El último 22 de junio comenzó en el pleno del Tribunal Superior Electoral de Brasil la audiencia que juzga el presunto abuso de poder político y uso indevido de los medios de comunicación por parte del ex presidente brasileño Jair Bolsonaro. La acción partió de una denuncia hecha por el Partido Democrático Trabalhista (PDT) en agosto de 22, tras una reunión convocada por el propio ex mandatario en la sede de gobierno, donde asistieron embajadores y diplomáticos de más de 30 países y donde Bolsonaro atacó el proceso electoral brasileño a pocos meses de las elecciones de octubre.
El primer voto de la audiencia fue dado por el ministro Benedito Gonçalves, quien a su vez es relator de la denuncia. En su pronunciamiento previo a la emisión del voto, Gonçalves argumentó que Bolsonaro «violó ostensiblemente» los deberes de presidente de la República. A su vez, dijo que el ex jefe del Ejecutivo es «plena y personalmente responsable por la concepción intelectual» de la reunión con embajadores del año pasado, cuando se difundieron mentiras sobre la fiabilidad de las urnas electrónicas y del sistema de votación de Brasil.
La defensa de Bolsonaro dice que no hubo prevaricación en la reunión, pero omitió demostrar que los discursos tendrían alguna relación con la evidencia. Después de la votación del ponente, la sesión se cerró, y el juicio vuelve el jueves (29), a las 9h, cuando comienzan, entonces, las votaciones de otros ministros.
De acuerdo con el voto del ponente, por la concesión parcial de la acción presentada por el Partido Democrático Laborista (PDT), hubo responsabilidad directa y personal de Bolsonaro para practicar «conducta ilícita en beneficio de su candidatura a la reelección». El plazo de inelegibilidad es contado a partir de las Elecciones Generales de 2022. El ministro excluyó el entonces candidato a vicepresidente Braga Netto de la sanción de inelegibilidad, ya que no se ha demostrado su responsabilidad en la conducta.
Benedito destacó que la reunión con los embajadores de julio de 2022 fue un evento insertado en un contexto donde existieron varios ataques al sistema de votación del país en entrevistas, transmisiones en vivo y discursos pronunciados durante el mandato.
El ministro mencionó también una transmisión en vivo que Bolsonaro hizo en 2021 cuestionando la seguridad de las urnas. Según el magistrado, el expresidente recurrió al descrédito del dispositivo electrónico para mantener a su militancia «en continuo estado de excitación y hasta de paranoia».
Además, citó las menciones que hizo el entonces presidente a las Fuerzas Armadas como organización capaz de fiscalizar y apuntar soluciones al fraude en los comicios. «La reunión no es una foto en la pared, sino un hecho inserto en un contexto», dijo Benedicto.
Tras el voto del relator, es el turno de los magistrados Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, la vicepresidenta del TSE, ministra Carmen Lucia, el ministro Nunes Marques y, por último, el presidente del Tribunal Electoral, ministro Alexandre de Moraes. Como uno de los indicados por Bolsonaro a la Corte Suprema durante su mandato, se espera que el ministro Nunes Marques solicite la lectura del proceso y, con ello, que la votación se demore por un plazo de 90 días.
Sin embargo, todo indica que aún con la demora del posible pedido de Nunes Marques, el ex presidente brasileño sea condenado. De darse este escenario, Bolsonaro podría perder sus derechos políticos por ocho años, lo cual lo impediría de disputar las ´róximas tres elecciones (2024, 2026 y 2028), al tiempo que se sumaría a la lista de exjefes del Ejecutivo inelegibles.
Quienes anteceden a Bolsonaro en la cancelación de derechos políticos son Fernando Collor y el actual mandatario Lula Da Silva. El caso de Collor fue noticia debido al hecho de que se trató del primer presidente latinoamericano en ser blanco de un proceso de Impeachment. Collor fue acusado de corrupción por su propio hermano, Pedro Collor de Mello, en un esquema que involucraba al ex tesorero Paulo César Farias, pieza clave en la trama de corrupción desvelada en 1992.
El caso de Lula es conocido. Tras una cobertura mediática abrumadora, la operación Lava Jato acusó al actual mandatario de corrupción pasiva, luego de lo cual el ex juez y actual senador Sergio Moro condenó a prisión al entonces ex presidente y le retiró sus derechos políticos. Tras más de 500 días de prisión y varias inconsistencias en el proceso, la Corte Suprema anuló las condenas contra Lula, lo cual le permitió disputar la elección de 2022 contra Bolsonaro.
El relator del proceso contra el ex presidente llegó a decir en su exposición que la conspiración para la imposición de un golpe de estado fue ampliamente utilizada en la reunión con las representaciones internacionales para que Bolsonaro, en simbiosis con las Fuerzas Armadas, pudiera llevar a cabo una «cruzada en nombre de la transparencia y la democracia».
Según él, el entonces presidente asumió un papel antagónico al TSE, buscando victimizar y desacreditar la competencia del tribunal, su cuerpo técnico y sus ministros nacional e internacionalmente.
En los próximos días se sabrá cual será la suerte de Bolsonaro, quien ya se anticipa al decir que existen chances de condenación. Además de perder sus derechos políticos, Bolsonaro también podría sufrir una orden de arresto y cumplir pena de prisión por los hechos por los cuales se lo acusa.
*Ana Laura Dagorret es analista internacional, coautora del Manual breve de geopolítica y parte del equipo de PIA Global. También escribe un newsletter de geopolítica semanal con suscripción gratuita.
FOTO DE PORTADA: Adriano Machado.
