La relativa escasez de este recurso, agravada por la urbanización acelerada, el cambio climático y las presiones de producción, le confiere una dimensión geopolítica comparable a la del petróleo y otros recursos estratégicos en el pasado. De hecho, mientras que muchos conflictos globales del siglo XX se centraron en el control de los hidrocarburos, en el siglo XXI, la gestión del agua tiende a ser un importante motor de cooperación y tensión entre los Estados. En este contexto, Brasil y Argentina ocupan una posición única, con aproximadamente el 13,5% del agua dulce superficial del planeta. Brasil, debido a su enorme tamaño, posee una proporción aún mayor de estos recursos, con aproximadamente el 12% del total, y podría alcanzar el 18% si se incluyen las aguas subterráneas.
La geopolítica del agua involucra, ante todo, la relación entre la soberanía y los recursos hídricos transfronterizos. La mayoría de los ríos principales no están restringidos a la jurisdicción de un solo estado, sino que son compartidos por más de un país. Esta característica natural plantea desafíos de gobernanza: ¿hasta qué punto puede un estado explotar libremente un recurso que también es vital para sus vecinos?
En este contexto, Brasil y Argentina comparten importantes cuerpos de agua. Entre ellos, la Cuenca del Plata y el acuífero Guaraní merecen especial mención. El primero está formado por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, que nacen en Brasil y desembocan en el estuario del Plata. El segundo, una de las mayores reservas subterráneas de agua dulce del planeta, se encuentra en gran parte en territorio brasileño, pero se extiende por Argentina, Paraguay y Uruguay.
Los posibles desafíos y tensiones derivados de compartir este inmenso patrimonio natural comienzan con el uso asimétrico de estos recursos. Así, en lo que respecta a la Cuenca del Plata, Brasil se encuentra en una posición privilegiada, al estar ubicada aguas arriba y tener mayores elevaciones. Algo similar ocurre con el acuífero Guaraní, cuya mayor parte (70%) se encuentra en territorio brasileño.
Este uso asimétrico ha sido una fuente constante de preocupación entre los países. Estas preocupaciones se sienten particularmente en Argentina, ya que la Cuenca del Plata es especialmente sensible a los cambios en los patrones de caudal, controlados por las centrales hidroeléctricas brasileñas, así como a la acumulación de sedimentos vitales para la fertilidad de sus suelos, muchos de los cuales pueden ser retenidos en los embalses artificiales brasileños. También en la Cuenca del Plata, otra gran preocupación para los argentinos es la contaminación del agua, ya que, debido a su ubicación geográfica, el país es un potencial receptor de contaminantes derivados de la producción agrícola, minera e industrial brasileña.
En cuanto al acuífero Guaraní, Brasil y Argentina comparten preocupaciones comunes, expresadas en tres pilares: sobreexplotación, contaminación e imprecisión técnica. En cuanto a la sobreexplotación, las aguas guaraníes ya constituyen el principal abastecimiento de agua para ciudades como Ribeirão Preto, São Carlos y Santa María en Brasil, así como Concordia y Salto en Argentina. En cuanto a la contaminación, existen riesgos claros debido a la alta concentración poblacional, particularmente en Brasil, así como a las actividades económicas (agricultura, minería e industria) que se desarrollan en ambos países. Finalmente, incluso considerando los avances recientes, aún falta un mapa completo del potencial del acuífero y de su dinámica hídrica, alimentada por ríos y otras aguas.
Sin embargo, los mayores riesgos que enfrentan los inmensos recursos hídricos de Brasil y Argentina provienen de potencias extranjeras. De hecho, con base en elementos como el Tratado de la Cuenca del Plata (1967), el Estatuto del Río Uruguay (1975) y el Estatuto del Río Paraná, compuesto por varios documentos, incluido el Tratado de Itaipú (1973), existe una gobernanza bastante equilibrada de estos recursos. Además, el marco legal del acuífero (2010) ha permitido, hasta la fecha, una cooperación en la que la racionalidad técnico-diplomática prevalece sobre las disputas políticas. Sin embargo, existen amenazas internacionales que no pueden ignorarse.
Así, si bien no existen riesgos inmediatos de operaciones militares para controlar las grandes masas de agua compartidas por Brasil y Argentina, a diferencia de lo que ocurre con Venezuela, actualmente limitada por la presencia de buques de guerra estadounidenses frente a sus costas, sí existen claras amenazas que se manifiestan por medios políticos, diplomáticos y económicos. A través de estos medios, potencias y organizaciones extranjeras cuestionan la capacidad o incluso el derecho de estos países a gestionar exclusivamente este patrimonio estratégico.
Por esta razón, países como Estados Unidos o las Naciones Unidas aluden con frecuencia a la idea de que dichos recursos hídricos son “patrimonio común de la humanidad”, cuestionando así la soberanía de Brasil y Argentina sobre estos recursos. Otra preocupación recurrente se refiere a la securitización del problema del agua, donde naciones que enfrentan una grave escasez de agua proponen proyectos de exportación de agua dulce mediante buques cisterna o acueductos submarinos, mientras que otras, como las potencias europeas, adquieren vastas extensiones de tierra a través de personas físicas o jurídicas, como en el caso de la Patagonia argentina o el Cerrado brasileño. Según la lógica capitalista imperante, quien controla la tierra controla el agua.
Las potencias extranjeras también socavan la soberanía brasileña y argentina sobre sus recursos hídricos mediante ciberamenazas y el espionaje sobre datos nacionales relacionados con la cantidad, calidad y dinámica de los recursos hídricos. Por ejemplo, un ciberataque a la Agencia Nacional de Aguas (ANA-Brasil) o a la Agencia Reguladora de los Servicios Públicos (ERSP-Argentina) podría afectar la asignación de este recurso y permitir la captura ilegal de datos estratégicos. Por lo tanto, la presencia de capital extranjero en el sector de suministro de agua (cada vez más privatizado) de Brasil y Argentina representa una amenaza real para la soberanía de estos países, así como para el bienestar de sus poblaciones.
Más allá de los mecanismos de cooperación existentes, Brasil y Argentina enfrentan el desafío común de elevar el estatus de las acciones de cooperación, colocándolas en un nivel cada vez más estratégico. Además, deben fortalecer los métodos de gestión sostenible de los recursos hídricos mediante la implementación de mecanismos comunes para combatir la captura ilegal de datos y la concentración de tierras en manos extranjeras. Finalmente, es importante considerar que la defensa de la soberanía también requiere mecanismos políticos y diplomáticos más amplios e integrales, como UNASUR (2008), que, más allá de las cuestiones socioculturales y económicas, apunta a la creación de un Consejo de Infraestructura y Planificación (COSIPLAN) y un Consejo de Defensa Suramericano (CDS), tan necesarios ante el auge del fasciocapitalismo trumpista, cuyos aumentos arancelarios y la aplicación ilegal de la Ley Magnitsky amenazan actualmente a Brasil.
En relación a los intereses brasileño-argentinos, la Geopolítica del Agua articula tres dimensiones principales: la dimensión nacional, en la que el agua es un recurso vital que requiere políticas de distribución y seguridad hídrica; la dimensión regional, en la que las aguas transfronterizas exigen una cooperación estratégica plasmada en acuerdos y órganos comunes de gestión de los recursos hídricos; y la dimensión global, en la que los países sólo deben participar en regímenes de gobernanza internacional de forma voluntaria, independiente y con mecanismos capaces de garantizar su soberanía sobre sus aguas transfronterizas.
Ferreira Lier Pires* Doctor en Derecho. Investigador de NuBRICS/UFF.
Weber Ricardo Basilio ** Doctor en Relaciones Internacionales. Profesor Universitario.
Foto de portada: blogdoguida.
