El camino hacia esto estaba lejos de ser fácil. Durante casi dos décadas, los gobiernos posteriores no habían cumplido con las recomendaciones para poner fin a la pena de muerte. Y hace apenas cinco años, el entonces ministro del Interior declaró su apoyo a la pena capital al ordenar simbólicamente la limpieza de la horca de una prisión de máxima seguridad.
Entonces, ¿cómo logró Sierra Leona finalmente abolir la pena de muerte? ¿Y qué podrían aprender otros países de su experiencia?
Como llegamos aquí
Sierra Leona mantuvo e institucionalizó la pena de muerte cuando obtuvo la independencia en 1961 y adoptó el derecho consuetudinario inglés. Durante las décadas siguientes, la pena capital fue la sentencia máxima por asesinato, traición, motín y robo con agresión. También se utilizó como herramienta política para acabar con los opositores políticos.
Desde la década de 1970, hubo persistentes campañas de la sociedad civil que pedían su abolición. Pero una nueva constitución redactada en 1991, justo antes del inicio de la guerra civil de 11 años, mantuvo la pena de muerte. En 1998, en el punto álgido del conflicto, 24 soldados fueron ejecutados públicamente por un pelotón de fusilamiento.
Se trataba de las últimas ejecuciones de Sierra Leona y, tras el fin de la guerra, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) recomendó en 2004 la abolición de la pena capital. En 2007, el gobierno impuso una moratoria sobre las ejecuciones.
Sin embargo, a pesar de esto, la pena de muerte siguió siendo «obligatoria» para delitos como asesinato, robo con agresión y traición. Y con las manos atadas, los jueces continuaron imponiendo el castigo. Esto resultó en un sufrimiento e injusticia inconmensurables, especialmente porque las personas condenadas a muerte tienden a provenir de entornos marginados y luchan por obtener una representación legal de calidad. En 2009, por ejemplo, Aminata, de 17 años, fue arrestada por apuñalar y matar a su pareja abusiva durante una pelea mientras la golpeaba. Fue condenada a muerte por asesinato y temía cada día ser ejecutada. Solo una década después fue absuelta por el Tribunal de Apelación tras la intervención de AdvocAid.
En 2011, hubo un nuevo rayo de esperanza cuando el entonces presidente Ernest Bai Koroma conmutó las condenas de todas las personas condenadas a muerte para conmemorar el 50 aniversario de la independencia de Sierra Leona. Luego, en 2016, el Comité de Revisión Constitucional hizo de la abolición de la pena de muerte una de sus recomendaciones prioritarias. Sin embargo, se siguieron dictando sentencias de muerte.
En 2018, Maada Bio llegó al poder prometiendo una reforma de la justicia penal. Aunque el nuevo gobierno no había prometido poner fin a la pena de muerte, esta aspiración se convirtió en parte de una agenda más amplia, informada por la defensa de la sociedad civil, la presión de los socios internacionales para el desarrollo y la fe católica del presidente. El marco creado a través de décadas de incidencia había hecho posible de repente convertir la voluntad política en acción.
¿Qué podrían aprender otros países?
Hay mucho que destacar de la experiencia de Sierra Leona. El primero es la tenacidad de la sociedad civil a pesar de la falta de financiamiento y apoyo de los donantes que tienden a trabajar en ciclos cortos y tienen prioridades en constante cambio. Durante varias décadas, los grupos de defensa de Sierra Leona han hecho campaña para la abolición de la pena de muerte utilizando una variedad de estrategias que incluyen litigios, participación del gobierno y publicidad de las historias de personas condenadas a muerte.
Otro factor a destacar es la estrategia legal utilizada. Muchos países, como Ghana, han visto estancados los movimientos de abolición debido a las complicaciones de enmendar la constitución y la falta de voluntad política. El enfoque de Sierra Leona de enmendar las leyes que establecen la pena de muerte ofrece un enfoque más flexible. Aquí, el gobierno estableció un grupo de trabajo ministerial para discutir las reformas legales y, al mismo tiempo, utilizó su escasa mayoría en el parlamento para enmendar la ley. Esto significó que una vez aprobada por el gabinete, la tarea del Fiscal General era simple: remover y reemplazar la pena de muerte en todas las leyes existentes, evitando lo que podría haber terminado en un costoso ejercicio de referéndum.
El caso de Sierra Leona finalmente deja en claro que cuando el liderazgo político de un país tiene la intención de transformar sus leyes y promover los derechos humanos, el cambio puede ocurrir rápidamente. Y habiendo eliminado la pena de muerte, el país no se ha hundido en el caos. A pesar de lo que argumentan los partidarios de la pena de muerte, su eliminación no ha abierto una compuerta a la criminalidad. De hecho, no hay datos o investigaciones creíbles que respalden la afirmación de que la pena de muerte sirve para disuadir delitos graves.
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¿Camino a seguir?
Cuando los parlamentarios de Sierra Leona eliminaron la pena de muerte, votaron para reemplazarla con una pena máxima de cadena perpetua en lugar de una sentencia obligatoria. Esto permite una mayor discrecionalidad judicial y es un ejemplo importante de reforma legal progresiva.
En el futuro, ahora se necesitan pautas de sentencia para garantizar que los jueces consideren factores atenuantes, como la pobreza, el abuso y la salud mental, al momento de dictar sentencia. En Sierra Leona, como en muchos otros países, no existe una disposición legal para considerar un historial de abuso y los tribunales no cuentan con la orientación adecuada sobre cómo tener en cuenta la violencia de género.
También se necesita más financiación y priorización de los servicios de asistencia jurídica y empoderamiento jurídico. Al igual que las alternativas al encarcelamiento para reducir el elevado número de personas en prisión preventiva. Todavía queda mucho trabajo por hacer en términos de reforma de la justicia penal en Sierra Leona.
Antes de la abolición en julio de 2021, había más de 90 personas en el corredor de la muerte, según la información proporcionada por el Servicio Correccional. A esas personas se les debería conmutar sus sentencias y revisar sus casos. Por ahora, sin embargo, deberíamos tomarnos un tiempo para celebrar este hito con la miríada de personas, organizaciones y personas anteriormente condenadas a muerte que llevaron a este momento histórico.
Artículo publicado en Argumentos Africano, editado por el equipo de PIA Global
