Las elecciones legislativas polacas del pasado 15 de octubre han creado un periodo de incertidumbre política. Aunque el partido gobernante, Ley y Justicia (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), obtuvo el mayor porcentaje de votos, cosechando algo más del 35 por 100 de los mismos, perdió su mayoría parlamentaria y el pobre resultado obtenido por el partido de extrema derecha Konfederacja le ha privado de un posible socio de coalición. Mientras tanto, los jóvenes y las mujeres votaron en masa contra el partido gobernante, registrándose una tasa de participación total del 74 por 100. Si el PiS no consigue formar gobierno, como parece probable, la tarea recaerá en la Coalición Cívica (Koalicja Obywatelska, KO), que intentará formar una alianza con el partido de centro-derecha la Tercera Vía (Trzecia Droga, TD) y con la alianza La Izquierda (Lawica). La posible eliminación de PiS ha provocado suspiros de alivio en Bruselas, los medios de comunicación tradicionales y los mercados internacionales. The Guardian ha anunciado triunfalmente que un gobierno liderado por la KO «traerá un cambio radical a Polonia». Sin embargo, las cosas pueden no resultar tan sencillas.
Tras llegar al poder en 2015, el PiS fue capaz de revalidar su mandato en las elecciones de 2019 gracias a un sector significativo del electorado, que consideró que su nivel de vida había mejorado bajo su periodo de gobierno. El PiS introdujo prestaciones universales por hijo y mejoró la calidad de las pensiones, además de aumentar el salario mínimo. Aunque estas medidas le han permitido conservar un consistente bloque de votantes, su gasto social, sin embargo, ha disminuido durante su segundo mandato. El gobierno del PiS no ha hecho nada por redistribuir la riqueza ni por desafiar el poder de las instituciones financieras internacionales o de las grandes corporaciones a pesar de su retórica nacionalista. El aumento de la inflación, las crecientes dificultades de los jóvenes para conseguir una vivienda digna, la existencia de un mercado laboral precarizado y un servicio sanitario en ruinas, sobrecargado además por la pandemia, han contribuido a atizar la frustración popular.
La KO, liderada por el exprimer ministro polaco y antiguo presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha encabezado la oposición al PiS. Esta formación democristiana, vinculada al Partido Popular Europeo, ha combinado históricamente las políticas económicas neoliberales con el conservadurismo social. Más recientemente, la KO ha intentado atraer a los votantes más jóvenes moderando su fervor por el libre mercado y prometiendo suavizar la prohibición del aborto impuesta por el gobierno del PiS. Su electorado se concentra principalmente en las regiones urbanas, sobre todo en el oeste del país, y entre los votantes con mayor nivel educativo y mayor nivel de renta. En estas elecciones, el partido no ha logrado abrirse camino más allá de estos grupos demográficos y sólo ha aumentado el 3 por 100 su porcentaje de votos respecto a las anteriores elecciones parlamentarias, cosechando en torno al 30,6 por 100 de los sufragios.
La Izquierda obtuvo un modesto 8,6 por 100 de los votos, lo cual supone un descenso del 4 por 100 respecto a los comicios de 2019. En las últimas décadas, su bloque socialdemócrata ha luchado por afianzarse de nuevo en la escena política polaca tras haber sufrido un enorme descrédito a mediados de la década de 2000, cuando el gobierno de la Alianza de Izquierda Democrática (Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD) incumplió sus promesas electorales continuando con el programa de privatización y desregulación implementado por el anterior gobierno de derecha. La SLD tampoco reformó las leyes del aborto ni debilitó el poder de la Iglesia católica en la vida pública, pero si apoyó activamente las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Iraq al hilo de lo cual cedió terreno a los dos bloques políticos de la derecha, esto es, al Partido Ley y Justicia y a la Plataforma Ciudadana (que más tarde se convirtió en la Coalición Ciudadana), mientras la izquierda se convertía esencialmente en un apéndice de la segunda. La campaña electoral de 2023 puso de manifiesto su incapacidad para establecer un programa político coherente. Aunque La Izquierda defendía la construcción de más viviendas públicas y el aumento del gasto sanitario, también se adhirió al consenso belicista sobre Ucrania y guardó silencio sobre si debía mantenerse un muro fronterizo a lo largo de la frontera con Bielorrusia. Su apoyo a presupuestos militares más elevados hizo que sus políticas sociales sonaran vacuas. Tras haber sido plenamente asimilada a la agenda de la KO, se encontró sin un discurso específico que hacer llegar a la opinión pública.
El único avance real fue protagonizado por la formación política recientemente creada la Tercera Vía (TD), que reunía al Partido Popular Agrario Polaco (PSL) y a un nuevo movimiento político creado en torno a la personalidad mediática de Szymon Hołownia. Obtuvo el 14,4 por 100 de los votos, lo cual es un resultado impresionante, presentándose a las elecciones con un programa neoliberal-conservador, que atrajo a algunos votantes de Konfederacja. La TD promueve un nivel impositivo bajo, soluciones de mercado a la crisis inmobiliaria y un mayor papel del sector privado en los servicios públicos. Apoya la anulación de la prohibición total del aborto introducida por el PiS, pero se opone a legalizar el aborto hasta las doce semanas. El líder del PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz, ha insistido en que el aborto y otras cuestiones sociales no formarán parte de ningún acuerdo de coalición. En caso de que La Izquierda decida unirse al gobierno entrante, no tendrá ninguna influencia para cambiar este estado de cosas. La influencia dominante de la KO y la TD significa que, aunque el gobierno apruebe algunas pequeñas reformas progresistas (como el restablecimiento de la financiación estatal de la fecundación in vitro), no se producirá una ruptura real con los años de gobierno conservador.
Las elecciones se celebraron en un contexto de profundos cambios en las relaciones internacionales de Polonia. En los primeros momentos de la guerra de Ucrania, Polonia se presentó como un modelo para «Occidente». Aceptó a un gran número de refugiados ucranianos, apoyó firmemente a Kiev y le suministró abundante material militar. El PiS instó a otras naciones a que siguieran su ejemplo, reprendiendo a Alemania y Francia por su supuesta falta de apoyo. Los comentaristas de dentro y fuera del país empezaron a aclamar a Polonia como una nueva superpotencia europea, que podría desplazar el equilibrio de poder continental hacia el este. Como parte de esta grandilocuencia, el gobierno anunció enormes aumentos del gasto militar, que ronda el 4 por 100 del PIB este año, con el apoyo entusiasta de la oposición. Si todo ocurre según lo previsto, en 2035 Polonia habrá gastado en torno a 115 millardos de euros en equipar a su ejército y duplicar sus efectivos.
El estatus de Polonia como buque insignia de la OTAN empezó a resquebrajarse, sin embargo, el verano pasado, cuando los agricultores polacos empezaron a protestar porque la sobreabundancia de grano ucraniano estaba presionando a la baja los precios agrícolas y amenazando su medio de vida. Ante la inminencia de las elecciones, el PiS se vio obligado a atender sus demandas, ya que los trabajadores agrarios constituyen una parte importante de su base electoral. Polonia se unió a los países vecinos para embargar las importaciones de grano procedente de Ucrania. La UE siguió su ejemplo, pero cuando el embargo temporal expiró el mes pasado, Polonia reintrodujo el suyo junto con Hungría y Eslovaquia. Esto provocó un duro conflicto diplomático entre Varsovia y Kiev, que presentó una queja formal ante la OMC. En respuesta a ello, el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki amenazó con dejar de enviar nuevas armas a Ucrania y suspender la ayuda financiera a los refugiados ucranianos. Algunos miembros del gobierno polaco plantearon la idea de extraditar a Yaroslav Hunka, el nazi ucraniano que sirvió en la 14ª División de Granaderos Waffen de las SS. En los próximos meses es probable que un gobierno dirigido por la KO tenga que enfrentarse a la contradicción de satisfacer a los agricultores polacos y, al mismo tiempo, evitar conflictos con Ucrania y la UE. Los líderes de la OTAN confían en que las tensiones puedan calmarse, pero todavía está por ver cómo afectarán los intentos de Tusk de granjearse el favor de la «comunidad internacional» a su fortuna política interna.
Aunque el PiS tardó algún tiempo en volverse contra los refugiados ucranianos, siempre ha sido ferozmente hostil a los procedentes de Oriente Próximo y África. Las fuerzas de seguridad polacas han hecho retroceder ilegalmente a los migrantes que cruzaban la frontera bielorrusa a lo largo de la cual se han desplegado cientos de soldados y se ha construido una imponente valla. En agosto de 2021, a petición del gobierno, el presidente del país Andrzej Duda decretó el estado de excepción temporal en la región fronteriza para inhibir el trabajo de periodistas y activistas. Todo ello en consonancia con las exigencias de la UE de mantener a raya a los refugiados. Esta decisión ha provocado una catástrofe humanitaria en Europa en virtud de la cual los solicitantes de asilo se congelan en los bosques polacos y se ahogan en el Mediterráneo. Lejos de oponerse a esta agenda, la KO se comprometió a conseguir más fondos de la UE para ayudar a fortificar la frontera polaca. Tusk se ha situado, en todo caso, a la derecha del PiS en materia de inmigración, azuzando la histeria sobre las llegadas de países islámicos e instando al gobierno a detener la afluencia.
Aunque ha aplicado las políticas migratorias de la «fortaleza Europa», el PiS ha chocado repetidamente con Bruselas por sus reformas judiciales. El gobierno ha tratado de cuestionar la estrategia de la UE de «integración a través de la ley», así como el principio de la supremacía general de las leyes europeas sobre las leyes nacionales mediante una sentencia del Tribunal Constitucional de Polonia que declara incompatibles con la Constitución nacional determinados artículos del Tratado de la UE. Por estas y otras supuestas violaciones de las normas de la UE (en relación con el nombramiento de jueces, por ejemplo), el gobierno polaco paga una multa diaria de un millón de euros al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Comisión Europea se ha negado a liberar 36 millardos de euros en préstamos y subvenciones de los fondos de la UE para la recuperación pospandémica. Sin embargo, el PiS, consciente de que su enfrentamiento escenificado con la euroburocracia fortalece sus credenciales como defensor de los valores tradicionales, no está dispuesto a dar marcha atrás y en consecuencia ha reafirmado su rechazo de las cuotas de refugiados de la UE y de las directivas europeas sobre los derechos LGBT, alegando que representan intentos de imponer el multiculturalismo en Polonia y de erosionar su estructura familiar.
Al mismo tiempo, el gobierno del PiS ha reclamado a Alemania 1,3 billones de euros en concepto de reparaciones por los daños causados en la Segunda Guerra Mundial. Durante la campaña electoral, el PiS acusó a Alemania de apoyar a la KO y presentó a Tusk como un lacayo del Bundestag. En una de sus emisiones electorales se condenó a Olaf Scholz por intentar influir en la política polaca y se afirmó que la única forma de desafiar la hegemonía alemana era votar al PiS. Esta retórica tiene eco en amplios sectores de la población tanto por los legítimos agravios históricos contemplados en el largo plazo como por los recuerdos más recientes de Alemania enriqueciéndose gracias al botín industrial y financiero obtenido en Polonia durante los caóticos años de la transición capitalista.
La KO se ha presentado a los electores, por el contrario, como una fuerza europeísta modernizadora, la voz de la aspiración liberal polaca. Pocos días después del resultado electoral, Tusk anunció que viajaría a Bruselas para asegurar a la UE que su gobierno derogaría las reformas judiciales introducidas por el PiS y, a cambio, obtener garantías de que se liberarían los fondos europeos congelados. Uno de los principales objetivos de un gobierno dirigido por Tusk será devolver a Polonia a la corriente predominante europea. Sin embargo, ello no representa el triunfo de la democracia liberal sobre el populismo autoritario, como han afirmado algunos observadores. La UE está más que dispuesta a abrazar a estos últimos cuando le conviene, como demuestran fehacientemente el establecimiento de una cálida relación con Georgia Meloni, la aprobación tácita de la brutal represión de las protestas públicas en Francia por parte de Emmanuel Macron y la tolerancia negligente mostrada ante la corrupción desenfrenada, así como el abuso sancionado por el Estado de las poblaciones minoritarias, prevaleciente en Rumanía, Bulgaria, Eslovenia, Eslovaquia y Malta. El partido Fidesz de Viktor Orbán es miembro del Partido Popular Europeo que dirigía Tusk. En cuanto al fondo, las políticas euroatlantistas del PiS y de la KO no son muy diferentes: militarización rápida, retención de diez mil soldados estadounidenses en suelo polaco, cierre de puertas a los refugiados y ruido de sables contra Rusia. El actual gobierno del PiS se enfrentó a la Comisión y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea no por su política populista de derecha, sino porque desafió la supremacía legal de la UE y debilitó el poder de sus instituciones en Polonia. Este es el pecado que la KO debe expiar reafirmando su lealtad a los Tratados europeos.
Quienquiera que gobierne Polonia durante los próximos años se enfrentará a una situación internacional plagada de dificultades. El conflicto ucraniano seguirá cobrándose un importante peaje económico, debido a la continua interrupción de la cadena de suministros, la reducción del abastecimiento energético y el aumento del gasto militar. Si el nuevo gobierno no invierte significativamente en vivienda y servicios públicos, puede crecer la hostilidad hacia la gran minoría ucraniana presente ahora en Polonia a la que la extrema derecha presenta como la fuente de los problemas del país. La oposición del PiS podría aprovechar fácilmente el descontento. Sigue siendo el mayor partido del Parlamento, atrayendo el apoyo de algunos de los sectores socialmente más excluidos de la sociedad, mientras conserva la presidencia del país, que tiene poder para vetar las políticas del gobierno, y, al menos por ahora, controla el Tribunal Supremo y las cadenas de televisión públicas. A medida que se disipe la euforia de la noche electoral, los partidos de la oposición deberán aunar fuerzas políticas diversas en un gobierno unido principalmente por la antipatía hacia el PiS. Este último está dispuesto a utilizar su considerable influencia para socavar esta coalición y sacar a la luz sus divisiones internas. Tusk parece dispuesto a convertirse en primer ministro, pero la última carcajada podría no ser suya.
*Gavin Rae, sociólogo, vive en Varsovia. Ha escrito extensamente sobre temas relacionados con la transición en Europa Central y Oriental y la expansión de la Unión Europea, con especial énfasis en Polonia. Su libro El regreso de Polonia al capitalismo, fue publicado por IB Tauris. Dirige el blog Más allá de la Transición.
Artículo publicado originalmente en Sidecar, extraído de El Salto.
Foto de portada: Donald Tusk es presidenciables por Coalición Cívica (KO). Foto del European People’s Party.
