Por sexta vez consecutiva, el Pentágono -la agencia que administra la mitad del dinero que el Congreso aprueba cada año- suspendió la auditoría que determinaría el destino de los millones de dólares anuales destinados al financiamiento de la guerra.
La situación se remonta a 2018, primera de varias ocasiones en que la auditoría prevista fue suspendida. Sin resultados claros pero con aumentos anuales y reconocimientos internos, el Pentágono ha hecho una auditoría cada año y se ha dado a sí mismo un premio de participación cada vez. Sin embargo, a pesar del triunfal comunicado de prensa de este año -titulado «DOD Makes Incremental Progress Towards Clean Audit»-, ha fracasado cada vez.
En su auditoría más reciente, el Pentágono sólo fue capaz de rendir cuentas de la mitad de sus 3,8 billones de dólares en activos (incluidos equipos, instalaciones, etc.). Pese a los festejos de sus funcionarios, faltan por contabilizar 1,9 billones de dólares, una cantidad que supera ampliamente el presupuesto aprobado por el Congreso para el año fiscal en curso.
Ninguna otra agencia federal podría salirse con la suya ya que ello implicaría audiencias en el Congreso y cuestionamientos mediáticos acerca del destino del dinero. Se exigiría la destitución de los responsables de esos organismos o su desfinanciación. Salvo el Pentágono, el resto de las agencias federales importantes han superado una auditoría, lo que demuestra que saben adónde van a parar los dólares de los contribuyentes.
Pese a esta incógnita, el Congreso está dispuesto a aprobar otros 840.000 millones de dólares para el Pentágono, lo cual confirma que no hay voluntad política para determinar el destino del presupuesto multimillonario.
Desde 2018, año de la primera auditoría fallida, el Congreso ha aprobado 3,9 billones de dólares en gastos del Pentágono. El destino, pese a no haber rendición de cuentas claras, está más que claro: el departamento de defensa lo utiliza para financiar las guerras de Estados Unidos en todo el mundo como lo hizo durante 20 años en Afganistán y, recientemente, en Ucrania e Israel. La rendición de cuentas por esos «activos» -incluidas armas y equipos- también está cuestionada y no parece haber voluntad política para obtener respuestas acerca del uso concreto de ese dinero.
Año tras año, la mitad del presupuesto del Pentágono se destina a contratistas de armas y otras empresas que se benefician de esta falta de rendición de cuentas, muchas de ellas responsables por el financiamento de candidaturas al Congreso, lo cual esclarece el motivo de la falta de voluntad política para conocer los detalles de dicho presupuesto.
Mientras tanto, demasiados estadounidenses luchan por cubrir necesidades como la vivienda, la calefacción, la atención sanitaria y el cuidado de los niños, y mientras tanto nuestro país lucha contra la falta de vivienda, la epidemia de opioides y los fenómenos meteorológicos catastróficos cada vez más frecuentes.
Con otro debate sobre el cierre del gobierno previsto para principios de 2024, es probable que los debates en el Congreso sean en torno a la necesidad de recortar inversiones que tienen como destino el bienestar social. De existir una preocupación real por los gastos impulsados por el ejecutivo estadounidense, esta debería comenzar por la agencia que de alguna manera ha perdido la pista de casi 2 billones de dólares en recursos financiados con fondos públicos.
Está claro que no será ese el camino, ya que la política guerrerista del imperialismo norteamericano no encuentra detractores hacia dentro del gobierno, situación que queda clara con la incógnita respecto de los gastos del Pentágono y la intención del Congreso de continuar financiando a la agencia sin garantías de cuentas claras o, incluso, de resultados.
*Ana Laura Dagorret es periodista de política internacional, coautora del Manual breve de Geopolítica y parte del equipo de PIA Global.
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