Desde sus orígenes, el régimen salvadoreño dejó en claro su aspiración de perpetuarse en el poder, más allá de cualquier disposición jurídica. Su objetivo central fue poner al Estado en función de sus intereses, y de convertirse en mascarón de proa de una clase empresarial que aspira a ser dominante y hegemónica.
Desde su visión auto asumida de dueños y señores del Estado, deducen que el resto de la población debe ser tratada como súbdita, mientras quienes se opongan deberán ser considerados “enemigos del pueblo”. Cada discurso del jefe del clan ratifica esa visión. Por eso, jamás se han sentido en la obligación de rendir cuentas a nadie, salvo al imperio, del cual depende su existencia.
En este tiempo se desarrollaron políticas públicas de control social, cuya primera manifestación fueron las medidas coercitivas de confinamiento obligatorio durante la pandemia, con el uso de la fuerza militar y policial para imponerlo arbitrariamente, sin considerar la opinión médico-científica.
Posteriormente, con la ruptura del pacto del mismo gobierno con los criminales organizados en pandillas, y la subsecuente escalada de violencia, aparece otra herramienta clave en materia de control social, el régimen de excepción como regla de gobierno permanente, que lleva ya más de tres años ininterrumpidos imponiendo la restricción de derechos al conjunto de la sociedad.
La excusa de la guerra contra pandillas, a todas luces agotada, sigue siendo la herramienta indispensable para continuar ejerciendo desde la propaganda, el dominio sobre el conjunto de una sociedad expuesta a la impunidad autoritaria y la arrogancia de militares y policías con potestad para ejercer su poder a voluntad.
Desde el poder han construido una sociedad del miedo, que alberga el territorio con más prisioneros per cápita del planeta. Uno de cada 57 salvadoreños está preso. El 2,6% de la población adulta habita las cárceles del régimen y 444 han fallecido en prisión. El 9% de hombres entre 25 y 29 años de edad están encarcelados.
La amenaza de la captura ya no se refiere a la asociación con delincuentes sino a las expresiones de oposición, crítica y cuestionamiento a las políticas del gobierno. Recordemos que en recientes encuestas de opinión, las personas consultadas reconocen su temor, afirmando en más de un 60% que hablar mal del gobierno puede traer consecuencias negativas para ellas y sus familias.
A la censura impuesta a través de la persecución a medios y trabajadores de prensa, se suma la autocensura, la más alta del continente según Latinobarómetro.
El miedo hace su labor. Poco a poco los medios de prensa críticos se callan o abandonan el país, algunos cesan actividades por asfixia económica, mientras organismos encargados de velar por los derechos humanos se exilian, como sucedió con Cristosal, o cierran definitivamente, como acaba de anunciar la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), decana de las luchas sociales y legales por el respeto a los derechos del pueblo.
Abogados, sociólogos y políticos no oficialistas van desapareciendo de radios y televisoras. El espacio de la crítica se reduce drásticamente, conformando un paisaje mediático que solo deja en pie las alabanzas al régimen de terror que los alimenta.
Es en este contexto que prevalece la manipulación mediática, la mentira abierta, y el ocultamiento de datos a la población que, ante la falta de acceso informativo, solo dispone de cifras oficiales de difícil verificación.
Hacia la militarización de la sociedad
El nombramiento de una capitana del Ejército al frente de la cartera de Educación, aun siendo una evidente violación a la Constitución, que lo prohíbe taxativamente, así como a los Acuerdos de Paz, que originan esa prohibición para evitar algunas de las causas que llevaron al conflicto, no resulta del todo sorprendente.
El mismo tipo de acciones se produjeron a lo largo de Nuestra América, durante los oscuros periodos dictatoriales de corte militar en el último cuarto del siglo pasado, con la intervención de escuelas, el nombramiento de cuadros castrenses en sus direcciones y reformas educativas que buscaban forjar ciudadanos obedientes.
Con el control del sistema educativo las dictaduras pretendieron suprimir el pensamiento crítico, imponer sus valores, ideologías, narrativas y pensamiento único, para producir sociedades sometidas. Buscaron eliminar las disidencias y moldear ciudadanías obedientes y sumisas que facilitaran su perpetuación en el poder.
Esos mismos objetivos revisten las medidas adoptadas en El Salvador a poco más de un año de usurpación. Es un proceso en varios pasos: el control social, el miedo impuesto, la desinformación, la demonización de cualquier voz opositora, se han combinado para mantener a la opinión pública narcotizada con el opio de la manipulación basada en el uso de las nuevas tecnologías digitales, y una imagen prefabricada de “dictador cool”, que ya no puede ocultar su naturaleza tiránica.
Como señala un reciente artículo de opinión de la revista Gato Encerrado[1]:
“El brazo represivo del régimen de excepción también ha llegado a las escuelas e institutos de educación media. Docentes han denunciado que desde 2022 las direcciones departamentales de educación han impuesto a los centros educativos públicos el uso de una “ficha de disciplina escolar” en la que consignan el comportamiento irregular de los estudiantes dentro y fuera de los centros educativos. El perfilamiento conductual de algunos jóvenes, aun cuando no está referido a delitos ha derivado en diversos casos en la intervención policial, captura y procesamiento penal de estudiantes. Se trata de un mecanismo de disciplinamiento represivo de aquellos estudiantes que no encajen en la norma, y su consecuente estigmatización y criminalización. Esta medida podría estar contribuyendo al abandono escolar de muchos niños y adolescentes dado el temor de ellos y sus familiares de que sean criminalizados y encarcelados”.
Las medidas cosméticas, a la vez que represivas y clasistas, adoptadas desde el ministerio de Educación, tales como la exigencia de determinados cortes de cabello, vestimenta, o el arbitrario sistema de demérito impuesto, no hacen más que ratificar la filosofía del actual gobierno, que necesita una sociedad poco educada, sumisa, obediente al ordeno y mando, empobrecida y, sobre todo, susceptible de seguir creyendo los distractores oficialistas y las promesas de mejoras que nunca llegan.
Esa es la sociedad neofascista necesaria para el proyecto en desarrollo; una sociedad que no solo obedezca, sino que se fanatice o, de lo contrario guarde, por miedo o por convicción, un silencio cómplice o cobarde.
Resulta imprescindible para el proceso de neofascistización emprendido, seguir contando con algún aval de masas. Sin duda, lo está consiguiendo entre los sectores más atrasados y más fácilmente manipulables de la población residente en el exterior, en particular en EEUU. Esa masa, alejada de la realidad del territorio, propensa a creer la propaganda oficial, pero también con características conservadoras cuando no abiertamente reaccionarias, fue determinante para los triunfos electorales del dictador.
Otra es la historia en el territorio nacional, donde la economía golpea a las familias con menos recursos; crece la pobreza, cuyo último dato conocido indica que pasó del 22.8% de los hogares en 2019 al 27.3% en 2023, y también el endeudamiento, que alcanza cifras récord (en los últimos15 meses creció en $2,741 millones).
Mientras crece el endeudamiento público también se debilitan los fondos de pensiones, de los cuales el gobierno sigue extrayendo recursos; en el futuro, esos fondos difícilmente puedan garantizar a los trabajadores que el esfuerzo de su vida será recompensado al retirarse. El próximo año, una nueva reforma al sistema de pensiones, terminará sin duda afectando negativamente esos ahorros.
Hacia finales de 2025 la deuda pública superaría los $34,000 millones, mientras continúa la aprobación discrecional de créditos desde un parlamento postrado ante el Ejecutivo. La semana recién finalizada, el Legislativo aprobó el aval a una Línea de Crédito de hasta $400,000,000 entre FOVIAL y el BCIE. A estos datos se suma el incremento de deportados desde Estados Unidos, y la previsible afectación en las remesas, hoy equivalente al 24% del PIB.
La economía informal representa aproximadamente el 70% de la actividad productiva (la más alta de América Latina); se estima que en 2020 el sector aportaba casi la mitad del PIB; para 2024 rondaba los 5,000 millones de dólares. Esa fuerza laboral es hoy sometida a persecución, siendo expulsada de cada área donde el clan de gobierno y sus socios, tanto oligarcas como especuladores extranjeros, percibe oportunidades para incrementar sus riquezas.
Ante esa realidad los discursos triunfalistas no funcionan, las maniobras distractoras pierden fuerza. El proyecto requiere esquemas de organización social propia de regímenes corporativos de corte neofascista, adaptados a las condiciones de dependencia que caracteriza al capitalismo neoliberal de El Salvador. El deterioro de los niveles educativos y la militarización de la educación son, sin duda, un paso importante en el cumplimiento de esos objetivos.
En el campo popular se siguen acumulando razones para la lucha y la resistencia. La reestructuración del modelo de salud pública a través de la reforma al sistema hospitalario, insinúa un camino hacia la privatizacion, y esto ya afecta a numerosos profesionales, especialistas calificados que de un modo u otro son expulsados del sistema. Según el Colegio Médico al menos 40 especialistas de alto nivel han abandonado el ámbito de la salud pública.
El régimen nos quiere sin educación y sin salud; pero también nos quiere con miedo y sumisos. La eliminación, directa o indirecta de las vías de denuncia o de defensa de los derechos del pueblo, de los canales de información alejados de la órbita oficial, apunta a ese modelo de sociedad del miedo y el fanatismo que quiere construir.
La tarea de los sectores populares conscientes no será solo resistir, sino avanzar seriamente hacia la unidad en la acción, destinada a derrotar estas políticas reaccionarias con un programa de lucha que apunte a la organización y la movilización, para la defensa de un país cada vez más entregado a una élite corrupta y a especuladores extranjeros que ven oportunidades para el despojo de sus recursos tanto naturales como humanos.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: Víctor Pena/ Reuters
Referencias:
[1] https://gatoencerrado.news/2025/09/02/el-militarismo-en-la-educacion-para-el-control-ideologico-y-social/
