El 1 de mayo de 2024, en El Salvador, inició un acto más del drama que vive el pueblo salvadoreño desde que un inescrupuloso grupo económico burgués emergente se hizo con las riendas del poder, inicialmente por la vía democrática, para posteriormente arrasar con toda norma legal que se interpusiera en su camino hacia el poder absoluto, irrestricto, arbitrario, autoritario y dictatorial.
Este nuevo acto se asienta en actos previos, ejercidos desde las esferas de poder conquistado desde su acceso a la administración del Ejecutivo, su posterior control del aparato legislativo y la usurpación de los poderes judiciales para arrodillar ambos a sus designios.
Durante ese primer acto del drama se sucedieron golpes de Estado institucionales, arbitrariedades inconstitucionales, eliminación de los accesos ciudadanos a la información pública, arrasamiento de todas las reglas del juego democrático que se interpusieran en el avance de sus intereses económicos y de la decisión de poner el Estado salvadoreño a su exclusivo servicio.
Esa primera etapa significó el inicio del desmontaje del Estado burgués como lo conocíamos en El Salvador. Un Estado que, gracias a la guerra popular revolucionaria y su desenlace con los acuerdos de paz de 1992, hoy detestados por el actual régimen, permitió la llegada de este mismo grupo, encargado de destruir piedra a piedra aquel edificio jurídico, para construir sobre sus ruinas un Estado a la medida de las necesidades de la nueva burguesía, una vez ésta logre su consolidación como hegemónica entre las clases dominantes tradicionales, incluyendo la oligarquía, a la que va controlando con prebendas, concesiones o persecuciones, según sea el caso y la necesidad.
Las cartas sobre la mesa, la batalla planteada
La segunda etapa inicia justamente con el desmantelamiento ilegal de la Constitución que rige el país desde la última gran reforma llevada a cabo como producto de la resolución del conflicto armado.
Originalmente firmada en 1983 como constitución contrainsurgente, fue modificada como producto de la lucha revolucionaria del pueblo, materializando en el escenario jurídico y político la derrota de aquella finalidad reaccionaria original.
Esta última característica es la que se empeñan en ocultar los mercenarios comunicadores al servicio del régimen, tanto en los pasquines oficialistas como sus esbirros en las redes sociales, cuando afirman que están alterando “la constitución de D’Aubuisson”, haciendo una vez más un uso populista, manipulador y falso de los hechos, a la altura de su (des)honestidad intelectual.
Con todas sus limitaciones, esa Constitución permitió el desarrollo de una vida ciudadana con participación de sectores mayoritarios del pueblo, antes relegados a papeles secundarios y marginales en la vida política del país, con respeto a derechos fundamentales, seguridad jurídica, separación e independencia de poderes y claras normas que impedían la perpetuación en el poder de un individuo, partido, o grupo económico de manera indefinida.
Un plan preconcebido
La última sesión de la legislatura 2021-2024 quedará en los anales de la historia de infamias sufridas por el pueblo salvadoreño en el largo camino hacia su liberación.
Los enemigos del pueblo volvieron a actuar como lo hicieron más de una vez a lo largo de la historia nacional, conspirando contra los intereses de las mayorías, asegurando el botín para un grupo de poder.
Como advertía Karl Marx en su obra antes citada, no debemos ver en estos hechos la fuerza de un solo individuo, porque únicamente engrandeceríamos a un pequeño personaje egocéntrico y grotesco, a veces hasta el ridículo, presentándolo como pretenden algunos de sus serviles empleados, como el jugador maestro que no es.
Solo comprendiendo el enorme odio de clase contra el pueblo, el resentimiento y predisposición permanente del nuevo grupo burgués en el poder por controlar todas las formas posibles de acumulación en su favor que le ofrece el control del Estado, podremos ver que estamos ante un proceso contrarrevolucionario, una suerte de revolución de carácter burgués, profundamente reaccionaria, basada en formas bonapartistas de gobierno y métodos neofascistas de dominación y manipulación.
Sus expresiones populistas son la máscara con que pretenden ante el mundo lavar (como lavan sus capitales con las criptomonedas) la imagen de una dictadura inflexible, intolerante, violenta e inescrupulosa, que avanzará sin detenerse en la construcción de un Estado a su medida, que coloque al grupo en el poder en las mejores condiciones para vender el país en el mercado global en que se ha convertido el mundo.
Si en la República Argentina, el devastador proyecto corporativo cuya cabeza visible es el depredador Milei se representa a través de una motosierra, en el caso de El Salvador la figura a utilizar bien pudiera ser la aplanadora. Porque es como una aplanadora que el régimen avanzó sobre derechos conquistados, sobre libertades y seguridades jurídicas, sobre reglamentos, leyes, usos, costumbres y cerrojos constitucionales. Nada le ha resultado hasta ahora ajeno o infranqueable al nuevo régimen para imponer una dictadura burguesa con aspiraciones de permanencia.
Es precisamente esa ambición de continuidad histórica, de establecerse no sólo como clase hegemónica sino dominante y permanente en el tiempo y el espacio, como único interlocutor nacional en la gestión de negocios del Estado, en el mundo globalizado y multipolar que se va conformando a pasos acelerados, la que le exige la construcción de un Estado a esa medida, que asegure el monopolio de sus negocios y sus tasas de ganancia, la explotación de una país convertido rápidamente en feudo privado, capaz de responder geopolíticamente a los intereses imperiales aún dominantes en la región, pero con el pragmatismo de asegurar negocios con otros actores esenciales del mundo económico actual como la República Popular China o India.
No desatiende su papel dependiente como gendarme imperial en un área geográfica claramente fiscalizada y vigilada por los EEUU como parte esencial de su “patio trasero”, pero eso no le supone un obstáculo para negociar con el gobierno y empresas chinas acuerdos de cooperación y concesiones en una relación ridículamente asimétrica.
Pero detrás de la telaraña populista de la manipulación mediática oficial, los acuerdos comerciales internacionales, con uno u otro actor mundial, no apuntan al beneficio de la población salvadoreña, sino a la necesidad de convertir rápidamente a El Salvador en una suerte de centro de negocios al servicio de esta nueva burguesía, un “hub” o eje de explotación de mano de obra barata y poco o no calificada, en oferta al mejor postor.
Solo queda la lucha
La última acción de la anterior Asamblea Legislativa constituye una virtual declaración de guerra al pueblo salvadoreño, deja pavimentada la ruta al autoritarismo y arbitrariedad institucionalizadas al permitir reformas constitucionales express; es también una advertencia de lo que puede suceder a los pueblos de Nuestra América si se deja consolidar regímenes autocráticos y reaccionarios como el del bukelismo.
Esa conciencia de los hechos se plasmó en las calles y ciudades del país, particularmente en la capital, San Salvador, este 1 de mayo. Se representó allí, en la manifestación de miles de personas, expresando su determinación a la lucha y sus reclamos al régimen.
Los carteles en manos de manifestantes, así como las gráficas consignas nos hablan del alto costo de la vida, de salarios de hambre, del abandono del campo y el irrespeto al medio ambiente, de falta de empleos dignos, de violencia de género, de persecución política, de una UES que se niega a morir, del reclamo por presos y desaparecidos bajo el régimen de excepción y, en fin, las denuncias de estar gobernados por delincuentes y corruptos.
Al otro lado de la trinchera, ese gobierno aparentemente todopoderoso mostró su verdadera esencia, su debilidad, su temor al pueblo al que tanto odia. Una vez más utilizó todos los medios a su alcance para impedir, neutralizar y, en última instancia ocultar las manifestaciones de protesta de una población que ha perdido la paciencia y empieza a perder el miedo.
Infinidad de retenes en las carreteras del país cercando policialmente a la capital no lograron impedir una fuerte manifestación con rasgos unitarios y con una activa y considerable presencia del FMLN, retomando su papel de marchar junto a las y los trabajadores, sin disputar protagonismos, pero ocupando su lugar histórico en las luchas populares. Lugar que no le quitará jamás un dictador a la medida de los poderosos, porque nació de esas luchas y contra esos enemigos del pueblo, que hoy siguen declarándole guerras de todo tipo para mantenerlo dominado.
Tampoco sirvieron los activos centros de desinformación, que se apresuraron a publicar imágenes de calles vacías, anunciando el supuesto “fracaso” de la convocatoria de la clase trabajadora. Ni siquiera una marcha paralela de sindicatos amarillos, esquiroles al servicio del gobierno, lograron su objetivo.
El pueblo dijo presente en la defensa de su dignidad, de sus derechos, de sus condiciones materiales de vida. Fue también una advertencia. Pueden cambiar todas las constituciones que quieran, alterar todas las leyes, hacer toda la propaganda falsa que deseen, acelerar los procesos de Lawfare como lo están haciendo, pero nada de eso legitimará un gobierno ilegítimo, ilegal, inconstitucional, usurpador, que no caerá por obra y gracia del desgaste del tiempo, sino que, como todas las dictaduras, sin excepción, lo hará ante los poderosos embates del pueblo movilizado, en las calles de todo el país.
No habrá entonces retenes que valgan. No será nada nuevo. Ha sucedido más de una vez, por eso el régimen busca curarse en salud, y crea la parodia de escandalizarse por el incremento de salarios de los nuevos funcionarios municipales, pero mientras tanto, con la otra mano bajo la mesa, avala el despido de centenares de trabajadores municipales, que hoy serán sin duda, bienvenidos a la trinchera a la que siempre pertenecieron, la de las luchas populares, en defensa de la Patria y de las grandes mayorías por siempre postergadas.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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