- Uso de ejército y policía para intimidar a la población, incluso en actos simbólicos como ingresar tropas al parlamento en 2020, o la reciente represión de manifestaciones pacíficas con el uso de la policía militar.
- Finalmente, otro elemento que permite con rigor hablar de un régimen tiránico es el indiscutible culto al líder, fomentado desde lo más alto del poder, con propaganda estatal que glorifica al autócrata como «salvador de El Salvador,” asociando su figura a la reducción de la violencia de pandillas (aunque para ello, como se sabe, hayan utilizado oscuros pactos secretos con criminales).
Frente a esto, la dictadura pretende legitimar sus actos en base a una supuesta popularidad, en todo caso dilapidada a lo largo de este año, según señalan de manera consistente diversas encuestas. Y es que, en cada momento crítico, las decisiones políticas se inclinaron al autoritarismo, la arrogancia, la confrontación, la violencia y la provocación, para favorecer a los círculos de poder en detrimento de las mayorías populares.
En ocasiones, se prefiere definir una tiranía en función de la represión contra el pueblo o del número de masacres en contra de su propia ciudadanía. Es desde esta perspectiva que afirmamos que la dictadura está transitando hacia una deriva tiránica.
No ha llegado aún a madurar como régimen tiránico, pero parece haber pocas dudas que ha elegido el camino de la represión, la brutalidad y el encapsulamiento en su propia realidad. Ha comenzado también a aislarse internacionalmente ante el creciente criticismo mundial por los abusos e irrespeto de leyes nacionales e internacionales. Empieza a dar palos de ciego. No le está sentando bien al bukelato haberse convertido en el perrito faldero del trumpismo.
Una popularidad artificialmente exagerada que se desploma sin remedio
Durante años, al régimen le bastaba recurrir a una popularidad, real pero históricamente exagerada por un aparato de propaganda que resultó instrumental en la manipulación de datos, incluso en resultados electorales, y sobre todo en las profundas asimetrías registradas entre las posibilidades de la oposición y el oficialismo para competir en condiciones justas en cualquier proceso electoral.
Esa realidad también está cambiando desde la usurpación del poder el 1 de junio de 2024. Junto con la resistencia popular, la movilización en las calles, y los inevitables conflictos sociales generados por cada ofensiva del régimen sobre más y más sectores populares afectados, se aprecia un incremento del número de manifestaciones y reclamos, mayor activismo en todos los aspectos, provocando reacciones defensivas de un régimen que muestra la debilidad de sus cimientos.
Se debe registrar la presencia de una izquierda con más voz, más potente y presente, gracias a una nueva conducción del FMLN, más inclinado hoy a la denuncia, al debate y a la movilización en las calles, que regresa a sus orígenes acompañando las luchas del pueblo.
A nivel internacional, es digno de mencionar el efecto revelador que están teniendo los medios de prensa, nacionales y extranjeros, perseguidos y acosados por el bukelato, que han sabido difundir aspectos claves del carácter de la dictadura, sus actitudes mafiosas, sus métodos neofascistas, y sus mentiras.
Sin duda, los excesos del régimen, la violación masiva de DDHH y la transformación del país en una colonia penitenciaria al servicio del gobierno de Donald Trump, terminó de hundir la imagen “moderna y cool” que el dictador pretendía proyectar.
Hace una semana señalamos algunos estudios de opinión que registraban un notable descenso de la popularidad del dictador y de su gobierno. Aquellos datos solo llegaban hasta febrero de este año. Recientes informaciones no hacen más que confirmarlos y marcar la profundización de la tendencia a la caída en popularidad.
La más reciente encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública (COP) del mes de abril 2025 pone en perspectiva el rumbo que lleva El Salvador. Ante la pregunta, ¿cuál es el principal problema que observa a nivel personal?, un 58% menciona aspectos económicos. La corrupción del Gobierno ya aparece en segunda posición con 17%.
Al consultar acerca de quién observa como responsable del problema citado anteriormente, por primera vez aparece Nayib Bukele en primera posición, con un 39% de menciones; en conjunto, un 69% vincula a la actual administración en general como responsable.
En el último año la imagen presidencial cayó 20 puntos de acuerdo a la medición, ya que para abril el 55% de encuestados calificó como positiva la labor del mandatario, frente al 44% que la consideró negativa, muy distante del 79% de percepción positiva registrada en marzo de 2024. La evaluación del gobierno central reflejó por primera vez un porcentaje mayor negativo (51%) que positivo (46%).
Destaca también la mala imagen de la Asamblea Legislativa (59% negativa frente a 34% positiva), dominada por el oficialismo de forma abrumadora. La calificación de su presidente, Ernesto Castro, registra una percepción negativa del 69%, frente a un 29% de imagen positiva.
El rechazo a la minería metálica (68%) y al uso del CECOT (el 63% rechazó la aceptación de deportados en el CECOT), resultan elocuentes.
Estos datos explican en parte las torpes y desesperadas reacciones de los últimos días, mandando reprimir con lujo de violencia a mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores de una cooperativa campesina, provenientes de una región que siempre le había sido fiel al bukelismo, pero que hoy, ante una injusticia esperaban de aquella figura mesiánica el favor de la resolución del problema.
Lo que recibieron fueron garrotazos, gas pimienta, persecución, amedrentamiento y encarcelamiento de líderes. Muy tarde recurrió el dictador a enviar una funcionaria a comprometerse para resolver el conflicto y evitar la orden de desalojo. Como buscaba culpables cargó contra gobiernos anteriores, las ONG y la cooperación internacional, retomando un viejo proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, para imponer un tributo de 30% sobre fondos y donaciones originadas en esas instancias.
El control de daños resultó insuficiente para frenar la condena nacional e internacional y, además, puso en evidencia la subordinación del aparato judicial al Ejecutivo que, al día siguiente de la promesa de la ministra de Vivienda a las 300 familias afectadas, anuló la orden de desalojo, inicialmente establecida para el 22 de mayo.
La dictadura muestra un deterioro acelerado, mientras fomenta y replica las causas y acciones que décadas atrás, constituyeron el caldo de cultivo de un conflicto que conmocionó al continente y al mundo.
Hoy las muertes y las detenciones se acumulan junto con los exilios y los despojos. La represión es el recurso tiránico cuando ya la propaganda, la mentira y hasta la figura presidencial resultan irrelevantes ante las necesidades del pueblo. Con la crisis, algunas ratas empiezan a abandonar la nave gubernamental y no sería sorpresivo que se recurra a cosméticos cambios de gabinete de figuras demasiado quemadas ante la opinión pública.
La respuesta popular sigue y seguirá siendo la misma, lucha, solidaridad, organización, movilización, denuncia y resistencia hasta vencer.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: plazapublica.com.gt/
Referencias:
[1] https://reporterosdeinvestigacion.com/2025/05/14/las-muertes-alrededor-de-cosavi-el-oscuro-secreto-entre-gobierno-de-nayib-bukele-y-cooperativa-senalada-de-lavar-usd-250-millones/
