Después de una pandemia que desató una crisis sanitaria de dimensiones épicas, seguramente lo menos apetecible ahora sea leer noticias sobre una crisis energética en un contexto de sequías en uno de los veranos más cálidos desde que hay registros. A todo ello hay que añadir los datos de superficie quemada: el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (Copernicus), a través de imágenes de la Tierra tomadas por satélite eleva hasta las 221.939 las hectáreas que han ardido en lo que va de año en España hasta el 23 de julio, una cifra que duplica la media de los últimos diez años, que es la más elevada desde 1994 y que es muy superior a los datos ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica —78.759 hectáreas—, ya que son los que le trasladan las comunidades autónomas en un primer momento, e incrementan después.
Un parche sobre un parche encima de otro parche. Como los famosos personajes de cómic Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, las administraciones, estados y comunidades políticas tratan de navegar por un mar cada vez más enfurecido a bordo de una balsa de goma que se rompe por el mismo sitio: la voracidad del capitalismo frente a la tibia tensión de las instituciones públicas. La utilidad de los hospitales y clínicas privadas para frenar la pandemia del covid-19 fue mínima. Un sistema sanitario público robusto fue sinónimo de capear con cierta dignidad un revés de dimensiones mundiales.
Los pasos dados este verano por la Unión Europea recuerdan esa lección que unas aprendieron y otras siguen negando, pero ¿son suficientes las medidas sugeridas para ahorrar energía y compartir solidariamente el gas que ya no llegará de forma tan abundante de Rusia a países tan dependientes como Alemania? ¿Lo son las que ha decretado España y el ya famoso decreto de 19 a 27º? Resumidamente, según las fuentes consultadas, el ahorro energético es la dirección adecuada, pero el objetivo debería ser considerablemente más amplio y adecuarse al contexto de crisis climática. La organización Ecologistas en Acción demanda un “plan estructural y ambicioso”. La plataforma Aigüa és vida reivindica abordar la gestión del agua “desde la raíz”. El Observatorio Omal añade que, “en un horizonte bastante oscuro, la fiscalidad es clave”.
España acumula un calentamiento de 1,7º desde 1850 a 2020, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El planeta en su conjunto, un 1,1º, advirtió el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés). En su último informe, el organismo científico alertaba de que serán más frecuentes los fenómenos climáticos extremos, los cuales favorecen otro tipo de desastres (olas de calor y sequías en comunidades sin un servicio público de bomberos forestales disparan la superficie quemada, como en Castilla y León).
El pasado año, el geógrafo del CSIC Sergio Vicente, tras participar en la redacción del capítulo 11 del último documento del IPCC, dedicado a los fenómenos extremos alertó de que las previsiones para la península ibérica y las Islas Canarias son olas de calor más frecuentes, más intensas y menos precipitación. Este año se le suma la crisis energética generada por la guerra en Ucrania y los cambios geopolíticos por el control ante un escenario de escasez de combustibles fósiles.
Rodrigo Irurzun es el responsable de energía de Ecologistas en Acción. Valora que el decreto del Gobierno “va en la buena dirección, pero le falta mucha ambición”. España, como el resto de Europa, va reduciendo poco a poco su consumo de energía en las últimas décadas, agrega, pero esa reducción hay que situarla: “En España estamos viviendo como si tuviéramos 2,5 planetas; el mundo, como si tuviera 1,7. Es insostenible”, remarca sobre la huella ecológica y las matemáticas.
El diseño de nuestras ciudades y sociedad depende en gran medida de la electricidad —23% de la energía consumida en el Estado—. La gasolina, gasóleo y gas que usamos para el transporte y calefactarnos representan el resto. Y el 85% vienen del exterior. Irurzun apunta que es necesario transformar el modelo energético en tres líneas: reducir “muchísimo” el consumo, para lo cual “no bastan medidas puntuales”, sino que es necesario cambiar hábitos de vida, reducir necesidades de movilidad, aislar edificios, cambiar procesos productivos y practicar consumo de proximidad.
En segundo lugar, la energía consumida debe ser lo “más sostenible posible”, y ello implica que los proyectos fotovoltáicos y eólicos no tengan un impacto ambiental, sino que emanen de procesos democráticos. La incorporación de procesos democráticos es la tercera línea de actuación: que las comunidades puedan decidir qué energía consumen y cómo, haciéndose —haciéndonos— responsables y partícipes de entender el impacto de nuestro consumo.
Agua
Del mismo modo que las plataformas petrolíferas están en alta mar y las minas de carbón en países lejanos —“por lo que no estamos sensibilizados de cómo estamos consumiendo energía”, añade el experto—, la alienación de los recursos es similar con el agua. Abres el grifo y sale un chorro. No es magia, sino una red de tuberías e instalaciones potabilizadoras, a las que hay que sumar las que evitan que las ciudades se inunden en caso de trombas de agua. “El reaprovechamiento de las aguas pluviales nos permitiría conocer más el ciclo a través de una gestión comunal, más presente en el campo”, indica Dante Maschio, ambientólogo que trabaja en Ingenieria sense fronteres y es miembro de Aigüa és vida. Pero la medida fundamental es la remunicipalización de este bien: la gestión del agua para el 80% de la población de Catalunya es privada, y algo más del 50% para los habitantes del Estado.
En un verano en el que han vuelto las restricciones en muchos territorios —en Catalunya, casi todos los municipios están prealerta, alerta o emergencia—, Maschio considera que es necesaria una “ley de mínimo vital para garantizarla a un precio justo o gratuito”. Agrega que en algunos lugares, como Cádiz, ya se ha empezado a hacer.
Abordar “desde la raíz” el consumo del agua es “prioritario”. Para ello, el ambientólogo distingue entre uso abusivo y prioritario, siendo este último el doméstico. Las grandes empresas y el modelo turístico copan el abuso. Basta echar un ojo para ver que justamente en los municipios donde la publicación se incrementa sustancialmente en verano por la llegada del turismo es donde ya han arrancado las primeras restricciones, como en la comarca de Urdaibai (País Vasco), que transporta contenedores de agua en barco desde el puerto de Santurtzi, o Castro (Cantabria). Maschio también reivindica auditorías públicas para el uso del agua y así poder saber, por ejemplo, qué impacto tiene el turismo de la ciudad de Barcelona y su área metropolitana en las restricciones que se activarán en septiembre si no llueve antes.
Al hablar de agua entra por la puerta grande el regadío. El ingeniero agrónomo Santiago Martín, de Ecologistas en Acción, advierte sin dudar de que el problema actual, “más que a un problema de falta de lluvia, se debe a un exceso de consumo debido al espectacular consumo del regadío”. Recuerda que en primavera llovió un 12% más que la media —en algunas partes del Estado, como la cuenca Mediterránea—, pero el regadío consume más del 85% del agua.
Según el Ministerio de Agricultura, hay 4,1 millones de hectáreas, a los cuales hay que añadir los cultivos ilegales, que podría elevar la cifra a cinco millones. Según los cálculos de Ecologistas, solo se pueden regar de forma sostenible entre 3 y 3,2 millones de hectáreas de cultivo de regadíos para encontrar “un equilibrio ecológico de andar por casa” y, aún así, esa merma de cultivos no supondrían un problema de abastecimiento, ya que el 75% de los productos hortofrutícolas se exportan.
Energética pública
El parlamentario catalán Dani Cornellà (CUP) resume de forma sucinta la situación catalana, donde se han aprobado leyes pioneras: “Se aprueban normas que solo se despliegan mínimamente. Se ha creado un impuesto para los vehículos privados, pero no para las grandes empresas y los grandes barcos”. En 2017, el Parlament aprobó la Llei del Canvi Climàtic; en 2019, Catalunya declaró la emergencia climática. En un territorio donde la alerta de sequía ya es portada de diarios y tema habitual de tertulia, Cornellà añade que desde su formación son “escépticos” con la gestión del Govern a la hora de afrontar este contexto. Ellos apuestan por “el decrecimiento turístico, otro modelo de agricultura y ganadería, en el que no se necesite tanta energía ni se malgaste agua, para construir un país sostenible en el que pueda vivir todo el mundo”.
El Govern ha incluido una partida de medio millón de euros para los próximos presupuestos para estudiar la creación de una energía pública, propuesta política de los anticapitalistas en noviembre de 2021.
Fiscalidad y contexto estructural
Gonzalo Fernández, economista y miembro de Omal, separa teóricamente dos contextos: el estructural y el coyuntural, que une a través del dinero. En el estructural sitúa la vocación del capitalismo, es decir, sus inevitables ansias de crecimiento y acumulación, que han abocado al cambio climático y al agotamiento de los recursos fósiles. “Es la tormenta perfecta para generar luchas geopolíticas, que se ejemplifican en la disputa de Estados Unidos y China por la hegemonía de la nueva economía, lo cual lleva aparejado diversos conflictos, y Ucrania es una derivada de todo ello por mucho que se quiera ver como algo aislado”.
Las respuestas dadas por las instituciones se ajustan al contexto coyuntural, limitar el gas y subvencionar el gasóleo y la gasolina. “Son medidas timoratas que no tocan el hueso del poder de las empresas y que obvian la dinámica capitalista sobre la que opera, por ejemplo, el sector turístico y la agricultura industrial, centrada en trasvases de agua en vez de la lógica material de cada comarca y zona”, considera Fernández. ¿La solución? “No podemos permitir que ante un horizonte bastante oscuro los estados se encuentren sin recursos. Para ello, la fiscalidad es clave, centrándola en la energía y la banca, pero no rascando beneficios pequeños —como los propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez— sino con una reforma fiscal muy profunda que aborde los impuestos de sociedades, de las grandes fortunas y de patrimonio”. De este modo, se fortalecerían las instituciones para poder dirigir y capear el temporal, en vez de que lo paguen las familias, “y eso está fuera del debate, a pesar de ser la parte importante”. Planificaciones democráticas y soberanía energética son la clave para este economista.
Aemet augura una “persistencia extraordinaria” del calor hasta mediados de agosto. El Banco Santander rechaza los impuestos a la banca, pero ha ganado un 33% más hasta junio que el pasado año. Repsol los ha duplicado. Entre enero y junio de este año obtuvo 2.539 millones, más del doble que en 2021 (1.235).
Artículo publicado en El Salto.
Foto de portada: Embalse de Ricobayo en Zamora. DAVID F. SABADELL
