Los problemas de seguridad y los brotes recurrentes de inseguridad reflejados en robos, atracos, secuestros, extorsiones, asesinato de líderes sociales, masacres y desplazamientos masivos de la población, especialmente la rural y la marginal en grandes centros urbanos, no son cosa nueva en la organización y funcionamiento de la sociedad colombiana, aquejada por la desigualdad, la pobreza absoluta y la concentración de la riqueza y la propiedad en manos de unos privilegiados grupos familiares que son los que en realidad controlan el Estado, y sus instancias de gobierno en todos los niveles de la estructura publica predominante.
Con la anterior aseveración no estoy desconociendo que los problemas de la seguridad en la actual coyuntura no sean graves, tal como se han manifestado con recientes casos sonados de secuestros, las situaciones de violencia presentadas en Tuluá, Buenaventura, Urabá, Jamundí, Bogotá y en el departamento del Cauca (Caucanistan).
Por supuesto, hay que afinar las estrategias de seguridad para evitar más dolores que nos golpean a todos, pues estas son sociedades en las que el riesgo está a la vuelta de la esquina con un atraco, una bala perdida, una extorsión y con los delitos en la red que cada vez tienen mayor incidencia.
Sin embargo, hay diferencias en el enfoque y tratamiento de esta difícil situación.
Con ocasión de la posesión de los gobernadores (32) y de los alcaldes (1101), elegidos el pasado 29 de octubre y cuyo mandato se extiende hasta el 2027, varios de los nuevos funcionarios enganchados con las camarillas de la ultraderecha tradicional han desatado tremenda algarabía y ofensiva mediático/discursiva para entronizar dictaduras locales y regionales que, con el argumento de la seguridad (o inseguridad), se lleven por delante derechos y garantías ciudadanas mediante la instauración de regímenes policiales o militares despóticos y corruptos como lo ha mostrado la experiencia política e institucional.
El flamante nuevo gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, de las entrañas del más recalcitrante uribismo parapolítico –pupilo del ex senador ideólogo del Caballista, José Obdulio Gaviria- de manera apresurada –casi como un acto reflejo- salió con una “gran novedad” para proponer la organización y operación de unos Frentes urbanos y rurales armados hasta los dientes por el ejército para disponer a su antojo de los derechos de la gente en sus ámbitos cotidianos. Se trata de otra de las tantas bestialidades de la caverna colombiana que recuerda las famosas Convivir creadas en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) y direccionadas por Uribe Vélez desde la gobernación de Antioquia para apalancar y expandir el paramilitarismo entre 1998-2006, época de su mayor auge en que se dieron los 6300 falsos positivos, el despojo de 10 millones de hectáreas de campesinos pobres y el desplazamiento de más de 9 millones de personas, víctimas de la violencia, la masacre, la persecución y el montaje judicial.
Dilian Francisca Toro, la baronesa corrupta que repite en el departamento del Valle del Cauca, está utilizando la grave situación en los municipios de Tuluá, Buenaventura y Jamundí para presionar la militarización de estos territorios y la instalación de batallones de alta montaña en lugares estratégicos con el fin de reactivar la acción contrainsurgente contra las asociaciones campesinas y los movimientos agrarios e indígenas que resisten los desmanes de las castas terratenientes y de las mafias del narcotráfico plenamente articuladas a las redes políticas, empresariales y castrenses de Cali.
En la misma caminadera está el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el pasado prominente asesor de Macri y la Bullrich en temas de seguridad y muy cercano a las mafias y la criminalidad de la Oficina de Envigado que ejercen control de la capital antioqueña en perfecta coordinación con “Don Berna” quien sigue dando órdenes desde la cárcel de Usa donde se encuentra recluido.
El señor Char hace igual en Barranquilla: agita la inseguridad como peligro urbano principal al tiempo que trabajan en llave con la criminalidad de los Costeños (el grupo sicarial que impera en la ciudad) y de los paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta con oficinas en la capital del Caribe.
Ni se diga que prominentes voceros nacionales del llamado Centro democrático uribista como las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, la Revista Semana, el Tiempo, el colombiano, el País, otros periódicos regionales, canales de televisión (Caracol y Rcn), y redes de radiodifusión nacional (La W, Caracol y Blu radio) están emitiendo una narrativa bien recargada (con mentiras y falsas noticias) para posicionar como tema central del debate público la problemática de la inseguridad y la necesidad de retornar a la “mano de hierro”, para abordar los fenómenos en cuestión.
Lo más grave de toda esta artimaña es que lo que se pretende es socavar la estrategia de Paz total adelantada por el gobierno del Presidente Gustavo Petro, la que se quiere deslegitimar señalándola como la causante de las manifestaciones de inseguridad. Y no solo eso, la pretensión de esta facción reaccionaria es desestabilizar y aniquilar el propio gobierno del Pacto Histórico que hasta el momento ha significado una ruptura con el modelo oligárquico de dominación imperante en el Estado.
Lo cierto es que la ultraderecha no cede en sus pretensiones golpistas y para este año se ha propuesto diezmar el actual gobierno –tal como lo ha venido haciendo en los últimos 17 meses, desde el 7 de agosto del 2022- con varios frentes (caracterizados como críticos) encaminados a obstaculizar el trámite legislativo de las reformas sociales (salud, pensional y laboral), destruir la Paz total y las Mesas de negociación que están en funcionamiento, empantanar la gobernabilidad popular y atizar enfrentamientos con las nuevas autoridades locales y regionales organizando un frente anti petristas de gobernadores y alcaldes, colocados en la conspiración y la intriga para sabotear la administración progresista del presidente Petro.
Así ruedan los primeros días y semanas del 2024, que va a demandar mucha creatividad e iniciativa de los líderes del gobierno y del Pacto histórico para ir sorteando cada una de las zancadillas y arremetidas de la poderosa y violenta oligarquía reaccionaria colombiana.
Por fortuna, el presidente Gustavo Petro ha consolidado un óptimo liderazgo nacional e internacional en varios frentes cruciales como la resistencia a la primera guerra global desatada por los gringos en Ucrania, en Gaza, con serias y peligrosas amenazas en la frontera China; la acción contra el cambio climático y la destrucción del planeta como consecuencia del falso desarrollo capitalista; y la reorganización de la institucionalidad internacional (ONU) que se presenta como obsoleta con el nuevo esquema bélico patrocinado por USA con guerras hibridas y por delegación como la de Ucrania.
El presidente Gustavo Petro, sus Ministros y los líderes del Pacto Histórico (Pizarro, Cepeda, Arias, Uribe, Avella, Ulcue, Pete, Bolívar, Corcho, Asprilla), deben enfocarse en la reorganización del movimiento popular, en sus múltiples expresiones, incluidos los procesos de resistencia agraria, indígena y afro, para contrarrestar las estrategias de la ultraderecha con sus candidaturas presidenciales precipitadas y profundizar la transición política democrática con una ejecución más eficaz y eficiente del Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, entrabado en las ineptitudes de Planeación nacional, capturado y manipulado por los altos funcionarios uribistas heredados o los de la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López (neoliberalismo de nuevo cuño), muy activos en la distorsión del proyecto progresista y democrático incluido en el Plan de desarrollo.
Es que el Plan de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la vida” es la Carta de navegación del movimiento popular que debe propiciar la movilización popular para organizar los territorios alrededor del agua; para impulsar las economías productivas y populares con base tecnológica y adecuado apoyo financiero desde el gobierno; y para avanzar en la transición energética y ambiental impulsando las comunidades energéticas por todo el territorio nacional.
Hay que pensar mejor cual es el Instrumento político apropiado para la actual coyuntura. Es un tema que está ahí expuesto a raíz de las dificultades electorales de la Colombia humana, del Pacto histórico y de otras corrientes políticas con arraigo como el Polo democrático. Tanta personería jurídica de bolsillo y tanta marca politiquera es nocivo para la organización de los sectores populares que siguen sometidos a las presiones clientelares y a las ambiciones descontroladas de caudillos de pacotilla, afanados en la figuración y la voracidad burocrática y crematística.
No hay que perder la calma ni caer en la fatiga política. Tenemos todo el espacio para hacer las reuniones, los análisis y las reflexiones pertinentes en las localidades, los departamentos y a nivel nacional para acoger las estrategias necesarias y adecuadas al proyecto de transformación democrática que lidera el presidente Gustavo Petro.
Horacio Duque* Politólogo y periodista colombiano. Colaborador de PIA Global
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