Como era previsible, todas las derechas económicas y políticas se unificaron en torno a D. Noboa, bajo una consigna que se repite desde las elecciones presidenciales de 2009: “todos contra el correísmo”. De otra parte, el progresismo social que apoya a L. González y en el que se integra el significativo sector del “correísmo”, está conformado por un difuso conglomerado de capas medias, pequeños y medianos empresarios, movimientos sociales y sectores populares, incluyendo trabajadores e indígenas, apartados de las decisiones de sus organizaciones clasistas y dirigentes.
El voto nulo ha sido reivindicado por las izquierdas tradicionales, unidas por su radical anticorreísmo, una posición persistente desde que rompieron con el gobierno de Correa. Aunque hasta el momento no han pasado de las consignas ideológicas, argumentan que las elecciones son una “trampa”, que hay que agruparse en torno a un “programa” y sostienen que mientras Noboa es el “representante directo de las oligarquías”, González es la “representante conservadora del populismo correísta” [1]. Pero en cuatro décadas no han podido crear la alternativa histórica que permita que se les reconozca como izquierdas “auténticas y verdaderas”, como suelen identificarse.
Según las diversas opiniones sobre la coyuntura, el debate de la primera vuelta entre los candidatos se habría inclinado a favor de D. Noboa, mientras que el debate entre los dos finalistas a la segunda vuelta logró dar un giro a favor de L. González. Se dice que todo es una cuestión de “marketing” político. Pero lo que realmente debería observarse es que ambas candidaturas representan dos modelos distintos de economía y de sociedad, que no se alteran por un debate ante las cámaras. Y es necesario ubicar el problema con perspectiva histórica.
Durante el siglo XIX dominaron la economía nacional los agroexportadores de cacao. Entre 1912-1925, aliados con banqueros y comerciantes, controlaron directamente el Estado. Es la primera “época plutocrática”, en la cual no hubo gobiernos que afectaran sus intereses, ni regularan el mercado “libre”. No existían impuestos como el de rentas. Tampoco legislación sobre el trabajo, aunque en 1918 se decretó la jornada de 8 horas diarias (y se abolió la prisión por deudas del concertaje), sistemáticamente incumplida. Era el paraíso de la empresa privada. Ahí nacieron las consignas oligárquicas, que se han reproducido hasta el presente y que se resumen en la idea de que el mundo económico es el de la acumulación privada sin límites, junto con el dominio social. Si bien el auge del banano se inicia a mediados del siglo XX, impulsó un incipiente capitalismo ecuatoriano, se asentó en recursos estatales, la evasión tributaria y la extendida sobre-explotación a los trabajadores.
D. Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, proviene de esa matriz oligárquica, manifiesta en la segunda época plutocrática que arrancó en 2017 y que ha consolidado un capitalismo agroexportador-comercial-bancario. Que el mismo candidato hable sobre salarios y servicios públicos como educación y salud [2], tratando de dar así la apariencia de un “progresismo neoliberal”, contradice numerosos estudios que demuestran la inadmisible explotación laboral que sufren los trabajadores bananeros (por ejemplo: “Estado del banano en Ecuador: acumulación, desigualdad y derechos laborales”, publicado por FES-ILDIS, 2022). También se puede consultar el ranking de “deudas firmes” del Servicio de Rentas Internas (SRI) que destaca a “Exportadora Bananera Noboa” con una enorme deuda tributaria al Estado [3]. El presidente Noboa (si así ocurre) ¿cobrará esa deuda? Además, la posición de D. Noboa aparenta no concordar con su candidata vicepresidencial Verónica Abad, “libertaria” seguidora de las ideas del argentino Javier Milei, quien cree que hay que privatizarlo todo (incluyendo educación, salud y seguridad social).
El modelo de economía empresarial neoliberal-oligárquico está a la orden del día. Supuestamente restauraría un país “destruido” por el correísmo. Pero tal como ocurrió con gobernantes empresariales desde que en 1979 se inició en Ecuador la época democrático-constitucional más larga de su historia, con G. Lasso, respaldado por un bloque de poder unificado, que capturó el Estado y lanzó su “lucha de clases” contra la mayoría de la población nacional, lo que se ha provocado es el mismo deterioro histórico que hubo durante la primera época plutocrática y aún peor, pues hoy el crimen organizado internacional ha penetrado en esferas públicas y privadas. Ha quedado un país literalmente estancado, en retroceso, sin institucionalidad y con la inseguridad ciudadana creciendo, en medio de la impotencia.
Hace un siglo la salida se impuso a través de la Revolución Juliana (1925-1931), que introdujo, por primera vez, un activo papel regulador del Estado, inauguró los impuestos directos sobre rentas y utilidades, sancionó a los bancos privados, creó el Banco Central, la Contraloría y la Superintendencia de Bancos, y atendió a los trabajadores con la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la expedición de la primera legislación laboral y la fundación de la Caja de Pensiones, antecesora del IESS.
En esa misma perspectiva histórica, el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) representó cierta continuidad con la Revolución Juliana y sus políticas económicas. Por eso, la persecución personal, el lawfare, los mitos sobre su gobierno y la unidad de las derechas económicas y políticas para impedir su “retorno”, se mantiene como una fuerza poderosa hasta el presente. La candidatura de L. González, respaldada y promocionada por la Revolución Ciudadana, plantea la restauración de la vía hacia un modelo de economía social impulsada a su tiempo por R. Correa y que, evidentemente, se ubica en el vértice opuesto del neoliberalismo-oligárquico. Por eso ha despertado el apoyo y hasta las esperanzas del amplio sector del progresismo ecuatoriano. Desde luego, la “sombra” de Rafael Correa genera pasiones de todo tipo incluso al interior del mismo sector del progresismo social (un concepto evidentemente ambiguo para las ciencias sociales). Pero también es necesario observar que el ciclo que representó el gobierno de Correa no es el que está en juego, sino otro, que posiblemente se enmarque en el débil “segundo ciclo” del progresismo latinoamericano.
Finalmente cabe considerar que en otros países de América Latina también se expresa la polarización entre fuerzas sociales que impulsan bien un modelo empresarial-neoliberal o bien una economía social. El fenómeno responde a un proceso histórico mayor, en el cual hay un cuestionamiento mundial a la hegemonía de los Estados Unidos y su visión sobre la economía y la democracia. Aceleradamente se configura un mundo multipolar en el que ascienden China, Rusia y los BRICS, mientras en África toman fuerza las posiciones soberanistas frente al neocolonialismo. En América Latina el ascenso del progresismo también representa el cuestionamiento al americanismo-monroísta. Y la región tiene suficiente experiencia histórica para entender que los EE.UU. no están dispuestos a permitir gobiernos que sean capaces de cuestionar sus principios y afectar sus intereses.
Juan José Paz y Miño Cepeda*. Doctor en Historia Contemporánea. Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia de Ecuador; fue vicepresidente de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), entidad de la que es Director Académico en Ecuador.
Este articulo fue tomado de la página historiaypresente.com
Foto de portada: Cronicón
Referencias:
[1] https://rb.gy/j0f3y [2] https://rb.gy/xyr25 [3] https://rb.gy/pwes0
