Entre el martes 9 y el viernes 12 de septiembre se llevará adelante la etapa final del juicio contra el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro. El ex mandatario está acusado de comandar un intento de golpe de Estado tras la derrota electoral de 2022. Mientras la Casa Blanca presiona al gobierno de Lula da Silva y a los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) para evitar un fallo condenatorio, los aliados del líder ultraderechista impulsan en el Congreso una ley de amnistía. Bolsonaro podría ser condenado a 40 años de prisión y ser liberado en cuestión de días.
El contexto
Tras salir de la prisión (donde estuvo encarcelado arbitrariamente entre abril de 2018 y noviembre de 2019), Lula da Silva recuperó sus derechos políticos cuando el STF de Brasil anuló las condenas en su contra (fallo emitido el 8 de marzo de 2021).
En 2022, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) decidió volver a postularse para la presidencia de Brasil (cargo que ya había ocupado en dos períodos: 2003-2007 y 2007-2011).
En las elecciones del 2 de octubre de ese año, Lula obtuvo el primer lugar con el 48,4% de los votos, frente al 43,2% del entonces presidente Jair Bolsonaro. Este resultado llevó a los dos candidatos a una segunda vuelta que se realizó unas semanas después.
El 30 de octubre de 2022, Luiz Inácio “Lula” da Silva se impuso en la segunda vuelta electoral en Brasil con el 51% de los votos, contra el 49% obtenido por Jair Bolsonaro quien nunca reconoció públicamente su derrota y pidió licencia para viajar al extranjero (Estados Unidos) y no participar de la asunción del líder del PT.
El 1 de enero de 2023, Lula da Silva asumió el gobierno. Una semana más tarde, el 8 de enero, miles de seguidores de Jair Bolsonaro tomaron por la fuerza el Palacio de Planalto (la Casa de Gobierno), el Congreso y la Corte Suprema (todos estos en la capital, Brasilia). Varios de los manifestantes estaban armados y llevaban carteles en los que pedían una intervención militar. Unas semanas antes habían acampado frente a varios cuarteles militares reclamando que se impidiera la asunción de Lula.
La protesta golpista del 8 de enero, que fue aplacada por las fuerzas de seguridad, tuvo un fuerte rechazo de la mayoría del arco político brasileño y de los líderes de los países de la región, de la Unión Europea y del gobierno norteamericano de Joe Biden.
El complot
Según la investigación de la Policía Federal de Brasil – que derivó en el juicio contra el exmandatario de extrema derecha – un grupo de militares encabezados por Jair Bolsonaro se complotaron para impedir que Lula asumiera y para asesinarlo.
La investigación asegura que Jair Bolsonaro tuvo “pleno conocimiento” y “participación activa” en la organización del plan para evitar que el presidente electo Lula da Silva asumiera su cargo.
También se señala que la operación, que los golpistas habían denominado “Puñal verde-amarillo”, tenía como fin asesinar a Lula da Silva, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexander de Moraes y luego imponer un gobierno militar.
Según la Policía Federal, el 12 de noviembre de 2022 el plan se discutió en casa del general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete de Bolsonaro y su candidato a vicepresidente en 2022 (Fuente: Infobae).
El juicio
En el comienzo del proceso, el juez instructor de la causa, Alexander de Moraes, impuso a Bolsonaro la detención domiciliaria por haber incumplido con las medidas cautelares que se habían determinado. El ex mandatario siguió el juicio desde su casa y no asistió a las audiencias aduciendo problemas de salud.
Junto al exmandatario se encuentran acusados: el general retirado Walter Braga Netto, exjefe de gabinete y compañero de fórmula de Bolsonaro en las elecciones de 2022, el general Paulo Sérgio Nogueira, ex ministro de Defensa, el general retirado Augusto Heleno, exjefe de Seguridad Nacional; Anderson Torres, exministro de Justicia y Seguridad Pública y el general retirado Mario Fernandes, jefe de la Secretaría General de la Presidencia.
El exedecan de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, se transformó en una pieza clave para desentrañar el complot. Al ser detenido confesó haber participado en las reuniones para organizar el golpe y firmó un acuerdo de colaboración para reducir su pena. Sus abogados aseguran que Cid proporcionó pistas sobre hechos de “extrema relevancia” (fuente: Infobae).
Según informó Associated Press (AP): “durante el juicio, la fiscalía presentó notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que, según ellos, eran evidencia de una conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder”.
La investigación de la Policía Federal sostiene que el general Mario Fernandes, “imprimió el documento desde una impresora del Palacio del Planalto. Luego fue entregado personalmente a Bolsonaro en la residencia oficial de Alvorada” y que el expresidente no solo conocía el contenido del plan, sino que “avaló su ejecución” (fuente: diario Perfil).
En los documentos incautados habría información sobre los recursos que necesitaban para llevar adelante el golpe de Estado, como la cantidad y la clase de armas que debían conseguir.
Bolsonaro y los otros sospechosos fueron acusados de cinco cargos: intento de golpe de Estado, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal (fuente: AP).
El juez instructor del juicio, Alexander de Moraes, afirmó que “solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura” (fuente: DW).
La defensa niega los hechos y asegura que, incluso, si hubo un plan para un golpe de Estado, este no se materializó y que – por ende – el delito del que son acusados los sospechosos, nunca existió.
Las presiones
Para intentar frenar una condena contra Bolsonaro y conseguir su libertad sus aliados activaron una serie de mecanismos dentro y fuera de Brasil.
Los grupos bolsonaristas del Congreso avanzan con un proyecto de amnistía para el exmandatario y para todos los implicados en el caso, incluso para aquellos que asaltaron y destruyeron partes de las instituciones del Estado el 8 de enero de 2023.
Según informaron distintos medios, el proyecto de amnistía ha recibido el apoyo de varios sectores, pero lo que aún está en discusión es su alcance dado que algunos sectores que podrían apoyar la liberación de Bolsonaro (en caso de una condena) no estarían de acuerdo en que el exmandatario recupere sus derechos políticos y pueda volver a postularse en 2026.
En el frente externo, el gobierno de Donald Trump lanzó una fuerte campaña para intentar condicionar al gobierno de Lula da Silva y a los jueces del Supremo Tribunal Federal y así evitar una condena contra Bolsonaro.
Aumento de aranceles a productos provenientes de Brasil, sanciones contra el magistrado que lleva adelante la instrucción y una catarata de amenazas conforman parte de los dispositivos de presión lanzados desde Washington.
El presidente Trump aseguró que Bolsonaro es víctima de una “casa de brujas” y el Departamento del Tesoro anunció que impondría sanciones al juez Alexander de Moraes en el marco de la Ley Global Magnitsky por graves violaciones a los derechos humanos.
En el marco de la aplicación de esas medidas, y según trascendió esta semana, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano habría amenazado con sancionar al Banco do Brasil si no congela los bienes y el pago del salario del magistrado.
Como un elemento más de presión, el presidente Trump emitió un decreto para aumentar al 40% los aranceles a algunos productos brasileños y como justificativo plantea que “la persecución políticamente motivada, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento del expresidente de Brasil Jair Bolsonaro y miles de sus seguidores por parte del Gobierno de Brasil constituyen graves violaciones a los derechos humanos que han socavado el estado de derecho en Brasil” (fuente: CNN Latinoamérica).
El lobby llevado adelante por Eduardo Bolsonaro, hijo del ex mandatario, encontró muy buena recepción en los sectores más reaccionarios del estado de Florida y que tiene como máxima expresión en el gobierno al secretario de Estado, Marco Rubio.
La defensa que la Casa Blanca hace de Bolsonaro también implica un ataque a Lula da Silva y a Brasil y es un tiro por elevación contra los BRICS, espacio en el que el gigante suramericano es un actor clave.
Esta semana se conocerá la sentencia y – de ser encontrado culpable – también se sabrá si hay amnistía para Bolsonaro. Días clave para la democracia y la institucionalidad brasileña.
Héctor Bernardo* Periodista, escritor y profesor de Introducción al Pensamiento Social y Político Contemporáneo – Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP. Miembro del equipo de PIA Global
Foto de portada: Reuters
