El interés radicaba en el litio. Por eso no se trataba de un simple cambio gubernamental. Mientras los golpistas se dedicaban a asaltar las arcas estatales, el juego geopolítico consistía en impedir que el litio tuviese alguna posibilidad de salirse de la geoeconomía del dólar. Los capitales chilenos hacían de intermediarios en este propósito, debido a la influencia que poseen, incluso hoy, en ciertos circuitos de poder en Bolivia, como son, por ejemplo, los comités cívicos, en Potosí y Santa Cruz.
Ahora bien, lo que reafirma la descripción que ya realizamos, sobre el carácter geopolítico del golpe en Bolivia, se esclarece por la dirección que están adquiriendo los acontecimientos posteriores al golpe híbrido realizado en el Perú. Se especulaba que uno de los financiamientos que recibió la aventura golpista que derrocó ilegítimamente al presidente Castillo (armando prolijamente una destitución pseudo legal, orquestada por el Congreso y el poder judicial y santificado por el poder mediático), provino de las corporaciones mineras que, con Castillo en el poder, no tenían asegurada su permanencia.
Veamos, del 5 al 8 de marzo de este año se realizó en Toronto, Canadá, una de las convenciones mineras globales más importantes, el PDAC 2023 o “Convención mundial de exploración de minerales”; aunque concebido para empresarios, la delegación peruana estuvo conformada por el primer ministro Otarola, además de los ministros de economía, y de energía y minas y el presidente del Banco Central de la República; en el cual, el gobierno peruano se mostró más que abierto a la inversión minera, reafirmando su posición de prolongar y garantizar las concesiones mineras, sobre todo extranjeras. Lo cual se traduce en la ampliación de la política de exoneración de impuestos a las empresas mineras, petroleras y gaseras, además de la autorización a estas empresas (filiales de corporaciones globales) a explorar y explotar recursos estratégicos en los territorios más conflictivos que desató el golpe de Estado.
No es de extrañar que sea el propio gobierno peruano en asistir a una cumbre de empresarios mineros cuando la favorecida para la explotación de los yacimientos del litio en la provincia de Puno es la canadiense Plateau Energy Metals (cuya filial peruana es la Macusani Yellowcake), cuyo paquete accionario, en su mayoría, lo componen capitales gringos que, para cerrar el círculo vicioso, lo controlan los fondos de inversión global BlackRock y Vanguard. La filial peruana Macusani, no solo se dedica al litio sino también al uranio (otro mineral estratégico que está presente en el reciente conflicto en África, donde Francia intenta promover una intervención internacional a Níger).
Los yacimientos probados de uranio en el Perú, se encuentran en la provincia de Carabaya, en Puno, frontera con Bolivia. Se especula que la existencia, tanto de litio como uranio (por un reciente informe de Macusani, que no en vano es Macusani Yellowcake), se extendería a más zonas, también frontera con Bolivia.
En ese sentido, la resistencia popular al golpe en Bolivia, además del desprestigio inmoral acelerado que tuvo el gobierno golpista, parece que llevó a apostar por una segunda opción geopolítica: si en la actual guerra no declarada de los recursos estratégicos, el BRICS posee el petróleo, el dólar y su institucionalidad global puede equilibrar estratégicamente ese poder con el litio de Sudamérica, lo cual significa, a costa de Sudamérica.
Las declaraciones del congresista fujimorista Ernesto Bustamante (quien ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano) no son aisladas: declararle la guerra a Bolivia y, de ese modo, apoderarse de nuestros recursos. La situación que ha desatado el golpe en el Perú, convulsiona de tal forma la estabilidad en el país vecino que, aquella retorica de que “aunque la política esté en crisis, la economía goza independientemente de buena salud”, empieza a vaciarse de credibilidad.
Lo que el gobierno golpista y los grupos de poder temen es que la propia economía en inflación continua, inflame aún más el rechazo a todo el poder político. Para ello los think tanks imperiales les han brindado un argumento que funciona muy bien como narrativa amenazante, despertando en la sociedad peruana el recuerdo del senderismo: las protestas dirigidas a Lima (centro del poder político) son promovidas y financiadas supuestamente desde Bolivia.
Hay una buena parte de medios mermeleros que alimentan esta narrativa, incluso dando la voz a ciertos actores políticos bolivianos que comedidamente se prestan a esta señalización provocadora. El interés encubierto es claro: no basta el rapto del litio peruano si aquello no presupone apoderarse de las mayores reservas mundiales, que posee Bolivia. Mientras la lucha intestina e inadmisible que se da al interior del MAS, empieza a erosionar la relativa estabilidad política, hay un frente totalmente descuidado, tanto política como diplomáticamente, y es la creciente narrativa de señalización que se está instalando en el Perú contra Bolivia.
Desde hace unos buenos años, en la política transfronteriza que promueven, tanto la Unión Europea como USA, han tenido al circuito lacustre, que conforman Bolivia y Perú, como foco de especial interés. La presencia de militares gringos en el Perú, con aval congresal y gubernamental, cuyos propósitos son desconocidos hasta ahora, parecen replicar los operativos de barrido de información del terreno, a la hora de implementar planes de ejecución de “caos constructivo” en la región (como sucedió en Libia, por ejemplo).
Esta presencia militar gringa en el Perú, debía de alarmar al gobierno boliviano, poniendo hasta a sus propias FF.AA. en alerta, tomando en cuenta además que la anterior embajadora gringa en el Perú, Lisa Kenna, ex agente de la CIA, fue decisiva para garantizar la permanencia de los golpistas (durante su gestión sucede el ingreso de 1400 militares gringos, antes de dejar su puesto a la actual embajadora Stephnie Syptak-Rammath).
Resulta paradójico que el programa Resolute Centinel de “cooperación y entrenamiento de tropas militares” haya escogido al Perú, como señala la politóloga Jo-Marie Burt (del Washington Office for Latin America, WOLA), sabiendo que, incluso la Comisión Interamericana de DD.HH. han denunciado a las FF.AA. del Perú por violaciones a los DD.HH. También es “llamativa” la reunión de Manuel Gómez de la Torre, jefe del comando conjunto de las FF.AA. del Perú, con el Subsecretario Adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, en el pasado mes de agosto, en Washington (viaje avalado por el propio Congreso peruano), dentro de la “IV Cumbre empresarial de las Américas”.
El periódico “El Expreso” del Perú, en su portada del 1 de julio de este año, pregunta: ¿Bolivia se arma contra el Perú?; donde, a propósito de los acuerdos con Irán, subraya: “afán de Evo Morales y el MAS boliviano, por dividir al Perú, hallaría un soporte clave en la tecnología de un país sospechoso de proteger movimientos terroristas”. Los vientos de guerra siempre son precedidos por briznas de desinformación, pues su primera víctima es la verdad. En ese sentido, hay que decirlo: todos los gobiernos de la región han dejado al presidente de México, López Obrador, ser el único en denunciar al gobierno usurpador ilegítimo de DinaBalearte, cuando se viene constituyendo en foco de desestabilización regional, a medida que se va consolidando, con un pueblo de rehén y sin posibilidad de cohesionar todas sus movilizaciones en un bloque popular con capacidad de restauración democrática.
La reciente cumbre de los BRICS despertó bastante optimismo en la mayor parte de los análisis que parecieran no tener en cuenta algo básico: en un juego de ajedrez no juega solo uno sino, tratándose aún más del ajedrez geopolítico, juegan por lo menos, dos jugadores. Ahora que los BRICS cuentan con el 80% del petróleo mundial, con la invitación hecha a Emiratos Árabes Unidos, Irán y Arabia Saudita, el dólar necesita un nuevo tipo de conversión que sostenga su poder estratégico. En tal situación, se afirma una escenografía precedente de conflagración mundial: la guerra de los recursos estratégicos. Argentina está en jaque y, para ingresar al BRICS en enero, hay todavía un considerable trecho. Las posibilidades imperiales ahora juegan multifactorialmente. Eso se podría demostrar con la reciente decisión de BlackRock de abandonar el suelo norteamericano y dirigirse al asalto de los “mercados emergentes” donde decide, la misma BlackRock: “aprovechar la mega fuerza que está a punto de golpear a los inversores estadounidenses”.
Para este fondo de inversión o gigabanco, los mercados emergentes o el circuito periférico del llamado tercer mundo, “soportan mejor la volatilidad y se benefician a medida que las cadenas de suministro se reestructuran”. El eufemismo optimista de la “volatilidad”, sólo concibe el colapso económico como disminución relativa en la tasa de ganancias, porque no les interesa el colapso multiplicado que significa para los pueblos en su propia existencia. La irracionalidad de la racionalidad económica neoliberal globalista cree ingenuamente (por no decir cínicamente) que se puede soportar todo, en beneficio siempre de los eternos ganadores, o sea, quienes poseen el poder financiero.
Lo que buscan ahora los gigabancos es tener en sus manos toda la producción de los mercados emergentes que puedan asaltar, porque saben que la economía global se está fragmentando en bloques regionales y la prioridad ya no es tanto el máximo rendimiento sino la protección de la propia producción. ¿Qué hacen entonces los países ricos cuando ya no producen casi nada y sus propias naciones se encuentran en descomposición cultural y social? Pues optan por lo que siempre han hecho: el asalto. BlackRock es uno de los más grandes acreedores de la deuda argentina y tiene, mediante ese poder, la capacidad de gestionar su propia política.
En tal situación, apoderarse de la deuda del tercer mundo es, para los gigabancos, como BlackRock y Vanguard (además de Fidelity y State Street), el modo de asalto ideal. Toda guerra genera deudas a las dos partes involucradas, esa deuda, como control, es el negocio del poder financiero.
Este panorama es el que genera la escenografía preocupante de un sistemático proceso de desestabilización regional, diseminado ahora en el circuito geoestratégico de los Andes. Nuestros gobiernos, en este caso, el autodenominado “progresismo”, nunca han aprendido, desde los golpes a Perón en la Argentina y Allende en Chile, los modos de renovación continua que han adquirido las capacidades imperiales de injerencia multiplicada. En Bolivia, por ejemplo, nunca se ha salido, tampoco en los 14 años del MAS, del pueril concepto de nacionalización como mera desprivatización, cuando, en las condiciones actuales y la verdadera lucha mundial entre globalistas y soberanistas, de lo que se trata es de constituir las condiciones de impulso de una soberanía estratégica, en todos los ámbitos donde la injerencia imperial hace nido.
Los recientes episodios de violencia en Ecuador ya debieran alertarnos que los corredores del narcotráfico, promovidos desde la propia DEA, tienen ya otros destinos y reconfiguran el mapa de conflictividad actual. La coca tiene un nuevo mercado que apunta al atlántico, dejando al narcotráfico mexicano y la producción de fentanilo cercar el mercado gringo. Colombia traslada al sur, frontera con Ecuador su producción y distribución, configurando un nuevo circuito comercial que tiene como fin el mercado europeo: Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil. Esto supone encender un circuito regional de violencia justificadora de intervenciones militares, pues los diversos frentes conflictivos que se abrirían serían difíciles de administrarse de modo nacional.
El litio contra el petróleo y el gas no podría suponer una guerra de sustitución, pero sí de contención estratégica en el dominio global de la cadena de suministros. El llamado “triángulo del litio” recién ingresa en la arena global, con todo lo que supondría el dominio de semejante recurso estratégico para las apuestas energéticas del mercado mundial.
La agenda 2030 tiene un capítulo especial sobre el cambio climático y lo que significaría para los ricos del mundo el privarse de la base energética que mueve toda producción. Para el ejercito gringo, como señalaba su portavoz jefe del comando sur Laura Richardson, el cambio climático “también supone una profunda amenaza estratégica”; tanto mediante la ONU y su propia legislación, les acredita a tomar medidas militares, lo cual, incluso en sus propios documentos, supone –preservando siempre la seguridad gringa– la alteración del mapa político. Por ello aparecen el nuevo mapeo de crisis ambientales que auspician las agencias gringas, tomando especial interés en la región andina, a propósito del estrés acuífero presagiado. No vaya a ser que, como en los recientes incendios forestales de Hawai, parecieran ser eventos provocados por tecnologías militares y no sucesos naturales.
Pero, como señalamos siempre, el Imperio puede calcular todo, pero nunca y jamás podrá calcular la incógnita dura de toda política, el factor pueblo. Esta nueva apuesta imperial ha despertado el interés geopolítico en el Qhapaq Ñan o “Camino de los Justos”, también conocido como “Camino del Inca”, que tenía una importancia similar a la que se le daba a la inicial “Camino de la Seda”. Que sea entonces el despertar definitivo de nuestros ancestros y nuestros pueblos. Habrá que jawillar, es decir, llamar a toda nuestra historia con más ahínco y decisión, en estas horas decisivas que atravesamos como pueblos y como humanidad. La política no se juega sólo en el presente sino en todos los tiempos que son convocados por la lucha popular.
Rafael Bautista S.* Filósofo, teórico político, epistemólogo y geopolitólogo boliviano. Ex titular de la Dirección Nacional de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Autor de más de 18 libros.
Este artículo fue publicado en el portal tiempodecrisis.org
Foto de portada: noticiasfides.com/
