Se trataba de un recurso populista, orientado a exacerbar y explotar las frustraciones, miedos y aspiraciones de diversos sectores sociales.
Nayib Bukele resultaba ser el primer presidente que no llegaba postulado por uno de los dos partidos dominantes en el escenario político salvadoreño desde la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero de 1992, que pusieron fin a doce años de guerra revolucionaria, entre la fuerza armada de la dictadura oligárquica, respaldada, financiada y abastecida por el imperialismo estadounidense, y las fuerzas guerrilleras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Por primera vez en la historia nacional se abrieron espacios democráticos, en los que el FMLN se transformó en partido político legal, hasta llegar, en 2009 y 2014, al poder ejecutivo. La resolución negociada del conflicto había sentado las bases para la incipiente construcción de un estado constitucional de derecho. Ese sistema, cuestionado furiosamente por Bukele en campaña fue, sin embargo, el que permitió su llegada al Ejecutivo.
El nuevo gobierno y su propuesta de apariencia rupturista coincide con un nuevo intento de reestructuración capitalista de las derechas en el Continente, que busca revitalizar el agotado modelo neoliberal. Su ascenso coincide con personajes de igual carácter populista y alineados con las posiciones de derecha más conservadoras y reaccionarias, como Bolsonaro en Brasil y Trump, en EEUU.
El agotamiento de un proyecto de dominación
La democracia burguesa es una de las formas de dominación y subordinación de clase ejercidas por la burguesía, y se corresponde con la sociedad capitalista, aunque no en todo país capitalista hay democracia burguesa. Algunas otras formas de dominación y subordinación a considerar son las dictaduras, el bonapartismo, el autoritarismo o el absolutismo.
Desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, y ante el agotamiento del modelo de dominación, las burguesías y oligarquías latinoamericanas, asociadas y subordinadas a intereses imperiales de EEUU y de capitales transnacionales, implementaron distintas alternativas que buscaban reconstruir los consensos sociales, estabilizar el sistema de dominación y reestructurar el capitalismo en su modelo neoliberal dependiente.
El acceso de una fuerza de izquierda revolucionaria al gobierno de El Salvador en 2009, abría amplias esperanzas en los pueblos del continente que vivían, aunque no lo sabían aún, los últimos estertores de aquello que los cientistas sociales sistémicos llamaron “el ciclo progresista”[1].
Para la atrasada oligarquía salvadoreña, la llegada de sus enemigos de clase al gobierno significó un enorme desafío; su actitud inicial ante la nueva situación fue la subversión, la resistencia y la hostilidad permanente contra el nuevo gobierno.
Todos los resquicios del poder permanente del Estado, los medios de comunicación a su servicio, el sistema judicial, que seguía controlando, la correlación de fuerzas favorable en materia legislativa y, por supuesto, su poder económico orientado a hacer fracasar cualquier plan del nuevo gobierno, fueron usados por la oligarquía como armas de desestabilización contra el gobierno.
A lo largo de diez años, el desgaste de los gobiernos del FMLN se hizo evidente; sus avances en la reducción de la pobreza y de la injustica social en un país devastado por 20 años de neoliberalismo salvaje, fueron insuficientes para luchar eficientemente contra las nuevas formas de resistencia de la derecha, en particular el uso de los medios masivos de comunicación, la implementación de las tácticas de dominación de espectro completo y elementos de guerra de cuarta generación.
Sumado a ello una serie de errores políticos por parte del gobierno y el partido que lo sostenía, el FMLN, que recurrió crecientemente a tácticas de conciliación con aquellas clases y estructuras que jamás tuvieron como objetivo lograr entendimiento o acuerdo alguno, sino la lisa y llana expulsión de la izquierda del terreno de la política institucional, como bien lo explica Regalado (2018)[2].
Al mismo tiempo que la izquierda intenta “apaciguar” a la derecha a base de concesiones y negociaciones, desdibuja su perfil político y se aleja de sus bases sociales históricas populares que sustentaron su ascenso. En pocas palabras, sus propuestas y las actitudes de sus funcionarios se diferencian cada vez menos de sus adversarios.
Debe sumarse un elemento no menos importante: el escaso esfuerzo real por luchar desde el poder temporal contra el sentido común impuesto por las clases hegemónicas. En los hechos se obvió la batalla de ideas que permitiera empoderar a la sociedad de sus avances sociales y políticos, asumiendo estos cambios como propios y, por lo tanto, asumiendo también su defensa.
Fue el caldo de cultivo para el surgimiento de un publicista como Bukele, acostumbrado a explotar los sentimientos, emociones y resentimientos del pueblo para “vender sus productos”, y que aplicaba la misma lógica a su campaña.
Su discurso anti-partidos, su cruzada contra las “injusticias del sistema” y la corrupción, la acusación al gobierno de ser como “los mismos de siempre”, contribuyó a potenciar otro elemento clave: renegar de la historia de luchas del pueblo, a las que presentaba como inútiles.
Si echamos una mirada fuera de El Salvador, aquel discurso populista, plagado de mentiras y manipulación, con el uso masivo de redes sociales y producción permanente de noticias falsas, no se diferencia de lo esgrimido por el candidato de la derecha, Rodolfo Hernández, en la campaña colombiana de 2022; a su vez, los mismos elementos se encontraban en las campañas de Donald Trump, tanto a la presidencia como a lo largo de su mandato.
Las etapas de un plan autoritario
Desde que asumió el gobierno, Bukele reveló su talante autoritario y su decisión de controlar férreamente todos los resortes del poder del Estado, para ponerlos a disposición del grupo burgués emergente que lidera, y que aspira a ganar la hegemonía de las clases dominantes locales.
A tres años de iniciado el desmontaje de todas las barreras que obstaculizaran el ejercicio de un poder ilimitado, el gobierno de Bukele conduce hoy un país que, por su organización jurídica, se parece más a un régimen absolutista que a una democracia representativa. No pocos lo caracterizan como bonapartista.
Su actual concentración de poder requirió de varias fases de implementación. La primera tuvo lugar a lo largo del primer año de gobierno y comenzó con la militarización del país por un estamento militar-policial cuya lealtad mutó de la Constitución hacia el presidente.
Se sucedieron luego actividades golpistas como la toma por asalto del parlamento, el desacato a decisiones judiciales, el desprecio de la autoridad legislativa que entonces no controlaba, irrespeto a la división de poderes, y el establecimiento de una narrativa que fomentó el odio y la división en la sociedad.
Su relato apuntó también a lo cultural, a la demolición de la historia de lucha popular, a la memoria histórica y, en particular, a las fuerzas revolucionarias que enfrentaron y derrotaron a la dictadura. La demonización de los Acuerdos de Paz y de sus impulsores fue parte de la construcción del enemigo público que estos regímenes necesitan para consolidar sus discursos binarios (“ellos o nosotros”).
La segunda fase, a partir de sus victorias electorales (legislativas y municipales) de 2021, comenzó con el asalto a las estructuras de poder central que garantizan el control jurídico de la sociedad. Una vez violada la separación e independencia de poderes con el golpe legislativo contra la Corte Suprema de Justicia y el ministerio público, se incrementa la persecución política contra opositores, el espionaje, amedrentamiento y control de prensa y la implementación del Lawfare, en particular contra ex funcionarios del FMLN. Aparecen los primeros presos y presas políticas, exiliados, refugiadas, etc.
Las dificultades del régimen
A pesar de los altos niveles de popularidad que logra mantener a base de costosas campañas publicitarias, algunas cosas se fueron torciendo. La “operación Bitcoin” resultó ser uno de los más grandes fracasos del régimen.
El fiasco Bitcoin merece una consideración especial no sólo porque su costo lo paga el conjunto del pueblo en la medida que los dineros con que se compran los cripto-activos pertenecen al erario público, sino porque fue la primera y, hasta ahora única vez, que el pueblo salvadoreño se distanció masivamente del autoritario presidente, quien debió enfrentar las primeras grandes movilizaciones en su contra. Aquel fracaso sigue al presidente como su sombra y ha producido hasta el momento de escribir estas líneas, unos 30 millones de dólares en pérdidas a la nación.
El tema no puede desligarse de la situación económica del país, que representa una bomba de tiempo social, con la inflación disparada, alto desempleo, crecimiento de la pobreza, concentración de riqueza que amplía la brecha entre ricos y pobres, endeudamiento incontrolable y, en consecuencia, el cierre del crédito internacional a tasas de mercado. Todos estos elementos prefiguran la profundización de la crisis y la agudización del conflicto social, con el país al borde del colapso financiero.
El segundo gran problema fueron las contradicciones y fricciones con la comunidad internacional. La incapacidad para desarrollar una política de relaciones abierta al mundo y la arrogante actitud presidencial fue llevando al régimen a un creciente aislamiento. Por otra parte, las contradicciones que, aunque secundarias, siguen abiertas con el sector demócrata que conduce hoy las políticas imperiales de EEUU, repercuten sin duda en aspectos financieros.
En tercer lugar, la seguridad. Desde su campaña electoral, el entonces candidato presidencial esgrimió un plan de control territorial que usó como plataforma publicitaria, pero cuyos detalles jamás fueron dados a conocer públicamente. En realidad, como se supo a través de la prensa, un pacto secreto entre pandillas y el gobierno aseguró la reducción dramática de homicidios; esas bajas cifras fueron constantemente esgrimidas como elemento de propaganda gubernamental desde las cuentas personales del presidente.
El efecto duró, en tanto el pacto entre criminales se sostuvo. Pero el colapso del acuerdo desató la ola de homicidios del fin de semana más sangriento del siglo (87 asesinatos indiscriminados en 72 horas en marzo). Si sumamos a esto los reclamos permanentes por la desaparición de personas,[3] la situación llevó al gobierno a un nuevo callejón, aparentemente sin salida.
La guerra como recurso de dominación
La respuesta gubernamental fue la violencia institucionalizada e indiscriminada, expresada en una declaración de guerra contra las pandillas, un decreto de estado de excepción con restricciones drásticas a derechos y libertades, la subsecuente campaña de acoso y cerco militar – policial a las comunidades pobres del país, el arresto indiscriminado de hombres y mujeres sin causa probada ni orden judicial alguna (40 mil persona según cifras oficiales al 15 de junio), el creciente número de denuncias de muertes bajo custodia, de personas recientemente capturadas (31 fallecidos al 13 de junio). Todo ello complementado con una amplia campaña mediática destinada a crear la percepción de un país en guerra.
Se desarrolla así una narrativa de conflicto interno, donde “el pueblo asediado es defendido por su presidente” y todo organismo defensor de derechos humanos defiende pandilleros, todo opositor es un aliado de criminales, y toda prensa crítica es cómplice de las pandillas y financiada por la oposición o por potencias extranjeras. Este relato fortaleció el frente interno del régimen, aún a costa de la condena internacional y la denuncia de diversos sectores afectados a nivel local. Las encuestas del tercer año, parecían dar la razón a las maniobras del gobierno.
Cumplidas las primeras fases de imposición del autoritarismo, hoy el presidente comienza a jugar mediáticamente con una nueva narrativa, que acusa a la oposición de ser cómplices de las pandillas, a los organismos de derechos humanos, a la comunidad internacional, a la prensa que no controla, a las iglesias que lo cuestionan.
Si mientras duró el pacto secreto con los criminales esgrimía la baja de homicidios como efecto exitoso de sus planes de seguridad, roto aquel pacto, recurre hoy a la violencia y la represión como herramienta propagandística, pero también como arma política de acción preventiva, ante previsibles levantamientos populares provocados por el rápido y profundo deterioro de las condiciones materiales de vida de las grandes mayorías de la población, incluida una parte muy considerable que hoy sigue, casi con un fanatismo religioso confiando en que el presidente (no el gobierno, porque el régimen construido es definitivamente autocrático), obre el milagro de multiplicar panes y generar riqueza.
La guerra para la que se prepara el presidente no es contra las pandillas sino contra el pueblo. Cuando el hambre, la frustración y la falta de oportunidades, que siguen golpeando a las inmensas mayorías excluidas, pero también a crecientes sectores de clase media, resulte incontenible, este personaje autoritario, con inclinaciones militaristas tendrá lista su fuerza armada, sus soldados, su policía y sus blindados para enfrentar y reprimir al pueblo en las calles.
¿Democracia a dictadura?
Hace tres años, en medio de una contraofensiva imperial continental para recuperar posiciones hegemónicas perdidas parcialmente a partir del agotamiento del modelo de dominación, surgen gobiernos populistas, de carácter bonapartista y con fuertes inclinaciones neofascistas. Uno de ellos fue el actual régimen salvadoreño.
Previamente, las clases dominantes y el imperialismo habían intentado diversas formas de control, dictaduras, golpes de estado, democracias representativas condicionadas, cooptación de sectores de la llamada socialdemocracia latinoamericana; cada una de ellas fue agotándose más o menos rápidamente.
También el experimento del populismo neofascista ha demostrado con bastante rapidez síntomas de agotamiento. En el caso de El Salvador, busca su continuidad y permanencia sobre dos bases: el creciente control social a través de la militarización, y el irrespeto a las reglas de juego establecidas por el sistema demoliberal burgués.
La búsqueda del consenso social, tradicional método de dominación preferido por las clases dominantes, no figura ya entre las opciones, más allá del recurso a la manipulación mediática que, sin embargo, también empieza a mostrar síntomas de agotamiento. En tres años, el experimento de establecer en El Salvador un modelo de dominación que fuera replicable y expandible en el continente parece dar muestras de agotamiento.
La democracia de excepción, de la cual nos habla el analista boliviano Hugo Moldiz Mercado, se manifiesta en El Salvador en su versión autoritaria, violenta y refractaria a la participación popular más allá de sus límites refrendarios de participación electoral, enfatiza además el personalismo autoritario devenido en presidencialismo autocrático.
Hoy parece ir dando pasos rápidos hacia su conversión en una dictadura de nuevo tipo, basada no solo en la fuerza de las armas, la coerción y el control de todos los órganos de Estado, sino en la manipulación mediática y la generación de percepción permanente en favor de un gobierno que ni siquiera se cuida de aparentar respeto a las formalidades de la democracia liberal burguesa.
No parece difícil predecir que, ante el avance de la crisis y los previsibles conflictos sociales emergentes, la opción militar represiva será la preferida. Quedará por ver la reacción del campo popular, urgido de reorganización y reconfiguración, luego de haber sido efectivamente diezmado a lo largo de tres años de implementación del modelo que hoy empieza a dar señales de agotamiento.
Notas:
*Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
Referencias:
[1] Baste recordar que ese mismo año 2009 inicia la contraofensiva imperial con el golpe en Honduras.
[2] Regalado, Roberto. Poder permanente y poder temporal en América Latina: un debate pendiente. En https://elahp.com.br/poder-permanente-y-poder-temporal-en-america-latina-un-debate-pendiente/ Consultado 167 de junio de 2022
[3] Alternativa utilizada por los grupos criminales para mantener bajas las cifras oficiales de homicidios; solo en 2021 se registran 2010 cuerpos no identificados, según datos oficiales del Instituto de Medicina Legal.
Fuente: Colaboración
