El flamante presidente electo, Guillermo Lasso, propone medidas en materia de política pública sin ocupar formalmente el cargo presidencial. Estas se basan en una liberalización agresiva de la economía ecuatoriana, y una integración comercial que creará graves desequilibrios en detrimento de los sectores productivos del país. El pueblo perdió el pasado 11 de abril, encontrándose desorganizado, golpeado por las vidas que el Estado se lleva cada día por el pésimo manejo de la pandemia y a la merced de los dictados que las élites económicas nacionales y continentales imponen por sobre la mayoría de las clases populares.
Desde el próximo 24 de mayo, la oligarquía, ahora desde la presidencia, desplazará toda política pública a favor de sus intereses económicos por sobre la dignidad de la vida del pueblo. La política del paquetazo se convertirá en sinónimo de la doctrina del shock y la misma se encontrará a la orden del día del gobierno entrante. En términos prácticos, esto conllevará a una desregulación económica y la liberalización de marcos legales para propiciar la explotación.
La Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada el pasado 22 de abril por la Asamblea Nacional, puede ser una premonición de lo que vendrá hasta el 2025. Esta ley entrega al Banco Central del Ecuador a manos privadas, con una directiva que provendrá de tecnócratas privados, además de la imposibilidad del uso y manejo de las reservas por el Gobierno Nacional, convirtiendo al BCE en un banco privado.
El próximo sector que se encuentra en la mira de la empresa privada y fondos de inversión, será la privatización del IESS, con el ejemplo del modelo chileno. Lasso declaró que, basándose en este “modelo a seguir”, los fondos de jubilación se invertirían en sectores productivos y no caerían en la administración pública “ineficiente” del Estado.
En términos geopolíticos, el endeudamiento excesivo con instituciones crediticias multilaterales continuará su rumbo. Con más de 60.000 millones USD en deuda externa, el Estado neoliberal se complacerá en profundizar la deuda insostenible que condiciona al Estado a efectuar una reforma antipopular tras otra. En este contexto, el 14 de enero de este año, la administración Moreno, en visita oficial a EE.UU., comprometió al Estado a efectuar un préstamo de 3.500 millones USD por parte del Banco de Desarrollo Estadounidense -DFC-. Esta entidad crediticia fue fundada en 2018 durante el gobierno de Trump, como instrumento financiero unilateral que permite la imposición de los intereses de EE.UU en la región y el mundo. El préstamo se encuentra direccionado al pago parcial de la deuda externa con China, la cual incluye prebendas petroleras. La deuda resultante se encuentra fijada a 8 años plazo, con una tasa de interés del 2.48%.
El futuro en términos de política económica, fiscal y social seguirá siendo impuesto por la condicionalidad crediticia de agencias del Norte hasta al menos 2030. El crédito más reciente al que adeuda el Estado ecuatoriano, se enmarca en una disputa geopolítica entre EE.UU. y China por la hegemonía financiera en América Latina. Para acceder al mismo, el gobierno ecuatoriano tuvo que comprometerse con la Clean Network Alliance, a la cual se adhirió Ecuador en noviembre de 2020. Este acuerdo se contrapone al proyecto de implementar el 5G en América Latina por medio de empresas de telecomunicaciones chinas, en la guerra comercial que se libra EE.UU. en contra de la amenaza china a su supuesta hegemonía en el continente.
Los 3.500 millones USD de nueva deuda se encuentran sujetos a la concesión específica de CNT, la Refinería de Esmeraldas y campo petrolero Sacha. El banco de desarrollo estadounidense no oculta que su misión consiste en apoyar y facilitar la materialización de política exterior de EE.UU. en el país y la región, además de propiciar la inversión extranjera privada en sectores estratégicos como el petrolero, energía eléctrica y telecomunicaciones. Este marco se encuentra en concordancia con la propuesta de “atraer inversión extranjera” al país, otro de los enunciados favoritos del neoliberalismo y su representante local, el banquero presidente.
Adicionalmente, el gobierno actual se adhirió al plan yanqui América Crece, suscribiendo un Memorando de Entendimiento con la entidad el 12 de febrero de 2020. El objetivo del plan es justamente facilitar la inversión privada en infraestructura eléctrica, telecomunicaciones, puertos, carreteras y aeropuertos por parte de empresas estadounidenses. Sin duda la “mesa no queda servida”, como declaraba Moreno el 19 de abril en Carondelet al presidente electo Lasso. Pero indiscutiblemente el camino hacia la concesión y privatización gradual de las áreas estratégicas del Estado ecuatoriano queda cimentado y preparado para su completa ejecución, bajo tutela del Departamento de Estado de EE.UU.
Una apertura agresiva de la economía ecuatoriana a firmas indiscriminadas de TLCs, la continua e insostenible deuda externa y los tratados multilaterales de comercio como la Alianza del Pacífico, conllevaran a una profundización de la precarización de la vida en todos los ámbitos para una inmensa mayoría del pueblo. Esto, en conjunto con la privatización de lo poco de lo público que queda, nos llevará al abismo neoliberal. Durante los próximos cuatro años, el Estado burgués será administrado como una entidad financiera privada, permitiendo que el capital se imponga por sobre todo lo demás. Lo social, lo público y lo común, pasarán a último plano en materia de política pública y a figurar como activos que precisan de optimización y gerencia privada. El Estado neoliberal no entra en la disyuntiva de sostener o la vida o el mercado: Lasso evidentemente se inclina de forma significativa a favor del libre mercado, a costa de la precarización de la vida del pueblo.
Notas:
*www.revistacrisis.com / publicada en Portal Alba
