Faltan menos de 100 días para la elección presidencial en Brasil. Desde el ejecutivo y el entorno de Jair Bolsonaro ya anticipan que de consolidarse una derrota habrá una reacción golpista.
Una de las últimas advertencias llegó de la mano del senador Flavio Bolsonaro, hijo y actual coordinador político de la campaña del presidente. En entrevista al diario Estadão de San Pablo, el senador insistió con la idea de que las urnas electrónicas no eran confiables, que la justicia electoral se resiste a que las Fuerzas Armadas participen del proceso de fiscalización y que de consolidarse el fraude habría una reacción por parte de amplios sectores de la sociedad que no confían en las urnas.
El hijo del presidente también anticipó cuál sería el plan de acción: “Si las Fuerzas Armadas apuntan que hubo irregularidades y el Tribunal Superior Electoral no resuelve esos problemas, es natural que esas personas, tal vez a través del Comandante del Ejército o a través del Ministro de Defensa se tengan que posicionar (…) Esa resistencia del TSE de hacer del proceso algo más seguro y transparente obviamente va a generar inestabilidad. Y nosotros no tenemos control sobre eso”.
El cuestionamiento a las urnas electrónicas viene siendo la principal estrategia del oficialismo para justificar lo que se prevé como una derrota inevitable. Dicho cuestionamiento cuenta con la complicidad de algunos cuadros de las Fuerzas Armadas, quienes empezaron a cuestionar el sistema de voto electrónico a finales de 2021, cuando Lula recuperó sus derechos políticos y ya se anticipaba un escenario polarizado donde el actual presidente quedaría en desventaja. Desde entonces, fueron 88 los cuestionamientos sobre el sistema de votación, así como sugerencias de cambios en las reglas de la elección, algo que no ocurría desde el final de la dictadura.
Para la elección de octubre, el TSE aceptó aplicar 10 de las últimas 15 sugerencias de las Fuerzas Armadas, que ahora insisten en fiscalizar el proceso electoral. Aún con la participación de las FFAA y la inclusión de las exigencias impuestas por estas, desde el entorno presidencial no desisten de la amenaza de golpe. El motivo es claro: a pesar de las múltiples estrategias adoptadas en las últimas semanas para mejorar la imagen de Bolsonaro, las encuestas no muestran un crecimiento en la intención de voto del candidato. Según detalló el diario O Globo, el paquete de medidas impulsadas por el gobierno desde inicios de este año supera los 343 billones de reales, los cuales estuvieron destinados a reducir el precio de los combustibles, ampliar los programas sociales, anticipar los pagos a jubilados y la apertura de líneas de crédito. Todas estas son medidas que estarán vigentes hasta el mes de diciembre, con lo cual queda claro su componente electoral.
Un dato que no pasó para nada desapercibido y que refuerza aún más la estrategia de golpe, fue la publicación de la última encuesta Datafolha para presidente en San Pablo, uno de los estados con más cantidad de electores del país. Allí el ex presidente Lula aparece con 43% de las intenciones de voto contra 30% de Bolsonaro, lo cual rompe con la tradición electoral del estado, donde generalmente el candidato con mayor fuerza es el que se opone a la izquierda. Ante dicho panorama, a pocos meses de la elección y sin el efecto que se esperaba de las medidas antes mencionadas, queda claro que la única forma en la que Bolsonaro pueda permanecer en su cargo es jugando por fuera de las cuatro líneas de la constitución.
Como ya anticipó el senador hijo del presidente, la maniobra contará con el apoyo y la iniciativa de miembros de las Fuerzas Armadas, quienes parecen estar dispuestos a embarcar en una aventura golpista. Si bien algunos referentes castrenses que ya fueron aliados de Bolsonaro pero hoy son parte de la oposición, no hay un consenso dentro de la institución para que eso suceda. Sin embargo, la intención parece quedar en evidencia si se considera la presentación del Proyecto de Nación, un plan político estratégico impulsado por los Institutos militares Vilas Boas, Sagres y Federalista donde se propone un plan de acción en los moldes de la dictadura y que se extiende hasta el 2035.
A su vez, se espera que tanto la militancia más comprometida como una parte considerable de los miembros de las policías militares del país garanticen las condiciones para instalar el caos y, con ello, consolidar el golpe. El amotinamiento de las fuerzas de seguridad dejaría a los gobernadores en manos del Ejército, que sigue las órdenes del Comandante Paulo Sergio Nogueira, cercano al presidente y quien decide si impulsa o no una intervención federal.
En última instancia la democracia brasileña estará en manos de las Fuerzas Armadas, lo cual tendrá el potencial de dejar que el caos se desencadene luego de que se conozca el resultado de la elección.
Dicha estrategia también tiene algunas limitaciones. Tanto la falta de legitimidad de Bolsonaro como líder a nivel internacional como la falta de apoyos claves como la justicia y el mercado financiero (determinantes en la consolidación del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rouseff en 2016), sin contar el resultado de la elección que se prevé devastador para el actual presidente, son factores que pueden consolidar tanto el éxito como el fracaso de la iniciativa.
Aun ante un panorama difícil para las pretensiones de Jair Bolsonaro, la amenaza cada vez más explícita de ruptura se presenta como una realidad que la democracia brasileña deberá enfrentar tras las elecciones de octubre.
