Esta realidad expresa la disputa por conquistar, retener o reconquistar territorio frente a los avances de fuerzas populares y democráticas en diversos escenarios político electorales.
El dinamismo de la extrema derecha parece acentuarse en los últimos meses, y se manifiesta en una serie de encuentros e iniciativas adoptadas por organizaciones como la española VOX, y sus esfuerzos por fortalecer la alianza de derechas que incluye la Europa ibérica, América Latina y el Caribe, en lo que han dado en llamar Iberoesfera. Del mismo modo, se ha ido consolidando la iniciativa de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que con regularidad va reuniendo a los más destacados exponentes del extremismo de derecha mundial.
Aunque algunos recientes resultados electorales en diversos países del sur de América llevaron a no pocos políticos y analistas, sobre todo provenientes de sectores autodefinidos como centro-izquierda, a difundir la idea de que el mapa de Nuestra América se había ido tiñendo de rojo, lo cierto es que ese mapa parece más una expresión de deseos que una realidad. Quizás un manchón rosado al uso de la socialdemocracia, cruzando una buena parte del continente resultaría más realista.
En todo caso, más allá de esas expresiones, que poco o nada coinciden con lo que dicta la realidad objetiva del tipo de gobiernos predominantes en la región, el problema principal de esa engañosa visión triunfalista es que entraña un grave peligro: bajar nuestras defensas o limitar nuestra preparación ante los evidentes peligros que acechan a nuestros pueblos de norte a sur, desde México hasta Argentina.
Que la derecha más extremista se organice y se reúna adoptando una pose civilizada, que le resulta ajena pero extremadamente conveniente, representa sin duda una alarma indicadora del peligro inminente, que ya se está mostrando descarnadamente en las acciones salvajes del fascismo cruceño boliviano, en las amenazas y atentados (aunque sean fallidos) como el caso de Cristina Kirchner, o los claros condicionamientos, ya impuestos en los hechos al próximo gobierno de Lula, por importantes sectores sociales brasileños, cobijados bajo el paraguas de un Bolsonaro que espera controlar las llaves del poder fáctico en los años por venir.
Se trata entonces de una larga batalla, que podemos definir como una guerra de posiciones continental, surgida como respuesta imperial a indiscutibles avances de los pueblos de Nuestra América. El desplazamiento del poder formal de poderosas fuerzas políticas tradicionales, desde el conservadurismo político y social hasta el neoliberalismo económico, puso desde hace años a Washington a preparar dispositivos de contraataque y redespliegue neocolonial en la región. Todos conocemos la historia: golpes blandos y duros, judicialización de la política, complicidad de los grandes medios de comunicación, desestabilización.
En esa guerra de posiciones, el propio sistema parlamentario demoliberal burgués fue sufriendo profundos desgastes y crisis, equiparable al que sufrían al mismo tiempo los sistemas de partidos tradicionales (de izquierda y de derecha).
Este fenómeno puede en parte explicar las razones del crecimiento de una “derecha salvaje” que alienta el racismo, la manipulación y mentira descarada, la homofobia, la persecución del diferente, el elitismo clasista, una visión anti-inmigrante y, por supuesto, la criminalización de la pobreza, de la protesta social y de las posiciones de izquierda.
Nombres como Donald Trump, Steve Bannon, Ted Cruz, José Antonio Kast, Javier Milei, Mariano Rajoy, Luis Camacho, Álvaro Uribe, Eduardo Bolsonaro, Santiago Abascal, son representativos de este movimiento. Acorde con su dinámica, se reunirán esta semana en la Ciudad de México. No serán sin duda ajenas las agendas de EEUU posteriores a la reciente elección de medio término, ni los casos de Brasil, Bolivia o Argentina.
Si ante esta dinámica y ante los hechos graves que se van sucediendo en el continente, las fuerzas de izquierda se mantienen extasiadas mirando sus preciosos ombligos, es decir, regodeándose en victorias electorales mínimas y condicionadas, sin prestar atención al contexto, sin preparar en consecuencia la defensa de los procesos populares, la profundización de las luchas, y la movilización permanente, podremos de manera inconsciente, facilitar la labor golpista de las derechas, y dejaremos a nuestros pueblos en una muy peligrosa vulnerabilidad.
Educación popular y los datos de una encuesta
Esta semana se dio a conocer en El Salvador una encuesta de la Universidad Francisco Gaviria (UFG), que continúa señalando altos niveles de aprobación hacia las medidas de represión contra las pandillas, conocido como régimen de excepción. Sin duda, el controversial tema debe ser motivo de análisis, en particular cuando desde el gobierno se impulsa el autoritarismo y la impunidad escudándose en la aprobación popular a las medidas.
En este sentido, es necesario desmontar las mentiras del régimen, en particular su obtusa visión de que todos los que se oponen a las medidas de excepción son defensores de criminales. En realidad, en más de una encuesta seria se ha demostrado que la población aprueba las medidas que le permitan vivir sin ser extorsionada por criminales que controlaban sus movimientos y actuaban como señores de la vida y de la muerte, pero en cambio ese apoyo se reduce notablemente cuando incluye justificaciones a violaciones de los DDHH. He aquí la línea divisoria infranqueable.
Cualquier política de seguridad ciudadana de parte del Estado, debe tener como objetivo perseguir el delito, capturar a los delincuentes, garantizar el derecho a la vida y a la paz de la ciudadanía. Pero la justicia no es venganza. Y el Estado no puede ni debe (como actualmente hace) recurrir a las capturas indiscriminadas de gente que no tiene ningún tipo de vínculos con delincuentes. Tampoco es posible y es por lo tanto condenable, que se violen los derechos humanos de los prisioneros (aunque sean criminales).
La semana anterior se evidenció todo esto en la captura arbitraria e ilegal de ocho jóvenes de una comunidad organizada, que se esfuerza en transmitir a las nuevas generaciones las experiencias de lucha del pueblo salvadoreño por su liberación. Precisamente, el tipo de memoria histórica que el régimen neofascista salvadoreño, que tiene innumerables puntos de coincidencia con esa derecha extremista continental que describíamos antes, se empeña en evitar que el pueblo recuerde.
Esos jóvenes fueron sometidos a malos tratos, su detención fue ilegal, los militares responsables de los arrestos y apremios ilegales mintieron al entregarlos a la autoridad policial. Los jóvenes están hoy en libertad gracias a los reclamos y acciones de familiares, a la movilización de la comunidad, a la denuncia internacional. Hoy es justo reclamar que se investigue a cada uno de los responsables de estos hechos, en la escala de mando que corresponda, y se les juzgue. Del mismo modo es imperativo que se siga invocando el derecho de defensa de los detenidos, y el respeto a sus DDHH.
Todos estos reclamos, en particular cuando ponen en evidencia al régimen en tanto violador de derechos de inocentes, han enfurecido al autoritario inquilino de CAPRES quien, ante los reclamos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respondió denunciándola como organismo defensor de criminales, el mismo argumento que usa frente a los defensores locales, a los medios no sumisos a sus órdenes, y en general a cualquiera que se le oponga.
Las cifras de las encuestas indican que ese discurso binario y cavernario funciona aún con la gente. Lo que nos debe llevar a concluir que es imperativo regresar a las fuentes, a la educación popular, a trabajar casa por casa en las comunidades para explicar que la justicia no es cuestión de venganza, y que el respeto a los derechos de las personas no significa en ningún caso condonar ni justificar, ni mucho menos proteger a las delincuentes frente al peso de la justicia.
En tanto las fuerzas populares no avancen en este terreno de la educación popular, denunciando los abusos, desmontando las mentiras, pero dejando clara la posición de no rechazar la persecución del delito y de los delincuentes, sino que esta se realice por los métodos legales establecidos, sin escudarse en la impunidad, el abuso de autoridad y la ilegalidad del régimen de excepción permanente, las mentiras del régimen seguirán permeando en la sociedad.
Esa visión de las mayorías subraya el déficit de los gobiernos de izquierda durante 10 años, en los cuales no solo no se combatió adecuadamente el crimen organizado, sino que quedaron a deber en materia de educación para el respeto a los derechos humanos, la aplicación de justicia y el debido proceso en la persecución del delito.
Una falta de educación en valores que hoy se evidencia en la actitud de la población ante el régimen y que se plasma en la encuesta de la UFG. Como ejemplo, el 56% de las personas encuestadas afirmaron no haber leído jamás la Constitución, aunque el 77% de encuestados dijeron apoyar la reelección (inconstitucional) del presidente. Otra evidencia de ese déficit aparece cuando varias menciones a los logros del actual gobierno por parte de los encuestados se refieren a simples promesas electorales jamás cumplidas por el presidente, como el tren del Pacífico o el aeropuerto de Oriente, entre otras obras jamás realizadas.
¿Ya revisaron su Chivo Wallet?
Esta semana marcó un hito en la historia de las criptomonedas, en particular la del Bitcoin, que cayó 21% y su precio tocó su mínimo en los últimos dos años. En todo caso, siendo esta la peor caída, el Bitcoin viene perdiendo consistentemente desde finales de 2021, como resultado del endurecimiento de las condiciones financieras globales. En el caso de El Salvador, único país del mundo que adopta el criptoactivo como moneda de curso legal, asumiendo el costo desde las arcas públicas, el desastre es superlativo y a la fecha representa una pérdida del 67% de su valor desde su implementación, aquel fatídico 6 de septiembre de 2021.
La oscuridad en el manejo de los fondos por parte del gobierno salvadoreño no nos permite conocer cuanto exactamente se ha invertido en esta aventura, pero las estimaciones de organismos financieros independientes lo sitúan en unos 70 millones de dólares. Cifra que puede resultar insignificante para países con mayor fortaleza económica, pero para El Salvador esa cantidad representa el presupuesto anual de un ministerio, por ejemplo, el ministerio de Agricultura tiene un presupuesto de $77,112,769 millones en 2022. El gobierno juega a la especulación con el dinero del pueblo en un país cuya tasa de pobreza, según el Banco Mundial, es de 26%, y cuya canasta básica se sigue disparando.
Experto en provocaciones mediáticas y en cambiar los ejes de discusión pública para mantener a su audiencia, el presidente se dedicó durante mucho tiempo a presentar el BTC como uno de sus movimientos maestros más audaces y exitosos. Todos recuerdan sus mensajes en redes sociales, pretendiendo ser sarcástico cuando preguntaba “¿Ya revisaron sus Chivo Wallet?” Hoy el presidente guarda un silencio culposo ante el desbarajuste de un activo que no supera los 17 mil dólares.
Datos financieros indican que menos del 2% de las remesas de salvadoreños en el exterior se realizan con el criptoactivo. Un fracaso total que sigue siendo señalado por las personas encuestadas, convirtiéndose en el principal factor de desacierto identificado en la reciente encuesta de la UFG (28.3%).
En economía, tanto doméstica como de deuda externa, el gobierno salvadoreño sigue marchando contrarreloj; en enero debe honrar una deuda de 667 millones de dólares y existe el riesgo de impago. A eso parecen deberse algunas maniobras discursivas, como la afirmación del vicepresidente Ulloa en Europa, anunciando un supuesto interés de China por la compra de la deuda soberana salvadoreña, algo que el gobierno chino, desde su embajada en San Salvador, se apresuró a evadir, sugiriendo que no conocían de tal iniciativa.
Dos días después, el presidente salvadoreño anunció la firma de un tratado de libre comercio con China. Esto sucede después que las puertas del FMI, al que El Salvador se había acercado desde principios de año, se cerraran, al negarse el multilateral a otorgar un financiamiento, entre otras razones, por los riegos que implicaba su política de Bitcoin como moneda legal.
Raúl Llarul*Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN.
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