El FBI ejecutó este lunes una orden de registro en la finca de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump como parte de una investigación sobre el presunto mal manejo de los registros de la Casa Blanca, incluyendo material potencialmente clasificado, según dos personas familiarizadas con el asunto.
La redada en Florida, que según una de las personas duró «horas», se saldó con la incautación de registros en papel, según una persona familiarizada con el desarrollo, que también señaló que la abogada de Trump, Christina Bobb, estuvo presente durante el registro. Fue un paso histórico por parte del Departamento de Justicia y el FBI para investigar la residencia de un ex presidente, que está luchando contra una maraña cada vez más compleja de amenazas legales. Ningún ex presidente -sobre todo uno que está considerando abiertamente otra candidatura al Despacho Oval- se ha enfrentado a una acción policial tan pública, que inmediatamente dio lugar a llamamientos entre sus aliados para que se recrimine e incluso se eliminen las fuerzas del orden federales.
«Incluso han entrado en mi caja fuerte», dijo el propio Trump en un extenso comunicado en el que censuraba el registro del FBI y lo comparaba con el Watergate. Trump, que fue el primero en confirmar la acción del FBI, dijo en un comunicado que su complejo turístico estaba «sitiado, asaltado y ocupado por un gran grupo de agentes del FBI.»
«Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada», dijo Trump.
El expresidente no estuvo presente en Mar-a-Lago. En su lugar, estaba en la Torre Trump de Nueva York, según una persona familiarizada con la situación. Su hijo Eric Trump le informó de la redada.
El FBI y las oficinas del fiscal de Estados Unidos en Washington no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Los portavoces de la sede del Departamento de Justicia en Washington declinaron hacer comentarios. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida, el Servicio Secreto y el Departamento de Policía de Palm Beach remitieron sus comentarios al FBI. Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que los altos funcionarios de la Casa Blanca de Biden no fueron notificados con antelación de la redada, que podría alterar el curso de las próximas elecciones de mitad de período y una eventual revancha Trump-Biden en 2024.
Aunque la investigación sobre el manejo de los registros presidenciales por parte de Trump se ha ido filtrando durante meses, ha permanecido en gran medida en segundo plano mientras el comité selecto del 6 de enero construía un caso en el que Trump cometió delitos para interrumpir la transición de poder tras su derrota en las elecciones de 2020. La Administración Nacional de Archivos y Registros había confirmado en febrero que había tratado de recuperar 15 cajas de registros de Mar-a-Lago que consideraba indebidamente retirados, incluyendo algunos marcados como «información clasificada de seguridad nacional.» Los Archivos confirmaron entonces que habían estado en contacto con el Departamento de Justicia sobre los documentos recuperados. En ese momento, los Archivos dijeron que habían tenido «comunicaciones continuas» con el equipo de Trump sobre la recuperación de los registros presidenciales perdidos.
Los Archivos también indicaron que estaban trabajando para recuperar los mensajes no archivados de las redes sociales y que tenían pruebas de que Trump rompió y destruyó algunos papeles, no todos recuperados. Los Archivos también confirmaron en diciembre que estaban revisando si el jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, había almacenado correctamente los registros de sus cuentas personales de teléfono y correo electrónico.
Esa investigación también se ha convertido en una amenaza cada vez más pública para Trump, ya que algunos de sus principales aliados y ex funcionarios de la Casa Blanca se enfrentan a citaciones del gran jurado y registros del FBI. A primera hora del día, el Departamento de Justicia defendió su decisión de incautar el teléfono móvil de John Eastman, el abogado que ayudó a idear la estrategia de Trump para hacerse con un segundo mandato que no ganó.
Los investigadores federales han perseguido pruebas de que la administración de Trump manipuló mal los registros presidenciales e incluso se llevaron algunas cajas al complejo Mar-a-Lago de Trump.
Una orden de registro ejecutada requeriría la firma de un juez o magistrado federal, que emitiría la orden basándose en las pruebas de un posible delito.
Los movimientos de las fuerzas del orden en la residencia de Trump se produjeron cuando los abogados y otros observadores se han estado preparando para la acción este mes en las investigaciones políticamente sensibles del Departamento de Justicia, ya que los fiscales se acercan a un período de calma tradicional para tales investigaciones en el período previo a las elecciones.
FUENTE: POLÍTICO
