La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este jueves el texto básico de la reforma fiscal por 375 votos a favor, 113 en contra y tres abstenciones, debate que se prolongó por más de 10 horas. La propuesta de enmienda a la Constitución (PEC) reformula la fiscalidad sobre el consumo.
La sesión comenzó a las 11 de la mañana, con los debates en torno al texto. Hacia las 18.00 horas comenzó la votación pese a una petición del Partido Liberal para aplazar la misma y demorar su aprobación. La PEC fue aprobada en primera vuelta cuando el reloj se acercaba a las 10 de la noche. El número de votos a favor, así como la propia aprobación, provocaron efusivas celebraciones entre la base gobernante.
Para ampliar la base de apoyo, el relator de la propuesta en la Cámara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), introdujo cambios de última hora. El texto trae algunos cambios, como mayores reducciones en las tasas impositivas, exención para algunos productos de la canasta básica y cambios en el Consejo Federativo, órgano que decidirá las políticas fiscales y tributarias.
Tras casi dos horas de discusiones y amenazas de aplazamiento de la votación sobre la reforma, Aguinaldo Ribeiro presentó la última versión del dictamen.
En lo que respecta a la cesta básica de alimentos, el nuevo dictamen reduce a cero el tipo del futuro Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los artículos que se incluirán en una ley complementaria, además de las frutas, hortalizas y huevos. Esta ley creará la «cesta básica nacional de alimentos». El cambio reduce la resistencia de algunos Estados a renunciar a ingresos porque no estimularía una nueva guerra fiscal en torno a los productos alimentarios, ya que la lista será válida para todo el territorio nacional.
El relator también aumentó, del 50% al 60%, la reducción de los tipos de IVA que recaerán sobre algunos productos y sectores. Los transportes públicos, la salud, la educación, la cultura y los productos agrícolas fuera de la canasta básica nacional pagarán un 60% menos de IVA, impuesto que unirá la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS), recaudada por la Unión, y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), de responsabilidad de estados y municipios.
Además de los productos de la cesta básica nacional, la CBS no se aplicará a los medicamentos para enfermedades graves ni a los servicios de enseñanza superior (Prouni). Los demás productos pagarán el tipo íntegro del IVA, que se definirá tras la reforma fiscal.
Regímenes especiales
El proyecto mantuvo regímenes específicos de recaudación fiscal para los carburantes, las transacciones inmobiliarias, los planes de asistencia sanitaria, los servicios financieros y los juegos de azar. No obstante, se incluyeron los siguientes sectores: servicios hoteleros, parques de atracciones y temáticos, restaurantes y aviación regional.
Estos regímenes prevén un tratamiento diferenciado en las reglas de acreditación (utilización de créditos fiscales) y en la base de cálculo; y una imposición basada en los ingresos o las ventas (en lugar del valor añadido en la cadena).
Consejo Federativo
Según anunció el miércoles (5) el ministro de Hacienda Fernando Haddad, el Consejo Federativo, encargado de gestionar el SII, verá modificado su modelo de votación. El mismo estará formado por 27 representantes, uno por cada Unidad Federativa, más 27 representantes municipales. De los representantes municipales, 14 serán elegidos por mayoría de votos iguales entre las entidades y 13 en función del tamaño de la población.
Las decisiones del consejo sólo serán aprobadas si obtienen, al mismo tiempo, los votos de la mayoría numérica de las entidades federativas y de los representantes que correspondan a más del 60% de la población del país. Los votos de los municipios se contarán por mayoría absoluta.
El Distrito Federal tendrá dos escaños en el consejo: uno como unidad de la Federación y otro como municipio.
Fiscalidad selectiva
La versión final modificó el Impuesto Selectivo, que gravará bienes y servicios nocivos para la salud y el medio ambiente, como cigarrillos, bebidas alcohólicas y alimentos con exceso de azúcar. Este impuesto no podrá aplicarse a artículos que paguen un IVA reducido.
La medida impide gravar con el Impuesto Especial los artículos agrícolas perjudiciales para el medio ambiente, como los agrotóxicos y los pesticidas. El cambio había sido solicitado por el Frente Parlamentario Agroindustrial como condición para aprobar la reforma fiscal.
El PSOL (Partido Socialista en el Parlamento) presentó un destaque para tumbar el cambio, pero el gobierno argumentó que discutirá, en una ley complementaria, el detalle de los insumos agrícolas. Esto permitiría, en teoría, la recaudación de impuestos especiales sobre pesticidas y agentes defensivos.
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado para estimular el desarrollo de los estados que ya no pueden recurrir a la guerra fiscal (reducción de impuestos locales) para atraer inversiones, se mantuvo en R$ 40 mil millones. Varios estados pedían contribuciones mayores, de R$ 75 mil millones. La nueva versión del informe, sin embargo, no trajo los criterios para la división de los recursos del fondo entre los estados. La cuestión se definirá después de la reforma fiscal.
Para obtener el apoyo de la bancada de Amazonas, el relator ajustó los artículos sobre la Zona Franca de Manaus y las Zonas Procesadoras para la Exportación (ZPE) para dejar más claro el tratamiento diferenciado y la ventaja de las empresas instaladas en estas áreas.
Por otro lado, el dictamen final informó que el cashback (devolución parcial de impuestos) se basará en la reducción de la desigualdad de ingresos, en lugar de la reducción de la desigualdad de raza y género. El cambio responde a las exigencias de los diputados conservadores, que amenazaron con no votar a favor de la reforma fiscal si no se eliminaba el término.
El cashback instituye la posibilidad de una amplia devolución de parte del IBS y del CBS a las personas físicas. La idea inicial del grupo de trabajo de la Cámara que discutió la reforma fiscal era incluir en la propuesta de enmienda a la Constitución un mecanismo de devolución a las familias con bajos ingresos, similar al que existe en algunos estados. Las condiciones de devolución serán definidas por ley complementaria.
En cuanto a las herencias, el nuevo informe exime del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Donaciones Causa Mortis (ITCMD) las transferencias a entidades sin ánimo de lucro con fines públicos y de relevancia social, incluidas las organizaciones asistenciales y benéficas de entidades religiosas y los institutos científicos y tecnológicos. Una ley complementaria definirá las condiciones de estas exenciones. Se mantiene la progresividad (tipos más elevados para las herencias de mayor cuantía).
Con la aprobación en Diputados de esta reforma constitucional, la discusión acerca de un nuevo sistema tributario, que ya alcanza casi 30 años en el país, comienza a quedar saldada. La creación de una canasta básica nacional y la unificación de tributos, ambas promesas de campaña del actual presidente Lula Da Silva, dan cuenta de un avance significativo de la agenda del gobierno pese al escenario desfavorable en Diputados, donde la mayoría está del lado de los conservadores. La próxima etapa de análisis será en el Senado, donde de ser aprobado pasará al Ejecutivo para avanzar en la sanción.
*Ana Laura Dagorret es analista internacional, coautora del Manual breve de geopolítica y parte del equipo de PIA Global.
FOTO DE PORTADA: Zeca Ribeiro, Cámara de Diputados.
