Una pésima decisión económica, porque detrás del aumento aparece la necesidad gubernamental de reducir el impacto de la constante caída de recaudación fiscal. Sin embargo, un aumento descomunal como el mencionado solo producirá una menor recaudación, en la medida que los usuarios particulares reaccionarán como suelen hacerlo, contrayendo el gasto, al utilizar sus vehículos solo cuando resulte indispensable, mientras los transportistas y demás sectores trasladarán el aumento a los costos de producción, impulsando las tendencias inflacionarias.
Un gobierno sin ideas sigue haciendo historia. Pero es una historia que hunde en la miseria a millones de personas. Algo que llama la atención es la forma en que los mecanismos de engaño y desinformación del oficialismo operaron para intentar -sin éxito- ocultar o justificar de la manera más descarada, una medida profundamente antipopular, que muestra nuevamente la poca importancia que el régimen otorga al bienestar del pueblo.
Al revisar las portadas de los medios de prensa escrita del día 22 de agosto, encontramos que El Diario de Hoy, El Mundo y Colatino destacan el insoportable incremento. La Prensa Gráfica, por su parte, presenta su investigación en relación a la venta de datos personales de más de 5 millones de salvadoreños, incluidas fotos, número de identificación, correos, teléfonos, etc, que se encuentran ofrecidos en subasta en la web, y que solo pueden haber surgido de las profundidades del Estado, que se supone obligado a protegerlos.
Por supuesto, ni el gobierno, ni el responsable de esos datos, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), o el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se dignaron a responder llamadas ni mensajes de la prensa, y menos expresar su posición. Como es habitual, niegan toda respuesta a situaciones que los perjudica y pone en evidencia.
Pese a la gravedad del caso denunciado por LPG, no es a ello que queremos referirnos, sino a señalar la portada de la publicación oficialista (llamarlo periódico, o considerar siquiera que ejercen periodismo sería un insulto a la profesión), Diario El Salvador.
El medio, sostenido con los impuestos ciudadanos, decide publicar una portada que pretende justificar de la manera más burda el aumento del precio de los combustibles, sin mencionarlo. No merecerán llamarse periodistas, pero sin duda son maestros de la manipulación: “Más de 200 barcos varados por sequía en el Canal de Panamá”, publica en título tamaño catástrofe, al tiempo que en un pequeño subtítulo revela su intento de justificación: “Por la escasez de lluvia se ha restringido el paso, lo que ha impactado en el precio de los combustibles”. (¡!)
Así pretenden los canales oficialistas salvadoreños seguir insultando la inteligencia de las audiencias. No solo engañando abiertamente, sino recurriendo a toda forma de ocultación de la verdad.
Aparato judicial al servicio electoral del oficialismo
Los distractores parecen estar a la orden del día. Enfilada ya la carrera electoral, empeñado el régimen en acumular votos para intentar sostener una mayoría parlamentaria absoluta que, a juzgar por su accionar, no parece seguro de obtener, reaparecen las campañas mediáticas orientadas a despertar en la sociedad los sentimientos de odio contra todos los gobiernos previos, y contra todos los actores políticos desde los acuerdos de paz, que le ha dado buenos resultados en procesos electorales anteriores y que, en realidad, se ha ido transformando en el modo operativo de la extrema derecha en el continente.
Garantizado el control de la FGR y del aparato judicial, las causas y juicios contra ex funcionarios, con acusaciones de corrupción o mal manejo de fondos públicos, empiezan a estar a la orden del día, en un “tempo” idealmente sincronizado para que, conforme avance la campaña electoral, las candidaturas oficialistas dispongan de suficientes casos en curso para incorporar esa narrativa a sus discursos de odio.
No se trata aquí de defender o acusar a funcionarios de administraciones anteriores, en cualquier caso, hoy sometidos a un sistema de justicia viciado y corrupto, en la medida que solo responde a los intereses del clan presidencial, sino de señalar la utilización oportunista de esas causas para obtener beneficios electorales para el partido hegemónico. Así, no resulta sorprendente toda la maniobra mediática en torno a la detención y juicio de desafuero del diputado arenero Alberto Romero, o los casos que van desempolvando con prontitud y oportunismo mediático, como los del ex diputado Rodolfo Parker, Vanda Pignato, el general Mungía Payés… la lista sin duda, seguirá extendiéndose, no porque con ello se busque hacer justicia, sino para que sean utilizados como herramienta de agitación y desprestigio contra todo el sistema de partidos políticos, con excepción por supuesto, de los partidos socios del gobierno.
Intentando curarse en salud, el oficialismo se adelantó a deshacerse de personajes aliados de importancia menor, para así justificar mediáticamente que incluso sus miembros pueden ser perseguidos en la “guerra contra la corrupción” que anunció a bombo y platillos el presidente hace tres meses.
Curiosa forma de perseguir la corrupción, cuando en ella no aparecen personajes tan abiertamente inmersos en irregularidades al amparo del gobierno como el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; los ministros de Trabajo, Rolando Castro y de Salud, Francisco Alabí; el director de Centros Penales, Osiris Luna; los exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker, o los diputados Christian Guevara, jefe de la bancada oficialista, y el propio presidente del Congreso, Ernesto Castro, entre muchos otros a los que se asocia con turbios negociados bajo la protección de sus puestos oficiales.
7000 inocentes liberados
Ante las quejas de organismos defensores de derechos humanos por la arbitrariedad de las detenciones, abuso de autoridad e inexistencia de derecho al debido proceso, evidenciados desde el inicio del régimen de excepción, el mandatario salvadoreño recurrió a las redes sociales para responder a las quejas apelando al concepto de “margen de error”; sostuvo entonces que en operaciones de gran magnitud es normal que existan “errores en los procedimientos”, para afirmar de inmediato que esas detenciones injustificadas no superaban el 1% del total de detenidos.
Lo preocupante, desde el primer instante de implementación de las draconianas medidas represivas, es que desde la policía y los militares hasta los fiscales y juzgadores, pasando por los legisladores y el propio presidente, la narrativa que prevalecía cada vez que abrían la boca para referirse a las personas detenidas, era siempre amenazante, asegurando que “se pudrirán en las cárceles”, afirmando implícitamente que todos eran a priori culpables, que los derechos humanos eran para las víctimas y no para los detenidos, y que todo aquel que intentara defenderlos era prácticamente cómplice de delincuentes.
De este modo se fue inyectando gasolina dialéctica al fuego encendido desde la toma de posesión presidencial, a lo largo de la implementación del fracasado Plan Control Territorial, de las acusaciones contra la oposición y la prensa crítica, de tener supuestos intereses comunes con los delincuentes (cuando la realidad y las investigaciones periodísticas demostraron que fueron los acuerdos entre el actual gobierno y las pandillas lo que produjo una drástica reducción inicial de homicidios, y que la ruptura de esos acuerdos provocó la ola de muertes a manos de los criminales, con la consecuente “ira divina” presidencial, que decidió romper con siglos de avance en jurisprudencia y procedimientos garantistas de derechos universales).
La verdad es lo de menos para un gobierno como el actual; la mentira, en cambio, repetida sin rubor y hasta el cansancio (en muchos casos sazonada con insultos degradantes contra las personas objetivo de los ataques), se ha transformado desde el inicio en política de gobierno. Vale recordar, por ejemplo, las autoritarias medidas adoptadas en la pandemia, y las acusaciones del oficialismo contra todo aquel que las cuestionara, afirmando que se trataba de gente “que deseaba la muerte del pueblo”. No se les movía un pelo al afirmarlo y presentaban sus ridículos argumentos como si se encontraran en una posición moral superior.
Regresando al tema del famoso uno por ciento de margen de error. Basta con dejar hablar a un mentiroso el tiempo suficiente para que él mismo evidencie sus mentiras. En estos días, el encargado de justificar lo injustificable en medidas arbitrarias de seguridad, el ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Villatoro, afirmó que han sido liberadas unas 7000 personas detenidas bajo el régimen de excepción, en el marco de la guerra contra las pandillas. La información oficial señala que son ya más de 70 mil las personas detenidas desde el inicio de esta campaña contra el crimen. De tal suerte que la realidad es que al menos el 10% de las personas detenidas, y no el 1% de los argumentos presidenciales, están o han estado injustamente encarceladas, sometidas a torturas, tratos inhumanos y degradantes, sufrido quebrantos de salud, aislamiento absoluto de familiares, denegación de justicia y, en muchos casos, ni siquiera fueron informadas de las acusaciones que sobre ellas recaían. Esa es la realidad y no la mentira descarada que esgrime el oficialismo como política de gobierno.
Son muchas más, e innumerables, las mentiras que podríamos citar. Por ejemplo, las promesas incumplidas de las mil escuelas a reparar por año, que no necesita más comprobación que un recorrido por cualquier lugar del país, y ver las deplorables condiciones en que niñas y niños salvadoreños deben acudir a clases. O los engaños y promesas falsas esgrimidas ante los veteranos de guerra, que a estas alturas se siguen movilizando, como lo hicieron la semana pasada, para reclamar al gobierno aquello que consideran derechos violados por este gobierno insensible y mentiroso.
Controlando resortes sueltos
Para finalizar, esgrimir la mentira como discurso parece ya endémico en este régimen y en todos aquellos que aspiran a ocupar un puesto privilegiado desde el que lucrarse, al tiempo que garantizan la impunidad para el gobierno y sus asociados.
El último ejemplo evidente se encuentra en la nueva composición de la máxima autoridad de la Corte de Cuentas de la República (CCR). Estamos hablando del organismo encargado de auditar las cuentas oficiales y a los servidores públicos. Constituye entonces, en teoría, la primera línea de combate contra la corrupción.
Esta semana pasada fue designado por la Asamblea Legislativa el nuevo equipo de magistrados de la CCR. La nueva presidenta del organismo es Roxana Seledonia Soriano de Viaud.
Entre los requisitos establecidos para aspirar al cargo se exige no tener vínculos partidarios. Sin embargo, en el caso de la nueva presidenta, ex precandidata a diputada en internas partidarias de Nueva Ideas en 2020, sus vinculaciones resultan evidentes, como surgió durante la entrevista ante diputados, en la que se cuestionó a la entonces aspirante. Así lo reporta LPG:
«Le cuestioné a la licenciada (Roxana Soriano): ¿Pero usted fue candidata? (y dijo) ‘No, yo no he participado, yo no tengo vínculos con Nuevas Ideas’. No tienen vergüenza», dijo el diputado efemelenista Jaime Guevara en una entrevista que concedió vía radiofónica. (LPG, 23 de agosto, 2023).
De este modo, el oficialismo controla también el organismo encargado de vigilar sus maniobras y uso de fondos públicos; podrá decidir acorde a sus intereses partidarios a quien investigar y a quien no. La mentira de una aspirante, aunque revelada por la oposición, no fue obstáculo para que los diputados de la bancada mayoritaria votaran a favor de su colega y compañera de partido.
La evidencia del uso de la mentira como arma política resulta abrumadora. Lo trágico es que no se trata de un caso aislado, exclusivo de un país; cualquier rápido recorrido por los discursos y métodos de cada uno de los candidatos y candidatas de la derecha y la extrema derecha, a lo largo y ancho del continente, demuestra que esto se ha transformado en la nueva forma de hacer política en estos brumosos tiempos de posverdad. En el caso de El Salvador, se ha convertido en política oficial.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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