No hubo sobrevivientes. Tres de los pasajeros eran altos mandos de la Policía Nacional Civil, cuatro eran militares y uno, periodista del régimen. El noveno era un detenido que acababa de entregar Honduras en la frontera.
El origen de una historia oscura
Los funcionarios que viajaban esa noche eran el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, el subdirector de Áreas Especializadas, Douglas Omar García Funes, el subdirector de Investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero, el cabo Abel Antonio Arévalo, asignado a la unidad policial de “Los Jaguares”. Es decir que en la misma aeronave viajaban el número 1 y 2 del alto mando de la PNC. Algo insólito, o al menos muy inusual, desde el punto de vista de la preservación de cuadros en instancias superiores, precisamente para evitar tales pérdidas ante la posibilidad de siniestros como el ocurrido.
Asimismo, abordaron tres tenientes de la Fuerza Aérea y el comunicador gubernamental, David Hernán Cruz Guevara. El Gobierno de El Salvador ha calificado a los funcionarios fallecidos como “héroes de la patria”. También los definió como “incorruptibles”.
La razón de ese vuelo se remonta a un caso iniciado meses atrás, relacionado con un sonado desfalco bancario. En mayo de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador dieron a conocer una investigación que los llevó a descubrir que, desde 2015, directivos y empleados de la cooperativa de ahorro y crédito Santa Victoria de Responsabilidad Limitada (COSAVI), habrían cometido operaciones fraudulentas, lavado de dinero y defraudación a la economía pública, desviando fondos a cuentas personales por más de 35 millones de dólares, depositados parcialmente en cuentas bancarias de otros países, como EEUU y Alemania.
Un escándalo público, no solo por la cantidad de pequeños ahorristas, socios cooperativos y clientes embaucados, que pueden perder los ahorros de toda su vida, sino porque se supo que COSAVI era financista del partido Nuevas Ideas y de varias alcaldías municipales gobernadas por el partido de Bukele. Se supo que la SSF y la FGR conocían acerca de las irregularidades desde el año 2018.
La fiscalía reveló la detención inicial de 15 de 32 supuestos involucrados. En sus declaraciones las autoridades no se refirieron a la forma en que el millonario fraude salpica al partido político de Nayib Bukele. Ese mismo partido, que controla 57 de los 60 escaños del Legislativo, se negó a crear una comisión parlamentaria solicitada por los damnificados para investigar el caso.
Cosavi era conocida en la sociedad salvadoreña por patrocinar conciertos, eventos culturales, fiestas patronales y festividades navideñas, aparentando ser una institución solvente. Sus vínculos con el clan en el poder resultaban evidentes.
COSAVI y Nuevas Ideas
La cooperativa había financiado a Nuevas Ideas en 2020 con una transferencia de 60 mil dólares en concepto de donación:
“La donación de Cosavi representó el 13% de casi medio millón de dólares ($457,217.98) que las personas jurídicas (empresas o entidades) donaron a Nuevas Ideas en 2020. Con esa cantidad de dinero, Cosavi se convirtió en la segunda persona jurídica con mayores aportaciones al partido oficialista en ese periodo de tiempo, según el informe de Acción Ciudadana.”[1]
Se desconoce si Nuevas Ideas siguió recibiendo fondos de esa entidad en años posteriores porque el partido se negó a hacer públicos esos datos, violando así la Ley de Partidos Políticos, que obliga a transparentar sus fuentes de financiamiento.
Muchas preguntas quedaban sin responder acerca de la transferencia de capitales al partido Nuevas Ideas y a sus alcaldías. Esas preguntas, así como el destino de los $35 millones que aún no aparecen, podían ser respondidas por el exgerente de Cosavi, Manuel Alberto Coto Barrientos, principal implicado en el caso, que huyó del país. Coto era el noveno pasajero del helicóptero siniestrado.
Una cadena de mentiras que desnuda al presidente y a su partido
El operativo que precedió al accidente aéreo dejó al descubierto una serie de contradicciones sobre la captura del exgerente de Cosavi. El pasado 27 de julio, el fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró en su cuenta de X, que Coto Barrientos había sido detenido en Panamá. Una hora después, Bukele respondió al fiscal en la misma red, felicitándolo por el buen trabajo. En ese momento, las cientos de víctimas del desfalco exigían a las autoridades la captura de todos los implicados en el caso y la recuperación de sus ahorros.
Sin embargo, tanto el Fiscal General como el Presidente quedaron pronto en evidencia. Las mismas autoridades panameñas confirmaron que no tienen registros de capturas en el Ministerio Público ni Policía de ese país. En otras palabras, el presidente y el fiscal general habían mentido.
Sorpresivamente, el pasado sábado 7 de septiembre, las autoridades hondureñas informaron que el prófugo había sido detenido en Choluteca, junto a un traficante de personas (coyote). El domingo, Bukele reaccionó en sus redes sociales y aseguró que la captura fue “gracias a los servicios de inteligencia” de El Salvador y la colaboración de las autoridades de los países vecinos. Pero no ofreció ninguna explicación de por qué andaba prófugo en Honduras si un mes antes había informado de su captura en Panamá.
Nuevamente, el presidente estaba mintiendo. No fue ninguna acción de inteligencia de su gobierno, ni siquiera se trató de un plan de operaciones destinados a resolver el caso. Se debió, según declaraciones de las autoridades hondureñas, a la detención de dos sujetos que trasladaban personas ilegalmente hacia EEUU. Uno de ellos, de nacionalidad nicaragüense, trasladaba a Coto; en ese momento las autoridades comprueban que tenía una orden de búsqueda internacional. Una vez más, Bukele no pudo resistir la tentación de hacerse propaganda tergiversando los hechos a través de las redes sociales.
Esas ansias de protagonismo parecen estar al centro de la tragedia, porque de inmediato comenzaron una serie de maniobras publicitarias destinadas a explotar al máximo el hecho. Por eso, el fiscal general Delgado, convocó a una conferencia de prensa en San Salvador en horas de la noche, a la espera de la llegada del capturado, sin pérdida de tiempo (así justifican el inusual traslado aéreo nocturno).
Del mismo modo, sólo un enorme apetito publicitario justifica la presencia de tres altos mandos de la PNC en la frontera para recibir a un prisionero haciendo gala de protagonismo, humillándolo delante de las cámaras del canal oficialista, enviadas también con urgencia a cubrir la entrega, transformada ya en show de dimensiones.
Con ese despliegue mediático, nadie parecía querer perder su momento de gloria, y así suben todos al helicóptero que en pocos minutos se estrellaría.
El incidente puso nuevamente a prueba la escasa credibilidad presidencial. El régimen fue de inmediato cuestionado. Por un lado, el accidente deja sin responder innumerables preguntas acerca de los créditos y apoyos financieros recibidos por el oficialismo, ni que sucederá con el pago de los mismos. Por otra parte, al inculpar al fallecido Coto como el responsable de los 35 millones de dólares, es muy posible que ese dinero no pueda ser recuperado. ¿Quién responderá ahora a los más de 10,000 damnificados? Los secretos parecen haber quedado enterrados entre los restos del desastre, en San Eduardo.
Por otra parte, la pérdida de confianza en el régimen se pudo apreciar de inmediato en las redes sociales, en la forma en que propios y extraños se admiraban que en un instante habían desaparecido algunas de las figuras clave en la represión y los abusos denunciados a partir de la llamada guerra contra las pandillas y el régimen de excepción, además de numerosos casos de violaciones a DDHH abiertos, que ahora quedarán en la impunidad.
Casos como la muerte de Alejandro Muyshondt, a la que se alegaba brutalidad policial por parte del comisionado García Funes, o el del comisionado Rómulo Pompilio Romero, mencionado por la prensa independiente como el enviado del gobierno a México para operar la búsqueda y recaptura, clandestina e ilegal, del pandillero Elmer Canales, alias el Crook, liberado previamente por altos funcionarios del gobierno de Bukele, y finalmente extraditado a EEUU desde México, antes de que la operación encubierta pudiera llevarse a cabo. Oscuros casos que hoy quedan sepultados por el “accidente” (así lo encomilló el presidente en sus redes sociales).
Oscuros pasados y oscuro presente
Los dos máximos jerarcas de la PNC tenían una larga historia en común. Ambos graduados de la escuela chilena de Carabineros en plena dictadura pinochetista, regresaron a la fuerza armada salvadoreña en 1987, en medio del conflicto armado.
En el caso de García Funes, alias Carabinero, integró la infame Policía Nacional (PN), cuyos miembros eran famosos por ser brutales torturadores y asesinos de prisioneros políticos y sociales. Allí destacó el futuro número dos de la PNC, quien ya en tiempos de paz fue asociado -al igual que Arriaza Chicas- al grupo de narcotraficantes conocido como el Cartel de Texis, relacionado con diversos grupos del crimen organizado en México. Nunca fueron juzgados por estas acusaciones y, lejos de ello, su ascenso en la PNC desde su ingreso, al fundarse como resultado de los Acuerdos de Paz, resultó indetenible.
Fue también la unidad de élite bajo responsabilidad de Arriaza la asociada al caso de la agente policial Carla Ayala, desaparecida el 28 de diciembre de 2017, cuyo cuerpo sin vida se encontró el 7 de septiembre de 2018 en el caserío Los Ríos, cantón Los Hornos de San Francisco Javier, Usulután. Fue también Arriaza Chicas un fiel seguidor de las órdenes presidenciales en la toma de la Asamblea Legislativa por el propio Bukele, o cuando la negativa del jefe policial a cumplir, en 2020, una orden de la comisión especial de la Asamblea Legislativa para que llevara por apremio al exministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, para que explicara el manejo de los fondos para la pandemia del Covid-19. También entorpeció la entrada fiscal al ministerio de Salud, a cargo de Francisco Alabí, primo del presidente. Ante la probable persecución fiscal del jefe policial, Bukele le concedió inmunidad nombrándolo Viceministro de Seguridad. Las complicidades mutuas de estos personajes son de larga data.
No fueron pocos en las redes sociales y los análisis periodísticos que subrayaron la trágica, pero conveniente coincidencia, para que los más altos responsables del régimen puedan, en todo caso, “lavarse las manos” de algunas acusaciones, responsabilizando a los “héroes caídos”, a los que el presidente dedicó largos minutos de cadena nacional y honores póstumos.
Todo esto sucede mientras Naciones Unidas exige al régimen explicaciones sobre la muerte de Alejandro Muyshondt, la CIDH exige el fin del régimen de excepción, y la propia Naciones Unidas recibe denuncias de casos de desaparición de personas, encarcelamientos ilegales, abusos y tratos denigrantes contra personas inocentes.
El vendaval de derechos humanos comenzó a soplar y para el régimen la desaparición de algunos de sus más conspicuos jerarcas en el esquema represivo no deja de ofrecer cierto alivio. Las víctimas del desfalco, mientras tanto, no tienen seguridad alguna de volver a ver sus ahorros.
Una marcha necesaria
Provenientes de todos los rincones del país, este 15 de septiembre, miles de personas volvieron a manifestarse en las calles de San Salvador para protestar por un sinnúmero de reivindicaciones postergadas, desde el costo de la vida, al congelamiento de los salarios y las pensiones, que además el régimen roba para financiar sus gastos. Denunciaron la falta de oportunidades para la inmensa mayoría de la población, la ampliación de la pobreza y la pobreza extrema, las violaciones a los derechos humanos, el cercenamiento de las libertades y la persecución política y sindical. Defendieron la tierra, el agua, el medio ambiente, el derecho a la salud y a la educación, vulnerado; el derecho de la Universidad pública a existir, el derecho de las mujeres, el respeto a todo tipo de minorías, discriminadas y reprimidas, el respeto y dignificación de los pueblos originarios. En fin, marcharon contra un régimen siniestro que, pocas veces como hoy muestra sus perfiles más sórdidos.
Una vez más, los manifestantes recurrieron al ingenio popular para superar los abusos de poder policial y militar, que pretende imponer su voluntad sobre un pueblo decidido a la lucha. Esta vez, tal como sucediera el año pasado, el sistema de mensajería celular Telegram, amaneció bloqueado en todo el país; del mismo modo, numerosos periodistas denunciaron que sus accesos a cuentas oficiales del gobierno en X habían sido bloqueadas. El régimen demostraba con sus actos, que no permitiría información ni comunicación acerca de movilizaciones populares en su contra.
Como es habitual, el FMLN movilizó a su militancia, concentrándose en su sede central de San Salvador para unirse luego a la multitudinaria marcha que reunió a muy diversos sectores del pueblo, todos con una clara vocación de lucha y resistencia a una dictadura abusiva que, no por casualidad, tiene su referente ideológico en el libertario fascista del sur, a quien visitará próximamente, revelando que pese a su falso discurso de apoyo internacional, solo gobiernos parias como el de Milei, y los más extremistas entre los derechistas y fanáticos del mundo, tienen intención de recibirlo.
La marcha popular de este 15 de septiembre nos deja lecciones que servirán para fortalecer la lucha. Lecciones como la necesidad de la unidad de las fuerzas populares contra un régimen cada vez más decidido a reprimir y aplastar los reclamos del pueblo. Queda cada vez más claro, que no será con una solitaria marcha, una vez al año, que la dictadura caerá. Será la lucha permanente, la organización constante, cada más generalizada, extendida y unitaria en los territorios la que permitirá que finalmente, la voluntad del pueblo prevalezca.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Foto de portada: Diario Co Latino / Cortesía
Referencias:
[1] https://gatoencerrado.news/2024/05/26/esto-es-lo-que-sabemos-del-caso-cosavi-y-como-salpica-al-partido-nuevas-ideas/
