Cuando México optó por sacar a los militares de los cuarteles para encargarles tareas de seguridad pública en 2006, empezó el abandono de las policías locales. Sin embargo, es en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el deterioro de las corporaciones estatales y municipales se ha acentuado: recortes en presupuesto, precarización laboral y aumento en homicidios, son solo algunos de los efectos del olvido.
Expertos en seguridad pública explican que una de las principales consecuencias de la militarización de la seguridad pública es el deterioro en el que se encuentran la mayor parte de las corporaciones locales, lo cual señalan es preocupante, porque son éstas la vía por la que se dará la pacificación del país.
“Las policías locales son la mejor vía para recuperar la paz en el país. Es cierto que la situación de la delincuencia organizada ha rebasado institucionalmente a localidades, pero también es cierto que abandonar a las policías locales ha sido un caldo de cultivo para que la violencia se mantenga por mucho más tiempo”, afirma, Angélica Canjura Luna, investigadora de Causa en Común.
El uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad no inició con el presidente Felipe Calderón, pues desde los años 40 del siglo pasado ya tenían asignadas algunas tareas como la lucha contra las drogas, pero es a partir de 2006 cuando se incrementa el uso de militares en el combate a la inseguridad.
Uno de los argumentos para recurrir al Ejército fue la incapacidad de las policías locales para hacer frente al crimen organizado, pero una situación que era una excepción se convirtió en la regla, por lo que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador también optaron por recargar su estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas.
Mientras se usaba a las militares y marinos en el combate a la violencia, se debía profesionalizar a las policías locales, pero eso no sucedió. En los últimos tres sexenios, las policías se mantuvieron en el olvido.
“Las policías municipales son muy pequeñas y les falta capacidad, están asfixiadas presupuestalmente porque todo el presupuesto se ha ido a corporaciones federales como el Ejército, la Gendarmería, la Guardia Nacional”, plantea Víctor Hernández, experto en seguridad pública y miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme y de la Red Nacional de Inteligencia.
De acuerdo con el reporte “Números de Erario” , realizado por la organización México Evalúa, es en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se acentúa el olvido a las policías civiles, mientras presupuesto militar ganó terreno.
En 2022, el presupuesto de las corporaciones militares es 2.6 veces más que el de las civiles. En 2014, las instituciones de carácter civil tenían más recursos.
El presupuesto estatal y municipal se integra por los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y hasta 2020 que fue eliminado, en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
El objetivo de ese presupuesto es el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia; desarrollo, profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de delitos; sistema nacional de información para la seguridad pública, entre otras.
Sin embargo, esos rubros también fueron afectados en la actual administración. El FASP prácticamente se ha mantenido estancado, mientras que el Fortaseg fue eliminado, lo que afectó a los municipios, que es donde ocurren entre el 80 y 90% de los delitos de alto impacto.
“Se eliminó el Fortaseg en 2020 con el discurso de corrupción e ineficiencia de policías locales, pero no se complementó con nada, esa es la mayor problemática que vemos en este gobierno, se quedaron completamente en el abandono algunas policías, ahí se agravó la situación”, refiere Angélica Canjuta.
Pero los recursos no son la única arista del olvido. Al haber menos recursos, la operación de los policías se precariza: no hay uniformes, no hay equipo, no hay capacitación, no hay academias, y a ello se le suma que se incrementa el riesgo de ser asesinado en la labor.
De acuerdo con el informe “La situación de las policías en México 2018-2022”, realizado por Causa en Común, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta abril de este año han sido asesinados 1,537 policías o ex policías, que representan un promedio de más de un uniformado cada 24 horas”.
La precarización de los policías ocurre en el contexto en que en los homicidios no ceden en el país. En la actual administración suman 129,888 feminicidios y muertes intencionales.
¿Y qué hacen los gobiernos locales?
La falta de recursos para las policías locales no solo es una responsabilidad de la federación, también lo es de los gobiernos municipales y estatales, pero de acuerdo con el reporte Gasto en seguridad pública de la organización México Evalúa, el financiamiento de las policías civiles no es sostenible para los gobiernos locales porque no están recaudando los suficientes recursos.
“El cobro de predial a nivel municipal es muy inefectivo. Con datos del Inegi, sabemos que el 90% de la recaudación del impuesto predial se obtiene en 5% de los municipios a nivel nacional; esto, a pesar de que 50% de los municipios cobra predial. Es solo una muestra de que faltan políticas públicas que se enfoquen en encontrar soluciones para superar el pecado original de emprender un país sin asegurar las principales fuentes de financiamiento de las policías”, refiere en su reporte.
¿Por qué AMLO olvidó a las policías?
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfocó en hacer crecer a la Guardia Nacional. En sus tres años de operación esa corporación, ya a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha recibido más de 121,149 millones de pesos.
Para Víctor Hernández, la falta de presupuesto a las policías locales ha derivado en un círculo vicioso.
“Hay un círculo vicioso, se dice las policías municipales no funcionan. Como le quitamos dinero a la policía municipal para mandar a las policía federal que hoy es la Guardia Nacional, las policías locales no funcionan; entonces, se opta por perpetuar la militarización”, refiere.
El decreto que dio origen a la Guardia Nacional establecía que los gobernadores tenían que entregar un diagnóstico para el fortalecimiento de sus cuerpos policiales en un plazo máximo de 180 días, sin embargo, no todos cumplieron. Hasta 2020, 30 entidades entregaron su diagnóstico (excepto Baja California Sur y Zacatecas) y 27 cumplieron con presentar su programa de fortalecimiento (excepto Baja California, Baja California Sur, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas).
El fondo con claroscuros
La aprobación para prolongar de cinco a nueve años el uso de las Fuerzas Armadas en México en el Congreso de la Unión revivió un tema reclamado: la profesionalización de policías. A la par de mantener por cuatro años más a militares y marinos en tareas de seguridad pública, se aprobó que a partir del próximo año haya un fondo permanente para fortalecer los cuerpos policíacos de estados y municipios.
Los expertos consideran que si bien la creación del fondo es una buena noticia, México está atrasado en el fortalecimiento de sus policías locales, las cuales son clave en la pacificación de un país que tiene en promedio, 85 homicidios dolosos por día y una tasa de muertes violentas de 28 por cada 100,000 habitantes.
Angélica Canjura señala que un elemento que se debe considerar en este fondo es cuidar que los estados “no hagan trampa” con las cifras de inseguridad.
“Este fondo se solicitó que fuera permanente, con recursos suficientes y específicos para el apoyo para entidades y municipios y que tenga un incremento igual en porcentaje al que reciban las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. Hay un 25% que sería repartido entre las entidades que obtengan los mejores resultados en materia de seguridad, suena muy bien, sin embargo hay algunos problemas”, comentó.
De acuerdo con la experta, para que una entidad pueda obtener parte del 25% de la bolsa, deberá tener buenos números en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, pero éste no funciona como debiera.
“Hemos detectado situaciones irregulares en donde tenemos estados que no está reportando ningún delito como Durango que no ha reportado secuestros, Colima donde no existe el robo con violencia ni a transeúntes ni de vehículo. Entonces, ¿cómo hacer este análisis de quienes obtienen los mejores resultados si se basarán en estos datos que no están reflejando la realidad y cuando se ha demostrado que tienen manipulaciones?”, cuestiona la experta.
*Lidia Arista es periodista de Expansión, donde fue publicado originalmente este artículo.
