El incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua que ocasionó la muerte de 40 migrantes mostró las deficiencias con las que opera el Instituto Nacional de Migración (INM). En sus casi 30 años de vida, el organismo ha sido señalado de corrupción, extorsión, tortura, abusos y más, por lo que esta institución a cargo de la Secretaría de Gobernación se perfila a su desaparición y a dar paso al surgimiento de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CONMÉXICO).
Por su ubicación geográfica, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. La política migratoria solía enfocarse a la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, sin embargo, en los últimos años, creció el flujo de extranjeros en tierras mexicanas. Guatemaltecos, venezolanos, hondureños, salvadoreños, haitianos han transitado por alguna de las cuatro rutas hacia Estados Unidos ya sea solos o en caravanas: Golfo de México, Pacífico-Sur, Centro-Pacífico o Pacífico Norte.
En el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari se fundó al INM para dar protección y respeto de los derechos humanos y seguridad de los migrantes nacionales y extranjeras. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia serían sus rectores, pero esto no se cumplió.
Víctimas de delincuentes y autoridades
En su trayectoria, los migrantes no solo están vulnerables a ser víctimas del crimen organizado, también sufren extorsión de la autoridad migratoria, pero también malos tratos y abusos. Por años, el INM ha figurado entre las instituciones que más quejas por violaciones a derechos humanos tiene.
“Desde hace bastante tiempo, no es algo de ahorita, en el INM ha predominado la corrupción, condiciones laborales de los agentes de inmigración muy malas, discrecionalidad en las detenciones, perfilamiento en las detenciones, abusos. Desde el 2017 se hicieron recomendaciones al Instituto pero hizo caso omiso”, afirma Mauro Pérez Bravo, presidente del Consejo Ciudadano del INM.
El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha reconocido los riesgos que enfrentan los migrantes en su paso por México, pero no los delitos de los que suelen ser objeto por parte de funcionarios.
Óscar Rodríguez Chávez, investigador en la Unidad Ciudad Juárez de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), afirma que los extranjeros son víctimas de criminales y autoridades.
“Las personas migrantes se encuentran expuestas a diversas vulnerabilidades y riesgo por parte de grupos criminales, así como funcionarios de distintas dependencias y niveles de gobierno supuestamente encargados de protegerlos”, afirma.
Migrar no es un delito, sino un derecho. A pesar de ello, los migrantes son tratados como delincuentes. Si en su tránsito por México son interceptados por el INM, son conducidos a una estación provisional, y a pesar de que deben ser detenidos por horas, pueden pasar hasta días en una estancia migratoria.
Las condiciones de los centros de detención de migrantes han sido cuestionadas por políticos, activistas y organizaciones de la sociedad civil, que incluso los comparan con cárceles.
«Los centros de detención de migrantes se parecen más a cárceles que a centros de detención administrativa, son una prisión preventiva. Hay hacinamiento, se mezclan hombres y mujeres, no hay espacios dignos para las personas, no hay comida de calidad», dice la senadora panista Nadia Navarro, quien presentó una iniciativa para que las estaciones sean dignas.
Lo que sucedió en Ciudad Juárez pudo haber ocurrido en cualquier otra estación migratoria. Por ello, son consideradas una bomba de tiempo.
«Cuando entramos a una estación migratoria, es una cárcel. He entrado a Iztapalapa, Tapachula, Acayuca, Reynosa, Tijuana, en todas es lo mismo. Hace poco me preguntaron, cuál es la siguiente estación migratoria, la respuesta es cualquiera, cualquier estación migratoria en este momento tiene condiciones estresantes, malas condiciones, son cárceles», agrega Pérez Bravo.
El investigador de El Colef considera que el incendio del 27 de marzo es el resultado de una política que criminaliza a los migrantes.
«Es la consecuencia directa de políticas migratorias que criminalizan, victimizan y tratan de desalentar la migración internacional y el tránsito de personas en tránsito por México», advierte.
Una coordinación, ¿la solución?
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjeros.
El director del albergue para migrantes «Hermanos del Camino», Alejandro Solalinde, está detrás del diseño del nuevo organismo que buscará garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes.
Aunque el proyecto tendrá que esperar a que concluyan las investigaciones sobre el incendio del 27 de marzo, prevé un cambio de fondo: al menos 10 reformas a leyes y reglamentos.
«No estamos en contra de la idea, pero nos preocupa que lleve mucho tiempo porque se necesitan al menos 10 reformas», explica Mauro Pérez.
De acuerdo con lo delineado por el padre Solalinde, esta coordinación estaría integrada por Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación, Trabajo, Salud, Bienestar, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.
Un cambio esencial es que los militares dejarían la estructura del Instituto Nacional de Migración. La Sedena y la Marina, instituciones aliadas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están a cargo de más de una docena estaciones estatales del INM.
“En 18 entidades federativas han sido nombradas personas con perfil militar para conducir las representaciones u oficinas de ese Instituto (…) Sin menoscabo de los méritos militares que pudieran tener las personas nombradas, la conducción de las representaciones del Instituto Nacional de Migración en las entidades federativas del país, debe encausarse hacia una perspectiva de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, más que de seguridad, pues esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual agrava aún más su situación de vulnerabilidad”, revela el informe Bajo la Bota realizado por la a Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Los cambios que requiere la política migratoria van más allá del nombre a la institución encargada de la política migratoria.
“Esta coordinación va a tardar va a tardar mucho, no va a ser de la noche a la mañana y no se va a solucionar el problema si nada más le quieren cambiar el nombre, no vamos a llegar a nada”, advierte Mauro Pérez.
Aún sin ser la institución adecuada para atender a los migrantes, el INM lleva 30 años de operación. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) fue creada en 1980 para atender los flujos migratorios que buscaban protección. Ambas se han visto rebasadas por el derecho a migrar ejercido por miles de ciudadanos.
El INM no solo se encarga de la migración de extranjeros, sino de mexicanos en retorno. Tiene a su cargo más de 300 delegaciones y subdelegaciones y está a cargo del control migratorio en 191 lugares de tránsito internacional, entre ellos 65 aeropuertos internacionales, 67 puertos y 59 cruces terrestres.
Mientras México discute si asume el reto o no de someter a una transformación profunda a la institución, las víctimas no deben quedar de lado y las responsabilidades a quienes incurrieron en una omisión, deben ser aplicadas.
“Me inquieta que se esté hablando de un cambio al INM, y no de los responsables de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, de la reparación del daño y de las medidas de no repetición”, sentencia el presidente del consejo ciudadano del INM.
*Lidia Arista es periodista de Expansión Política, donde fue publicado originalmente este artículo.
FOTO DE PORTADA: José Torres.
