En el desarrollo del análisis sostenía que, “El neoliberalismo y su gobierno de banqueros han convertido al Ecuador en un Estado Fallido que no cumple con los requisitos esenciales para brindar servicios básicos a sus ciudadanos, como seguridad, salud, educación, infraestructura y justicia. Los Estados fallidos a menudo se caracterizan por la violencia, la pobreza, la corrupción y la inestabilidad política”.
Pero, ¿cómo se llega a esta situación en un sistema democrático? Quizás, porque esa democracia representativa se haya agotado y se requiera de un sistema democrático en donde la participación popular, no se remita sólo al acto electoral y ejerza un protagonismo que monitoree la gobernabilidad en función de sus intereses y no de los intereses de los sectores nacionales o extranjeros que determinan el devenir político de un país.
Un gobierno que ve a los ciudadanos como clientes y no como sujetos de derecho, es un gobierno expulsivo, que solo reconoce como parte del Estado a quienes por sus propios medios pueden acceder a los servicios esenciales para la supervivencia y la reproducción de su forma de vida. Todo el Estado se transforma en un negocio al servicio de los grandes capitales, fundamentalmente de los capitales financieros y especulativos que, a través de una matriz extractivista y exportadora, condenan al país a ser un engranaje más dentro de la división del poder global internacional.
Ese Estado mínimo y expulsivo, que genera millones de pobres e indigentes, es el que por su accionar recrea las condiciones para que el crimen organizado y fundamentalmente los carteles del narcotráfico, encuentren en la situación de vulnerabilidad de los sectores populares, el terreno propicio para su expansión y control territorial.
En ese escenario sólo ganan los que participan de un mecanismo perverso que se retroalimenta mediante la corrupción y la impunidad: los narco-paramilitares que someten al pueblo a través de la violencia, los sectores reaccionarios que se benefician con la represión a esa violencia y los banqueros que lavan los capitales ilícitos y otorgan créditos para la adquisición de las armas y la tecnología para reprimir la violencia.
La política de “mano dura y control social” sólo favorece a la burocracia del capital concentrado que se apropia del territorio para explotarlo en su propio beneficio.
Es por ello, que la llegada de Ecuador a la situación de Estado Fallido vino de la mano del desmonte del Estado social de Derecho y de Justicia, que más allá de las contradicciones inherentes a todo proceso de transformación, se instaurara durante el gobierno de la Revolución Ciudadana.
El Estado social de derecho y de justicia es un modelo de Estado que se caracteriza por la existencia de una serie de principios y valores, que apuntan a generar, la igualdad ante la ley para todas las personas sin distinción de raza, religión, sexo, o condición social; la justicia social por la cual el Estado debe garantizar el bienestar de todos los habitantes del territorio, fundamentalmente de los sectores en situación de vulnerabilidad, la democracia, en la cual se garantice que el país sea gobernado por el pueblo y para el pueblo, adoptando los mecanismos constitucionales que garanticen el contrato social, la paz y la equidad, el respeto a los derechos humanos para todos los habitantes en nuestro territorio, sin distinción de raza, religión, sexo, o cualquier otra condición y el necesario equilibrio en la separación de poderes entre el Ejecutivo, el legislativo y el Judicial para garantizar la aplicación de la norma constitucional.
Cuanto más Estado incluyente, soberano y equitativo exista, mayor oportunidad de desarrollo, laboral, cultural e intelectual, y mayor posibilidad de alentar la solidaridad y la construcción colectiva y comunitaria, podremos conseguir.
Una de las razones por las cuales se llega al Estado fallido radica en la desigualdad. El tema de la desigualdad, no solo comprende lo económico, también se manifiesta como desigualdad de derechos, posibilidades y oportunidades, ante las cuales el Estado debe jugar un papel propositivo a través de las instituciones.
Pero el tema de la desigualdad es un tema mucho más profundo que nos coloca en una situación mucho más compleja, que es la de cómo nos percibimos nosotros ante el Estado y como nos percibe el Estado, tiene que ver con lo que significa ser ciudadano para las instituciones y el sentido de pertenencia al Estado que construye nuestra subjetividad desde la realidad misma.
Sentir la Patria, identificarse con sus héroes, sus símbolos y su historia y anhelar un futuro de prosperidad con orgullo de pertenencia, tiene que ver con la presencia del Estado en la vida de sus habitantes.
Cuando observamos lo que ocurre en Ecuador, con motines carcelarios, carros bomba, y asesinatos políticos y sociales puntualmente en este momento en donde se dan las posibilidades de revertir la tragedia perpetrada por el gobierno de los banqueros y los traidores, en nuestra Argentina pre electoral, debemos reflexionar sobre qué futuro podemos llegar a enfrentar de la mano desquiciada e inescrupulosa de los sectores reaccionarios y antipopulares que pretenden dirigir los destinos de nuestro país.
Luego de los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) la contienda electoral del 30 de octubre nos coloca ante un grave dilema.
Por un lado, el oficialismo presenta a un candidato que ejerce el cargo de ministro de economía, en una situación inflacionaria que deteriora constantemente el poder adquisitivo de los trabajadores, que ha profundizado los estándares de pobreza y comprometido nuestros recursos naturales cediendo soberanía a cambio de financiamiento.
Del lado de la oposición, encontramos dos posiciones que convergen en el criterio de, a más ajuste, más represión, apostando nuevamente al diciplinamiento social y sindical para transformar la sociedad en un protectorado al servicio de los Estados Unidos y la OTAN.
Es así, que ante este panorama que deja vislumbrar la profundización de la pérdida de derechos y una nueva claudicación de la clase política ante el reposicionamiento anglonorteamericano, el movimiento popular debe replantearse su papel ante el gobierno que surja, construyendo mecanismos populares de deliberación y participación para defender los derechos obtenidos e impedir el saqueo de nuestro patrimonio tanto particular como nacional. Debemos revalorizar el papel del sindicalismo y la acción parlamentaria desde un parlamentarismo participativo y protagónico que refuerce la resistencia popular, pues como ha quedado demostrado en nuestra historia, sin lucha no hay provenir.
En este mes de septiembre, 68 aniversario del infame golpe militar de la autodenominada “Revolución libertadora” nuevos libertarios, traidores y vende patrias, pretenden alzar el estandarte genocida que los caracteriza para intentar doblegar a nuestro pueblo.
Este heroico pueblo ha dejado atrás bombardeos masivos, fusilamientos, cárcel, secuestros, torturas y desapariciones para ponerse de pie y avanzar hacia una nueva oportunidad y estoy convencido que en este nuevo capítulo que se abre a partir del próximo año la premisa de “Unidos o Dominados” cobrará relevancia y como lo expresara el General Juan Domingo Perón en uno de los momentos más oscuros de nuestra Patria “El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes” .
Oscar rotundo* Anlista político y editor de PIA Global
Foto de portada: Alfredo Sábat
