Desde su llegada al gobierno, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una oposición que no por predecible es menos peligrosa. Hoy escala a niveles de amenaza golpista, según denuncia el mismo presidente.
Lo que está sucediendo en Colombia, sin embargo, no parece muy distinto a lo que han enfrentado expresiones de corte popular, una vez que llegaban a gobernar Estados tradicionallmente administrados por fuerzas de derecha neoliberal.
Lo que en general marca la diferencia entre uno y otro proceso a lo largo del continente, es la actitud y respuesta de esas fuerzas ante el desafío. Uno de los problemas parece haber sido la inicial tentación de muchos de esos gobiernos llamados progresistas, de negociar o hacer concesiones a esa clase de oposición, en la errónea creencia que al hacerlo, sus adversarios “entrarían en razones”, calmándose y dejándoles gobernar.
Pero esas clases dominantes retrógradas, solo interesadas en vigilar y proteger sus privilegios e intereses, no sienten ninguna necesidad de “razonar” nada; lo que les obsesiona es recuperar lo que consideran suyo por derecho propio. Superar su derrota implica para ellas revertir cualquier medida en favor de los pueblos, que pudieran haber implementado “los advenedizos” desde el gobierno.
La historia reciente de América nos enseña que las derechas oligárquicas, asociadas -o con intereses coincidentes- con fuerzas imperiales y cipayas, dedican sus esfuerzos a desestabilizar aquellos gobiernos, impidiendo su gobernabilidad.
Cuentan, entre muchos otros elementos a su favor, con una burocracia estatal formada ideológica y técnicamente para servir al sistema, asegurando su funcionamiento, herencia de las fuerzas que han hegemonizado el control estatal durante décadas, cuando no siglos.
Esa burocracia no cambia de rumbo y orientación por el mero cambio periódico de administración a los máximos niveles. También en estas circunstancias existen diferencias entre gobiernos de derecha y progresistas o de izquierda.
Tradicionalmente, los gobiernos de corte popular se proponen la creación de empleos, situación que los aleja de cualquier tentación de cambiar bruscamente el aparato o ejército burocrático del Estado, por el trámite expedito de los despidos masivos. En primer lugar, porque son esas estructuras las que realmente constituyen el tejido que permite su funcionamiento y, en segundo lugar, porque los despidos masivos no responden a su visión ideológica.
Muy lejos de ello, cuando las fuerzas conservadoras recuperan los aparatos del Estado, no dudan un instante en desmantelar aquellas áreas en las cuales gobiernos de corte ideológico contrario pudieran haber realizado cambios profundos.
Al mismo tiempo, y ya desde su situación como opositores, en la medida que haya en el gobierno fuerzas que representen, en mayor o menor medida, intereses populares, desde la derecha ejercerán una resistencia permanente, aspirando a obstaculizar el cumplimiento de compromisos electorales, en especial aquellos que puedan afectar o alterar términos de intercambio comercial, tasas de ganancia, concentración de riqueza, gestión de salarios, redistribución de la riqueza nacional o reformas tributarias progresivas, aunque sea en grados mínimos.
En el caso de Colombia, entre las primeras acciones llevadas a cabo por la derecha reaccionaria, desplazada del poder por primera vez en casi 200 años, un poder concentrado hasta hace dos años en manos de una oligarquía cafetalera, autoritaria e intransigente, fue intentar asegurarse que no hubiese un solo día de tranquilidad para el gobierno “usurpador” a sus ojos profundamente atrasados.
Sus instrumentos, como sucedió en muchas otras experiencias en el continente, fueron los poderes no controlados por el gobierno popular, como el Poder Judicial, los poderes fácticos, los medios de comunicación de su propiedad y el parlamento.
Desde que inició el gobierno del presidente Gustavo Petro, en agosto de 2022, la oposición ha intentado golpearlo por diferentes flancos: forjando una destitución institucional, movilizando a las fuerzas conservadoras o a través de escándalos mediáticos.
Uno de sus primeros desafíos fueron las resistencias a las reformas en el sistema de salud, proclamada por el entonces candidato Petro durante su campaña, y combatida férreamente desde el parlamento, una vez asumida la presidencia. Aquello fue el anticipo de lo que podría esperar el nuevo gobierno.
Recientemente, su administración superó un incidente con el gremio de transportistas que ejemplifica otra de las formas de resistencia adoptada por la oligarquía y sus socios.
No es la primera vez que ocurre un paro de camioneros en Colombia, pero fue el primero durante la gestión de Gustavo Petro. Esto suponía, para los sectores más activos de oposición, un reinicio del asedio al gobierno, y esta vez no desde un escándalo mediático, o desde las instituciones controladas por el conservadurismo, sino intentando disputarle un espacio propio, las calles, que son el ámbito privilegiado por el llamado petrismo. Volvieron a elevarse las ilusiones de la derecha por domesticar o paralizar el accionar presidencial.
En pocos días el presidente Petro ha dado peleas que lo muestran como defensor de los hospitales públicos, comenzando a implementar la reforma de salud por decreto ejecutivo, como impulsor de un Estado con potestad para definir las tarifas del mercado eléctrico, y como defensor del apoyo financiero a las pequeñas empresas y a las familias.
Al conocerse la finalización inesperada de la huelga de camioneros, que paralizó el país durante toda una semana, la oposición colombiana sufrió otra decepción. La forma de resolver el conflicto dice mucho de los métodos del Ejecutivo.
A fuerza de una inteligente política de diálogo y negociaciones con los diversos sectores implicados, fue posible dividir para vencer. Lo que la prensa hegemónica presentaba cada día como un sólido bloque de empresarios indignados por el precio de los combustibles, demostró ser mucho menos un bloque que una diversidad de múltiples intereses expresados en aquellas medidas de fuerza.
Saber reconocer los intereses de los trabajadores y de los pequeños transportistas, y distinguirlo de los intereses de las grandes corporaciones empresariales del transporte, estuvo a la base del éxito de la resolución de un conflicto que supuso una crispación general, debido al bloqueo de importantes arterias viales que impedían todo tipo de paso vehicular, y que comenzaban a hacer estragos en sectores como alimentación, sanidad y combustible.
El lawfare a escena
No es la primera vez que el empleo del lockout patronal, o el uso de recursos como el paro del transporte, sea este de mercancías o de pasajeros, es utilizado por potentes burguesías reaccionarias para hacer tambalear gobiernos populares. Baste una reminisciencia en estos días, que recordamos también el golpe criminal contra el presidente Salvador Allende y el pueblo de Chile, del efecto que causó el paro de los transportistas en todo el territorio nacional, que diezmó en parte la capacidad de resistencia ante la ofensiva fascista en curso.
Por eso no es admisible subestimar el potencial peligro que el desafío de los transportistas implicaba para el gobierno de Colombia. Del mismo modo, es justo valorar el alcance de su victoria en este caso. También parece haberla valorado la derecha oligárquica, que recurrió de inmediato a un cambio de rumbo, regresando al siempre socorrido uso del sistema judicial y las leguleyadas como instrumentos de persecución y desafío político.
El método, a diferencia del paro de transportistas, ya es de uso habitual, no solo en Colombia. Baste recordar todas las veces que el exfiscal Francisco Barbosa intentó emprender acciones contra el presidente, hasta finalizar su período el pasado 12 de febrero. Además, en mayo, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Benjamín Ortiz y Álvaro Prada, asociados a partidos opositores, presentaron una ponencia de imputación y formulación de cargos en contra del presidente.
Apenas acabado el paro de camioneros, el escenario institucional del Lawfare reaparece. Esta vez pretenden ir mucho mas allá, buscando la destitución presidencial, en lo que constituiría un golpe de Estado, inhabilitando al presidente por supuestos gastos excesivos de campaña, en la contienda presidenial que le dio el triunfo.
Por supuesto, como lo demuestran cada uno de los casos previos registrados a lo largo de América Latina, sin el imprescindible efecto reproductor de la prensa hegemónica, aliada a los intereses de las clases dominates, el efecto de las pretenciones judiciales apenas si tendrían algún eco en la sociedad.
Por eso, cada acontecimiento que atenta contra la imagen o gestión presidencial, se busca convertir rápidamente en una suerte de “escándalo”, que cuestiona la lógica de la permanencia presidencial. Ese papel lo juegan tanto los medios como los partidos políticos del amplio espectro que antagoniza con las fuerzas populares en el gobierno.
Una respuesta segura ante la inestabilidad y al golpismo
El presidente Petro ha jugado hasta ahora con inteligencia sus cartas. Sin duda, una de las más importantes y estratégicas es la movilización popular, y su comunicación permanente con el pueblo, es decir el recurso constante a informar a la gente de lo que en realidad está sucediendo en cada momento. Ante los límites de los medios hegemónicos, su acceso a las redes sociales ha impulsado una plataforma de altísima audiencia.
Lo dijo el presidente hace poco días cuando intervino en “Uniendo Voces”, un encuentro organizado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Allí resaltó la importancia social y política de los medios de comunicación alternativos, comunitarios y digitales en el país.
En ese marco, afirmó que al pueblo de Colombia no le han permitido comunicarse, expresarse libremente, no le han permitido ser libre. “Cada vez que vemos la historia de Colombia vemos una manipulación por una élite pequeña muy adinerada».
“Ellos saben muy bien que, si lograsen quitarle el apoyo popular al Gobierno, aquí habría un golpe de Estado inmediato. El abrebocas, la antesala al golpe de Estado, que no es como en Chile, que comenzó con la orden a la Fuerza Aérea de bombardear las cadenas de radio, para que el país quedara en silencio”
Si los gobiernos progresistas en América Latina hubieran demostrado, como lo hace Petro, mayor confianza en que el pueblo entiende los desafios, cuando estos les son explicados con sinceridad, más de un golpe o intento golpista, se hubiese evitado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la desconfianza hacia el pueblo llevó a más de un gobernante a conciliábulos con sus enemigos, los cuales tarde o temprano revelaron su odio y su despercio, para terminar arrancándoles el poco poder que habían logrado acumular.
Regresando al problema del paro de transporte por el precio del combustible, para dimensionar su resolución pacífica bastará comparar este caso con los paros ocurridos durante la gestión del expresidente Iván Duque, en 2019 y 2021, que llevaron a decenas de asesinatos y heridos y a la paralización de importantes sectores de la economía.
Lo más relevante de este fin de huelga es que se pudo ejercer sin uso alguno de la fuerza policial o militar, negociando con las partes, lo que genera una imagen de cambio real en la gestión de conflictos en comparación a los gobiernos anteriores.
No se había terminado de dar a conocer la resolución del paro de transportistas cuando todo el foco se trasladó, automáticamente, a la investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Un día después de resuelto el paro, Petro declaró: «No acepto que el CNE me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege». Denunció que esa institución estaría fraguando un golpe de Estado al intentar suspenderle, de facto, el fuero presidencial.
En mayo, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determinó que el CNE tenía competencias para realizar la investigación mencionada. Con todos estos movimientos, lo que intenta el conservadurismo enquistado en las instituciones es producir el desgaste de Petro, por sobre todo, el desgaste de su proceso de transformaciones, preparando las condiciones para una destitución presidencial desde el Congreso de la República: un golpe suave.
El factor externo
Los intereses nacionales e internacionales, se encuentran y entrelazan como pocas veces en el caso de Colombia. Entre ellos, podemos destacar los de EEUU, cuya influencia buscó conformar desde el gobierno de Petro un factor de desestabilización sobre la vecina Venezuela, pivotando sobre “el eje progresista” Brasil – Colombia – México. Maniobra parcialmente fallida, porque Washington no logró finalmente el desconocimiento del resultado electoral, como obtuvo en cambio, en más de un país de la región.
La crisis internacional, que desde Washington pretendieron abrir con Venezuela, dejó a la luz en el caso colombiano, debilidades y vacilaciones en aspectos de política exterior a la hora de conformar una sólida posición de respeto a las decisiones internas de la República Bolivariana de Venezuela y de su pueblo.
Sin duda, políticas y declaraciones vacilantes y contradictorias, surgidas desde Nariño, resultaron funcionales a intereses que en ningún caso aspiran a la unidad latinoamericana y caribeña.
Por otro lado, la actitud firme de Colombia en relación a la condena a las acciones israelíes en Gaza, y su solidaridad expresa con el pueblo Palestino, no puede olvidarse ante la denuncia presidencial contra la implantación del software espía Pegasus, de fabricacion israelí, comprado por la anterior administración colombiana, y el cual Petro denunció públicamente en otro mensaje a la Nación.
Son innumerables los intereses nacionales e internacionales que confrontan, confluyen y se miden en el marco del escenario colombiano. Petro ha decidido enfrentar las amenazas dejando en claro quiénes son sus aliados: el pueblo, al que habla cada vez con más frecuencia, y con tonos de advertencia acerca de los peligros que acechan. En esto, la comunicación presidencial recuerda el estilo del mexicano Andrés Manuel López Obrador.
En el más reciente evento de comunicación presidencial con su pueblo, Gustavo Petro, denunció un complot para asesinarlo utilizando un camión cargado de explosivos, en un atentado que ya estaría en proceso. La denuncia surgió durante la Asamblea Nacional Popular, realizada el 14 de septiembre en la Universidad Nacional. Petro aseguró que la información le fue proporcionada por la DEA y el embajador de Estados Unidos en Colombia.
Según el mandatario, la estrategia del plan involucra la adquisición de dos volquetas, una de las cuales ya habría ingresado al país, y el objetivo sería detonarlas a su paso.
El presidente volvió a evocar la tragedia chilena, comparando la situación de Colombia con el golpe de Estado en Chile en 1973, sugiriendo que los opositores buscan desestabilizar su gobierno a través de diversas acciones, entre ellas el reciente paro de camioneros.
El presidente advirtió que la orden ya está dada y que en los próximos meses su gobierno podría enfrentar un intento de destitución o un atentado fatal. Está claro que la oposición hará lo que sea para derrotar a Petro en los dos años que restan de su gestión para debilitar al petrismo de cara a las presidenciales del 2026.
Raúl Llarull* Periodista y comunicador. Militante internacionalista. Miembro del FMLN. Colaborador de PIA Global
Foto de portada: @GloriaFlorezSI/X
